Asamblea de Asoquimbo convoca movilización social

La Asamblea General de Asoquimbo representativa de las veredas y centros poblados de los municipios de Agrado, Gigante y Garzón, reunida en el Centro Poblado Rioloro, Inspección de Gigante Huila, el 6 de noviembre de 2010, con la presencia de delegados de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, Concejales y Alcalde de El Agrado Huila y técnicos del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, después de realizar un Taller de Asesoría  Jurídica sobre  daños ocasionados por la Resolución 321 y las actuaciones de Emgesa y el MAVDT, aprobó por unanimidad las siguientes acciones:

1.- Rechazar la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 y exigir al MAVDT su derogatoria por las razones expuestas en la Declaración del 25 de septiembre y exigir el respeto al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que improbó la conciliación extrajudicial.

2.- Reafirmar la solicitud a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública de investigación especial contra John Mármol Moncayo, jefe de Licencias del MAVDT y ampliarla contra la Ministra y Viceministra de MAVDT

3.- Exigir al Estado se ordene la realización del Estudio Ambiental Alternativo a través de una entidad independiente y el pago de abogados seleccionados por las comunidades afectadas para su asesoría por el restablecimiento de sus derechos.

4.- Exigir al MAVDT se ordene a Emgesa la suspensión del proceso de contratación de obras civiles y de mano de obra requerida para la  construcción de la represa hasta tanto no se verifique por una institución independiente el cumplimiento de las obligaciones de Emgesa, del Ministerio de Ambiente y se garantice a todos los afectados la reparación de los daños por la aplicación de la Resolución 321

5.- Respaldar a los Concejales del Municipio de El Agrado y al Ejecutivo Municipal en sus pretensiones de interponer una Acción de Cumplimiento y de realizar una Consulta Popular en defensa de su Municipio que sería inviable  de construirse la represa. Impulsar la propuesta de una reunión de todos los concejales de la zona de El Quimbo para unificar iniciativas en torno a la defensa de sus localidades.

6.- Realizar actividades de señalización con expresiones simbólicas de resistencia: El Quimbo: ni se inunda, ni se expropia, ni se vende, será una reserva campesina agroalimentaria.

7.- Continuar con las demandas ante los tribunales nacionales e internacionales para demostrar cómo se birla la ley y para que se garantice indemnización y restablecimiento de los derechos.

8.- Exigir al MAVDT se convoque a una nueva Audiencia Ambiental

8.- Participar en el Encuentro Surcolombiano Tierras y Territorio, 29,30 de noviembre y 1 de diciembre de 2010

9.- Autorizar a la Junta Directiva de Asoquimbo para que con el acompañamiento de Plataforma Sur decida la fecha de una gran movilización social , por la defensa del territorio y sus comunidades y por la construcción de una reserva campesina agroalimentaria con subsidios estatales.

Aprobado por la Asamblea de la Asociación de Afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales. (existe planilla de asistencia y registro fílmico)

ASOQUIMBO

 

ELSA ARDILA

Presidenta

LEYES AL SERVICIO DE ENDESA-EMGESA-ENEL CONTRA COMUNIDADES AFECTADAS Y EL MEDIO AMBIENTE

En el recurso de reposición interpuesto por la Fundación El Curíbano -Tercer Interviniente- contra la Resolución No. 1814 del 17 de septiembre del 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- se reafirma con fundamento en la Constitución Política, Sentencias de la Corte Constitucional y pruebas fácticas que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no sólo violaron y expidieron normas a favor de las exigencias de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel, sino que permitieron el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental, vulnerando gravemente los derechos de las personas y las poblaciones afectadas y los bienes patrimoniales y culturales de la nación,  tal como lo venían denunciando Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y la Asociación de Afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Emgesa, en la solicitud de conciliación extrajudicial, enero de 2010, plantea que “las obligaciones de la licencia eran impuestas, desproporcionadas, excesivas, carentes de fundamento legal y contrarias a los principios de legalidad y equidad” y “ocasiona cuantiosísimos perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales”. Emgesa, afirmó en repetidas ocasiones, ante los medios, ante los tribunales, que sólo continuaría con el proyecto hidroeléctrico El Quimbo “si se modifican las excesivas cargas ambientales y obligaciones que le fueron impuestas (…) de lo contrario los cuantiosos perjuicios que se les ocasionaría deben ser reparados por el Ministerio” y se retirarían del negocio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca improbó la conciliación extrajudicial considerando que el mecanismo previsto para la modificación de la licencia ambiental no era éste recurso jurídico,  ni fueron consultadas las instancias administrativas que habían conceptuado previamente sobre el Estudio de Impacto Ambiental, que sirvió de fundamento a la expedición de la licencia ambiental, el desconocimiento de la participación de las comunidades y el desacato de los funcionarios al no sujetarse al estricto cumplimiento de la Ley, porque una conciliación extrajudicial, según el Tribunal, es para “proteger la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales”.

El Ministerio de Ambiente recurrió, entonces, al Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, (expedido por este despacho dos días antes de concluir el mandato del presidente Uribe) y que fue  hecho a la medida para incorporar las pretensiones de Emgesa que habían sido  rechazadas por el Tribunal de Cundinamarca.  Según lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 51 Régimen de transición “…las autoridades ambientales continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias”. Con fundamento en lo anterior, expidió la Resolución No. 1814 del 17 de Septiembre de 2010  “por la cual se toman medidas de ajuste a las Resoluciones 0899 del 15 de mayo y 1628 del 26 de agosto de 2009 y se adoptan otras disposiciones”, burlando de esta manera el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y violando el mismo Decreto 2820 debido a que no cumple de fondo con ninguna de las condiciones establecidas para modificar la licencia ambiental. (Artículo 29°) que, además, se encontraba en firme. El Ministerio concluye que “en este orden de ideas…una vez verificada la documentación presentada por EMGESA S.A., en el Informe de Cumplimiento Ambiental; específicamente el documento elaborado por la Fundación Natura, se hacía necesario ajustar los requerimientos de la Resolución 1628 de 2010, toda vez que la información presentada por la Empresa resultaba pertinente y eficaz”.

El MAVDT, sin lugar a dudas, ha desempeñado la función de proteger los intereses de las corporaciones transnacionales, contando con el aval del gobierno del Huila, la bancada parlamentaria y apoyado en "estudios"  pagados por Emgesa a la Fundación Natura para 'ajustar' la licencia a favor de esta compañía reduciéndole los costos ambientales y las compensaciones de los más pobres de la Zona de El Quimbo en 140 millones de dólares. Pero además, ha cohonestado con las actuaciones de Emgesa de incumplir con las obligaciones establecidas en la licencia ambiental (ver recurso de reposición) y de atropellar a las comunidades a través de presión indebida, coacción sicológica, engaños,  ofrecimientos económicos amañados para generar desconfianza y división y, en general, vulneración de los derechos de los afectados.

Asoquimbo y Plataforma Sur de Organizaciones Sociales ratifican su decisión de acudir a diversas acciones de resistencia civil, a la solidaridad ciudadana y al acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos por la defensa del territorio, contra el desarraigo, el despojo y el ecocidio y por el derecho a vivir dignamente.

EL QUIMBO NI SE INUNDA, NI SE EXPROPIA NI SE VENDE SERA UNA RESERVA CAMPESINA AGROALIMENTARIA

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Sin vaca y lunguiando

Por:Belén Alarcón Alarcón

“¿Qué pasará en diez años cuando los 1.500 escolares de hoy  sean adultos y hayan establecido sus nuevos núcleos familiares? ¿De qué tierras  dispondrán a futuro? ¿Qué  ocurrirá con los adultos mayores que ya no puedan producir?” Son algunas de las preguntas que los líderes agrarios de San Andrés, Tello, planteaban a investigadores en el marco de la elaboración  Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas “Estructura social agraria, el conflicto y el poder político en la región”. Así los pequeños campesinos van dibujando el desolador panorama en el Huila y el país. Ven con angustia cómo sus fincas que otrora fueran de veinte  o más hectáreas han venido reduciéndose del minifundio al “microfundio” de una o dos hectáreas, muchas sin titular, al verse obligados a subdividirlas para intentar la supervivencia de las nuevas familias herederas.

La imagen bucólica de la granja campesina con un padre o una madre que ordeña una vaca mientras los hijos toman una espumeante taza de leche, sólo permanece en la memoria de viejas películas. Hoy, como dijo don Gildardo, “toca resolver entre tener la vaca, –que en tierra de ladera significa dedicar una hectárea- o en la hectárea sembrar cinco mil palos de café que, cuando la cosecha está buena, permite coger doce cargas, con lo que toca vivir todo el año; pero la producción bien podría ser de veinticinco o treinta cargas si tuviéramos la tecnología adecuada.”  Así, hoy el campesino no toma leche ni tiene una bestia. No hay créditos y las necesidades básicas no se resuelven por tocarles vivir en “zona roja.”

“Si me compran la tierra vendo y me voy a aventurar a Neiva a montar una tienda”, dicen algunos, mientras otros sienten temor. Recuerdan que quienes lo han hecho, hoy están en la olla. La lógica colectiva es yo vendo y la individual, yo retengo, a pesar de la ausencia de incentivos. En el fondo, es un proceso de resistencia. A los otrora “finqueros” nos los encontramos lunguiando abriendo brecha en las obras del gaseoducto en donde les pagan $3.000 por metro; pero  dada la dureza del terreno, generalmente sólo logran tres metros por día, a todo costo.

En contraste, los funcionarios gubernamentales celebran el Día del Campesino en los clubes de la ciudad luciendo ridículamente ponchos recién planchados, para las páginas, sociales, aunque nunca se han secado una gota de sudor después de una dura faena. Esos, los mismos que no los han recibido cuando han venido a que les cumplan la palabra. Ojalá, las luchas sociales arranquen al gobierno la restauración de las reservas campesinas que, con la debida asistencia, dignifiquen la vida agraria.

El Tribunal Permanente de los Pueblos pide que Endesa y Enel abandonen su proyecto en la Patagonia chilena

Emgesa S. A. en Colombia, concesionaria del proyecto El Quimbo, es filial de Endesa y Enel en Europa. (N. de la R.) España — El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha reclamado esta mañana en su sentencia la paralización cautelar del proyecto de Endesa y Enel para construir cinco mega-represas hidroeléctricas en la Patagonia de Chile. También se ha pedido que queden sin efecto proyectos y megaproyectos de inversión de empresas europeas en América Latina que están ahora en proceso de desarrollo y que, como los de Endesa, “van a tener impactos negativos enormes sobre la vida de las personas y el medio ambiente, sin contrapartidas significativas para el desarrollo de las comunidades afectadas”. El Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), CODESA-Chile, Ecosistemas y Greenpeace presentaron ante el Tribunal el caso de Endesa (España) y Enel (Italia), por su proyecto de construcción de cinco mega-represas hidroeléctricas en la Patagonia chilena, que degradarían esta bio-región única de un valor cultural y ambiental incalculable. Después de conocer la sentencia, han expresado su satisfacción por la misma y reclaman a las empresas involucradas, y al Gobierno de Chile, que tengan en cuenta esta condena moral y ética y hagan lo que el tribunal claramente ha indicado: paralizar estos proyectos, que son innecesarios para el abastecimiento energético, degradarían un ecosistema prácticamente virgen y consolidarían el monopolio de estas compañías sobre los sistemas energético y de aguas en Chile, poniendo en grave riesgo la propia democracia en el país. El Tribunal Permanente de los Pueblos se reunió en Madrid los días 14 y 15 de mayo para juzgar los abusos que las multinacionales españolas y europeas cometen en América Latina, y la complicidad de los Estados y de la propia Unión Europea en sus actuaciones. El Tribunal está compuesto por personalidades de gran prestigio moral y ético, asesorados a su vez por un comité jurídico. Se basa en el precedente de los Tribunales Russell, que juzgaron desde la guerra de Vietnam hasta la dictadura de Pinochet en Chile o la construcción del muro en Palestina. Sus dictámenes no son vinculantes pero tienen un elevado valor ético y moral, además de estar sustentados sobre argumento jurídicos. El jurado estaba compuesto por 14 personalidades muy reconocidas como el presidente del jurado, Perfecto Ibáñez, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Blanca Chancoso, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador; Judith Brown Chomsky, abogada en el juicio estadounidense a Shell por sus crímenes en Nigeria; Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, y el Secretario General del TPP, Gianni Tognoni, entre otros. En el acto donde se ha dado a conocer la sentencia, el jurado ha denunciado un modelo de progreso y de desarrollo que camina en dirección contraria al interés de los seres humanos y ha denunciado la impunidad de las grandes empresas multinacionales frente a la ley y a sus cómplices necesarios en el ámbito político, que permiten que la situación se perpetúe. El miembro del tribunal Carlos Taibo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, ha denunciado las políticas de la Unión Europea “por su apoyo incondicional a la expansión de las empresas europeas en América Latina, pasando por encima de los intereses de las comunidades y del medio ambiente”. La ecuatoriana Blanca Chancoso ha reclamado a la sociedad civil que se apropie de la sentencia, y que la utilice “como un precedente que pueda servir para lograr instrumentos con los que hacer justicia”. Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados de Colombia, ha resaltado en su exposición cómo la sociedad civil puede utilizar esta sentencia. El tribunal, en este sentido, ha instado a la ciudadanía europea a “usar mecanismos como la iniciativa legislativa incluida en el Tratado de Lisboa, que requiere sólo un millón de firmas en toda la UE para proponer iniciativas concretas de legislación para el control de las multinacionales”. “Esta sentencia es un gran paso para la verdad y la justicia. Los estados y las empresas europeas deben escuchar las recomendaciones de este tribunal”, ha señalado Mabel González, portavoz de Greenpeace. “En cuanto a Endesa y Enel, les pedimos que acaten sus términos y paralicen los proyectos para construir represas e inundar la Patagonia de Chile. Al rechazo, ampliamente manifestado de los ciudadanos de Chile, se suma ahora una condena del Tribunal de los Pueblos. Ese proyecto debe ser abandonado con carácter inmediato”, afirma. El Tribunal se ha celebrado en el marco de la cumbre de movimientos sociales “Enlazando Alternativas IV”, con el telón de fondo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-América Latina. La sesión de Madrid es la cuarta en un proceso que pretende dar visibilidad a los movimientos sociales y luchas ciudadanas contra los abusos de las multinacionales en aquel continente, y coordinar las resistencias frente al poder antidemocrático de estos poderosos actores. El Tribunal de los Pueblos pide a la UE que controle sus empresas El Tribunal Permanente de los Pueblos condena a la Unión Europea por su complicidad en los delitos sociales y ecológicos de las transnacionales (descargue aquí el texto completo del fallo)

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¿Por dónde va el agua al molino?

Mentidos y desmentidos en la polémica

sobre la construcción de El Quimbo

Un día después de la marcha convocada por Asoquimbo y Plataforma Sur, el artículo del Diario La Nación ‘Quimbo debe cumplir los acuerdos’, hizo alusión al comunicado ‘Minambiente garantiza cumplimiento de obligaciones ambientales y sociales en El Quimbo’, con el cual ese ministerio reacciona frente a “los recientes pronunciamientos de diferentes sectores en torno al proceso de conciliación de El Quimbo, que desinforma y genera confusión a la comunidad” (sic). En síntesis, dice el comunicado de marras: 1) que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial se encuentra en un proceso de conciliación extrajudicial con la empresa Emgesa S. A. ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2) Que el Ministerio no aceptó modificar aspectos de la licencia ambiental tales como la construcción de la vía perimetral, la entrega y operación del ferry, las compensaciones sociales, el programa de manejo para reactivación productiva; que ninguna de las obligaciones y aspectos establecidos en las actas de las mesas de concertación, fueron modificados en el proceso conciliatorio. Y, 3) que sólo aceptó reconsiderar los temas relacionados con la compensación forestal, con base en el análisis realizado por la Fundación Natura.

La pregunta que surge es ¿si nada se ha modificado qué es entonces lo que se concilia extrajudicialmente ante el Tribunal Superior de Cundinamarca? Si no se trata de la carretera ni del ferry ni de las compensaciones sociales ni del programa de reactivación productiva ni de ninguna de las obligaciones y aspectos establecidos en las actas de las mesas de concertación, ¿entonces de qué se trata la conciliación extrajudicial entre el Ministerio y Emgesa?

Descartemos que el Ministerio acepta que no se reforestarán 20 mil hectáreas sino 11 mil en compensación por las más de 8.500 hectáreas de tierras cultivables, praderas y bosques que se inundarán. Y esas 11 mil no será obligatorio reforestarlas dentro de la zona de reserva de la amazonía sino donde a Emgesa le plazca o le resulte financieramente conveniente.

Pero aclaremos primero que Elsa Matilde Escobar, directora Ejecutiva de Fundación Natura, dijo en respuesta a un derecho de petición de Surcolombiano.com: “la fundación natura no toma ninguna decisión, ni participa en los procesos de conciliación, ni ha hecho recomendaciones”. Y agrega: “La Fundación no participa en las negociaciones, éstas son solamente entre la empresa y el Ministerio. Por lo tanto la Fundación no ha recomendado “que el número de hectáreas de compensación forestal que deberían reforestarse por parte de la empresa concesionaria del proyecto, son 11 mil y no 20 mil como se había pactado.” (Ir a la respuesta).

Licencia a la medida

Como podrá recordarse, a mediados de mayo de 2009 el Minambiente otorgó la licencia ambiental para El Quimbo, apurado por las órdenes del presidente Uribe, con irregularidades y omisiones presuntas en su trámite que hoy son objeto de demanda judicial. Para finales de ese mismo año se conocieron los primeros reparos de Emgesa por lo que la empresa siempre ha considerado como “excesivas obligaciones”.

Pero es en febrero de 2010 cuando por primera vez la Empresa habla con claridad de sus pretensiones: Emgesa había dicho al Minambiente en tono de chantaje que “en caso de no logarse un acuerdo conciliatorio, ejercería una acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.

Y vuelve entonces el Presidente a la palestra. Tras un consejo comunal celebrado en Neiva, en la primera semana de marzo Uribe dijo: “Me reuní con el director de Emgesa y estaba preocupado por los sobrecostos. Y yo le dije: lo que hay que hacer es un dialogo que racionalice todo. Aquí no puede haber abuso. No se puede imponer una hidroeléctrica abusando de la comunidad. Tampoco se puede evitar una hidroeléctrica por tratar de abusar de la empresa. Eso tiene que ser equilibradito. Ni abuso de la empresa, ni abuso nuestro. Si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto. Por eso necesita mucho equilibrio”. (Ver La Nación)

Con este nuevo espaldarazo, para finales de abril Lucio Rubio, gerente general de Emgesa, exigió: si no se modifican las “excesivas” obligaciones y compensaciones contenidas en la licencia ambiental, desistirá del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo. Los costos adicionales -dijo- lo hacen financieramente inviable y la inversión que debe ejecutarse no sería recuperable en el mediano plazo. (Ver La Nación y Diario del Huila ‘Emgesa confirmó que no construirá vía perimetral’ y ’Emgesa tiene la voluntad de realizar El Quimbo’, 28 y 30 de abril respectivamente).

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales había denunciado la pretensión de Emgesa de lograr la modificación de la licencia ambiental para reducir los costos sociales y las compensaciones forestales (140 millones de dólares) y de esta manera satisfacer las exigencias de la nueva propietaria del proyecto, la italiana Enel.

Según las pesquisas de Plataforma Sur Enel condicionó la aprobación del proyecto a la “re-negociación o demanda” del mismo. Por esta razón el gobierno de Uribe ordenó al Minambiente realizar la conciliación extrajudicial con la mediación de la Procuraduría General.

Pero incluso desde antes de ese pronunciamiento presidencial, el gobierno departamental en secreto venía negociando contra los intereses regionales y las comunidades afectadas, y a expensas del silencio de los congresistas y diputados del Huila.

Desde enero de 2010 cuando los primeros rumores de la conciliación se hicieron públicos Plataforma Sur había solicitado aclaraciones y el Ministerio respondió que “no existe exigencia alguna que este Ministerio deba informar a terceros respecto a los temas objeto de conciliación”.

En su persistente lucha Plataforma Sur y Asoquimbo convocaron entonces una nueva protesta social que se realizó el pasado 14 de mayo en Gigante, Ríoloro y Neiva. Ese mismo día y en el siguiente, Minambiente salió a los medios a decir que se estaba desinformando a la comunidad (Ver Diario del Huila y La Nación).

De este tire y afloje, quedan claras varias cosas: una, que Emgesa no comparte la licencia y que desea por sobre todo disminuir los costos para satisfacer una exigencia de los nuevos inversionistas Italianos de Enel. Dos, que sí hay un acuerdo de ‘conciliación’ que para ‘legalizarse’ se tramita en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tres, que el Ministerio agencia por explícita orden del presidente Uribe dicha conciliación. Y cuatro, que tanto el Ministerio como Emgesa siguen mintiendo en los medios de comunicación, mientras muy seguramente, dan el zarpazo a las esperanzas de quienes creen en al buena fe del Gobierno, los políticos involucrados y la Empresa.

O sino, por dónde va entonces el agua al molino. Porque si es cierto como dice el Ministerio que todo lo acordado sigue en pie, ¿qué es entonces lo que se concilia en el tribunal?

A última hora, la Asamblea Departamental del Huila convocó un foro “para aclarar de una vez por todas informaciones sobre la exclusión de compromisos adquiridos para el desarrollo de la hidroeléctrica” (ver La Nación). Se tratará de una nueva simulación o esta vez sí se exigirá la verdad al Gobierno y a Emgesa. Amanecerá y veremos.

Las modificaciones que se pactaron

Según Plataforma Sur y Asoquimbo, algunas de las modificaciones más sensibles de la licencia ambiental y de las actas de las ‘mesas de concertación’, que se adelantan mediante ‘conciliación extrajudicial’, serían las siguientes:

·         La franja perimetral de protección ambiental pasará de 2.211 a 903 hectáreas.

·         No habrá una nueva vía perimetral ni ferry para suplir la incomunicación de la zona por la inundación de las rutas y caminos que hoy existen.

·         En las restituciones de tierras Emgesa está obligada simplemente a entregar predios con sistemas de riego, mientras que en la licencia original debía restituir tierras con las mismas características de calidad y productividad de aquellas que serán inundadas por la construcción de la represa y tecnológicamente adecuadas, lo que incluye, entre otras cosas, sistemas de riego, descompactación de suelos y renovación de praderas.

·         La compensación forestal no serán 20 mil hectáreas sino 11 mil y Emgesa no tendrá que comprar predios situados en el Área de Reserva Forestal de la Amazonia.

·         Las personas llamadas “ocupantes”, es decir, los campesinos y pesadores pobres que viven en áreas al margen de las carreteras y del Río Magdalena, no serán compensadas porque son “una categoría ajena a los parámetros regulatorios” y además, se modificó el compromiso de otorgar vivienda a todos los propietarios, poseedores y ocupantes que no contasen con la misma como había sido incorporado en la licencia.

Para bien del Huila, de las personas y comunidades directa e indirectamente afectadas y para bien del medio ambiente y la ecología, ojala el nuevo debate anunciado por la Asamblea Departamental de Huila para los primeros días de junio, permita aclarar de una vez por todas si los huilenses y sus dirigentes permitirán la construcción de la represa cediendo a todas las condiciones de Emgesa sin importar ni los afectados ni el medioambiente ni la ecología.

O nos conformaremos como nos conformamos con la ilusión de Betania, como lo pregona un editorial del Diario del Huila: “No hay que olvidar que, con menos compensaciones, Betania trajo innumerables beneficios”.

Derecho de petición

Respetada señora:

Como ciudadano colombiano, actuando por interés general y con fines de divulgación periodística, comedidamente solicito se sirva informarme de los argumentos científicos o técnicos con base en la cuales la Fundación Natura recomendó al Ministerio del Medioambiente, en el caso del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el Huila, que el número de hectáreas de compensación forestal que deberían reforestarse por parte de la empresa concesionaria del proyecto, son 11 mil y no 20 mil como se había pactado. En todo caso, interesa conocer que conocimiento científico específico, no ambiguo, aplican ustedes en este tipo de análisis.

Sobre la participación de la Fundación Natura en el proceso de El Quimbo han hecho alusión los medios de comunicación nacionales, como la nota publicada hoy por el diario La Nación a propósito de la nueva marcha de rechazo al proyecto que realizaron ayer 14 de mayo pobladores afectados y otros ciudadanos legítimamente preocupados por la grave afectación del medioambiente y de los ecosistemas del centro del Huila como también del Río Magdalena.

César Augusto Useche Losada, C.C. 12.121.059. Periodista www.surcolombiano.com

Respuesta de Fundación Natura

16 mayo de 2010

Apreciado señor Useche:

Muchas gracias por su mensaje, disculpe que no le había contestado antes pero estaba fuera del país.

En respuesta a su inquietud me permito informarle que la Fundación Natura llevo a cabo un proyecto de investigación para identificar los bosques secos y los ecosistemas asociados existentes en el área de influencia del propuesto proyecto el Quimbo, en la jurisdicción de la CAM y en el área de la Reserva Forestal de la Amazonía; y la cartelización (sic) forestal del área programada para la represa. Trabajo realizado bajo la más estricta calidad técnica.

PERO LA FUNDACIÓN NATURA NO TOMA NINGUNA DECISIÓN, NI PARTICIPA EN LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN, NI HA HECHO RECOMENDACIONES. Nuestro trabajo ha sido el de proveer la información necesaria para que la autoridad ambiental tome las decisiones pertinentes, son las únicas que pueden hacerlo. La Fundación no participa en las negociaciones, éstas son solamente entre la empresa y el Ministerio. Por lo tanto la Fundación no ha recomendado “que el número de hectáreas de compensación forestal que deberían reforestarse por parte de la empresa concesionaria del proyecto, son 11 mil y no 20 mil como se había pactado.”

Igualmente la Fundación no se ha manifestado en cuanto a la carretera perimetral, no ha entregado ningún concepto y tampoco ha sido preguntada al respecto, tiene muy claro que esas son temas tratados entre la comunidad, la empresa y las autoridades ambientales.

Para complementar esta información, me permito adjuntarles el comunicado de prensa del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

16 de Mayo de 2010, hora colombiana 9:15 p.m.

El Ministerio desaprueba y rechaza información imprecisa respecto al proceso de conciliación de El Quimbo.

Documento conciliatorio garantizaría cumplimientos sociales y ambientales.

Proceso conciliatorio no modifica los acuerdos de las mesas de concertación.

Bogotá, 13 de mayo de 2010 (MAVDT)-. Frente a los recientes pronunciamientos de diferentes sectores en torno al proceso de conciliación de El Quimbo, que desinforma y genera confusión a la comunidad , el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial precisa que se encuentra en un proceso de conciliación con la empresa Emgesa S.A, y reitera que no modifica las decisiones tomadas en las mesas de concertación, donde participaron los diferentes actores de la región, acuerdos que están incorporados en la Licencia ambiental - Resolución 899 de 2009 - y por tanto son de obligatorio cumplimiento.

En este sentido, recuerda que actualmente se surte el proceso de conciliación prejudicial el cual se encuentra actualmente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Pese a que Emgesa solicitó la conciliación de varios aspectos de la licencia ambiental, entre ellos la construcción de la vía perimetral, la entrega y operación del ferry, las compensaciones sociales, el programa de manejo para reactivación productiva, entre otros, este Ministerio no aceptó modificar estos aspectos.

De hecho, luego de una revisión estricta, sólo aceptó reconsiderar los temas relacionados con la compensación forestal, con base en el análisis realizado por la Fundación Natura, entidad reconocida en el ámbito ambiental.

El Ministerio aclara también que en la conciliación en curso, no se incluyó el tema de la construcción de las vías, en especial de la vía perimetral, por ser esta una obligación establecida en los acuerdos de las mesas de concertación. De hecho, Emgesa debe cumplir con la obligación de aportar los recursos para la construcción de dicha vía como lo establece la Licencia Ambiental.

Finalmente, el Ministerio reitera que ninguna de las obligaciones y aspectos establecidos en las actas de las mesas de concertación, fueron modificados en el proceso conciliatorio.
Cualquier otra inquietud estamos su disposición para aclararla.

Un cordial saludo

Elsa Matilde Escobar
Directora Ejecutiva
FUNDACIÓN NATURA COLOMBIA
Carrera 21 No. 39-43
Bogotá, Colombia
Tel: [phone]
[e-mail] Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
www.natura.org.co
Skipe: elsa.matilde.escobar; EME.fundacion.natura

A FORTALECER LA RESISTENCIA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

Plataforma Sur había denunciado que el Gobierno nacional con el aval del gobernador del Huila y el silencio cómplice de la bancada parlamentaria, recientemente elegida, habían acordado la “conciliación prejudicial”, es decir la entrega definitiva del territorio modificando sustancialmente la licencia ambiental para satisfacer las demandas de las transnacionales Endesa- Emgesa- Enel quienes habían amenazado con demandas al Estado si no cedía a sus pretensiones.

La “conciliación se realizó el pasado 21 de abril mediante la cual se redujeron de 20.000 a 11.000 las hectáreas por compensación ambiental, se afectaron sectores vulnerables de la Zona que serán excluidos de la licencia. Se suspendió la construcción de la vía perimetral (45.000 millones), entre otras,  apoyados en un supuesto estudio de la “Fundación Natura” que consideró su inviabilidad por afectaciones ambientales. Esta misma fundación nunca se pronunció sobre la inviabilidad de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo donde el 95% de la Zona a inundar hace parte de la reserva forestal protectora de la amazonia. Negocio es negocio.

Emgesa logró reducir las compensaciones ambientales y sociales en más de 140 millones de dólares, es decir, lo que se incluyó en la Licencia ambiental después de la firma del Acta de Capitulaciones entre el Gobernador del Huila, los Alcaldes de la Zona y Emgesa. Esos 140 millones de dólares adicionales habían sido producto de la lucha de resistencia de los afectados.

Emgesa, que desde un principio había expresado que no acudiría a la interposición de recursos contra la licencia, también logró que el Ministerio de Minas le firmara el Manual de Precios Unitarios de Predios que ha sido rechazado unánimemente por los propietarios y poseedores que aspiraban que el valor de sus predios superara los 35 millones de pesos por hectárea.

La “conciliación” y el Manual fueron aprobados en secreto sin consultar con las organizaciones intervinientes y los afectados como lo exigió Plataforma Sur a través de varios derechos de petición con fundamento en el principio de la participación consignado en la Constitución Política. Sólo bastó con la orden del presidente Uribe de aceptar todas las pretensiones de las transnacionales con la complacencia del Gobernador y su Secretario de agricultura para garantizarles el negocio a cambio de dádivas.

Emgesa prepara otra demanda contra el Estado Y no cumplirá con las compensaciones y restitución de predios a los afectados. Iniciará obra y después acudirá a la expropiación como ya lo ha anunciado para quienes se nieguen a entregar sus predios al precio consignado en el Manual. Sabe que cuenta con funcionarios gubernamentales y de control a su favor como el Procurador General de la Nación quien obedeció la orden de Uribe de favorecer a Emgesa.

¿Dónde estaban los parlamentarios Huilenses? Esperando que el Gobernador avalara el negocio de entrega del territorio, compartido por ellos, manteniendo silencio cómplice. ¡Qué indignidad¡

Pero el Quimbo no será una realidad. Los huilenses dignos apoyaremos las movilizaciones convocadas para el 14 de mayo en la Zona de El Quimbo y Neiva por la defensa del territorio, la reserva campesina agroalimentaria subsidiada por el Estado, la indemnización de los afectados y restitución de sus derechos por los daños causados por la Resolución 321 que declaró la zona de utilidad pública a favor de Emgesa y el rechazo al Manual de Precios Unitarios de los Predios del P.H. El Quimbo, aprobado por el Ministerio de Minas mediante Resolución No. 180420 de 2010 contra los intereses de los poseedores y propietarios para favorecer el negocio de Emgesa y el Gobierno.

Continuaremos en resistencia permanente complementada con las acciones jurídicas que están en curso contra la resolución 321 y la licencia ambiental. Insistiremos en la presencia de la Comisión Especial del Comité Interamericano de Derechos Humanos en el Huila y reiteramos la solicitud de protección de los afectados ante los riesgos de represión que se agilizarán contra las acciones de resistencia. No olvidemos las masacres que Endesa protagonizó contra los aborígenes Mapuches en la Patagonia de Chile para imponer sus proyectos de generación de Energía. A resistir con dignidad.

MOVILIZACIÓN SOCIAL 14 DE MAYO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

El 13 de abril de 2010 el Ministro de Ambiente, Carlos Costa Posada en respuesta a Derecho de Petición radicado con número 4120-E1-41146/42269, confirma lo denunciado por Plataforma Sur al ratificar que “La convocatoria de conciliación extrajudicial presentada por la Empresa Emgesa S.A. ESP ante la Procuraduría General de la Nación, busca la revocatoria parcial y la modificación de algunos artículos de las Resoluciones 899 de 2009 y 1629 de 2009”. Agrega que la solicitud de conciliación tiene como fin “agotar el requisito de procedibilidad para interponer Acción de Nulidad y restablecimiento del Derecho contra las resoluciones 899 y 1628 expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”

El Ministerio de Ambiente, sin consultar a los directamente afectados y a las organizaciones intervinientes, aceptó conciliar la modificación de la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para  reducir los costos sociales y  las compensaciones forestales y de esta manera satisfacer las exigencias y chantajes de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel  y la reiterada intervención del presidente Uribe para garantizar el negocio, tal como lo confirmó en Neiva: ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’ (La Nación, 02-02-2010)

La audiencia de conciliación citada para el 25 de enero de 2010 fue aplazada según el Ministro,  sin precisar la nueva fecha. Nos anticipa que “en el evento de realizarse un acuerdo entre las partes como consecuencia de la conciliación, que implique modificaciones a la Licencia Ambiental, quedarán plasmados en el Acta de Conciliación y hasta ese momento será un documento que pueda ser objeto de publicidad”. El acuerdo ya existe como lo señalamos anteriormente pero el Ministro se niega a discutirlo con los directamente afectados, las organizaciones intervinientes y los  participantes en la “mesa de concertación”, avalada por el presidente Uribe, con el argumento según el cual “no existe exigencia alguna que este Ministerio deba informar  a terceros respecto a los temas objeto de conciliación”, negando el legítimo derecho a la participación establecido en la Constitución Nacional.

El Ministro lo sabe pero dice no conocer de una posible demanda de Emgesa contra el Estado ante la demora en la iniciación de la obra y la imposibilidad de la empresa de cumplir con la generación de energía a partir de diciembre de 2014 circunstancia que le ocasionaría el pago de multas a la Nación. Al mismo tiempo Emgesa se prepara desde ya para iniciar una vía “sustitutiva” antes del vencimiento de la Resolución 321 (1 de septiembre de 2010) para garantizar que procedan las  “demandas de nulidad y restitución de derechos”contra el Estado, sin importarle en absoluto la incertidumbre generada a las comunidades afectadas por la falta de claridad en torno a sus proyectos de vida y las compensaciones reales de la región. Mientras tanto el Gobierno Departamental, los parlamentarios recientemente elegidos, la Cámara de Comercio y la CAM mantienen silencio cómplice.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales refirma su postura contra la construcción del Proyecto El Quimbo por las razones ampliamente divulgadas (www.surcolombiano.com http://plataformasur.blogia.com) e invita a todos los pobladores del Departamento del Huila a participar en las Movilizaciones y Concentraciones convocadas, para el 14 de Mayo en Neiva  y la Zona de El Quimbo, por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -ASOQUIMBO- pequeños propietarios, cacaoteros, cafeteros, camioneros, aserradores, organizaciones sociales y juveniles, entre otros, con los siguientes propósitos:

 1) Defender el territorio y las comunidades e impulsar la creación de una reserva campesina agroalimentaria subsidiada por el Estado en la Zona de El Quimbo

2) Indemnización de los afectados y restitución de sus derechos por los daños causados por la aplicación de la Resolución 321 que declaró la zona de utilidad pública a favor de Emgesa

3) Impedir cualquier intento de iniciación de obras por Emgesa debido a las graves implicaciones económicas, sociales y ambientales y las reiteradas modificaciones de la Licencia ambiental.

Hemos solicitado a Minambiente suministrar un balance financiero detallado del proyecto:  costos y beneficios tanto para El Estado, El Huila, los municipios y las comunidades directamente afectadas como para Emgesa que deberá ser confrontado públicamente.

 

Firmado,

Belén Alarcón Alarcón

Directora y Representante Legal de Plataforma Sur

Miller A  Dussán Calderón

http://[e-mail]

Coordinador Estudio y Seguimiento Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

Plataforma Sur

MINAMBIENTE CONCILIA MODIFICAR LICENCIA AMBIENTAL A FAVOR DE EMGESA Y CONTRA LOS AFECTADOS DE EL QUIMBO

Ref: Carta abierta y derecho de petición, artículo 23 C.P.: CARLOS COSTA, Ministro de Ambiente, CLAUDIA MORA, Viceministra, DIANA MARCELA ZAPATA, Directora de Licencias Permisos y Trámites Ambientales.

Como lo habíamos anticipado el Ministerio de Ambiente a través de la directora de licencias, Diana Zapata, sin consultar a los directamente afectados y a las organizaciones intervinientes, aceptó nuevamente la modificación de la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para satisfacer las exigencias y chantajes de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel  y la reiterada intervención del presidente Uribe para garantizar el negocio, tal como lo confirmó en Neiva: ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’ (La Nación, 02-02-2010)

 

La ingeniera Zapata ya lo había anunciado ante la solicitud de “conciliación prejudicial” interpuesta ante la Procuraduría  por Emgesa que bajo el supuesto de  “hacer algunas aclaraciones en temas de compensación ambiental” busca  reducir, en connivencia con Minambiente, los costos sociales, afectando a sectores vulnerables y disminuir las compensaciones forestales. La funcionaria puntualizó: “este punto se estudia y esperamos que quede listo este mes. Luego lo revisará la Procuraduría, que es garante de la propuesta de Emgesa” (La República, 12-03-2010) No queda duda, además, que el ente de control garantizará favorecer a la compañía y no a los afectados.

 

Actuación similar asumió la directora de licencias cuando Emgesa interpuso recurso de reposición contra la Resolución 0899 logrando modificarla a su favor a través de la Resolución 1628 razón por la cual  los afectados solicitamos a la CIDH “se realice el seguimiento y estudio de todo el proceso de licenciamiento del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y, en particular, si existe coherencia entre las consideraciones de orden jurídico, y los impactos ambientales, sociales y culturales y las obligaciones que competen a la empresa Emgesa”.

 

Ahora Emgesa ante la demora en la iniciación de la obra y la imposibilidad de cumplir con el plazo previsto de generación de energía en el 2014, según lo estipulado en la subasta pública y consciente de que sería multada, amenaza con una nueva demanda contra el Estado derivada de lo expresado por uno de sus apoderados: “¿quién va a pagar los daños causados por la demora en la iniciación de la obra?”, durante una audiencia testimonial de la Acción Popular contra Emgesa  que cursa actualmente en el Juzgado III Administrativo en Neiva.

 

Lo preocupante es que la justicia viene operando a favor de las transnacionales para garantizar “la confianza inversionista” y lo más probable es que Emgesa contará a su favor con jueces que actuarán de manera similar a los asesores jurídicos y funcionarios de Minambiente, como es el caso del comportamiento  servil e indigno de la directora de licencias quien sigilosamente entrega los bienes de la nación, en un negocio turbio, a espaldas de las comunidades afectadas y de las organizaciones intervinientes como la Fundación el Curíbano, a quienes no rinde cuentas públicas, convencida de las informaciones falaces de Emgesa que ha intentado por todos los medios ocultar la inconformidad generalizada de la población contra la construcción del proyecto El Quimbo y el incumplimiento y tergiversación permanente de sus obligaciones.

 

Sin duda, la ingeniera Zapata es una funcionaria “eficiente” al servicio de los negocios particulares, privilegiando el de las transnacionales, tal como ella lo reconoce: “en general una licencia se demora 18 semanas. Por ejemplo, en temas de infraestructura y viales las hemos estudiado en 11 ó 12 semanas". El tiempo depende de varios factores, entre los cuales está si cerca al proyecto hay comunidades (como sucede con El Quimbo) o ecosistemas de gran importancia (como el caso La Colosa). Colombia en comparación de otros países Latinoamericanos es uno de los más eficientes en licenciamiento ambiental, ya que en otros lugares se puede tardar tres o cuatro años" (La República, 12-03-2010)

 

Razón le asiste al exministro de Minas Jorge Eduardo Cock Londoño cuando en su artículo publicado el 10 de junio de 2009, “Medio ambiente: ni leyes ni razones y mucho atropello” aseveró con relación al rápido otorgamiento de la licencia a Emgesa: “precisamente el caso de El Quimbo nos hizo pensar a todos que con la cantidad de problemas que tenían por vencer o remediar, este proyecto seguramente iría a sufrir importantes retrasos…los funcionarios se tuvieron que morder los codos y simplemente cumplir órdenes superiores. La licencia ambiental se concedió, arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”

Con fundamento en el derecho constitucional a la participación ciudadana, el artículo 23  de la Constitución y el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, solicitamos al Ministerio de Ambiente:

 

1)    Informar directamente a ASOQUIMBO, a la Fundación el Curíbano y a Plataforma Sur de Organizaciones Sociales sobre todas las modificaciones que se realizaron a la Resolución 0899 y que quedaron registradas en la Resolución 1628 y los aspectos que Minambiente ha acordado con Emgesa para efectos de “conciliación prejudicial” que cursa en la Procuraduría. Explicar las razones por las cuales el gobierno viene cediendo a las pretensiones de Emgesa a través de los recursos interpuestos.

2)    Confrontar el concepto técnico sobre los resultados de la visita de seguimiento a la Gestión Social, realizada en octubre de 2009, con antelación al acogimiento del mismo mediante Acto Administrativo, con las versiones de los afectados en una Asamblea General convocada por el Ministerio de Ambiente y ASOQUIMBO en el municipio de Gigante Huila.

3)    Solicitar al Ministerio de Minas que con antelación a la aprobación del Manual de predios unitarios se convoque a los afectados con el fin de acordar los valores de los bienes materiales e inmateriales y la compensación de los mismos en igualdad o mejores condiciones, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.

 

 

Reafirmamos nuestra decisión de mantener el diálogo y la concertación únicamente con el Ministerio de Ambiente por ser la institución responsable de la firma de la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y exigimos la presencia permanente del Estado Colombiano y sus organismos de control que tienen la obligación constitucional de proteger y garantizar todos los derechos de los ciudadanos.

 

Refirmamos nuestra oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y como alternativa proponemos convertir la Zona en una gran reserva campesina empresarial  agroalimentaria con amplia financiación del Estado. En tal sentido, anunciamos la realización de múltiples acciones de resistencia en cumplimiento del Plan de Acción 2010 aprobado unánimemente por ASOQUIMBO y, específicamente, la movilización que hemos acordado para el 14 de mayo en la Zona de El Quimbo y la ciudad de Neiva a favor de la Reserva campesina, la Indemnización inmediata y la restitución de los derechos a raíz de los daños ocasionados por la Resolución 321 y a impedir la iniciación de la obra.

Responsabilizamos al Gobierno, a su Ministerio de Ambiente y a Emgesa de la presencia de personas extrañas en la Zona de El Quimbo y de la profundización del conflicto en la región  por cuanto sus actuaciones, al aprobar la Licencia ambiental contra la voluntad de la mayoría de los afectados, son generadoras  de diversas formas de violencia que atentan contra el bienestar y la calidad de vida de las comunidades y la preservación del medio ambiente.

En constancia se firma en Rioloro, Gigante Huila, Colombia el 3 de abril de 2010

 

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO –ASOQUIMBO- Junta Directiva

ELSA ARDILA MUÑOZ, Presidenta, JAIRO CALDERÓN, Secretario General, JUAN CARLOS BRAVO, Tesorero

 

FUNDACIÓN EL CURÍBANO TERCER INTERVINIENTE CASO EL QUIMBO, ARTÍCULO 69 DE LA LEY 99 DE 1993

LUZ ANABEL SIERRA CÁRDENAS, Representante Legal, LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO, bióloga

Representantes de las veredas y centros poblados de los municipios de Agrado, Gigante y Garzón, (zona El Quimbo), La Escalereta, San José de Belén, La Yaguilga, Balseadero, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Honda, Remolinos, Párroco de Rioloro, EDUDES MAZO PELAEZ. (siguen firmas)

ASOCIACIÓN DE AGROEMPRESARIOS AFECTADOS POR EL QUIMBO -AGROEQ-

MIGUEL RODRIGEZ HORTUA, Vicepresidente

PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Belén Alarcón Alarcón, representante legal, José Jairo González, investigador Miller Dussán C, investigador, Jenniffer Chávarro, comunicadora social, Rolando Botello, comunicador social y concejal de Gigante Huila, Oscar Reyes, Asesor Jurídico.

Siguen firmas. 

c.c. Procuraduría General de la Nación, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Minas, Gobierno del Huila, Senadores y Representantes Huilenses, Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, ONG ambientalistas, prensa, radio y televisión, ciudadanía en general.