Comunicación y Medios

Audiencia Pública y Suspensión Obras Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

Del 16 al 21 de Marzo de 2011 funcionarios del Ministerio  de Ambiente se hicieron presentes en los Municipios de Garzón, Gigante, Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira con el propósito de “socializar la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” con los afectados por el mismo.

Durante las reuniones, los participantes confirmaron el incumplimiento de las obligaciones de Emgesa contenidas en los artículos 10, 11 y 12 de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, y el mal trato de que han sido objeto por parte de la empresa y que han sido denunciados por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo - Asoquimbo- destacando:  

-          Emgesa viene ejecutando obras durante las 24 horas en la población de Domingo Arias Paicol Huila a 80 metros de distancia de sus viviendas impactando de manera grave la salud y bienestar de los residentes, incumpliendo con el compromiso de reasentamiento  con anterioridad al inicio de obras, según lo denunció el lider Delfín Motta. El delegado de la Defensoría del Pueblo reafirmó la denuncia y se comprometió con hacer entrega de los testimonios y el registro fotográfico a la dirección regional y nacional para que se tomen medidas urgentes de protección de los afectados.

-          No se ha concertado ninguna medida de compensación ni proyectos productivos para los grupos poblacionales conforme a lo establecido en la licencia Ambiental. Funcionarios de Emgesa vienen negando el cumplimiento de esta responsabilidad razón por la cual los afectados no han sido convocados para participar y decidir en torno al estudio de vulnerabilidad.

-          Emgesa no ha registrado  en el censo  a todas las poblaciones de afectados y viene desconociendo la existencia de “otros grupos poblacionales afectados” como los apicultores.

-          Emgesa no ha realizado los procesos de concertación con los diferentes grupos poblacionales del Programa de Restitución de Empleo

-          Emgesa no ha propuesto ningún proceso de reasentamiento colectivo ni individual, con las comunidades afectadas, de manera concertada, coordinada y con participación de un organismo de control. Personas objeto de reasentamiento individual sostienen que no se les informó sobre su alternativa de reasentamiento y que se les indujo a aceptar la opción de compra.

-          El restablecimiento de las condiciones socioeconómicas no ha sido iniciado y existen impactos negativos sobre la base económica,  en particular, para los grupos poblacionales de  productores, propietarios, areneros, paleros, volqueteros y transportadores, debido a la dificultad de acceso a los créditos paralizando  las actividades agropecuarias y afectando los proyectos de vida. 

-          Emgesa se niega a garantizar la vida productiva de los mayordomos y jornaleros que trabajan en los grandes predios que han sido negociados. Al contrario sugiere bajo cuerda a los patronos, condicionando el pago de las fincas, la expulsión de los trabajadores para desviar las previsibles acciones legales que se entablarían. 

-          La comunidad no ha sido notificada de la existencia de estudios de valoración económica de impactos ambientales, de adecuación de tierras, etnográfico. Registra con preocupación cómo Emgesa viene enfrentando a las comunidades, destruyendo los tejidos sociales y generando graves afectaciones sicosociales que se registran con la muerte de varios ancianos.

-          Emgesa no ha informado ni concertado con las autoridades locales el programa de empleo temporal y suministro de servicios durante la construcción del Proyecto. Se denuncia que se viene contratando mano de obra no calificada en condiciones miserables y el maltrato que sufren trabajadores por parte de los contratistas.

-          No ha establecido ni puesto en marcha los convenios con instituciones públicas y privadas del orden regional o municipal que desarrollen programas o proyectos dirigidos a población vulnerable y/o de la tercera edad.

-          Los afectados se preguntan si es legal o no otorgar tierras a campesinos desplazados por el Estado por debajo de las UAB debido a que El Manuel de Precios Unitarios de Predios no tuvo en cuenta la UAF para determinar la calidad de los predios y su valoración agrológica.

Con fundamento en las anteriores denuncias, los afectados presentes en las reuniones de socialización de la licencia en los Municipios de Garzón y Gigante Huila decidieron por unanimidad: (existe registro de firmas)

1.- Solicitar la realización de una Audiencia Pública Ambiental sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 330 de 2007, artículo 5 y en virtud del literal b del  artículo 3 donde señala la procedencia de la celebración de la Audiencia pública “durante la ejecución de un proyecto, obra o actividad, cuando fuere manifiesta la violación de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se otorgó la licencia o el permiso ambiental”. 

La evidencia de dicha violación  se sustenta en la falta de cumplimiento de la empresa Emgesa S.A. E.S.P. en la ejecución de las obligaciones establecidas en la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 y en la generación de impactos sobre los habitantes de las veredas afectadas como se relacionaron anteriormente.

2.- Conceder como plazo el 15 de abril para que la Ministra de Ambiente ordene la suspensión de las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de Emgesa y en acatamiento a la solicitud de suspensión de las mismas por el Procurador Ambiental Agrario Oscar Amaya, compromiso adquirido públicamente durante la realización del Foro sobre Impactos de Megaproyectos Energético-Mineros realizado el 16 de marzo de 2011 en el Congreso de la República.

3.- Convocar a todos los afectados para que en la segunda semana de abril participen de Asambleas convocadas por Asoquimbo con la presencia del Procurador Agrario y representantes de organismos de control donde se reafirmará la decisión de los afectados de realizar las acciones de resistencia civil que sean necesarias para que Endesa Emgesa y Enel Impregilo abandonen el territorio si el Ministerio de Ambiente no ordena la suspensión de obras durante el pazo exigido.

4.- Convocar a todo el pueblo Huilense a movilizarse en defensa de nuestro territorio, el río Magdalena y las comunidades directamente afectadas y solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el envío de una Misión Especial para la Protección de los Derechos Humanos.

Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctroico El Quimbo -ASOQUIMBO-

ELSA ARDILA MUÑOZ

Presidenta

Gigante Huila 21 de Marzo de 2011

“Si se represa el Río se represa la biodiversidad, la cultura y se extingue el campesino”

Jóvenes, mujeres y hombres, estudiantes, maestros y trabajadores se organizaron desde las Ágoras de la Universidad Surcolombiana para expresarse  por los ríos, el agua y la vida, y contra represas y megaproyectos inconsultos,  por las calles del municipio de Neiva, en el Huila.

La verde natuzaleza, azul cielo y Río Magdalena cobran vida a través de los carteles que gritan “No al Quimbo” acompañadas de voces que corean “Porque la tierra es de todos y no de unos pocos. Por una reserva agroalimentaria”, “Queremos chicha, queremos maíz, multinacionales fuera del país” “La tierra no se vende ni se compra, la tierra se cuida, respeta  y se defiende” “Si se represa el río se represa la cultura, la biodiversidad y se extingue el campesino” Fueron algunas de las consignas que los marchantes emplearon frente a la alcaldía municipal, la gobernación del Huila, el Palacio de Justicia y por las calles principales de la ciudad. Voces que pretenden generar eco en el país y la comunidad internacional en defensa del territorio.

Neiva manifestó su inconformidad con el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, que atenta contra  el origen y la identidad, el territorio y las fuentes hídricas del Huila y de Colombia. El Malecón del Río Magdalena fue el lugar que abrigo a los manifestantes quienes se refrescaron al compartir la tradicional zurumba fría (agua de panela con limón).

Con el apoyo e incondicional compromiso de los grupos musicales Lynon, Magolo Blues, Inefables, Dimosclown y el acto cultural del Larguillo Julianillo, culmina con éxito la jornada de resistencia social en el municipio de Neiva.

 

CONVOCATORIA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA SOBERANÍA AGRO-MINERO-ENERGÉTICA

El Ministerio de Ambiente, con el aval del gobierno  y los parlamentarios huilenses, modificó ilegalmente la Licencia al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo mediante Resolución 1814 de septiembre de 2010 burlándose de la decisión del Tribunal de Cundinamarca que improbó la “conciliación extrajudicial” y cediendo al chantaje de Emgesa de “si no se modifican las  excesivas cargas ambientales que le fueron impuestas estaría ante la imperiosa necesidad de desistir del proyecto.

Efectivamente, las empresas española- italiana Endesa-Emgesa-Enel lograron reducir en más de 100 millones de dólares las compensaciones ambientales y sociales. Ejemplo de ello:

1) Se disminuyen las hectáreas correspondientes a la compensación por aprovechamiento forestal,  3.597,2 hectáreas, atentando contra las medidas de protección constitucional al medio ambiente.

2) Se reduce de 2211 a 903 hs. la franja perimetral de protección ambiental.

3) Las personas llamadas “ocupantes”, es decir, los campesinos y pescadores pobres que viven en áreas al margen de las carreteras y del Río Magdalena, no serán compensadas porque son “una categoría ajena a los parámetros regulatorios” y además, se modificó el compromiso de otorgar vivienda a todos los propietarios, poseedores y ocupantes que no contasen con la misma como había sido inicialmente  contemplado en la licencia.

El Gobernador del Huila solicitó recientemente al presidente Santos que “intermediara con Emgesa para que la represa El Quimbo no solo sea utilizada para producir energía eléctrica sino que se permita al igual que en Betania la producción piscícola”. De inmediato, el Señor Ariel Rincón, de la Cámara de Comercio de Neiva y defensor incondicional del proyecto, presionado por laresistencia social contra el mismo declaró que “siento un sabor agridulce porque se cambiaron las reglas de juego y resulta inconcebible que el propio gobernador Luis Jorge Sánchez, esté pidiendo la intervención del Presidente para poder utilizar el embalse” La empresa les precisó  que “desde la concepción del proyecto El Quimbo, siempre se  planteó como un embalse unipropósito y así quedó estipulado en la Licencia Ambiental” (http://www.lanacion.com.co/2011/03/09/%e2%80%98emgesa-honrara-los-acuerdos%e2%80%99/

Cabe recordar que en las “mesas de concertación” el gobierno, los parlamentarios  y representantes de los gremios aceptaron sin inmutarse:

1) La no modificación de la naturaleza del proyecto de unipropósito a multipropósito

2) La no participación accionaria del Departamento del Huila como socio del proyecto.

3) La utilización del embalse indefinidamente por parte de Emgesa, es decir, se le entregó el territorio sin posibilidades de revertir la concesión a la Nación 4) No se cumplió con el compromiso de reducir la tarifa de energía para toda la población del Huila a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Como si fuera poco, promovieron incondicionalmente la modificación de la licencia (resolución 1814) contra las poblaciones directamente afectadas  y la preservación de nuestros ecosistemas,  gestión encabezada por el senador   Carlos Chávarro.

El Ministerio de Ambiente, en cumplimiento de órdenes superiores de no incomodar a las transnacionales beneficiadas por la “confianza inversionista” ha incumplido con la expedición de los Actos Administrativos que den cuenta de la Gestión Social de Emgesa desde la visita de verificación realizada en octubre de 2009, razón por la cual ha cohonestado con el incumplimiento de las obligaciones de Emgesa establecidas en la licencia y denunciadas por los afectados, entre otros:

- El estudio de vulnerabilidad, fundamental para poder establecer adecuada y proporcionalmente  las medidas de compensación de los grupos poblacionales, razón por la cual estos grupos han sido sometidos a la más grande incertidumbre. 
- Estudio de valoración económica de impactos ambientales.
- Estudio de adecuación de tierras.
- El estudio etnográfico que garantice la conservación de los tejidos sociales y comunicativos.
- Programa de reasentamiento colectivo (nucleado y disperso) e individual, para aquellos propietarios de menos de 50 ha de manera concertada, coordinada y con la participación de un organismo de control, antes de realizar cualquier proceso de compra de predios. 
- Emgesa no cumplió con el proceso de concertación con las comunidades de San José de Belén, en el Agrado y Veracruz, en Gigante respetando los criterios señalados en el PMA y en la Resolución 899 relacionados con “la escogencia de las áreas propuestas como producto de un estudio técnico atendiendo las sugerencias de las familias, la selección de terrenos aptos para la agricultura, la disposición de un sistema de riego, la disposición de accesos, la ubicación en lo posible en el mismo municipio y la búsqueda de alternativas de reasentamientos colectivos en pro de la reconstrucción del tejido social”.
- El restablecimiento de las condiciones socioeconómicas no ha sido iniciado y existen impactos negativos sobre la base económica,  en particular, para los grupos poblacionales de  productores, propietarios, areneros, paleros, volqueteros y transportadores, debido a la dificultad de acceso a los créditos paralizando  las actividades agropecuarias y afectando los proyectos de vida. No se cumple con lo establecido en la licencia: “los proyectos propuestos para el reasentamiento deben comenzar desde el mismo instante del licenciamiento del proyecto"
- No ha desarrollado ninguna acción para el cumplimiento del  Plan de Manejo para la reactivación productiva en áreas aledañas e inclusive en el Área de Influencia Indirecta, ni propuesta alguna donde especifique las actividades, la  asignación presupuestal no inferior a la propuesta en el Plan de Manejo, el tiempo de ejecución del proyecto, el cronograma de ejecución y la distribución de los recursos para la  conformación de alianzas productivas, de tal manera  que se posibilite el restablecimiento del sistema económico local afectado. 
- Se niega a garantizar la vida productiva de los mayordomos y jornaleros que trabajan en los grandes predios que han sido negociados. Al contrario sugiere bajo cuerda a los patronos, condicionando el pago de las fincas, la expulsión de los trabajadores para desviar las previsibles acciones legales que se entablarían. 
- En el Manual de Precios Unitarios de Predios no tuvo en cuenta la UAF para determinar la calidad de los predios y su valoración agrológica.
- No ha informado ni concertado con las autoridades locales el programa de empleo temporal y suministro de servicios durante la construcción del Proyecto.
- No ha realizado los procesos de concertación con los diferentes grupos poblacionales del Programa de Restitución de Empleo
- No ha informado sobre las gestiones desarrolladas para garantizar que los EOT incorporen las modificaciones en el uso del suelo y la reubicación de reasentamientos por la presencia del proyecto.
- No ha establecido ni puesto en marcha los convenios con instituciones públicas y privadas del orden regional o municipal que desarrollen programas o proyectos dirigidos a población vulnerable y/o de la tercera edad.

El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo al igual que los proyectos mineros, agronegocios e infraestructura, constituye una amenaza para el ambiente y para miles de familias que potencialmente serán desterradas y despojadas de sus territorios y de su cultura.

Ante este escenario la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroelçectrico El Quimbo convoca a la Movilización Social el 14 de marzo de 2011 a partir de las 9 de la mañana en Rioloro Gigante y en la Universidad Surcolombiana por la defensa de los territorios  y la construcción de una política de soberanía agro energético minera que plantee alternativas al modelo extractivo impuesto por las empresas de capital privado nacional y transnacional que desconoce los derechos de quienes habitan los territorios.

Este modelo es impulsado por el Gobierno de Santos bajo las denominadas “locomotoras para la prosperidad” profundizando la desigualdad social, agudizando los conflictos ambientales y permitiendo que sean las mismas empresas las que “investiguen”, determinen los impactos y formulen los planes de manejo ambiental y social.

EL QUIMBO: NI SE VENDE, NI SE EXPROPIA, NI SE INUNDA…SERA UNA RESERVA CAMPESINA AGROALIMENTARIA

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO. ASOQUIMBO

LA REPRESA EL QUIMBO: EL TSUNAMI DE EMGESA ENEL

La científica climática Payal Parekh, directora del Programa Climático de International Rivers, al comentar la documentación presentada por Emgesa ante la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR (SASC por su nombre en inglés) solicitando el registro como Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL exige que NO se otorgue el registro debido a sus impactos negativos sociales y ambientales y, específicamente, al referirse a los argumentos de Emgesa respecto delos riegos geotécnicos, tales como el riesgo de deslizamientos detierra y terremotos, fue categórica al señalar: “Si hay un riesgo grande de este tipo de catástrofes naturales, entonces no es prudente construir una represa en la región y ninguna cantidad de dinero de la venta de créditos de carbono puede disminuir este riesgo y proteger un proyecto de tales calamidades. Una decisión inteligente es no construir en las regiones propensas sísmica”.

El Tsunami de Emgesa-Enel ya empezó causando daños a nuestros ecosistemas, desplazando a comunidades y generando incertidumbre por los graves impactos económicos y sicosociales de los grupos poblacionales de  productores, propietarios, areneros, paleros, volqueteros, transportadores, debido a la dificultad de acceso a los créditos paralizando las actividades agropecuarias y afectando los proyectos de vida de las comunidades al no cumplir con lo establecidoen la licencia: “los proyectos propuestos para el reasentamiento deben comenzar desde el mismo instante del licenciamiento del proyecto" (mayo de 2009)

Alertamos a tod@s contra este Tsunami que destruirá apoblaciones enteras ante el riesgo cierto de deslizamientos y terremotos, como lo advierte  Payal Parekh si no somos capaces de detenerlo con la resistencia social. Estamos a tiempo. Tod@s a marchar el 14 de marzo por la defensa de nuestro territorio y contra el Tsunami de Emgesa-Enel.

A FORTALECER LA RESISTENCIA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

Plataforma Sur había denunciado que el Gobierno nacional con el aval del gobernador del Huila y el silencio cómplice de la bancada parlamentaria, recientemente elegida, habían acordado la “conciliación prejudicial”, es decir la entrega definitiva del territorio modificando sustancialmente la licencia ambiental para satisfacer las demandas de las transnacionales Endesa- Emgesa- Enel quienes habían amenazado con demandas al Estado si no cedía a sus pretensiones.

La “conciliación se realizó el pasado 21 de abril mediante la cual se redujeron de 20.000 a 11.000 las hectáreas por compensación ambiental, se afectaron sectores vulnerables de la Zona que serán excluidos de la licencia. Se suspendió la construcción de la vía perimetral (45.000 millones), entre otras,  apoyados en un supuesto estudio de la “Fundación Natura” que consideró su inviabilidad por afectaciones ambientales. Esta misma fundación nunca se pronunció sobre la inviabilidad de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo donde el 95% de la Zona a inundar hace parte de la reserva forestal protectora de la amazonia. Negocio es negocio.

Emgesa logró reducir las compensaciones ambientales y sociales en más de 140 millones de dólares, es decir, lo que se incluyó en la Licencia ambiental después de la firma del Acta de Capitulaciones entre el Gobernador del Huila, los Alcaldes de la Zona y Emgesa. Esos 140 millones de dólares adicionales habían sido producto de la lucha de resistencia de los afectados.

Emgesa, que desde un principio había expresado que no acudiría a la interposición de recursos contra la licencia, también logró que el Ministerio de Minas le firmara el Manual de Precios Unitarios de Predios que ha sido rechazado unánimemente por los propietarios y poseedores que aspiraban que el valor de sus predios superara los 35 millones de pesos por hectárea.

La “conciliación” y el Manual fueron aprobados en secreto sin consultar con las organizaciones intervinientes y los afectados como lo exigió Plataforma Sur a través de varios derechos de petición con fundamento en el principio de la participación consignado en la Constitución Política. Sólo bastó con la orden del presidente Uribe de aceptar todas las pretensiones de las transnacionales con la complacencia del Gobernador y su Secretario de agricultura para garantizarles el negocio a cambio de dádivas.

Emgesa prepara otra demanda contra el Estado Y no cumplirá con las compensaciones y restitución de predios a los afectados. Iniciará obra y después acudirá a la expropiación como ya lo ha anunciado para quienes se nieguen a entregar sus predios al precio consignado en el Manual. Sabe que cuenta con funcionarios gubernamentales y de control a su favor como el Procurador General de la Nación quien obedeció la orden de Uribe de favorecer a Emgesa.

¿Dónde estaban los parlamentarios Huilenses? Esperando que el Gobernador avalara el negocio de entrega del territorio, compartido por ellos, manteniendo silencio cómplice. ¡Qué indignidad¡

Pero el Quimbo no será una realidad. Los huilenses dignos apoyaremos las movilizaciones convocadas para el 14 de mayo en la Zona de El Quimbo y Neiva por la defensa del territorio, la reserva campesina agroalimentaria subsidiada por el Estado, la indemnización de los afectados y restitución de sus derechos por los daños causados por la Resolución 321 que declaró la zona de utilidad pública a favor de Emgesa y el rechazo al Manual de Precios Unitarios de los Predios del P.H. El Quimbo, aprobado por el Ministerio de Minas mediante Resolución No. 180420 de 2010 contra los intereses de los poseedores y propietarios para favorecer el negocio de Emgesa y el Gobierno.

Continuaremos en resistencia permanente complementada con las acciones jurídicas que están en curso contra la resolución 321 y la licencia ambiental. Insistiremos en la presencia de la Comisión Especial del Comité Interamericano de Derechos Humanos en el Huila y reiteramos la solicitud de protección de los afectados ante los riesgos de represión que se agilizarán contra las acciones de resistencia. No olvidemos las masacres que Endesa protagonizó contra los aborígenes Mapuches en la Patagonia de Chile para imponer sus proyectos de generación de Energía. A resistir con dignidad.

MOVILIZACIÓN SOCIAL 14 DE MAYO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

El 13 de abril de 2010 el Ministro de Ambiente, Carlos Costa Posada en respuesta a Derecho de Petición radicado con número 4120-E1-41146/42269, confirma lo denunciado por Plataforma Sur al ratificar que “La convocatoria de conciliación extrajudicial presentada por la Empresa Emgesa S.A. ESP ante la Procuraduría General de la Nación, busca la revocatoria parcial y la modificación de algunos artículos de las Resoluciones 899 de 2009 y 1629 de 2009”. Agrega que la solicitud de conciliación tiene como fin “agotar el requisito de procedibilidad para interponer Acción de Nulidad y restablecimiento del Derecho contra las resoluciones 899 y 1628 expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”

El Ministerio de Ambiente, sin consultar a los directamente afectados y a las organizaciones intervinientes, aceptó conciliar la modificación de la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para  reducir los costos sociales y  las compensaciones forestales y de esta manera satisfacer las exigencias y chantajes de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel  y la reiterada intervención del presidente Uribe para garantizar el negocio, tal como lo confirmó en Neiva: ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’ (La Nación, 02-02-2010)

La audiencia de conciliación citada para el 25 de enero de 2010 fue aplazada según el Ministro,  sin precisar la nueva fecha. Nos anticipa que “en el evento de realizarse un acuerdo entre las partes como consecuencia de la conciliación, que implique modificaciones a la Licencia Ambiental, quedarán plasmados en el Acta de Conciliación y hasta ese momento será un documento que pueda ser objeto de publicidad”. El acuerdo ya existe como lo señalamos anteriormente pero el Ministro se niega a discutirlo con los directamente afectados, las organizaciones intervinientes y los  participantes en la “mesa de concertación”, avalada por el presidente Uribe, con el argumento según el cual “no existe exigencia alguna que este Ministerio deba informar  a terceros respecto a los temas objeto de conciliación”, negando el legítimo derecho a la participación establecido en la Constitución Nacional.

El Ministro lo sabe pero dice no conocer de una posible demanda de Emgesa contra el Estado ante la demora en la iniciación de la obra y la imposibilidad de la empresa de cumplir con la generación de energía a partir de diciembre de 2014 circunstancia que le ocasionaría el pago de multas a la Nación. Al mismo tiempo Emgesa se prepara desde ya para iniciar una vía “sustitutiva” antes del vencimiento de la Resolución 321 (1 de septiembre de 2010) para garantizar que procedan las  “demandas de nulidad y restitución de derechos”contra el Estado, sin importarle en absoluto la incertidumbre generada a las comunidades afectadas por la falta de claridad en torno a sus proyectos de vida y las compensaciones reales de la región. Mientras tanto el Gobierno Departamental, los parlamentarios recientemente elegidos, la Cámara de Comercio y la CAM mantienen silencio cómplice.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales refirma su postura contra la construcción del Proyecto El Quimbo por las razones ampliamente divulgadas (www.surcolombiano.com http://plataformasur.blogia.com) e invita a todos los pobladores del Departamento del Huila a participar en las Movilizaciones y Concentraciones convocadas, para el 14 de Mayo en Neiva  y la Zona de El Quimbo, por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -ASOQUIMBO- pequeños propietarios, cacaoteros, cafeteros, camioneros, aserradores, organizaciones sociales y juveniles, entre otros, con los siguientes propósitos:

 1) Defender el territorio y las comunidades e impulsar la creación de una reserva campesina agroalimentaria subsidiada por el Estado en la Zona de El Quimbo

2) Indemnización de los afectados y restitución de sus derechos por los daños causados por la aplicación de la Resolución 321 que declaró la zona de utilidad pública a favor de Emgesa

3) Impedir cualquier intento de iniciación de obras por Emgesa debido a las graves implicaciones económicas, sociales y ambientales y las reiteradas modificaciones de la Licencia ambiental.

Hemos solicitado a Minambiente suministrar un balance financiero detallado del proyecto:  costos y beneficios tanto para El Estado, El Huila, los municipios y las comunidades directamente afectadas como para Emgesa que deberá ser confrontado públicamente.

 

Firmado,

Belén Alarcón Alarcón

Directora y Representante Legal de Plataforma Sur

Miller A  Dussán Calderón

http://[e-mail]

Coordinador Estudio y Seguimiento Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

Plataforma Sur

MINAMBIENTE CONCILIA MODIFICAR LICENCIA AMBIENTAL A FAVOR DE EMGESA Y CONTRA LOS AFECTADOS DE EL QUIMBO

Ref: Carta abierta y derecho de petición, artículo 23 C.P.: CARLOS COSTA, Ministro de Ambiente, CLAUDIA MORA, Viceministra, DIANA MARCELA ZAPATA, Directora de Licencias Permisos y Trámites Ambientales.

Como lo habíamos anticipado el Ministerio de Ambiente a través de la directora de licencias, Diana Zapata, sin consultar a los directamente afectados y a las organizaciones intervinientes, aceptó nuevamente la modificación de la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para satisfacer las exigencias y chantajes de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel  y la reiterada intervención del presidente Uribe para garantizar el negocio, tal como lo confirmó en Neiva: ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’ (La Nación, 02-02-2010)

 

La ingeniera Zapata ya lo había anunciado ante la solicitud de “conciliación prejudicial” interpuesta ante la Procuraduría  por Emgesa que bajo el supuesto de  “hacer algunas aclaraciones en temas de compensación ambiental” busca  reducir, en connivencia con Minambiente, los costos sociales, afectando a sectores vulnerables y disminuir las compensaciones forestales. La funcionaria puntualizó: “este punto se estudia y esperamos que quede listo este mes. Luego lo revisará la Procuraduría, que es garante de la propuesta de Emgesa” (La República, 12-03-2010) No queda duda, además, que el ente de control garantizará favorecer a la compañía y no a los afectados.

 

Actuación similar asumió la directora de licencias cuando Emgesa interpuso recurso de reposición contra la Resolución 0899 logrando modificarla a su favor a través de la Resolución 1628 razón por la cual  los afectados solicitamos a la CIDH “se realice el seguimiento y estudio de todo el proceso de licenciamiento del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y, en particular, si existe coherencia entre las consideraciones de orden jurídico, y los impactos ambientales, sociales y culturales y las obligaciones que competen a la empresa Emgesa”.

 

Ahora Emgesa ante la demora en la iniciación de la obra y la imposibilidad de cumplir con el plazo previsto de generación de energía en el 2014, según lo estipulado en la subasta pública y consciente de que sería multada, amenaza con una nueva demanda contra el Estado derivada de lo expresado por uno de sus apoderados: “¿quién va a pagar los daños causados por la demora en la iniciación de la obra?”, durante una audiencia testimonial de la Acción Popular contra Emgesa  que cursa actualmente en el Juzgado III Administrativo en Neiva.

 

Lo preocupante es que la justicia viene operando a favor de las transnacionales para garantizar “la confianza inversionista” y lo más probable es que Emgesa contará a su favor con jueces que actuarán de manera similar a los asesores jurídicos y funcionarios de Minambiente, como es el caso del comportamiento  servil e indigno de la directora de licencias quien sigilosamente entrega los bienes de la nación, en un negocio turbio, a espaldas de las comunidades afectadas y de las organizaciones intervinientes como la Fundación el Curíbano, a quienes no rinde cuentas públicas, convencida de las informaciones falaces de Emgesa que ha intentado por todos los medios ocultar la inconformidad generalizada de la población contra la construcción del proyecto El Quimbo y el incumplimiento y tergiversación permanente de sus obligaciones.

 

Sin duda, la ingeniera Zapata es una funcionaria “eficiente” al servicio de los negocios particulares, privilegiando el de las transnacionales, tal como ella lo reconoce: “en general una licencia se demora 18 semanas. Por ejemplo, en temas de infraestructura y viales las hemos estudiado en 11 ó 12 semanas". El tiempo depende de varios factores, entre los cuales está si cerca al proyecto hay comunidades (como sucede con El Quimbo) o ecosistemas de gran importancia (como el caso La Colosa). Colombia en comparación de otros países Latinoamericanos es uno de los más eficientes en licenciamiento ambiental, ya que en otros lugares se puede tardar tres o cuatro años" (La República, 12-03-2010)

 

Razón le asiste al exministro de Minas Jorge Eduardo Cock Londoño cuando en su artículo publicado el 10 de junio de 2009, “Medio ambiente: ni leyes ni razones y mucho atropello” aseveró con relación al rápido otorgamiento de la licencia a Emgesa: “precisamente el caso de El Quimbo nos hizo pensar a todos que con la cantidad de problemas que tenían por vencer o remediar, este proyecto seguramente iría a sufrir importantes retrasos…los funcionarios se tuvieron que morder los codos y simplemente cumplir órdenes superiores. La licencia ambiental se concedió, arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”

Con fundamento en el derecho constitucional a la participación ciudadana, el artículo 23  de la Constitución y el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, solicitamos al Ministerio de Ambiente:

 

1)    Informar directamente a ASOQUIMBO, a la Fundación el Curíbano y a Plataforma Sur de Organizaciones Sociales sobre todas las modificaciones que se realizaron a la Resolución 0899 y que quedaron registradas en la Resolución 1628 y los aspectos que Minambiente ha acordado con Emgesa para efectos de “conciliación prejudicial” que cursa en la Procuraduría. Explicar las razones por las cuales el gobierno viene cediendo a las pretensiones de Emgesa a través de los recursos interpuestos.

2)    Confrontar el concepto técnico sobre los resultados de la visita de seguimiento a la Gestión Social, realizada en octubre de 2009, con antelación al acogimiento del mismo mediante Acto Administrativo, con las versiones de los afectados en una Asamblea General convocada por el Ministerio de Ambiente y ASOQUIMBO en el municipio de Gigante Huila.

3)    Solicitar al Ministerio de Minas que con antelación a la aprobación del Manual de predios unitarios se convoque a los afectados con el fin de acordar los valores de los bienes materiales e inmateriales y la compensación de los mismos en igualdad o mejores condiciones, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.

 

 

Reafirmamos nuestra decisión de mantener el diálogo y la concertación únicamente con el Ministerio de Ambiente por ser la institución responsable de la firma de la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y exigimos la presencia permanente del Estado Colombiano y sus organismos de control que tienen la obligación constitucional de proteger y garantizar todos los derechos de los ciudadanos.

 

Refirmamos nuestra oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y como alternativa proponemos convertir la Zona en una gran reserva campesina empresarial  agroalimentaria con amplia financiación del Estado. En tal sentido, anunciamos la realización de múltiples acciones de resistencia en cumplimiento del Plan de Acción 2010 aprobado unánimemente por ASOQUIMBO y, específicamente, la movilización que hemos acordado para el 14 de mayo en la Zona de El Quimbo y la ciudad de Neiva a favor de la Reserva campesina, la Indemnización inmediata y la restitución de los derechos a raíz de los daños ocasionados por la Resolución 321 y a impedir la iniciación de la obra.

Responsabilizamos al Gobierno, a su Ministerio de Ambiente y a Emgesa de la presencia de personas extrañas en la Zona de El Quimbo y de la profundización del conflicto en la región  por cuanto sus actuaciones, al aprobar la Licencia ambiental contra la voluntad de la mayoría de los afectados, son generadoras  de diversas formas de violencia que atentan contra el bienestar y la calidad de vida de las comunidades y la preservación del medio ambiente.

En constancia se firma en Rioloro, Gigante Huila, Colombia el 3 de abril de 2010

 

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO –ASOQUIMBO- Junta Directiva

ELSA ARDILA MUÑOZ, Presidenta, JAIRO CALDERÓN, Secretario General, JUAN CARLOS BRAVO, Tesorero

 

FUNDACIÓN EL CURÍBANO TERCER INTERVINIENTE CASO EL QUIMBO, ARTÍCULO 69 DE LA LEY 99 DE 1993

LUZ ANABEL SIERRA CÁRDENAS, Representante Legal, LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO, bióloga

Representantes de las veredas y centros poblados de los municipios de Agrado, Gigante y Garzón, (zona El Quimbo), La Escalereta, San José de Belén, La Yaguilga, Balseadero, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Honda, Remolinos, Párroco de Rioloro, EDUDES MAZO PELAEZ. (siguen firmas)

ASOCIACIÓN DE AGROEMPRESARIOS AFECTADOS POR EL QUIMBO -AGROEQ-

MIGUEL RODRIGEZ HORTUA, Vicepresidente

PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Belén Alarcón Alarcón, representante legal, José Jairo González, investigador Miller Dussán C, investigador, Jenniffer Chávarro, comunicadora social, Rolando Botello, comunicador social y concejal de Gigante Huila, Oscar Reyes, Asesor Jurídico.

Siguen firmas. 

c.c. Procuraduría General de la Nación, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Minas, Gobierno del Huila, Senadores y Representantes Huilenses, Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, ONG ambientalistas, prensa, radio y televisión, ciudadanía en general.

GOBIERNO Y EMGESA ACUERDAN TRANSGREDIR LA LICENCIA AMBIENTAL PARA SALVAR EL NEGOCIO DE EL QUIMBO

El Gobierno de Uribe, sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental y sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, debido a que sólo le corresponde al legislador regular lo relativo a la extinción, modificación o sustracción de éstas áreas de reserva (Ley 2 de 1959), mediante la Resolución 321 de septiembre 1 de 2008 declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo" y otorgó la Licencia “arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”.

La concesión del proyecto se realizó con fundamento en la ‘confianza inversionista que significa que el Gobierno garantiza todas las condiciones legales y extralegales para asegurar la inversión del capital privado sin ningún riesgo. En el caso de El Quimbo se establecieron las siguientes ventajas para Emgesa:

-       Cargo por confiabilidad, es decir, que los colombianos pagarán  en impuestos un valor fijo o seguro a favor de Emgesa durante 20 años independientemente del funcionamiento del megaproyecto

-       Declaratoria de Zona franca reduciendo el valor del impuesto de renta del 33% al 15%.

-       Unipropósito, es decir, producción exclusiva de energía para exportación

-       Reconocimiento de inversión 100% de Emgesa negando la participación accionaria del Huila y el País.

-       Entrega del área de embalse por tiempo indefinido, es decir, nunca revertirá a la nación y no reducción de tarifas de energía para los huilenses, compromiso adquirido e incumplido por el Gobierno.

Como si los privilegios anteriores no fueran suficientes el gobierno acordó con Emgesa reducir el valor de los costos ambientales y sociales transgrediendo la licencia ambiental al modificar obligaciones de la empresa para mitigar, prevenir o compensar los impactos causados por el proyecto con el propósito de lograr el aval del negocio por la transnacional italiana ENEL,  que compró el 94% de las acciones de Endesa. Para tal efecto, cursa en la Procuraduría General de la Nación un recurso de ‘conciliación prejudicial y de restitución de derechos’ interpuesto por Emgesa mediante el cual aspira a la nulidad de dichas obligaciones que consideran ‘lesivas’ a los intereses de las transnacionales y que fueron incluidas producto de la resistencia de las comunidades afectadas y no de las mesas de concertación, donde por el contrario, se acordaron las capitulaciones entre el Gobierno y Emgesa respaldadas por la gran mayoría de los parlamentarios huilenses y la Cámara de Comercio.

La violación de la licencia mediante ‘conciliación’ al servicio de Enel-Emgesa ya no es un secreto como lo había denunciado Plataforma Sur. El presidente Uribe lo confirmó en Neiva al expresar que “me reuní con el director de Emgesa y estaba preocupado por los sobrecostos. Y yo le dije: lo que hay que hacer es un diálogo que racionalice todo. Aquí no puede haber abuso. No se puede imponer una hidroeléctrica abusando de la comunidad. Tampoco se puede evitar una hidroeléctrica por tratar de abusar de la empresa. Eso tiene que ser equilibradito. Ni abuso de la empresa, ni abuso nuestro. Si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto. Por eso necesita mucho equilibrio” (La Nación, Neiva, 8 de Febrero de 2010). Lucio Rubio gerente de la nueva empresa Italiano-Española exige que “para iniciar la obra hay que contemplar la nueva realidad ambiental,  que se precisen las aclaraciones que hemos pedido,…para satisfacer las exigencias de los accionistas quienes ponen la plata para el desarrollo del proyecto”. Por su parte, la directora de licencias de Minambiente Diana Zapata, en cumplimiento de la orden presidencial y el chantaje de Lucio confirmó la modificación de la licencia al señalar que “las aclaraciones se responderán antes de terminar el presente mes, lo que desembotellará el inicio de las obras”.

Lo anterior confirma que la construcción del megaproyecto El Quimbo hace parte de un ‘negocio’ de generación exclusiva de energía para exportación en el que priman los intereses particulares sobre el interés público. No existe ninguna garantía  de mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, ni de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. No hay un compromiso real con la protección de los ecosistemas. Atenta contra la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, las economías campesinas y las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia. Al inundar y destruir miles de hectáreas  de vegetación nativa aporta al calentamiento global al lanzar a la atmósfera gases como el dióxido de carbono y el metano y desplaza cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, vulnerando abiertamente la Carta de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y generando una situación de conflicto sin antecedentes en la región.

Transgredir la Constitución y la Ley para favorecer la ´confianza inversionista’  y la ‘seguridad democrática’ caracterizan el proyecto gubernamental del Uribismo. En el 2007 se declaró ‘socioeconómicamente viable´ el proyecto hidroeléctrico con fundamento en los estudios de Emgesa cuando antes el Ministerio de Ambiente había conceptuado que "ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable"

Ahora acuerda con la multinacional Emgesa modificar la licencia porque como lo dijo Uribe ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’. Eso implica que no habrá cumplimiento a la “indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida” y la atención psicosocial de todos los afectados por los daños causados a las actividades productivas de las comunidades y personas por la imposibilidad de acceder a las fuentes crediticias, la negación de subsidios estatales e inversiones en infraestructura y redes prestadoras de servicios sociales  y, especialmente, por la incertidumbre generada con relación al futuro de los proyectos de vida de los pobladores como consecuencia de la Resolución 321.

Emgesa radicó a mediados de febrero de 2010 el Manual de Precios Unitarios donde se determina la valoración y la metodología para la compra de predios. Dicho manual  será aprobado sin ninguna modificación por parte del Ministerio  de Minas debido a que fue impuesto por los representantes del Instituto Agustín Codazzi y el de Emgesa en la Comisión Tripartita, como parte de la ‘confianza inversionista’, por encima de las consideraciones formuladas por el representante de los propietarios y poseedores de El Quimbo quien dejó constancia de su ‘desacuerdo con la afectación del valor del predio por pertenecer a la zona de reserva forestal’, entre otras.  El Manual no fue producto de la negociación al desconocer los valores reales de los bienes inmuebles exigidos por  un sector importante de propietarios que se niegan a vender sus predios a menos precio, generando confrontaciones con representantes de la transnacional.

No se convocó a todos los afectados  a una asamblea con el fin de socializar los valores de los bienes con anticipación a la radicación del Manual ante el Ministerio de Minas. Los directamente afectados están convencidos de que el Minambiente no garantizará el cumplimiento de las obligaciones de Emgesa y, en especial, la restitución y compensación de todos sus bienes materiales e inmateriales en igualdad o mejores condiciones a los que poseen, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.

Prueba de ello es que siendo conscientes del no cumplimiento de los requerimientos tendientes a prevenir los impactos ambientales por parte de Emgesa como lo constataron durante la visita de seguimiento a la Gestión Social realizada del 21 al 25 de octubre de 2009, aún no han dado a conocer el Acto Administrativo que anunciaron y que, sin lugar a dudas, debería ser la cancelación de la licencia o  una sanción ejemplar para la empresa  que al igual que el gobierno han sometido a la incertidumbre y abandono total de las comunidades afectadas. Emgesa será de nuevo exonerada al igual que se hizo por la iniciación del túnel de desviación del río Magdalena sin licencia ambiental en cumplimiento de la ‘conciliación’ para salvar el negocio.

Para impedir que el negocio de Uribe, Endesa-Enel se realice vulnerando los derechos de los afectados y estimulando el ecocidio y el desplazamiento, transgrediendo la ley, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales en cumplimiento del Plan de Acción 2010 de la Asociación de Afectados por la Construcción del proyecto El Quimbo -ASOQUIMBO-continuará con las acciones jurídicas de nulidad de las Resoluciones 321 y el restablecimiento del derecho, 0899 y 1628 licencia ambiental, Acciones y Consultas Populares como la que se está promoviendo en el Municipio de Gigante, solicitud de Misión Especial del CIDH para el seguimiento y estudio de afectación de Derechos Humanos y Ambientales del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Campamento Internacional, entre otras.

Como alternativa al negocio de El Quimbo que no será una realidad, promoveremos movilizaciones sociales en todo el departamento del Huila con el propósito de impulsar en la Zona de El Quimbo una gran reserva campesina agroalimentaria tal como fue aprobada unánimemente por -ASOQUIMBO- con amplia financiación del Estado, en particular, para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan estas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses. Esta propuesta  garantiza la preservación de nuestros ecosistemas, el derecho al trabajo, la conservación del tejido social, la preservación de la paz con fundamento en el desarrollo equitativo y sostenible.