Blogia

ASOQUIMBO: PROCESO DE RESISTENCIA DE AFECTADOS POR LA REPRESA EL QUIMBO

EL QUIMBO: RESERVA CAMPESINA Y EMPRESARIAL AGROALIMENTARIA

La Cámara de Comercio de Neiva convocó recientemente a una reunión con el propósito de conocer las posibilidades de contratación de empresas huilenses con Emgesa para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Las expectativas de los asistentes generadas por el director Ariel Rincón, pronto se desvanecieron cuando el Gerente del Proyecto Lucio Rubio afirmó que  El Quimbo no es una realidad debido a que la empresa requiere definir con precisión la viabilidad financiera del mismo. No obstante las garantías que les ofrece el gobierno con su política de “confianza inversionista” y “seguridad democrática” Emgesa, a diferencia de nuestros gobernantes, gremios económicos y universidades de provincia, estudia en detalle cualquier riesgo de inversión que pueda afectar los estándares de rentabilidad previstos.

 

Para Emgesa la viabilidad técnica está resuelta. La ambiental, depende de concretar con la CAM y Parques Nacionales el Plan de restauración y reforestación debido a que les puede generar sobrecostos. Y la viabilidad social no está definida porque la licencia adicionó 169 familias (los ocupantes) a las 300 ya registradas y no haber concluido el censo socioeconómico.

 

En síntesis, para la empresa los requerimientos adicionales consignados en la Licencia Ambiental le generarían ‘sobrecostos’ de más de 80 millones de dólares, razón por la cual ‘la multinacional se encuentra haciendo una serie de estudios económicos con el objetivo de concretar si la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo es viable en materia financiera para la compañía’.

Resulta que ahora la ‘afectada’ es la empresa que finge correr riesgos en su inversión para presionar la  exclusión de los ocupantes que califica como “grupo de población vulnerable en situación irregular”, negociar con la CAM en condiciones ventajosas e imponer el manual de valoración de predios sobornando al representante del Instituto Agustín Codazzi y el de los propietarios integrantes de la Comisión Tripartita con el respaldo del Ministerio de Minas.

Ya se escuchan voces gubernamentales y empresariales a favor de Emgesa que consideran ‘justo’ sacrificar los intereses de las comunidades y destruir los ecosistemas, para que la empresa ‘se quede con el negocio’ para no arriesgar “la confianza inversionista” ni los intereses particulares de los gobernantes y grupos empresariales y de contratistas.

Preocupa el silencio de la CAM con relación a los impactos ambientales y al proyecto de restauración de bosques tropicales dentro de la reserva forestal de la Amazonía. Emgesa viene manifestando que ‘ya tenemos el costo ambiental’ cuando aún no se han realizado los ‘estudios de valoración de impactos ambientales’ donde tienen participación la CAM y Parques Nacionales. Los huilenses tenemos derecho a saber si la dirección de la CAM ya negoció o está negociando a espaldas de los intereses regionales, como lo hizo el gobierno departamental cuando firmó el acta de capitulaciones con Emgesa.

 

El 9 de septiembre por solicitud de ASOQUIMBO se realizó en Veracruz Gigante una Asamblea de propietarios, poseedores, ocupantes y jornaleros con Emgesa. El punto: ¿dónde están las tierras de igual o superior calidad para reponer las que se encuentran en producción? ¿Qué ocurriría si los afectados no aceptan las ofertas de predios hechas por Emgesa? ¿Aplicarán la resolución 321 que ordena la expropiación por la fuerza? Lógicamente las comunidades expresaron su rechazo al proyecto no solamente por no haber sido consultados como dueños de la tierra y productores de bienes sino porque no existe ninguna garantía de entregarles los predios en producción y con riego por gravedad con antelación a la iniciación de la obra.

 

La incertidumbre fue mayor cuando Emgesa afirmó que cuentan con 8 años para resolver la reposición o compra de predios para quienes poseen más de 5 hectáreas, tiempo superior al de la construcción de la obra. Pero además ante la imposibilidad de adquirir créditos y mejorar sus bienes para incrementar la productividad y los ingresos por haber sido declarada la zona de El Quimbo como de utilidad pública a favor de la transnacional.

 

Ante la incertidumbre surgió una alternativa que será estudiada con las comunidades afiliadas a ASOQUIMBO. Convertir toda la Región de El Quimbo en una reserva campesina y empresarial agroalimentaria, con subsidios estatales (derechos), distritos de riego con gravedad para garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible.

Esta propuesta de desarrollo ecosocial contará seguramente con el respaldo de los campesinos, los indígenas, estudiantes, pequeños empresarios, cooperativas, organizaciones sociales y ambientales como expresión clara de defensa del territorio, la biodiversidad, las comunidades. Será objeto de los pre-congresos convocados por la Minga de Resistencia Indígena, el I Encuentro de Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables durante los días 5 y 6 de Noviembre en el Centro de Convenciones José E. Rivera y el Concierto "Energía sin destrucción" el 6 de noviembre en el Coliseo Cubierto, amenizado por ATERCIOPELADOS y grupos folklóricos del Huila y respaldada por las movilizaciones sociales que en todo el país se realizarán durante el mes de octubre de 2009 y, por supuesto, el Congreso de los Pueblos en el 2010

 

Hoy podemos reafirmar que el Quimbo no es una realidad y que se abren otras alternativas de desarrollo opuestas a la Agenda Interna de Productividad y Competitividad impuesta al Huila como parte del TLC y avalada por el Gobierno, sectores empresariales y lo más grave por directivos y docentes de la universidad Surcolombiana que desde la Comisión de Ciencia y Tecnología subordinan su actividad al servicio de dicha agenda ofendiendo la misión institucional de producir, apropiar y divulgar conocimientos científicos, técnicos y humanísticos que contribuyan a solucionar los problemas de la región y el país dentro de la lógica del desarrollo humano equitativo y sustentable.

 

Miller Dussán Calderón

Profesor de la Universidad Surcolombiana

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales.

www.surcolombiano.com

EMGESA permite campos minados en Betania

EMGESA permite campos minados en Betania

Fotografías tomadas el 31 de agosto de 2009, revelan la existencia de campos minados en jurisdicción de la Hidroeléctrica de Betania, propiedad de EMGESA. Los campos minados están ubicados cerca del área de compuertas en jurisdicción del Municipio de Yaguará, área de tránsito frecuente de bañistas y pescadores. ¿Cómo es posible la existencia de éstos, si Colombia es signataria de la Convención Internacional que prohíbe el uso de este tipo de armas? ¿Cómo, quién autorizó estos campos?

En efecto, la página oficial del Ejército de Colombia (www.ejercito.mil.co) recuerda que el tratado fue firmado en la Convención de Ottawa en 1997 por 122 Estados, entre ellos Colombia, y que prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y el tráfico de minas antipersonales. El mismo tratado que también exigía la destrucción de los artefactos existentes en cada nación en un plazo de 10 años. El plazo de Colombia para despejar las bases militares de campos minados vence el 1° de marzo de 2011. Hasta hoy, de las 34 bases minadas, el Ejército ha limpiado 17, informa www.ejercito.mil.co.

La existencia de estos campos minados es una abierta violación, de la legislación colombiana, de la convención de Otawa y del Reglamento (CE) 1724/2001 (23 de julio de 2001) del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas en los países en desarrollo (http://www.guiafc.com/documentos/2001-L234-01.pdf).

Colombia es la nación que padece el mayor número de víctimas debidas a las minas antipersonales en el mundo, con unos 900 casos anuales, seguida de cerca por Afganistán. Las crecientes dificultades que encuentra la guerrilla para enfrentarse a los militares respaldados por Estados Unidos hace que cada vez recurran más a este tipo de dispositivo, eficiente y de bajo costo para crear un perímetro de seguridad. Pero, entonces ¿qué hacen en Betania estas armas?

El Quimbo: Nuevo pronunciamiento de Miambiente

El Ministerio no cedió porque ya no había nada que ceder

Los medios locales de comunicación aparecieron este martes 25 de agosto, haciendo alharaca de la reciente Resolución 1628, expedida cuatro días atrás por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en relación con el recurso de reposición que la empresa EMGESA había interpuesto contra la Licencia Ambiental concedida a su favor. 

Dicen los titulares: "Ministerio de Ambiente no cede en exigencias a EMGESA para construcción de hidroeléctrica" (Caracol.com), "EMGESA, a cumplir requerimientos ambientales y sociales" (Diario del Huila), "El Quimbo aseguró la licencia ambiental" (La Nación).

No hay nada nuevo en la decisión administrativa 1628. Como era previsible y lo habíamos advertido, el Ministerio de Ambiente, que preside hoy día Carlos Costa, "realizó ajustes de obras, plazos y tiempos de entrega",  "modificaciones que en ningún momento influyen en el cumplimiento de las obligaciones sociales, económicas y ambientales establecidas en la licencia".

El Ministerio no cedió porque ya no había nada que ceder, todo ha sido entregado, regalado por un plato de lentejas que vienen a ser las pingues compensaciones y los laxos impuestos pagados como tasas retributivas, de donde seguirán abrevando los políticos corruptos que han gobernado y gobiernan este país.

El gobierno Uribe Vélez nos tiene acostumbrados a que nunca hace lo que dice ni dice lo que hace sino todo lo contario. Desinforman a la opinión pública los funcionarios del Ministerio de Ambiente en complicidad con los medios, porque la Resolución 1628, en la práctica concede beneficios extras a la multinacional EMGESA, como si regalar el Río Magdalena y  conceder a un extranjero el control del agua no fuera ya suficiente.

La estrategia de EMGESA, una vez concedida la licencia ambiental (Resolución 0899), es la de evadir el cumplimiento de las promesas que ha hecho a las comunidades y a los mandatarios locales y atenerse exclusivamente (y eso está por verse) a las obligaciones de ley. Además, flexibilizar los plazos para cumplir con los estudios que debieron hacerse como requisito previo a conceder la licencia ambiental.

EMGESA interpreta a su acomodo la ley colombiana. En este caso, se trata de una burla a lo "pactado" especialmente para las comunidades directamente afectadas que serán sometidas a la única opción de vender sus predios a EMGESA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99/93 y de negarse, serán expropiadas conforme a la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008 que declaró de utilidad pública todos los terrenos necesarios a favor de la transnacional privada.

Hasta ahora, lo que el Ministerio ha terminado aprobando son las imposiciones de EMGESA porque no existe ninguna garantía de exigibilidad legal para suspender la obra ante los desastrosos daños ambientales y al patrimonio de la nación y los incalculables costos materiales e inmateriales de nuestros ecosistemas, la producción alimentaria y los tejidos sociales y comunicativos existentes en la zona de El Quimbo que jamás serán compensados por la compañía beneficiada a nombre de la "confianza inversionista".

Y viene ahora, otro capítulo de libreto, con la participación actoral de los lacayos locales: la asamblea de propietarios de los predios, el próximo 25 de septiembre, para elegir dizque al representante de las comunidades en la llamada Comisión Tripartita, encargada de fijar los precios de los predios.

A la usanza feudal, sólo podrán asistir y supuestamente decidir los propietarios, los "titulares de derecho de propiedad". Los pobres, los sin tierra, los desposeídos, no figuran en esta escena de reparto. Todo apunta a una componenda para que los tres miembros de tal comisión sean leales servidores de la corona de su majestad EMGESA de España. Y así pueda terminar de fraguarse, legalmente, el atropello.

Desaforados y apresurados andan los políticos huilenses que con su silencio o su complicidad directa están permitiendo este estado de cosas. En época pre-electoral, los empleos temporales de baja calidad que ofrece EMGESA y los demás espejitos serán usados para timar a los campesinos y engañar a la opinión pública, como ya ha sucedido, como suele suceder y como está sucediendo.

Exhortamos a todos los huilenses y colombianos, a los campesinos y pobladores de la zona de El Quimbo en especial, para que se vinculen a la Asociación de Afectados por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo - ASOQUIMBO- y continuemos nuestra lucha de resistencia civil pacífica por la defensa del territorio, contra el ecocidio y el desplazamiento de las comunidades. El próximo 12 de octubre es la ocasión para unirnos a la Minga Indígena y alzar juntos esas banderas.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales continuará  adelante con los procesos jurídicos de nulidad de la Resolución 321 de 2008 y de la Resolución 0899 de 2009 o licencia ambiental, ratificada ahora por Minambiente a través de la Resolución 1628, al servicio de la transnacional Endesa EMGESA.

Neiva, 25 de agosto de 2009

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Plataforma Sur continuará su lucha de resistencia por la defensa del territorio

El 14 de Agosto se cumplió la Audiencia de Pacto de cumplimiento sin acuerdos entre los demandantes y coadyuvantes de la Acción Popular interpuesta contra el Megaproyecto Hidroeléctrico El Quimbo y Emgesa. La jueza Floralba Poveda Villalba,  autorizó continuar el trámite correspondiente y cuenta con 10 días hábiles para pronunciarse con relación a la solicitud de ordenar, como medida cautelar, al Ministerio de Medio Ambiente la suspensión del trámite actual de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 (Licencia Ambiental) mientras se realiza el Estudio de Impacto Ambiental Alternativo por parte de la Universidad Nacional.

Texto completo de la carta:

Neiva, Agosto 23 de 2009

Doctor

CARLOS COSTA

Ministro

CLAUDIA MORA

Viceministra

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Bogotá, D. C. 

Señor Ministro, Señora Viceministra 

El 14 de Agosto se cumplió la Audiencia de Pacto de cumplimiento sin acuerdos entre los demandantes y coadyuvantes de la Acción Popular interpuesta contra el Megaproyecto Hidroeléctrico El Quimbo y Emgesa. La jueza Floralba Poveda Villalba,  autorizó continuar el trámite correspondiente y cuenta con 10 días hábiles para pronunciarse con relación a la solicitud de ordenar, como medida cautelar, al Ministerio de Medio Ambiente la suspensión del trámite actual de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 (Licencia Ambiental) mientras se realiza el Estudio de Impacto Ambiental Alternativo por parte de la Universidad Nacional.

La solicitud de medida cautelar fue suscrita por el demandante Orlando Beltrán Cuellar y los coadyuvantes Miller Dussán Calderón, Oscar Javier Reyes (abogado) y Wilson Vargas (estudiante de derecho de la USCO) con fundamento en el artículo 25 de la Ley 472 de 1988 y en el principio “innubio pro ambiente (precaución ambiental) que no fue aplicado por su despacho antes de conceder la licencia.

La prueba de la ausencia o precariedad de los estudios técnicos y científicos se demuestra con el texto de la Resolución 0899 en la que se ordena a Emgesa la realización de varios estudios, entre ellos “estudio ecológico de los sitios de reubicación de fauna”, “estudio sobre el estado poblacional de la nutria de río (Lontra longicaudis), la tortuga morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga blanca (Podocnemis lewyana) y Aotus griseimembra (Mono nocturno)” sin considerar el venado, destacándose el “estudio de valoración económica de los impactos ambientales"1, cuando aún no se han verificado y como si todos estos impactos se pudiesen calcular en términos financieros. El Estado incumplió con la Ley 56 de 1981 que ordena estudios socioeconómicos por una entidad independiente de Emgesa. No se cumplieron los estudios de Patrimonio Inmaterial de los municipios afectados ni el de prospectiva arqueológica y de identificación de características culturales asociados al medio ambiente localizados en las zonas de impacto directo e indirecto de construcción de la represa. ¿Por qué no se autorizaron los estudios que se mencionan en la resolución 0899, los ordenados por la ley 56 y los exigidos por Plataforma Sur durante las “mesas de concertación”, antes de conceder la licencia ambiental para determinar la viabilidad o no del proyecto?  ¿Por qué se autorizó la licencia a Emgesa, sin determinar el tiempo de duración del proyecto,  para construir una hidroeléctrica en una zona que hace parte de la reserva forestal protectora de la Amazonía y cuya sustracción es competencia del legislativo?

La respuesta a estas preguntas no las suministra el Exministro de Minas Jorge Eduardo Cock Londoño en su artículo publicado el 10 de junio de 2009, “Medio ambiente: ni leyes ni razones y mucho atropello”:

“Acontecimientos recientes ilustran con claridad lo poco que le importa la calidad del país y el planeta que vayan a habitar nuestros hijos. Sólo importa ganarse más gracias y felicitaciones de la "confianza inversionista". Tres casos entre muchos, muestran que esta es la política y así procede quien acabó con el ministerio del ramo: la Hidroeléctrica de El Quimbo, la mina de Anglo Gold en Cajamarca y la "minería" en Llanogrande, Rionegro, Antioquia.

"Precisamente el caso de El Quimbo nos hizo pensar a todos que con la cantidad de problemas que tenían por vencer o remediar, este proyecto seguramente iría a sufrir importantes retrasos, y no por excesivas exigencias de la ley ni por lentitud o necedad de los funcionarios del Ministerio, sino por situaciones claras y objetivamente difíciles. Pero no: como en el famoso "Chavo", no contábamos con la astucia del más alto nivel del Gobierno. Y seguramente, los funcionarios se tuvieron que morder los codos y simplemente cumplir órdenes superiores. La licencia ambiental se concedió, arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”.

“Hidroeléctrica de el Quimbo. Tremenda sorpresa causó a muchísimos colombianos la noticia publicada el sábado 16 de mayo en El Tiempo, sobre la expedición de la licencia ambiental para este proyecto. Justamente el jueves y el viernes anteriores, unas doscientas personas que participábamos en las Jornadas Ambientales del Sector Eléctrico, en Bogotá, escuchamos las presentaciones que hicieron las empresas dueñas de los más importantes proyectos de generación, sobre normas, problemas, restricciones, soluciones y avances en el manejo de los temas ambientales y la obtención de las correspondientes licencias, requisito indispensable según la ley para iniciar la construcción de una central.

Había que cumplir la sentencia de Uribe: “el proyecto va porque va”. Es decir, garantizar la “limpieza social” del territorio imponiendo el batallón energético Número 12 para proteger los intereses de la transnacional Endesa Emgesa, el gobierno nacional y departamental, contratistas y funcionarios, contra las objeciones de las comunidades y de las organizaciones sociales y ambientales que alertaron contra el ecocidio, el desplazamiento y el desarraigo y que resisten por la defensa del territorio y la biodiversidad.

Ad portas de ratificar la licencia que según el Gobernador del Huila el Minambiente “ya expidió la resolución que la confirma” (Diario del Huila, 20 de agosto de 2009) donde se aceptan las exigencias presentadas por Emgesa en cuyo recurso de reposición demanda el desmonte de los compromisos pactados con las comunidades, y mayores prebendas para el lucrativo negocio. Y en cumplimiento de “órdenes superiores” el recurso interpuesto por Plataforma Sur de Organizaciones Sociales solicitando la nulidad de la licencia, demostrando, que se trata del peor negocio en la historia del Huila con consecuencias catastróficas para el medio ambiente ha sido negado con argucias jurídicas de asesores de Minambiente, pagados por el Estado, al servicio de Emgesa.

No cabe duda que Minambiente en la confirmación de la licencia flexibiliza los plazos y condiciones para la presentación de los “estudios y programas” a cargo de la Empresa (juez y parte), mientras avanza de hecho en la construcción de la obra. Por Ejemplo, Emgesa deberá “remitir para aprobación del Ministerio una propuesta de valoración económica de los impactos causados por el proyecto", después de un año de ejecutoriada la licencia y de iniciada la construcción del Embalse. (Artículo 15) Lo que el ministerio aprobará finalmente es la propuesta que Emgesa imponga porque no existe ninguna garantía de exigibilidad legal para suspender la obra ante los desastrosos daños ambientales y al patrimonio de la nación y los incalculables costos materiales e inmateriales de nuestros ecosistemas, la producción alimentaria y los tejidos sociales y comunicativos existentes en la zona de El Quimbo que jamás serán compensados por la compañía beneficiada a nombre de la “confianza inversionista”

En el recurso de reposición interpuesto por la empresa Emgesa se desconocen las compensaciones de los ocupantes en igualdad de condiciones al de los propietarios con el argumento de “que llevan a agravar excesivamente la equidad que se buscaba lograr al determinar las compensaciones” Es posible que la categoría de ocupante no se reconozca como figura jurídica pero este actor existe en la realidad y se le debe garantizar todos los derechos contemplados en la Constitución Política de Colombia en su condición de ciudadano. 

Para Emgesa “el objetivo de la licencia ambiental es compensar los efectos ambientales que produzca el proyecto, obra o actividad, no siendo objeto de la misma entrar a definir la compensación que debe recibir un particular dueño de un predio que debe ser adquirido por parte del dueño del proyecto, ya que existe una ley que regula específicamente este procedimiento y que por su carácter de especialidad primaría en este caso frente a la regulación de la licencia ambiental”. Según esta interpretación, las compensaciones económicas y sociales de los particulares que fueron objeto de “concertación” entre el gobierno nacional, departamental y Emgesa no pueden hacer parte de la licencia sino de la Ley 99 de 1993 que regula el procedimiento de los propietarios de predios. En este caso, se trata de una burla a lo “pactado” especialmente para las comunidades directamente afectadas que serán sometidas a la única opción de vender sus predios a Emgesa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 y de negarse, serán expropiadas conforme a la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008 que declaró de utilidad pública todos los terrenos necesarios a favor de la transnacional privada.  

Razón tienen las comunidades al no aceptar ni participar de censos, estudios o actividades que realice la empresa Emgesa o funcionarios del Gobierno hasta tanto no quede en firme la licencia y se realicen todas las compensaciones pactadas  (y mejoradas) con anterioridad al inicio de cualquier obra en la zona de El Quimbo por parte de Emgesa. No existe confianza en el Gobierno nacional y departamental, ni en la compañía, razón por la cual exigen el respeto a sus bienes y servicios, al ambiente sano y al  patrimonio nacional. 

Plataforma Sur respalda la posición de las comunidades y reafirma su disposición de demandar la nulidad de la Resolución 321 del 1 de Septiembre de 2009 y de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, ratificada por Minambiente al servicio de la transnacional Endesa Emgesa.  

Ustedes tienen la obligación  ética y política de responder ante todos los afectados por la construcción del embalse por su directa intervención en otorgar licencia para el desplazamiento, la destrucción de los tejidos sociales y planes de vida de las comunidades y el peor ecocidio, nunca antes autorizado en la historia reciente del país,  para beneficiar los intereses privados de una transnacional, de los gobiernos de Uribe y de Sánchez, de funcionarios y contratistas que seguramente les retribuirán sus oportunos y rentables servicios por la entrega de los bienes de  la nación. 

Plataforma Sur continuará  su lucha de resistencia por la defensa del territorio, contra el ecocidio y el desplazamiento de las comunidades y convoca a todos los huilenses y ciudadanos del país y del mundo a impulsar diferentes formas pacíficas de resistencia civil para impedir la construcción del megaproyecto El Quimbo.  

Atentamente, 
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Belén Alarcón  Alarcón  -Representante Legal-

Miller Dussán Calderón  -Miembro Asesor

Megaproyectos: Megaimpactos Ambientales

Megaproyectos: Megaimpactos Ambientales

Portada de la revista '100 Días' en internet.

Especial peridístico de CINEP (http://www.cinep.org.co/node/739)

Enviado por fdominguez el Mié, 19/08/2009 - 09:38

Damming Magdalena: Emgesa Threatens Colombian Communities

Damming Magdalena: Emgesa Threatens Colombian Communities

Reprodicimos en su integridad el artículo en inglés escrito por nuestro colaborador Jonathan Luna de Polinizaciones.

by Jonathan LunaSpecial to CorpWatch
July 21st, 2009

A small path descends from the town of La Jagua, crossing a field and forest until it ends at a cliff overlooking the Magdalena River. Pairs of buff-necked ibis take flight announcing their local name, “cocli cocli.” Above the beach where children swim, the rock is carved by erosion and dotted with small holes occupied by birds. The landscape is dotted, too, every 100 meters, with concrete markers declaring the land, river, and everything else a “public utility” that Colombia has given to the energy company Emgesa as part of the Quimbo Hydroelectric Project.

Quimbo’s developer, Bogotá-based Emgesa S.A. Empresa Generadora de Energía, projects costs at $700 million for the hydro component and $200 million for substations. The Ministry of Environment granted a construction permit in May, and the dam is scheduled for full operation by 2014.

“If completed, it would be the first of multiple Emgesa dams proposed for the river in the department of Huila, along the country’s longest and most economically important river,” said Miller Dussán, a leader of the grassroots coalition Plataforma Sur de Organizaciones Sociales and professor of philosophy at the Universidad Sur Colombiana (USCO).

The Quimbo dam would inundate about 8,800 hectares (ha) (34 square miles), displace some 1,500 rural peasants and eight community-owned cottage industries, and flood 842 ha of riparian forests and 2,000 ha of cultivated land, warned Dussán. It would severely cut “Agrado’s agricultural potential, resulting in its gross domestic product decreasing by at least 30 percent.”


Discussion has been heated on radio and in the Colombian legislature which, in November 2008, held a televised nine-hour debate. Endangered Huila communities have mounted opposition marches, camps, and local and regional social forums. Plataforma Sur is spearheading the effort, which includes regional youth, USCO academics, the Regional Council of Indigenous Peoples of Huila, Colombia’s largest labor union (CUT), various social and environmental NGOs, autonomous collectives, and politicians including a former governor of Huila. The campaign is part of REDLAR, the Latin American Network against Dams.


Also in November, Radio Garzón invited Emgesa director Lucio Rubio Díaz to respond callers’ questions about the Quimbo project. Marta Ramirez, a lifelong inhabitant and community leader of la Escalereta, was one of the few to get through the jammed phone lines. “How is it that these people [Emgesa], who are not even from here, come to our homes and do not even ask us what we want or how we feel about this project?” demanded Ramirez. “They just come here to inform us that our land is no longer ours, and that we better sell our land at an undervalued price, or we will be drowned with it and receive nothing. Do you have no soul? No heart? Do you know you are tearing us from the only thing we have ever had, our land?”

Díaz responded that he “understood” but that “this was necessary for the development of the project.”

Emgesa: Generating Discontent

Emgesa is part of a tangle of energy companies that service large swaths of Europe and South America. In 1997 Emgesa had merged with Colombia’s Betania to become the country’s number one electricity producer. By 2007 it was generating 11,930 GWh of electricity or 22.4 percent of the country’s electricity output, according to its website. Emgesa itself is a subsidiary of Endesa- Empresa Nacional de Electricidad S.A., a Spanish energy giant specializing in natural gas and hydroelectric dams. Endesa S.A. is Spain’s largest hydropower generator and Latin America’s largest private power producer, serving 23 million customers in Argentina, Chile, Colombia, Peru and Brazil.

In February, Enel SpA, Italy’s biggest utility, bid $14.3 billion and succeeded in buying out 25 percent of Endesa from Spanish builder Acciona S.A., boosting its stake to 92 percent. Enel SpA’s acquisition would “help the Italian utility to expand in South America, where economies are growing,” according to Bloomberg News.

Emgesa, the profitable Colombian subsidiary of Endesa, has drawn accusations of labor rights violations and environmentally destructive practices. In July 2008, it was among the 43 companies that the Colombian Session of the Peoples’ Permanent Tribunal accused of bad business practices and involvement in the country’s armed conflict. The tribunal charged Endesa-Emgesa with “violating the labor and union rights of its workers to freely associate, for infringing on the norms of industrial security and for the environmental deterioration of the River Bogotá, the River Guarinó and others.” Emgesa, like most of the accused companies, ignored invitations to participate in the proceedings.

The Upper Magdalena River Valley: A Territory Disputed

Emgesa’s dam project also threatens traditional Huilense culture, critics charge. Before the European invasion, la Jagua on the Magdalena River was a ceremonial center for indigenous groups. The arrival of the Spanish sparked a 500-year struggle for survival. In the 1530s, when General Pedro de Añasco beheaded a traditional leader, he set off an uprising. La Gaitana, the assassinated leader’s mother, led 15,000 warriors, many of them women, to force the Spanish out for several years. In a later attack, Gaitana escaped by diving into the river from the cliffs of Pericongo Canyon, a proposed dam site.

While some descendants survive, the most evident vestiges of the advanced societies that once inhabited this region are the archeological remains in areas including San José de Isnos, another proposed dam site. Current residents are mostly campesinos of mixed indigenous and Spanish descent who cultivate cocoa, tobacco, corn, banana, passion fruit and rice. The river system threatened by the dam irrigates their crops, supplies fish, and provides them work as day-laborers and fishermen. It is also rich in exotic and endangered flora and fauna.

In 1997, when Emgesa first presented plans for the Quimbo dam, the Ministry of the Environment denied the project because “none of the remediation plans presented in the environmental impact study were viable.” By May 2009, after scores of protests, the license granted Emgesa included social and environmental mitigations expected of the company. 

Local critics charge that despite those requirements, the Quimbo dam would still cause major harm, displacing numerous communities including the village of La Escalereta.  In the 1960s “when we started here it was so nice, everyone worked together with the idea of making a community here,” elder Belén Ramirez told CorpWatch. “In those first years it was hard. We were neglected by the state, and had to do everything. Together in minga (collective communal work), we built the water pumps, dug irrigation channels, planted crops, constructed our homes, the school and the main road” said Ramirez as she spread cocoa seeds to dry in the sun. “It breaks my heart to know that our story here will be gone.”

Jobs, Protests and Threats

Throughout the approval process activists have charged a too cozy relationship between Bogotá and Emgesa. In late 2007, in violation of constitutional Article 6, Law 56/81, the Colombian government allowed Emgesa to perform its own environmental impact study for the Quimbo. Nearly a year later, without consulting local or regional governments, and without significant changes to the rejected 1997 plan, President Alvaro Uribe signed into law Resolution #321, granting Emgesa “all the land necessary to construct the Hydroelectric Quimbo project.” 

In the televised debate in the Colombian legislature, the local non-profit Autonomous Environmental Corporation of the Upper Magdalena River Valley and opposition senators showed that utilities revenues would recoup the initial $700 million investment for the main dam in about 12 years. For the remaining 38 years of the dam’s life expectancy, Emgesa would generate $26 million, of which a mere $6.22 million will be reinvested locally, in a single payment. 


During a televised community consultation in La Plata in October, Díaz refused Uribe's request to consider making Huila Department a shareholder. Uribe later asked Díaz if his company would help train locals for projects such as tourism and aquaculture that the dam could generate. “These projects were a possibility,” Díaz responded, but “the company was not responsible for that.”

Despite this lack of commitment, Emgesa representative Sandra Chavarro Montero would later tout new local jobs and industries as ways the dam would help the region. Job creation was just one of project's benefits that would outweigh any damages since “the Quimbo and Betania [another company-owned dam] would produce 8 percent of Colombia’s electrical needs," she said, and "secure self-sufficiency [while] contributing to the control of the flow of the Magdalena River.”

Many in the affected communities were not reassured. In December local youth embarked on the “First Territorial Running Against the Quimbo,” a two-day, 55-kilometer hike through the proposed reservoir to highlight impacts on the community. “Weeks ago they said in congress that homeowners who live where the reservoir is [planned] would get up to 10 ha of land in a newly irrigated district," said Ms. Clara, a San José de Belén resident who refilled water gourds for the hikers. "A week later the newspaper says it will be up to 5 ha, and now, that only those with deeds will get that deal. Most of us have been here since our grandparents, and have no deeds.”

While the youth hiked, members of la Escalereta community and the Plataforma Sur met in Bogotá with Emgesa representatives, the governor of Huila, and Uribe. The president called the dam a “done deal” because Colombia cannot afford to “lose the faith of foreign investors.” Quimbo is integrated into the multi-billion dollar Project Mesoamerica (formerly Plan Puebla Panamá) and the Initiative for the Regional Integration of South America (IIRSA).

The “Quimbo and the other dam projects that are part of Plan 2019/Visión Colombia are important energy generation projects in the country,” said Emgesa representative Montero.

Some critics suspect that the government is using protests over the dam to militarize the territory and suppress opposition. Currently riot police—ESMAD units—are being placed in the region’s larger cities, and a new army battalion is being built in La Jagua.

Asked about the militarization, Montero replied that Emgesa “respected the government’s actions,” and was not the proper entity to respond to the government’s decision to construct a battalion near the end of the reservoir.

Selling Power


The Ministry of Environment has played a key role in the dispute between locals and Emgesa. Initially it blocked the project. In February, while the dam's defenders were upholding their right to build the dam, the Ministry fined Emgesa for failing to obtain the required environmental permits when it constructed a tunnel to divert the river during construction. Then on May 15, the Ministry issued a license for the Hydroelectric Quimbo Project that included “stricter regulations regarding environmental and social impacts.” (See box.)

May 15 Ministry of Environment-Issued License # 150509

The license for the Hydroelectric Quimbo Project says Emgesa must:

    •    Relocate 360 families;
    •    Create a 20,000 hectare reforestation project;
    •    Provide “housing that is equal or better than their current housing” for those affected, regardless of whether they have legal status on the land or deeds;
    •    Relocate people to 5-50 hectare plots "adequate for life-sustaining uses”;
    •    Compensate people such as fishermen and truckers whose life-sustaining activities are disrupted.
    •    The company study, recreate, and maintain appropriate reproduction and migration habitats for local fish species, and assist local aquaculture and agriculture projects;
    •    Invest 1 percent of total costs to maintain local watersheds, and create corridors by connecting protected tropical forests; and
    •    Invest 6 percent of annual profits into the regional environmental corporations and municipalities.

While the terms are a substantial victory for the dam’s opposition, the Ministry document failed to deal with previous fines against the company or the project’s fundamental violation of Law 2 of 1959 which designates 95 percent of the dam’s region as part of a Protective Amazonian Forest Reserve.

Those omissions fueled charges that either the company, the state, or both had bought off the Autonomous Environmental Corporation of the Upper Magdalena River Valley that is now on board with the project.

On June 5, International Environment Day, two dozen youth occupied and halted a meeting of the Departmental Gathering of NGOs and Community Environmental Promoters that convened in Neiva to showcase government-sponsored environmental projects in the region. The vice-minister of the Environment, the director of Autonomous Environmental Corporation, and hundreds of people watched as protesters performed an interpretive dance and read a declaration against the dam. Three days later, Plataforma Sur issued a resolution denouncing the project's assaults against the region’s biodiversity, communities and existing legislation, and demanded that the license be revoked.

On June 23, a paramilitary group identified as the Nueva Generación de Águilas Negras circulated pamphlets on Neiva's USCO campus targeting 14 members of Plataforma Sur. It identified students, alumni and faculty as “military objectives." Despite the threat, activists are planning an international camp against the dam in November.

The Quimbo Huilense

Bogotá and Emgesa promote the dam as “necessary” to an area long forgotten by the state: It will, they say, create jobs and development opportunities in aquaculture, tourism, irrigation and construction.

An alternative plan, el Quimbo Huilense—designed and backed by communities, academics, educators, and other Huilense people—counters that the best path for sustainable development is a widely integrated, multi-faceted rural development project. This regional scheme would create opportunities for local inhabitants to establish small-scale agricultural cooperative industries, and create protected habitats, irrigation districts and more agricultural land.

Quimbo Huilense addresses energy needs with a smaller hydroelectric dam at the Quimbo site that would inundate 3,600 ha, affecting only the municipality of Gigante. A local utilities company would run the project, and provide irrigation for 148,262 hectares.

In its reliance on community input to create a self-reliant local economy with sustainable environmental practices, Quimbo Huilense stands in direct contrast to the government and Emgesa’s plans for the region.

“What Plataforma Sur is suggesting for us is a first,” said Marta Ramirez as she surveyed a flock of birds feeding in her yard. “They are consulting us as residents about the possible future of our territory and our lives.”

Plataforma Sur solicitará como coadyuvante en la Acción Popular la suspensión de la licencia ambiental de El Quimbo

Plataforma Sur de organizaciones Sociales, solicitará la suspensión de la licencia ambiental de El Quimbo y en su lugar  se ordene la presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas con los mismos argumentos del recurso de reposición interpuesto el 8 de junio  contra la Resolución 0899/2009 mediante la cual Miambiente concedió licencia ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. La reposición  fue radicada en el Ministerio con el nùmero 4120-E1-03984, a través del abogado de la Universidad Nacional de Colombia Guillermo Asprilla, especialista en derecho ambiental, previo poder otorgado por la Fundación El Curíbano, organización filial de Plataforma Sur y reconocida como tercera parte interviniente en el proceso de licenciamiento de El Quimbo. 

El recurso se fudamenta en siete arguementos principales, a saber:
 
1.- La decisión del ministerio de ambiente de otorgar la licencia ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, contraría el principio de desarrollo sostenible.
 
2.- La resolución atenta contra la biodiversidad del país, al autorizar la destrucción de un área de reserva forestal protectora de la Amazonía y de tierras altamente productivas del Departamento del Huila.
 
3.-Falta de competencia del ministerio de Ambiente para ordenar la destrucción de un área de la reserva forestal de orden protector mediante la figura de la “sustracción”.
 
4.-Ante la precariedad de los estudios técnicos y científicos el ministerio debió aplicar el principio “in dubio pro ambiente”
 
5.-La licencia ambiental autoriza la destrucción de las especies piscícolas migratorias del Río Magdalena.
 
6.-Durante el proceso administrativo de expedición de la licencia ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, se pretermitió de manera absoluta el cumplimiento del principio 20 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el artículo 1 de la Ley 99 de 1993
 
7.-El otorgamiento de la licencia ambiental puede estar avalando una actuación ilícita, ilegal e ilegitima de EMGESA en la reserva forestal protectora de la Amazonía.
 
En conclusión, mediante la licencia ambiental otorgada para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se autoriza la desaparición y destrucción de una parte importante de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía , de la mejor zona agrícola del Departamento del Huila y de la riqueza ictiológica propia del Río Magdalena. Todos son daños ciertos, perfectamente conocidos y previsibles.

 

Se autorizan para dar paso a un proyecto de una empresa privada de capital extranjero cuyo objeto es la venta de energía eléctrica, seguramente para exportación.

 

La protección de la biodiversidad, los recursos genéticos y el medio ambiente, también son de interés público y social y al oponerles el carácter de obra de interés público y social declarado administrativamente para este proyecto por el Ministerio de Minas y Energía, se presenta una disyuntiva entre dos finalidades jurídicas de igual relevancia y de reconocimiento constitucional. En consecuencia no puede argumentase un interés público y social contra otro de la misma naturaleza y para resolver el conflicto habrá de acudirse a determinar el objetivo específico de cada uno de los bienes protegidos, en el caso del medio ambiente el interés superior de la humanidad, y en el caso de la hidroeléctrica, el interés de lucro de una empresa privada, interés de lucro que no desaparece por hecho de que la generación de energía eléctrica esté calificada por la ley como de interés público.

 

Tal conflicto solo debería resolverse a favor del proyecto que causa daños ambientales, cuando mediante un  juicio adecuado y democrático de razonabilidad se concluya que su construcción es imprescindible y absolutamente necesaria para asegurar la vida presente o futura de una comunidad o de un país. Evidentemente no es el caso.

 

El propio estudio de impacto ambiental presentado por la empresa beneficiaria de la licencia, reconoce los daños que el proyecto causará al ambiente y a las personas y la extensión de tales daños es prueba suficiente de que los conceptos técnicos en los cuales se fundamentó la decisión de no solicitar un diagnóstico ambiental de alternativas estaban equivocados.

 

Por supuesto que era necesario determinar tanto como alternativas de ubicación, como de diseño del proyecto para evitar los daños que están suficientemente explicados en la parte motiva del acto recurrido.

 

Si los estudios determinaron tal nivel de daños, lo razonable era denegar temporalmente la licencia y exigir a su peticionario la presentación de alternativas, por lo cual solicitamos se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del Auto No. 515 del 22 de febrero de 2008 que declaró que el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, no requería de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y en su lugar se ordene la presentación de dicho diagnóstico.

 

Esta es la primera de las acciones jurídicas que Plataforma Sur y sus organizaciones filiales entablarán en favor del derecho fundamental al medio ambiente, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos genéticos, el agua, las comunidades y el Río Magdalena.

 

EQUIPO JURÍDICO

Oscar Javier Reyes Pinzón

Wilson Vargas Leyva

Oscar Suárez

Guillermo Asprilla (Asesor externo)

Licencia a proyecto hidroeléctrico hace olas en Colombia

Tomado de: Ecoaméricas 

Como poseedor del segundo más grande potencial hidroeléctrico de América Latina después de Brasil, Colombia ha invertido a gran escala en la construcción de represas para cubrir el grueso de sus necesidades energéticas. Pero mientras el gobierno promueve la energía hidroeléctrica como energía limpia y confiable, es de esperar que los grupos ambientalistas y grupos de agricultores locales se opongan a la inundación de bosques y tierras de cultivo.

El caso de la central hidroeléctrica de El Quimbo, que se construirá dentro de poco en el curso superior del río Magdalena, no es la excepción.

El mes pasado, las autoridades aplaudieron la noticia de que Carlos Costa, el nuevo ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgaría licencia ambiental a la empresa española Endesa para empezar a construir la central de US$700 millones en el departamento suroccidental de Huila.

La represa, de 151 metros de alto -la primera en ser construida por el sector privado en Colombia- tendrá una capacidad instalada de 395 megavatios. Esto satisfaría 5% de la demanda energética nacional, aunque parte de la electricidad podría ser vendida a Ecuador y países centroamericanos cuando la central hidroeléctrica empiece sus operaciones en el 2014.

Los partidarios locales señalan el compromiso de Endesa de construir un viaducto sobre el reservorio y de instalar seis puertos y un transbordador dentro de éste para impulsar la industria turística local. Citan también la promesa de la empresa de ampliar la irrigación a unas 2,900 hectáreas de tierras de cultivo que actualmente carecen de ella y de bajar las tarifas eléctricas locales en 16%.

Pero grupos ambientalistas y agrícolas locales dicen que la construcción de la represa dañará inevitablemente poblaciones de peces, que dependen de corrientes rápidas y son clave para la seguridad alimentaria local, y la biodiversidad en otras especies.

Estos grupos están especialmente irritados por los planes de Endesa de inundar 9,000 hectáreas de tierra, incluyendo la vasta mayoría de la Reserva Forestal de la Amazonia, una zona protegida que -si bien lejos de la Amazonia- es cabecera de numerosos ríos. La reserva tiene 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en severo peligro: la pacaraná (Dinomys branickii), el mono nocturno de manos grises (Aotus griseimembra) y la nutria neotropical o de río (Lontra longicaudis).

Los bosques riparianos y algunos de los últimos restos de bosque tropical seco de Colombia dentro de la reserva serán sumergidos. Igual suerte correrán tierras de cultivo dentro y fuera de la reserva, en las que actualmente se siembran cacao, arroz, sorgo y maíz, dicen los críticos. Cientos de familias serán desplazadas.

"Algunas de las mejores tierras agrícolas de la región" serán inundadas, escribió el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios Óscar Amaya en una carta al Ministerio del Ambiente. En la carta, Amaya pidió que la licencia ambiental sea denegada.

La indignación por el daño que se espera sobre la biodiversidad de la región y su productividad agrícola movió a cientos de agricultores y estudiantes a protagonizar protestas  en Huila durante febrero y marzo.

"Esta es una catástrofe social y ambiental", dice Miller Dussán, miembro del directorio de la Plataforma Sur, entidad que agrupa a organizaciones ambientales y sociales de Huila. "Impactará seriamente en ecosistemas estratégicos y la seguridad alimentaria de la población local".

El gobierno dice que obligará a Endesa a reforestar 20,000 hectáreas de tierra cerca de la represa con especies de árboles de bosque seco tropical, establecer granjas de peces para compensar la pérdida de este recurso, e invertir US$4 millones para conservar cuencas y corredores biológicos locales. Dice también que compensará a quienes pierdan casas y granjas con propiedades de igual o mayor valor.

Seguimiento: Mariam Hadra, coordinadora de Comunicaciones, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, Bogotá, Colombia, +(571) 332-3632, mhadra@minambiente.gov.co; Miller Dussán, Directorio, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, Neiva, Colombia, +(57316) 755-5427 millerdussan@gmail.com; Leyla Marleny Rincón, profesora de biología, Universidad Surcolombiana, Neiva, +(57300) 554-7554, leylamarleny@gmail.com

Información relacionada: 

De: EcoAmericas <ecoamericas@fspress.com>
Fecha: 30 de junio de 2009 09:18
Asunto: EcoAméricas - Su copia gratuita del número de junio 2009
Para: Miller Armin Dussán Calderón <
millerdussan@gmail.com>


Estimado Señor Dussán Calderón:


Gracias por su mensaje. Le adjunto una copia gratuita del número de junio de EcoAméricas en PDF. Usted aparece en el artículo en la página 11. También le adjunto el artículo en español, Licensing of hydro project makes waves in Colombia, que fue publicado en nuestro sitio Web. Gracias por su contribución, y favor de contactarnos si tiene cualquier pregunta o comentario. Una copia de la edición impresa estará llegando a usted próximamente.


(...) Actualmente, en su décimo año de publicación ininterrumpida, EcoAméricas tiene la misión de ofrecer un informe mensual conciso sobre asuntos relacionados al desarrollo económico y el medio ambiente en Latinoamérica.  Nuestros lectores (un público internacional compuesto por agencias públicas, instituciones académicas, ONGs y empresas), aprecian nuestra cobertura oportuna, objetiva y, especialmente, la oportunidad de comunicarse en forma personal e inmediata con nuestras fuentes, por medio de la información detallada sobre los entrevistados que acompaña a cada artículo.

 
Dada la diversidad de nuestros lectores, EcoAméricas se publica en inglés y en español.  Cada mes ofrecemos a nuestros suscriptores la versión impresa de EcoAméricas en inglés y acceso a ediciones electrónicas en español e inglés en nuestro sitio Web
http://www.ecoamericas.com, desde el cual se pueden realizar búsquedas de diversos artículos en nuestro archivo de ejemplares anteriores.(...)


Gracias de nuevo por su contribución a EcoAméricas. ¡Espero que pronto podamos contarlo entre nuestros suscriptores! 
Atentamente,


Maria Belesis
Subscriptions Manager, EcoAméricas
maria@fspress.com