DENUNCIA EL CRIMEN AMBIENTAL MÁS GRANDE EN ORIENTE DE CALDAS Y NORTE DEL TOLIMA.

 

DEROGUEN  YA LA LICENCIA DE TRASVASE DE LOS RÍOS MANSO Y GUARINO. NI UN RÍO MÁS PARA LAS HIDROELÉCTRICAS.

Este llamado surge de la necesidad de visibilizar la amenaza inminente que pende sobre La Dorada, y Victoria, ciudades del oriente de Caldas, y otras poblaciones por la construcción de un túnel para desviar parte del caudal  del río Guarinó. Estas obras culminan, según el último boletín de ISAGEN, en junio de 2010.

La comunidad doradense ha resistido desde 1997, al conocer las pretensiones de HIDROMIEL, dueño anterior y de ISAGÉN, después, (compra el proyecto en el año 2004), para aumentar en promedio el 17% de la producción de energía. Con los Ríos La Miel y el Moro, dentro de la Represa Amaní, solo funcionan plenamente 2, de las 3 turbinas que tiene   la Central  MIEL I, ubicada en Norcasia - Caldas.

La Dorada registró  altos índices de insalubridad especialmente (morbilidad y mortalidad perinatal) en la población infantil, cuando tomaba las aguas del Río Magdalena, “enriquecidas” con las del Río Bogotá. Debía el agua subirse con motobomba. Si no había electricidad, tampoco había suministro de agua. A pesar del tratamiento químico-físico, a las residencias venía sucia, con metales pesados; al hervirla, el interior de las ollas tomaba coloración oscura, puntos blancos en sus paredes y abundantes “cunchos” o sedimentos. Llegaba con escasa presión. A algunos barrios faltaba  con frecuencia. Tenían que esperar en las horas de la noche para recoger en vasijas. 
 

Las autoridades locales gestionaron la construcción de un nuevo acueducto, con aguas más sanas. Se recurrió a préstamo con el FINDETER. Se conectó  al Río Guarinó, que nace en el páramo de Marulanda, el nuevo acueducto por gravedad, en la Vereda El Llano de Victoria. Así la ciudadanía comenzó a disfrutar de agua fresca, abundante y potable. Alcaldes de diferente filiación, han defendido el bienestar de los habitantes de la Dorada, oponiéndose al trasvase.
Desafortunadamente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, obligado por Ley a proteger el entorno y priorizar el uso del agua para la comunidad, elimina estudios previamente exigidos por el Ministerio de Ambiente anterior para acelerar la  licencia de trasvase a ISAGEN con las Resoluciones 0359 de 25 de marzo y 405 de 6 de abril de 2004. Luego de resolver los Recursos de Reposición de más de 300 intervinientes de la Comunidad y de la Academia, el 18 de abril de 2006 dejó en firme la licencia otorgada con la Resolución 0684, que autoriza la construcción del túnel de desvío de 3.378 m de longitud. No se tuvo en cuenta el Principio de Precaución, porque no había certeza científica de que no se producirían daños irreversibles a la comunidad y al entorno. También están en peligro  otros cuerpos de agua, como la Charca de Guarinocito, la Laguna del Silencio, manantiales y quebradas de la Cuenca del Río Guarinó. Veredas de Victoria,  Mariquita, y Honda se afectarán al perder permanentemente un  caudal de 28,17 m3 (en promedio, por segundo) por el túnel de trasvase.

Y miente descaradamente el MINISTERIO DE VIVIENDA, AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, cuando en la Resolución 0684 aclara que ISAGEN se obliga a dejar un caudal en el río de 15,8 metros cúbicos por segundo en los períodos secos  , cuando en el río ni siquiera tiene ya 8 metros cúbicos por estas épocas.

El municipio de Victoria también tiene amenazado su acueducto, debido a que en la Vereda Cañaveral se construye el túnel de desviación, afectando las quebradas que alimentan el Río Doña Juana.

El Río Manso, frente a la vereda La Habana, que se había dejado como atenuador de daños al represar  el Río La Miel, también será trasvasado en junio de 2011. 
 

Varias entidades  han señalado la inconveniencia del trasvase: CORPOCALDAS, CORTOLIMA, INCODER, Procuraduría Quinta Judicial Ambiental y Agraria zona Dos, Departamento de Caldas y Eje Cafetero. En el mismo sentido la ciudadanía doradense se ha pronunciado a través del Comité Cívico por la Defensa del Río Guarinó y No al Trasvase, e interpuso una Acción Popular. En el mes de mayo de 2006, en la ciudad de Pereira, recibió el apoyo de los grupos Ambientalistas del Eje Cafetero, Norte del Valle y Antioquia, al ser escogido el caso de resistencia contra el Trasvase del Río Guarinó como el caso Símbolo en la región de la lucha Por la Defensa del Agua como bien público, impulsado por ECOFONDO. El Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas (Coadyuvante en el proceso) ha significado un valioso apoyo de la Academia. La facultad de Geología realizó la  PRUEBA GEOTÉCNICA que comprueba la directa relación del Río Guarinó con la Charda de Guarinocito y otros acuíferos aguas abajo del trasvase.

En la esfera departamental caldense no hay apoyo  a La Dorada: El gobernador actual formó parte de HIDROMIEL, y como él mismo se ufana, bajó de los anaqueles el proyecto (Revista PODER Nº 88 feb. 13  2010 página 61)   y  Emilio Echeverri, el anterior se inventó una Comisión de la Verdad para negar las realidades que mostraba La Dorada.
Ante el juez 3º Administrativo de Caldas se adelantó una Acción Popular. Por las evidencias de daño irreversible y el deterioro actual de la Cuenca, se dictó medida cautelar, deteniendo las obras. La Empresa ISAGEN apeló ante el Tribunal y éste la derogó. La comunidad en La Audiencia de Conciliación rechazó la propuesta de Trasvase, exigiendo primero que se recupere la cuenca como garantía de agua potable para la población, la biodiversidad y las culturas. 
 

Aquí radicó en parte el aletargamiento en la movilización y el reclamo social: La comunidad no tuvo abogados, no podía hacer promesas, ofrecer empleos, ni aportes voluntarios. Confiamos en la justicia, pero el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, como el M.A.V.D.T., favoreció los intereses de la Empresa ISAGEN. Tanto el juez como el tribunal desdeñaron las pruebas empíricas presentadas por la comunidad, por no ser  autoridad en la materia y no tuvieron en cuenta el Principio de Precaución consagrado en el artículo 1 numeral  6 de la Ley 99 de 1993:  “6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.”.

Preguntamos: ¿Acaso tampoco eran válidas las de las Corporaciones y la de La Universidad de Caldas? ¿Qué dirían ahora que el Gerente de la Empresa favorecida con el proyecto, acaba por darnos la razón?      ¡No hay certeza científica de que el Acueducto de los doradenses no se afectará!

Debe considerarse la posibilidad de error al estimar impactos ambientales sobre la salud.  La comunidad tiene la razón. Aún estamos a tiempo. Si hay pérdida de inversión, la falla fue de la autoridad competente y la empresa beneficiada. La comunidad lo planteó a tiempo.
La comunidad, en diciembre de 2005, mediante derecho de petición, había solicitado al MAVDT que se buscaran formas menos agresoras del entorno para producir energía eléctrica y pidió archivar el proyecto de trasvases; LA ENERGÍA ELÉCTRICA PUEDE SUSTITUIRSE, U OBTENERSE DE VARIAS FORMAS; EL AGUA NO. 
 

Igualmente lo planteó en La Audiencia del Pacto de cumplimiento el 10 de abril de 2007, a través del párroco de la Catedral de La Dorada, Presbítero Ovidio Giraldo,  vocero del Comité Cívico por la Defensa del Río Guarinó y ¡NO AL TRASVASE! Las luchas por el agua en algunas regiones del planeta  y el calentamiento global, son reales. En noviembre de 2008, la propia viceministra de Ambiente y el Procurador Edgardo Maya Villazón plantearon públicamente la amenaza de drástica pérdida de agua potable para el año 2015.

Nuestra preocupación y denuncia crece ante la proximidad de la fecha de culminación de las obras, el beneplácito del Presidente Álvaro Uribe Vélez, el regocijo del Ministro de Minas y Energía, la indolencia del Ministerio de Ambiente, el desconocimiento de nuestra problemática por el Ministro de la Protección Social . Y de los Grandes Medios de Comunicación. 
Estamos ante una Emergencia sanitaria que Vincula al Ministerio de Protección Social, por el  acceso al agua potable. Hay amenaza real de dengue clásico y hemorrágico, casos de EDA, gastroenteritis. También  SEGURIDAD ALIMENTARIA por amenaza real a la pesca, ganadería, agricultura.
 
El 16 de mayo de 2008 en Manizales, el propio Gerente de ISAGEN, Luis Fernando Rico Pinzón planteó públicamente la necesidad de hacer “estudios de factibilidad como Alternativa de abastecimiento del acueducto de La Dorada y Victoria  mediante la Conducción de aguas desde el embalse de la Miel”  página 21  en las memorias del PAI  “Encuentro de voluntades para la consolidación de un Plan de Acción prospectivo y participativo  del proyecto ambiental estratégico de la Cuenca del Río Guarinó/Charca de Guarinocito”. Departamentos de Caldas y Tolima. 16 mayo de 2008  Manizales. (Ver documento adjunto)
En el Plegable del PAI, Plan de Acción Inmediato en la Cuenca del Río Guarinó, dentro del cuadro de Proyectos, a partir de acciones emblemáticas, se incluye en el de  Agua, Salud y Vida, una partida de $50.000.000 (cincuenta millones) para ESTUDIO DE VIABILIDAD, ABASTECIMIENTO ALTERNO DE AGUA, La Dorada y Victoria. ¿Y se atreven a seguir planteando que hay garantía de agua potable para la población? ¿Que no se violó el principio de precaución? ¿Que se respetó el derecho al agua para el consumo de la comunidad, en primera instancia?
 
¿Qué tal esto?: El rio limpio para la Hidroeléctrica y el agua putrefacta para las comunidades. Y lo que es más grave aún: No hay estudio, ni proyección, ni presupuesto, ni está hecho este acueducto alterno para antes de junio de 2010 fecha en que culminan las obras…  ´Si no hay quién se responsabilice de ello ante la eventualidad de quedarnos sin el acueducto por gravedad del Río Guarinó…por qué, el proyecto avanza….
 
La Nación es el principal accionista de ISAGEN, y otorgó la Licencia Ambiental, es juez y parte: Responsable, causante de esta grave EMERGENCIA SOCIAL que afectará a cerca de CIEN MIL HABITANTES EN LA REGIÓN.
El estado del río es deplorable. Ver fotos, diapositivas y videos relacionados con el estado del Guarinó y ríos vecinos. Ni qué decir del Magdalena, ya afectado, con FENÓMENO DEL NIÑO O NO,  por la excesiva sedimentación. Hace años acabó la navegación por este sector del Río de la patria. ¡Y ese es el único acueducto alterno, real, que tiene una comunidad que ronda los cien mil habitantes!

¿Cómo es posible que el propio gobierno atente así contra una comunidad que ya fue torturada y se obligue ahora a volver al oscuro pasado? ¿No es primero la gente, la población infantil, antes que la rentabilidad de unos pocos accionistas? Además, la energía producida ni siquiera es para Colombia. Es para exportarla a países vecinos.
 
En su afán de lucro, ISAGEN vendió acciones al Sector Privado, dentro de este, a varios Fondos de Pensiones (que ahora figuran dentro de los 20 Principales Accionistas), sin informar que hay reclamaciones pendientes de ciudadanos de la Dorada, la academia con  el Observatorio de Conflictos Ambientales de La Universidad de Caldas y otros, y objeciones de Autoridades Ambientales y que el Ministerio de Ambiente en cabeza de SANDRA SUÁREZ, bajo las directrices del  PRESIDENTE ÁLVARO URIBE  VÉLEZ, eliminó estudios que eran requeridos por  el propio Ministerio para dar licencias Ambientales de esta categoría.

Posteriormente JUAN LOZANO  y su equipo, nada hicieron para reversar el proyecto de trasvase, en respeto a la necesidad de agua potable para la región. ISAGEN está en venta. Quién responderá por los daños causados? Culminan obras de construcción del túnel a través del cual sustraerá las aguas del Río Guarinó en el mes de junio de 2010 según informa a los accionistas en el Boletín Nº 4 de noviembre de 2009.
 
Allí se mencionan los 4 proyectos en su PLAN  DE EXPANSIÓN:
PROYECTOS: TRASVASE GUARINÓ Y  MANSO.
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMOYÁ.
 PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOGAMOSO.
 
Ninguno de estos proyectos genera energía sana. Sirva de ejemplo negativo el caso de BETANIA cuya grave sedimentación acortó su vida útil. Ahora se proyecta la represa del  QUIMBO, que además de anegar terrenos agrícolas en el Departamento del HUILA, para obtener electricidad,    tendrá que proporcionarle agua a BETANIA. ¿Quién responderá por los daños causados a las regiones cuando las hidroeléctricas pasen por completo al sector privado? Allí no hay corazón: Sólo calculadoras.
 
Por eso hoy nuestro llamado de emergencia. Es ahora o nunca. Por favor, a los amigos más allegados al presidente Uribe, a su ministro de Ambiente, a la Viceministra de Agua, mostrarle fotos, documentos y videos del reclamo de una comunidad que le aportó una muy significativa votación.  
 
¿Cómo hablar honestamente preocupados del cambio climático y del ahorro del agua, secando ríos a propósito sin importar qué pasa con las poblaciones, la biodiversidad y las culturas aguas abajo del túnel del trasvase?

Y algo peor: El agua que hoy nos quitan, anegará con más fuerza las  tierras de cultivo de las veredas aguas abajo de la represa. Al impedirles la subienda de peces de talla grande, porque  rebajó drásticamente el caudal,  porque el gran muro atajó peces y secuestró los ríos, los antiguos pescadores habían optado por la agricultura.
 
Gracias por su atención,  divulgación, acción y apoyo, a nombre del Oriente de Caldas y el Norte del Tolima.
 
COMITÉ CÍVICO POR LA DEFENSA DEL RÍO GUARINO Y ¡NO AL TRASVASE!
 
NO AL TRASVASE DE LOS RÍOS. NI UN RÍO MÁS  PARA LAS HIDROELÉCTRICAS. 
  
  
Secretaria: Herenia Polanía Pardo.     Docente  Espec. Biología- Química 
                   
 
Lunes 1 de marzo  de 2010

GOBIERNO Y EMGESA ACUERDAN TRANSGREDIR LA LICENCIA AMBIENTAL PARA SALVAR EL NEGOCIO DE EL QUIMBO

El Gobierno de Uribe, sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental y sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, debido a que sólo le corresponde al legislador regular lo relativo a la extinción, modificación o sustracción de éstas áreas de reserva (Ley 2 de 1959), mediante la Resolución 321 de septiembre 1 de 2008 declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo" y otorgó la Licencia “arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”.

La concesión del proyecto se realizó con fundamento en la ‘confianza inversionista que significa que el Gobierno garantiza todas las condiciones legales y extralegales para asegurar la inversión del capital privado sin ningún riesgo. En el caso de El Quimbo se establecieron las siguientes ventajas para Emgesa:

-       Cargo por confiabilidad, es decir, que los colombianos pagarán  en impuestos un valor fijo o seguro a favor de Emgesa durante 20 años independientemente del funcionamiento del megaproyecto

-       Declaratoria de Zona franca reduciendo el valor del impuesto de renta del 33% al 15%.

-       Unipropósito, es decir, producción exclusiva de energía para exportación

-       Reconocimiento de inversión 100% de Emgesa negando la participación accionaria del Huila y el País.

-       Entrega del área de embalse por tiempo indefinido, es decir, nunca revertirá a la nación y no reducción de tarifas de energía para los huilenses, compromiso adquirido e incumplido por el Gobierno.

Como si los privilegios anteriores no fueran suficientes el gobierno acordó con Emgesa reducir el valor de los costos ambientales y sociales transgrediendo la licencia ambiental al modificar obligaciones de la empresa para mitigar, prevenir o compensar los impactos causados por el proyecto con el propósito de lograr el aval del negocio por la transnacional italiana ENEL,  que compró el 94% de las acciones de Endesa. Para tal efecto, cursa en la Procuraduría General de la Nación un recurso de ‘conciliación prejudicial y de restitución de derechos’ interpuesto por Emgesa mediante el cual aspira a la nulidad de dichas obligaciones que consideran ‘lesivas’ a los intereses de las transnacionales y que fueron incluidas producto de la resistencia de las comunidades afectadas y no de las mesas de concertación, donde por el contrario, se acordaron las capitulaciones entre el Gobierno y Emgesa respaldadas por la gran mayoría de los parlamentarios huilenses y la Cámara de Comercio.

La violación de la licencia mediante ‘conciliación’ al servicio de Enel-Emgesa ya no es un secreto como lo había denunciado Plataforma Sur. El presidente Uribe lo confirmó en Neiva al expresar que “me reuní con el director de Emgesa y estaba preocupado por los sobrecostos. Y yo le dije: lo que hay que hacer es un diálogo que racionalice todo. Aquí no puede haber abuso. No se puede imponer una hidroeléctrica abusando de la comunidad. Tampoco se puede evitar una hidroeléctrica por tratar de abusar de la empresa. Eso tiene que ser equilibradito. Ni abuso de la empresa, ni abuso nuestro. Si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto. Por eso necesita mucho equilibrio” (La Nación, Neiva, 8 de Febrero de 2010). Lucio Rubio gerente de la nueva empresa Italiano-Española exige que “para iniciar la obra hay que contemplar la nueva realidad ambiental,  que se precisen las aclaraciones que hemos pedido,…para satisfacer las exigencias de los accionistas quienes ponen la plata para el desarrollo del proyecto”. Por su parte, la directora de licencias de Minambiente Diana Zapata, en cumplimiento de la orden presidencial y el chantaje de Lucio confirmó la modificación de la licencia al señalar que “las aclaraciones se responderán antes de terminar el presente mes, lo que desembotellará el inicio de las obras”.

Lo anterior confirma que la construcción del megaproyecto El Quimbo hace parte de un ‘negocio’ de generación exclusiva de energía para exportación en el que priman los intereses particulares sobre el interés público. No existe ninguna garantía  de mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, ni de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. No hay un compromiso real con la protección de los ecosistemas. Atenta contra la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, las economías campesinas y las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia. Al inundar y destruir miles de hectáreas  de vegetación nativa aporta al calentamiento global al lanzar a la atmósfera gases como el dióxido de carbono y el metano y desplaza cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, vulnerando abiertamente la Carta de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y generando una situación de conflicto sin antecedentes en la región.

Transgredir la Constitución y la Ley para favorecer la ´confianza inversionista’  y la ‘seguridad democrática’ caracterizan el proyecto gubernamental del Uribismo. En el 2007 se declaró ‘socioeconómicamente viable´ el proyecto hidroeléctrico con fundamento en los estudios de Emgesa cuando antes el Ministerio de Ambiente había conceptuado que "ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable"

Ahora acuerda con la multinacional Emgesa modificar la licencia porque como lo dijo Uribe ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’. Eso implica que no habrá cumplimiento a la “indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida” y la atención psicosocial de todos los afectados por los daños causados a las actividades productivas de las comunidades y personas por la imposibilidad de acceder a las fuentes crediticias, la negación de subsidios estatales e inversiones en infraestructura y redes prestadoras de servicios sociales  y, especialmente, por la incertidumbre generada con relación al futuro de los proyectos de vida de los pobladores como consecuencia de la Resolución 321.

Emgesa radicó a mediados de febrero de 2010 el Manual de Precios Unitarios donde se determina la valoración y la metodología para la compra de predios. Dicho manual  será aprobado sin ninguna modificación por parte del Ministerio  de Minas debido a que fue impuesto por los representantes del Instituto Agustín Codazzi y el de Emgesa en la Comisión Tripartita, como parte de la ‘confianza inversionista’, por encima de las consideraciones formuladas por el representante de los propietarios y poseedores de El Quimbo quien dejó constancia de su ‘desacuerdo con la afectación del valor del predio por pertenecer a la zona de reserva forestal’, entre otras.  El Manual no fue producto de la negociación al desconocer los valores reales de los bienes inmuebles exigidos por  un sector importante de propietarios que se niegan a vender sus predios a menos precio, generando confrontaciones con representantes de la transnacional.

No se convocó a todos los afectados  a una asamblea con el fin de socializar los valores de los bienes con anticipación a la radicación del Manual ante el Ministerio de Minas. Los directamente afectados están convencidos de que el Minambiente no garantizará el cumplimiento de las obligaciones de Emgesa y, en especial, la restitución y compensación de todos sus bienes materiales e inmateriales en igualdad o mejores condiciones a los que poseen, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.

Prueba de ello es que siendo conscientes del no cumplimiento de los requerimientos tendientes a prevenir los impactos ambientales por parte de Emgesa como lo constataron durante la visita de seguimiento a la Gestión Social realizada del 21 al 25 de octubre de 2009, aún no han dado a conocer el Acto Administrativo que anunciaron y que, sin lugar a dudas, debería ser la cancelación de la licencia o  una sanción ejemplar para la empresa  que al igual que el gobierno han sometido a la incertidumbre y abandono total de las comunidades afectadas. Emgesa será de nuevo exonerada al igual que se hizo por la iniciación del túnel de desviación del río Magdalena sin licencia ambiental en cumplimiento de la ‘conciliación’ para salvar el negocio.

Para impedir que el negocio de Uribe, Endesa-Enel se realice vulnerando los derechos de los afectados y estimulando el ecocidio y el desplazamiento, transgrediendo la ley, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales en cumplimiento del Plan de Acción 2010 de la Asociación de Afectados por la Construcción del proyecto El Quimbo -ASOQUIMBO-continuará con las acciones jurídicas de nulidad de las Resoluciones 321 y el restablecimiento del derecho, 0899 y 1628 licencia ambiental, Acciones y Consultas Populares como la que se está promoviendo en el Municipio de Gigante, solicitud de Misión Especial del CIDH para el seguimiento y estudio de afectación de Derechos Humanos y Ambientales del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Campamento Internacional, entre otras.

Como alternativa al negocio de El Quimbo que no será una realidad, promoveremos movilizaciones sociales en todo el departamento del Huila con el propósito de impulsar en la Zona de El Quimbo una gran reserva campesina agroalimentaria tal como fue aprobada unánimemente por -ASOQUIMBO- con amplia financiación del Estado, en particular, para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan estas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses. Esta propuesta  garantiza la preservación de nuestros ecosistemas, el derecho al trabajo, la conservación del tejido social, la preservación de la paz con fundamento en el desarrollo equitativo y sostenible.

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACION DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO -“ASOQUIMBO”-

La Asamblea General de Asoquimbo representativa de las veredas y centros poblados de los municipios de Agrado, Gigante y Garzón, (zona El Quimbo, La Escalereta, San José de Belén, La Yaguilga, Balseadero, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Honda, entre otras)reunida en el Centro Poblado Rioloro, Inspección de Gigante Huila, el 20 de diciembre de 2009, aprobó por unanimidad dirigirse a los Gobiernos Departamental y Nacional, al Ministerio de Ambiente, a la Procuraduría General de la Nación y a organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos con el objeto de expresar su posición en torno al proyecto de construir la hidroeléctrica El Quimbo, el proceso de resistencia en defensa del territorio y demandar la reparación por los daños y perjuicios materiales y psicológicos causados a los afectados de la zona por la aplicación de la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008.

 

1.- La construcción del megaproyecto El Quimbo hace parte de un ‘negocio’ de generación exclusiva de energía para exportación en el que priman los intereses particulares sobre el interés público. No existe garantía  de mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, ni de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. No hay un compromiso real con la protección de los ecosistemas. Atenta contra la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, las economías campesinas y las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia. Al inundar y destruir miles de hectáreas  de vegetación nativa aporta al calentamiento global al lanzar a la atmósfera gases como el dióxido de carbono y el metano y desplaza cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, vulnerando abiertamente la Carta de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y generando una situación de conflicto sin antecedentes en la región. La corrupción, el soborno, el clientelismo, el autoritarismo y la negación de la participación de las comunidades en la toma de decisiones han caracterizado el comportamiento de las élites gubernamentales, empresariales y políticas tradicionales que defienden a ultranza el proyecto.

2.- La Resolución 321 que declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo” se expidió sin consultar a los afectados y sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía. La medida ha causado daños a las actividades productivas de las comunidades y personas por la imposibilidad de acceder a las fuentes crediticias, la negación de subsidios estatales e inversiones en infraestructura y redes prestadoras de servicios sociales  y, especialmente, por la incertidumbre generada con relación al futuro de nuestros proyectos de vida, por parte de Emgesa, que aún no ha “dimensionado el impacto en términos de los valores económicos afectados y las correspondientes medidas de manejo” y los efectos psicosociales tal como quedó consignado en la licencia ambiental. La Asamblea de Asoquimbo de manera unánime demanda del Gobierno y de Emgesa la inmediata  “indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida”, la atención psicosocial de todos los afectados y exige a las autoridades municipales y a la defensoría del pueblo asuman su responsabilidad en defensa de los intereses de todos los grupos poblacionales de la Zona de El Quimbo.

3.- Para enero de 2010 se ha previsto la aprobación del “Manual de valoración de predios” por parte de la Comisión Tripartita integrada por los representantes del Instituto Agustín Codazzi, Emgesa y propietarios y poseedores de El Quimbo. No existe ninguna garantía para que la Comisión reconozca los valores reales de los bienes inmuebles por su composición mayoritaria al servicio de Emgesa que ya está haciendo ofertas por debajo de las aspiraciones de los afectados que hoy se resisten a vender sus predios a menos precio, generando confrontaciones con representantes de la transnacional. La Asamblea de Asoquimbo aprueba que con anticipación a la decisión prevista por la comisión tripartita se convoque a los afectados con el fin de acordar los valores de sus bienes. Además, los asistentes decidimos que sólo aceptaremos la restitución y compensación de todos nuestros bienes materiales e inmateriales en igualdad o mejores condiciones a los afectados, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.

4.- Emgesa viene presionando, a través del engaño, la compra directa y la firma de contratos de compraventa con el propósito de evitar el pago de indemnizaciones por los daños causados y  la restitución de tierras con riego así como de la actividad económica que demandarían mayores inversiones que serían más favorables para las poblaciones afectadas. Además, la empresa sabe de la imposibilidad de adquirir predios en igualdad o mejores condiciones a los que serían inundados. La Asamblea condena la actitud de Emgesa por considerarla contraria a la ética de responsabilidad social empresarial y convoca a todos los afectados a negarse a firmar este tipo de documento por cuanto lesionaría gravemente su patrimonio económico, social y cultural.

 

5.- Celebrar la realización de la Audiencia Pública el pasado 2 de noviembre, convocada por  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de analizar el impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente ocasionado por la construcción de grandes represas en América Latina. Resaltamos que este tema haya sido considerado de especial interés por la Comisión y que haya optado por el seguimiento y estudio de casos de afectación de derechos humanos y ambientales en cada país para lo cual se enviarán Misiones Especiales. Así mismo destaca las conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables, celebrado el 5 y 6 de noviembre de 2009 en Neiva, especialmente, el fortalecimiento de la Red Nacional de Resistencia contra los megaproyectos y el proceso de construcción del Campamento Internacional por la defensa del territorio, el río Magdalena, el Macizo Colombiano y las Comunidades.

 

6.- En la licencia ambiental se incluyó el “Proyecto de apoyo a la gestión administrativa local y reestructuración de los esquemas y planes de ordenamiento” para todos los municipios del área de influencia, que incluye la  formulación de  un Plan de Ordenamiento Regional, donde Emgesa hará parte activa del Consejo Territorial de Planeación. Para la implementación de éste proyecto por iniciativa de  Huipaz y  la Agencia Habitat de las Naciones Unidas,  se convocó a una reunión cerrada con los mandatarios locales, miembros de los Consejos Departamental y Municipales de Planeación y  los gremios productivos, realizada el pasado 11 de noviembre en la Casona de Gigante Huila y que el periódico La Nación resume bajo el titulo "ONU acompañará POT para El Quimbo" (16 de noviembre) Fueron excluidos los representantes de las comunidades afectadas por la construcción del embalse, razón por la cual líderes de Asoquimbo, sin ser invitados, se hicieron presentes en la reunión y cuestionaron el comportamiento excluyente de Huipaz y la Agencia Hábitat, que actuaron en contravía del rol que deberían cumplir, en contraste con el apoyo que viene suministrando la oficina del PNUD. Preguntaron ¿Por qué hasta ahora aparece ONU Habitat  a brindar asesoría cuando El proyecto hidroeléctrico El Quimbo no es una realidad? La Asamblea de Asoquimbo rechaza esta actitud autoritaria y excluyente y exige a Minambiente y a la Agencia Hábitat de la ONU explicación de su comportamiento teniendo en cuenta que la Constitución Política establece la participación de las comunidades en los procesos de desarrollo territorial integral.

 

7- Como alternativa al negocio de El Quimbo de Emgesa y el gobierno, que no será una realidad, la Asamblea de Asoquimbo propone convertir la Zona de El Quimbo en una gran reserva campesina empresarial  agroalimentaria con amplia financiación del Estado, en particular, para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan estas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses. Esta propuesta  garantiza la preservación de nuestros ecosistemas, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia con fundamento en el desarrollo equitativo y sostenible.

 

En representación de los participantes de la Asamblea de Asoquimbo y en cumplimiento de sus decisiones, firmamos esta Declaración en el Centro Poblado Rioloro, Inspección de Gigante Huila, el 20 de diciembre de 2009.

 

Por la Junta Directiva de Asoquimbo firman el original:

 

OTONIEL RINCÓN

C. C.55.111.405

VICEPRESIDENTE

 

 

 JAIRO CALDERÓN                           JUAN CARLOS BRAVO

                 C. C. 4.904.565                                     C. C. 12.196.438

                 SECRETARIO GENERAL                        TESORERO

 

 

 

CARLOS PALOMINO C.C.

12.205.836

VOCAL 

 

Siguen firmas de representantes de Matambo, La Escalereta, La Libertad, Remolinos, Rioloro, Honda, Rodapasos.

Indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida demandan pobladores de El Quimbo

Doctora

Claudia Mora

Viceministra de Medio Ambiente

Bogotá D.C.

 

                                                                                            Ref: Derecho de petición El Quimbo

 

Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política solicito a Usted información sobre los resultados de “la visita de seguimiento a la Gestión Social” que realizó ese Ministerio entre los días 21 y 25 de octubre y que según el oficio 2400-2-143775 del 9 de diciembre de 2009 de la Dirección de Licencias Permisos y Trámites Ambientales “se identificaron los impactos ocasionados por la aplicación de la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008, para programas y proyectos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental relacionados con la gestión de compras de predios, la información y Participación, la Consulta y concertación, el acompañamiento y asesorías y la Atención a la población vulnerable objeto de reasentamiento, así como a las obligaciones establecidas en la Resolución 899 del 15 de Mayo de 2009 y la Resolución 1628 del 1 de agosto de 2009, encaminadas a la compensación y mitigación de impactos ocasionados sobre la población que deriva sus ingresos del área de influencia del proyecto y que habitan en dicho territorio” 

 

Requerimos saber las razones por las cuales el Minambiente no tuvo en cuenta a la ASOCIACION DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO -“ASOQUIMBO”- cuyos directivos y asociados manifestaron desconocer “la visita de seguimiento a la Gestión Social” realizada por ese Ministerio entre los días 21 y 25 de octubre. 

 

En la Asamblea General de Asoquimbo representativa de las veredas y centros poblados de los municipios de Agrado, Gigante y Garzón, (zona El Quimbo, La Escalereta, San José de Belén, La Yaguilga, Balseadero, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Honda, entre otras) reunida en el Centro Poblado Rioloro, Inspección de Gigante Huila, el 20 de diciembre de 2009, se aprobó por unanimidad dirigirse a los Gobiernos Departamental y Nacional, al Ministerio de Ambiente, a la Procuraduría General de la Nación y a organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos con el objeto de expresar entre otras, las siguientes inquietudes de acuerdo con Declaración suscrita por directivos y miembros de la Asociación: 

1.- La Resolución 321 que declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo” se expidió sin consultar a los afectados y sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía. La medida, señalan, “ha causado daños a las actividades productivas de las comunidades y personas por la imposibilidad de acceder a las fuentes crediticias, la negación de subsidios estatales e inversiones en infraestructura y redes prestadoras de servicios sociales  y, especialmente, por la incertidumbre generada con relación al futuro de sus proyectos de vida, por parte de Emgesa, que aún no ha “dimensionado el impacto en términos de los valores económicos afectados y las correspondientes medidas de manejo” y los efectos psicosociales tal como quedó consignado en la licencia ambiental”. La Asamblea de Asoquimbo “de manera unánime demanda del Gobierno y de Emgesa la inmediata  ‘indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida’, la atención psicosocial de todos los afectados y exige a las autoridades municipales y a la defensoría del pueblo asuman su responsabilidad en defensa de los intereses de todos los grupos poblacionales de la Zona de El Quimbo”.

2.- Para enero de 2010 se ha previsto la aprobación del “Manual de valoración de predios” por parte de la Comisión Tripartita integrada por los representantes del Instituto Agustín Codazzi, Emgesa y propietarios y poseedores de El Quimbo. No existe ninguna garantía para que la Comisión reconozca los valores reales de los bienes inmuebles por su composición mayoritaria al servicio de Emgesa que ya está haciendo ofertas por debajo de las aspiraciones de los afectados que hoy se resisten a vender sus predios a menos precio, generando confrontaciones con representantes de la transnacional. La Asamblea de Asoquimbo aprobó que “con anticipación a la decisión prevista por la comisión tripartita se convoque a los afectados con el fin de acordar los valores de sus bienes. Además, los asistentes decidieron que sólo aceptarán la restitución y compensación de todos sus bienes materiales e inmateriales en igualdad o mejores condiciones a los afectados, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo”.

3.- Emgesa viene presionando, a través del engaño, “la compra directa y la firma de contratos de compraventa con el propósito de evitar el pago de indemnizaciones por los daños causados y  la restitución de tierras con riego así como de la actividad económica que demandarían mayores inversiones que serían más favorables para las poblaciones afectadas. Además, la empresa sabe de la imposibilidad de adquirir predios en igualdad o mejores condiciones a los que serían inundados. La Asamblea condena la actitud de Emgesa por considerarla contraria a la ética de responsabilidad social empresarial y convoca a todos los afectados a negarse a firmar este tipo de documento por cuanto lesionaría gravemente su patrimonio económico, social y cultural”.

4.- En la licencia ambiental se incluyó el “Proyecto de apoyo a la gestión administrativa local y reestructuración de los esquemas y planes de ordenamiento” para todos los municipios del área de influencia, que incluye la  formulación de  un Plan de Ordenamiento Regional, donde Emgesa hará parte activa del Consejo Territorial de Planeación. Para la implementación de éste proyecto por iniciativa de  Huipaz y  la Agencia Habitat de las Naciones Unidas,  se convocó a una reunión cerrada con los mandatarios locales, miembros de los Consejos Departamental y Municipales de Planeación y  los gremios productivos, realizada el pasado 11 de noviembre en la Casona de Gigante Huila y que el periódico La Nación resume bajo el titulo "ONU acompañará POT para El Quimbo" (16 de noviembre). “Fueron excluidos los representantes de las comunidades afectadas por la construcción del embalse, razón por la cual líderes de Asoquimbo, sin ser invitados, se hicieron presentes en la reunión y cuestionaron el comportamiento excluyente de Huipaz y la Agencia Hábitat, que actuaron en contravía del rol que deberían cumplir, en contraste con el apoyo que viene suministrando la oficina del PNUD. Preguntaron ¿Por qué hasta ahora aparece ONU Habitat  a brindar asesoría cuando El proyecto hidroeléctrico El Quimbo no es una realidad? La Asamblea de Asoquimbo rechaza esta actitud autoritaria y excluyente y exige a Minambiente y a la Agencia Hábitat de la ONU explicación de su comportamiento teniendo en cuenta que la Constitución Política establece la participación de las comunidades en los procesos de desarrollo territorial integral”

5.- Como alternativa al negocio de El Quimbo de Emgesa y el gobierno, que no será una realidad, la Asamblea de Asoquimbo propone “convertir la Zona de El Quimbo en una gran reserva campesina empresarial  agroalimentaria con amplia financiación del Estado, en particular, para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan estas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses. Esta propuesta  garantiza la preservación de nuestros ecosistemas, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia con fundamento en el desarrollo equitativo y sostenible”.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales con motivo de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de analizar el impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente ocasionado por la construcción de grandes represas en América Latina, enviará copia de este Derecho de Petición a dicha Comisión para que sea incluida como parte de las visitas de sus Misiones Especiales.

Esperamos respuesta en [e-mail] o en la dirección Carrera 5 No. 8-86 Of. 208 Neiva Huila

 

Atentamente,

 

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

 

Belén Alarcón Alarcón

Representante Legal

 

Miller Dussán C.

Director análisis y seguimiento a El Quimbo.

 

 

CARTA ABIERTA AL MINISTERIO DE AMBIENTE

Neiva, diciembre 19 de 2009

Doctor(a)

CARLOS COSTA

Ministro

CLAUDIA MORA

Viceministra

DIANA MARCELA ZAPATA PEREZ

Directora de Licencias Permisos y Trámites Ambientales

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Bogotá, D. C.

 

Ninguna sorpresa nos causó la  información según la cual Minambiente expidió la Resolución 2188 del 6 de noviembre de 2009 (no publicada ni notificada por edicto)  mediante la cual su despacho "concluyó el proceso sancionatorio, en el sentido de exonerar de responsabilidad ambiental a la Empresa Emgesa S.A responsabilidad del cargo único formulado mediante la Resolución 227 del 11 de febrero de 2009, teniendo en cuenta que la ejecución de galerías de inspección y exploración de proyectos hidroeléctricos forman parte de los estudios técnicos de factibilidad y detalle; y por tanto no son objeto de licenciamiento ambiental”

Las funcionarias de Minambiente quienes orientaron las preaudiencias realizadas con anterioridad al 12 de Febrero (audiencia sobre El Quimbo) advirtieron a Plataforma Sur  que una vez concluída la visita de verificación realizada a la Zona de El Quimbo por Minambiente "no tenían ninguna duda sobre la iniciación de obras por parte de Emgesa (tunel de desviación del río Magdalena, 200 metros de profundidad) sin licencia". Manifestaron  que dada la gravedad del hecho Emgesa sería  sancionada ejemplarmente, como lo sentenció el Ministro Lozano durante el debate en el Congreso sobre El Quimbo, realizado a finales del 2008.

Pero al igual que lo expresado por el Exministro de Minas Jorge Eduardo Cock Londoño sobre la licencia ambiental, en su artículo publicado el 10 de junio de 2009, “Medio ambiente: ni leyes ni razones y mucho atropello”, ocurrió con la expedición de la Resolución 2188. El exministro señalaba:

"Precisamente el caso de El Quimbo nos hizo pensar a todos que con la cantidad de problemas que tenían por vencer o remediar, este proyecto seguramente iría a sufrir importantes retrasos, y no por excesivas exigencias de la ley ni por lentitud o necedad de los funcionarios del Ministerio, sino por situaciones claras y objetivamente difíciles. Pero no: como en el famoso "Chavo", no contábamos con la astucia del más alto nivel del Gobierno. Y seguramente, los funcionarios se tuvieron que morder los codos y simplemente cumplir órdenes superiores. La licencia ambiental se concedió, arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”

El Ministro Costa, la Viceministra Mora y la Directora Zapata, experimentaron también su propia encrucijada. Obrar correctamente o cumplir órdenes superiores para mantenerse en el cargo. En esta oportunidad actuaron de la misma manera que cuando Uribe les ordenó expedir la Licencia ambiental: expedir la Resolución 2188 (manteniéndola en secreto) ante la verguenza que les causa haber ocultado los resultados de la visita de verificación, la versión que dieron a conocer previamente sus funcionarios en las preaudiencias en el Huila y las denuncias formuladas por las comunidades y registradas por noticias  RCN. Nos corresponde ahora interponer los recursos legales y acudir a organismos internacionales porque en Colombia Minambiente institucionalizó la impunidad que caracteriza al actual gobierno.

Ahora cuando Uribe les ordena acudir  a cualquier recurso  extralegal para reducir el valor de las compensaciones ambientales y modificar algunas exigencias de las comunidades consignadas en la licencia ambiental de El Quimbo,  ya no tienen ningún pudor para obedecer a su príncipe y favorecer el negocio entre Emgesa  y la Casa de Nari. Los huilenses conocen de estos funcionarios públicos que se doblegan fácilmente ante el capital privado contra los intereses regionales y comunitarios. No importa el ecocidio, el desplazamiento y desarraigo de las familias, la destrucción de los tejidos sociales, la promoción de la violencia con tal de cumplir órdenes superiores. 

No obstante,  se fortalecerá la resistencia civil hasta sepultar cualquier intento de construir el megaproyecto al servicio de la transnacional. Y aprenderán para siempre como se defiende el territorio del Alto Magdalena y la dignidad de nuestro pueblo, como en el pasado nos lo enseñó nuestra Cacica Gaitana.

Miller Dussán Calderón

Coordinador proceso de análisis y resistencia en defensa del territorio y las comunidades afectadas por el Megaproyecto El Quimbo.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales.

www.surcolombiano.com

http://millerdussan.blogia.com

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS HARÁ SEGUIMIENTO A REPRESAS EN EL HEMISFERIO

Washington, DC. – Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública para analizar el impacto que las grandes represas en América Latina tienen en los derechos humanos y en el ambiente.  Audio:  Situación de las personas afectadas por las “Mega Represas” en las Américas

 

La audiencia se realizó el lunes 2 de noviembre durante el 137º período de sesiones de la CIDH en Washington, DC y en palabras del Comisionado Víctor Abramovich “es un tema de mucho interés para la Comisión”, por lo cual hará seguimiento a través de casos y estudio de situaciones de derechos humanos por país.

 

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) e International Rivers, coordinando con más de 40 organizaciones, presentaron a la CIDH información sobre los graves daños para los derechos humanos y el ambiente causados por grandes represas, incluyendo afectaciones a la salud humana, desplazamientos forzados, falta de acceso a la información y la justicia, y la producción masiva de gases de efecto invernadero por grandes embalses tropicales.

 

1 Audiencia ante CIDH de Represas en América, Nov. 2 de 2009

 

“Hemos visto sistemáticamente que los proyectos de grandes represas no están considerando evaluaciones integrales de impactos sociales, ambientales y en derechos humanos, ni las alternativas que éstos proyectos tienen,” explicó Astrid Puentes, de AIDA.

“No respetan a nuestro derecho a la participación pública”, planteó el Padre Gabriel Espinoza Iníguez, y representante de familias afectadas por la represa Zapotillo en México.  “El representante del Estado afirmó: ‘o se salen o se ahogan, les vamos a comprar salvavidas y lanchas para que no se preocupen’” explicó Padre Espinoza en su testimonio.

 

A pesar de los graves impactos, “La buena noticia es que hay mejores opciones que las grandes represas para atender la demanda de energía y agua”, de acuerdo con la experta de International Rivers, Shannon Lawrence, “la forma más barata, rápida y limpia es invertir en eficiencia energética”.  Mencionó también diversas opciones para atender la demanda de agua, como proyectos a pequeña escala.

 

Durante la audiencia, Rafael González, vice-presidente de AIDA, resaltó la importancia del interés de la CIDH en la problemática, que afecta toda la región.  “Es particularmente importante que la Comisión puede aprovechar la oportunidad única para formular recomendaciones a los Estados para que apliquen estándares internacionales, implementen evaluaciones integrales y ejerzan mayor fiscalización de dichos estudios”, señaló González.

 

Al final de la audiencia, la Comisión Interamericana agregó que “la relatoría de pueblos indígenas está elaborando un estudio sobre protección de territorio y recursos de pueblos indígenas que incluye una serie de principios sobre consulta y que incluye el tema, que nos parece muy relevante, de estudios de impacto social y ambiental previos y proyectos, sobretodo vinculados por proyectos de desarrollo e infraestructura”. 

 

En la audiencia, solicitada por más de cuarenta organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales y de comunidades afectadas, se presentaron las conclusiones del informe “Grandes Represas en América, ¿Peor el remedio que la enfermedad?” preparado por AIDA con el apoyo de International Rivers y múltiples organizaciones de la región.    

 

Resumen Ejecutivo de Informe de Grandes Represas, afectaciones al ambiente y violaciones a derechos humanos disponible en: http://aida-americas.org/docs/INFORME_GRANDES_REPRESAS_RESUMEN_EJECUTIVO_091029.pdf

Para escuchar a la grabación de la audiencia ir a:  http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Session=117

Para mayor información acerca de la grandes represas en América Latina visite: www.aida-americas.org, www.internationalrivers.org, www.redlar.org/

Declaración Final I Encuentro Nacional Sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables

Durante los días 5 y 6 de noviembre de 2009 se realizó en la ciudad de Neiva Huila el I Encuentro Nacional Sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables" con el compromiso de fortalecer la Red de Movimientos Sociales afectados por represas y otros mega-proyectos a través de la construcción e impulso de políticas públicas energéticas y alimentarías limpias y soberanas.

Las organizaciones convocantes y participantes, encabezadas por Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y la Red Nacional de afectados por represas en Colombia reafirmamos que la construcción de mega-proyectos energéticos y mineros está ocasionando en Colombia indeseables consecuencias en los ámbitos ambiental, social, económico, político y cultural. Frecuentemente, se ha observado, que estos proyectos responden a los intereses económicos y políticos de las grandes corporaciones más que a los intereses de los países y comunidades dueños de los recursos naturales que se explotan. Como también, se ha evidenciado y documentado que existe una clara correlación, en varios casos, con la pobreza, el desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos.

Es una realidad que la principal ventaja estratégica de Colombia en el contexto de la economía mundial, es ser la cuarta nación en biodiversidad, siendo por grupo taxonómico el segundo en plantas, primera en anfibios y aves, tercera en reptiles y quinto en mamíferos (Instituto Humboldt). Como lo son también la riqueza de fuentes hídricas y de recursos energéticos convencionales como el carbón y el petróleo, para no hablar de los grandes yacimientos de oro, platino y otros minerales de alta demanda global.

La construcción de grandes represas y las explotaciones minerales a cielo abierto destruyen  áreas estratégicas vitales bien para la conservación de los ecosistemas, bien para el desarrollo de la agricultura nacional. En algunos casos, estos recursos se localizan dentro de los territorios de las comunidades indígenas.

Las experiencias de milenios y el conocimiento científico actual nos demuestran que las grandes represas causan irreversibles daños a los ecosistemas, colocan en vulnerabilidad muchas especies, alteran los ríos, inundan áreas extensas, en muchos casos dedicadas a la producción de alimentos.

Es frecuente que la construcción de grandes represas tenga como consecuencia el desplazamiento forzoso de miles de personas que sufren la pérdida de sus tierras y sus formas de vida.

Es también un hecho científico que las grandes represas, como los megaproyectos mineros son responsables de la producción de gases de efecto invernadero, contribuyendo de esta forma al calentamiento Global, una de las peores amenazas naturales que está colocando en riesgo la vida en nuestro planeta y que reclama la modificación del modelo dominante, excluyente y privatizador que genera destrucción y saqueo de nuestros territorios, privatiza los bienes de uso común y colectivo y profundiza la crisis alimentaria locales, regionales, nacional y globales derivadas del despojo y concentración de la tierra para favorecer los intereses de las transnacionales a quienes los gobernantes nacionales les garantizan todas las condiciones para que sus inversiones no corran ningún riesgo e incrementen sin control su rentabilidad económica a nombre de la "confianza inversionista" y "seguridad democrática" como ocurre en Colombia.

En muchos casos, la construcción de grandes represas, implica también una situación de colonialismo, de pérdida de soberanía de los países de la periferia, como es el caso de Colombia.

La política energética y agroalimentaria del país ha acentuado la desterritorialización, el desplazamiento y el desarraigo comunitario, la destrucción de experiencias históricas de producción de bienes de consumo local y regional, incrementando la exclusión social, la pobreza y los niveles de violencia para favorecer  la concentración del capital y el monopolio de la tierra.

Los medios masivos de comunicación, columna de poder económico, político e ideológico, no investigan lo suficiente ni generan noticias de opinión frente a los impactos generados por los megaproyectos, las concepciones de desarrollo, ecologismo productivo y social. El debate sobre estos aspectos apenas inicia y requiere ser profundizarlo con las comunidades, recoger sus inquietudes, colectivizarlas y socializar sus pertinencias. Sólo las movilizaciones sociales contundentes convierten en noticia en los medios y en la sociedad la problemática de los afectados por la construcción de los megaproyectos.

Con fundamento en lo consignado anteriormente las organizaciones sociales y ambientales presentes en el I Encuentro y que resistimos por la defensa del territorio, la biodiversidad y las comunidades afectadas por la construcción de megaproyectos energéticos como El Quimbo, Hidrosogamoso, Urrá I, Pescadero Ituango, entre otros:

DECLARAMOS

• Oponernos al Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario de control del territorio como objeto de mercado a través de la imposición de megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agroalimentarios y viales al servicio de las transnacionales.

• Celebrar la realización de la Audiencia Pública el pasado 2 de noviembre, convocada por  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de analizar el impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente ocasionado por la construcción de grandes represas en América Latina. Resaltamos que este tema haya sido considerado de especial interés por la Comisión y que haya optado por el seguimiento y estudio de casos de afectación de derechos humanos y ambientales en cada país y que en la relatoría de pueblos indígenas se haya incluido la protección de sus territorios y recursos.

• Acoger la Declaración del Encuentro Nacional Crisis Alimentaria en Colombia, acciones sociales para la defensa de la soberanía y autonomía alimentaria aprobada en Bogotá el 6 de septiembre de 2008 por 157 organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, de mujeres, ambientalistas y no gubernamentales de Colombia y América Latina, convocados por Planeta Paz

• Acoger la Declaración Internacional de Lorica (Córdoba) emanada del IV  Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua y respaldar el Plan de Acción de la Red Nacional de afectados y amenazados por represas, trasvases y proyectos MDL, acordado el 16 de octubre de 2009 en la ciudad de Manizales.

RECHAZAMOS

• La criminalización de la que son objeto las y los defensores del territorio y de la vida por oponerse a los megaproyectos energéticos, mineros, agroalimentarios y a todas las formas de privatización de la vida, del conocimiento y de los bienes comunes, públicos y colectivos (tierra, agua, aire, bosques, biodiversidad, entre otros), criminalización que ha cobrado la vida del compañero Honorio Llorente en el departamento de Santander y varios asesinatos en Ituango Antioquia.

• Los riesgos y afectaciones de que son víctimas las comunidades por la destrucción de sus economías locales y regionales atentando contra la soberanía alimentaria como consecuencia directa de la imposición de los megaproyectos.

• El papel de las instituciones del Estado, que a nombre de la seguridad energética, entregan el control territorial a las trasnacionales atentando contra la soberanía energética y alimentaria sustentables.

PROPONEMOS

• Avanzar en la formulación de una propuesta de soberanía energética y alimentaria para el país fundamentada en el desarrollo alternativo sustentable, construida colectivamente con los actores implicados, respetando las particularidades locales, regionales y nacionales.
• Fortalecer la Red Nacional de movimientos sociales afectados por represas y otros mega-proyectos a través del impulso a unas políticas públicas energéticas y alimentarias limpias y soberanas. En tal sentido, convocar al II Encuentro Nacional con participación de las organizaciones que impulsan la resistencia contra megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agrocombustibles, viales, etc y las bases militares que los protegen.
• Formalizar acuerdos intersectoriales con organizaciones sindicales y movimientos sociales para articular las diferentes luchas que se desarrollan en el territorio colombiano con el objeto de avanzar en la construcción de la plataforma de soberanía energética y alimentaria.
• Promover en las universidades y centros de investigación proyectos alternativos de energías limpias (bajo impacto ambiental) y agroalimentaria sustentables. De igual manera fortalecer los estudios sobre nuestra biodiversidad natural y genética.
• Sistematizar las experiencias de resistencia discutidas en este encuentro y las que logremos articular.
• Respaldar el Referendo por el Agua y  la protección especial de los ecosistemas esenciales  que regulan el ciclo hídrico
• Promover apoyos mutuos para el uso de acciones jurídicas como las acciones populares y de nulidad, así como la elaboración de informes de riesgo y declaratoria de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de la población residente en las zonas de influencia de los megaproyectos.  En tal sentido, hacer efectiva una articulación en términos jurídicos de todos los colectivos que están asumiendo la defensa de las comunidades.
• Organizar y movilizar a las comunidades locales y de todas las regiones en defensa de sus propios territorios, Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial desde el enfoque de desarrollo humano sostenible: contiene el fortalecimiento de las Asociaciones de Afectados por la construcción de megaproyectos, las Movilizaciónes Sociales con la Minga Indígena y demás acciones de resistencia de los trabajadores del campo y la ciudad. Se propone reivindicar el 14 de marzo como día internacional de acción contras las represas.
• Declarar, con fundamento en la Constitución Nacional y en defensa de la soberanía energética y alimentaria, zonas de reservas campesinas en áreas como El Quimbo Huila con amplia financiación del Estado, en particular para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan esas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses
• Lograr una mayor comunicación con los artistas como Aterciopelados y proyectos culturales que han expresado su compromiso con estas luchas de resistencia.
• Generar y crear medios de comunicación alternativos con colectivos formados y organizados que asuman la responsabilidad histórica de fortalecer las luchas de resistencia para reconstruir los tejidos sociales y poder asumir las tareas que corresponden como comunicadores y periodistas.
• Exigir como constituyente primario un nuevo debate en el Congreso de la República sobre el impacto de las políticas energéticas y alimentarias y su implementación en el país con la imposición de los megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agrocombustibles.
• Preparar la Misión Internacional de Verificación de los impactos de las represas y otros megaproyectos en Colombia. 
• Organizar, preparar y hacer seguimiento de todas las actividades para participar en el V Encuentro Mundial contra represas a celebrarse el próximo año en México.

• Convocar a organizaciones internacionales defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos y a la Comunidad de Naciones a pronunciarse a favor de  las demandas de las comunidades afectadas por los megaproyectos Tribunal de los Pueblos, Comité Interamericano de Derechos Humanos -CIDH-.

Organizaciones presentes en el I Encuentro Nacional sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, Red Latinoamericana de Acción contra las represas, y por las comunidades, los ríos y el agua. REDLAR-Colombia, Planeta Paz, Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo - CENSAT Agua Viva, Observatorio de Conflictos Ambientales, ASPROCIG, ASOGADI Pescadero Ituango, ASOQUIMBO, Representación Constituyente de Betulia Santander, Comité Cívico por la Defensa del Guarinó, Movimiento Social por la defensa del Río Sogamoso, Comité Indígena del Huila CRIHU, Asociación de Trabajadores del Campo ACT, Comité Regional Indígena del Cauca CRIC, Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, Comunicación para el Desarrollo Social, Fundación el Curíbano, Avanzar, Amasijo Yuma.

Neiva 6 de Noviembre de 2009

PROBLEMAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE REPRESAS EN AMÉRICA LATINA DEBATIRÁN MAGISTRADOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN WASHINGTON

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente -AIDA- confirmó que el 2 de noviembre de 2009 a partir de las 5:30 P.M. en Washington, D.C. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH dará inicio a la Audiencia sobre la Situación General de las Megarepresas en las Américas.  
 

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, al igual que las demás delegaciones de Colombia, entregará en la Audiencia del CIDH a través de AIDA un informe detallado de los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales y presuntas violaciones legales del Megaproyecto Hidroeléctrico el Quimbo y la posible degradación de los Derechos Humanos de las comunidades afectadas y de las organizaciones sociales y ambientales vinculadas teniendo en cuenta que se instaló el batallón Energético No. 12 en la Jagua Huila para proteger a la transnacional Emgesa y que se conocen denuncias de amenazas contra lideres vinculados a estas acciones de resistencia.

 

La audiencia es relevante para este periodo de sesiones del CIDH dada la inminencia de la construcción de múltiples proyectos en la región latinoamericana, como el caso de El Quimbo.  El aumento de demanda de energía y agua, y la falsa percepción de que las represas son energía limpia, ha aumentado significativamente los proyectos a construir, existiendo en la actualidad cientos de proyectos de nuevas hidroeléctricas a implementarse en el hemisferio.

 

La Comisión ha tenido la oportunidad de tratar este tema indirectamente y de forma limitada[1], y no en el contexto de una audiencia general, en la cual se pueda presentar información integral y consolidada respecto de esta problemática en el hemisferio.  Dada la relevancia del tema, así como la cantidad de casos que están surgiendo a nivel nacional e incluso ante la Comisión[2], y la vinculación del tema con el cambio climático y los derechos humanos, consideramos que la audiencia es de trascendental importancia.

 

De otra parte, la realización de esta audiencia general y el reconocimiento de la problemática de las represas por parte de la honorable Comisión puede producir un impacto positivo en el entendimiento de esta problemática, y en el fortalecimiento de los estándares internacionales relacionados con ella, así como en la manera de evaluar e implementar los proyectos por los Estados.

 

Primero, la CIDH tiene una posición única en el hemisferio respecto a la promoción de los derechos humanos.  Por lo tanto, el reconocimiento del tema por la CIDH promovería una mayor visibilización y además, reforzaría los casos en los cuales existen violaciones de derechos humanos.

 

Segundo, y hacia el fortalecimiento de los estándares internacionales, los pronunciamientos de la CIDH, como órgano de derecho internacional y con competencias específicas para la interpretación de los derechos humanos del Sistema Interamericano, tendrían un impacto más concreto en la jurisprudencia internacional.  Es importante destacar la existencia de estándares que pueden mitigar o eliminar las violaciones asociadas con proyectos de represas, desarrollados por instituciones como el Banco Mundial, el BID y la Comisión Mundial de Represas; sin embargo, falta la implementación adecuada y la mayor difusión de ellos.  La intervención de la CIDH podría impactar positivamente el fortalecimiento de estos estándares, vinculándolos con las violaciones de los derechos humanos provocadas por su incumplimiento[3].

 

Tercero, el que la Comisión reciba información y atienda esta situación regional, puede también contribuir en el análisis y resolución de los casos actuales, tanto los que se encuentran ante la Comisión, como los que están ante instancias internas, dando la oportunidad para evitar aún mayores impactos y violaciones a derechos humanos[4]. 

 

Al aplicarse el artículo 64 del Reglamento, que ordena la audiencia regional de carácter general, el Megaproyecto El Quimbo será objeto de estudio por parte del CIDH debido a las graves violaciones de los derechos humanos  al otorgarse la Licencia Ambiental para la construcción del mismo por Emgesa. Adicionalmente, con fundamento en la  información presentada durante la audiencia por las organizaciones que suscribimos la solicitud  se considera la posibilidad de acceder a una de sus potestades para analizar el tema en mayor detalle y hacer recomendaciones a los Estados, tales como:

 

Investigar la problemática y emitir recomendaciones generales a los Estados en su informe anual, a fin de que éstos tomen las medidas para evitar la violación de derechos humanos.

 

Establecer un comité o grupo de trabajo para indagar sobre el tema[5] y publicar sus resultados en un informe especial.

 

Recibir más información de parte de organizaciones de la sociedad civil o los Estados en la forma de informes de seguimiento, y hacer visitas in loco para informarse más sobre la problemática.

 

Considerar la información presentada en esta audiencia general sobre los impactos que tienen las represas para el cambio climático en el marco del seguimiento de la Resolución AG/Res. 2429 (XXXVIII-O/08).

 

http://plataformasur.blogia.com 

www.surcolombiano.com

 

[1] Es el caso de la audiencia de la situación de derechos humanos y ambiente (118º periodo de sesiones, 2003) y las audiencias sobre las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas (124º período de sesiones, marzo 2006), las audiencias de cambio climático y derechos humanos, y de la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales en derechos humanos (127º período de sesiones, 1 de marzo de 2007) y audiencias por país en que se han debatido temas de represas, es el caso de la audiencia de la situación de los derechos de propiedad de las comunidades indígenas en Panamá (133º período de sesiones, 28 de octubre de 2008).

[2] Por ejemplo, algunos casos relacionado con la construcción de represas que ya han sido admitidos por la CIDH, incluyen Mercedes Julia Huenteao Beroiza y otras c. Chile, Solución Amistosa, Informe Nº 30/04, Petición 4617/02, 11 de marzo de 2004 (la represa en la zona de Ralco en el Alto Bío Bío); Comunidad de Río Negro del Pueblo Indígena Maya y sus miembros c. Guatemala, Informe de admisibilidad Nº 13/08, petición 844/05, 5 de marzo de 2008 (la represa Chixoy en Alta Verapaz, Guatemala); Pueblo Indígena Kuna de Madungandi y Emberá de Bayano y sus miembros c. Panamá, Informe de Admisibilidad No. 58/09, Petición 12.354, de abril 21 de 2009; sumados a otras peticiones que se encuentran pendientes ante el sistema, como por ejemplo Chalillo (Belice), Anchicaya y Urrá (Colombia) y Xalalá (Guatemala).

[3] Tales resultados ya se han logrado en otras áreas del derecho internacional, el mejor ejemplo de lo cual sería en el área de los derechos de los pueblos indígenas. Fallos y pronunciamientos de la CIDH como los casos del Pueblo Yanomami c. Brasil, Resolución No 12/85, Caso No 7.615, 5 de marzo de 1985 (uno de los primeros reconocimientos por un órgano internacional de derecho de la situación de los pueblos indígenas en las Américas) y las Hermanas Dann c. Estados Unidos, Informe No 75/02, Caso No11.140, 27 de diciembre de 2002, párr. 130 (encontrando una base jurídica para los derechos de los pueblos indígenas en “los principios jurídicos internacionales generales”.) Los dos casos eran precedentes importantes para el reconocimiento de los derechos colectivos en las sentencias de la Corte Interamericana como el Caso de Awas Tingni c. Nicaragua y el Caso del Pueblo Saramaka c. Surinam.

[4] Cabe destacar que aun dentro los casos en los cuales la CIDH ha intervenido, existen dificultades en la implementación de acuerdos logrados entre las partes, por ejemplo en la represa Ralco en el Alto Bío Bío de la VIII región de Chile y Urrá en Colombia.

[5] Reglamento artículo 15(2) “La Comisión también podrá crear grupos de trabajo o comités para la preparación de sus períodos de sesiones o para la realización de programas y proyectos especiales. La Comisión integrará los grupos de trabajo de la manera que considere adecuada.”