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ASOQUIMBO: PROCESO DE RESISTENCIA DE AFECTADOS POR LA REPRESA EL QUIMBO

Nuestra Causa

¿A Quién sirve la Fundación Natura?

Después de las exitosas manifestaciones del 1 de diciembre por la defensa del territorio, la biodiversidad, la indemnización de los afectados  y contra la Resolución 1814, convocadas por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, -Asoquimbo- aparece la Fundación Natura anunciando que “el Huila lidera la conservación de la biodiversidad en el país porque existen 9 mil hectáreas protegidas con la certificación Rainforest Alliance”. (http://www.lanacion.com.co/2010/12/18/huila-lider-en-proteccion-de-la-biodiversidad/)

Esta misma Fundación guardó silencio con relación a las 9 mil hectáreas, el 95% de la Reserva Forestal protectora de la Amazonía, que serían inundadas de construirse la represa El Quimbo, destruyendo “unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”, según la Procuraduría General de la Nación.

El silencio obedece a que Émgesa le pagó por  un “estudio biótico” que avaló el Ministerio de Ambiente para burlarse de la decisión del tribunal de Cundinamarca que improbó la conciliación extrajudicial” y sustentar la modificación de la licencia Ambiental como efectivamente ocurrió con la promulgación de la resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 a través de la cual se redujeron en grandes proporciones las obligaciones ambientales,  sociales e infraestructurales de la italiana-española ENEL -ENDESA

Emgesa, una vez conocida la decisión del Tribunal de Cundinamarca,  había notificado que se  retiraría del negocio si el Gobierno no expedía un Acto Administrativo que garantizara la disminución de los “excesivos”  sobrecostos ambientales. El Ministerio de Ambiente, cumpliendo órdenes superiores y apoyado en la Resolución No. 2820 expedida el 5 de agosto, que modificó la Ley Ambiental, dos días antes de concluido el mandato del Presidente Uribe, promulgó la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 para cumplir con las exigencias de las multinacionales Enel-Endesa-Emgesa. . Esta entrega del territorio y su biodiversidad fue acreditada por la Fundación Natura,  ONG  quien recibió de Emgesa dinero por el “estudio biótico” sobre El Quimbo que no fue consultado a  instituciones como  la Universidad Nacional ni a la Fundación El Curíbano” ni a las comunidades afectadas, como lo establece la Ley.  (http://www.surcolombiano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=292:la-jugada-de-emgesa&catid=47:editorial).

El estudio está incorporado como justificación de la Resolución 1814 para  modificar  la licencia ambiental (que ya estaba en firme) al servicio de Emgesa- Enel. Una vez expedida la norma, estas empresas convocaron rueda de prensa para anunciar la  iniciación inmediata de la obra. El gobierno Departamental, los parlamentarios del Huila y los contratistas celebraban ebrios la entrega del territorio a cambio de migajas.

Mientras la Fundación Natura, a nombre de la  preservación de la biodiversidad, realizaba la investigación para justificar la reducción de los costos ambientales y sociales del proyecto El Quimbo ocultando sus impactos negativos,  Emgesa solicitaba el  registro del mismo proyecto como Mecanismo de Desarrollo Limpio[1] -MDL- sosteniendo que “tener que proporcionar una indemnización adecuada a la comunidad local y proteger el medio ambiente aumenta el costo del proyecto y disminuye la Tasa Interna de Retorno TIR”[2] desconociendo que las empresas tienen la obligación de promover el desarrollo sostenible y que proporcionar una compensación adecuada a las comunidades afectadas es parte integrante de este requisito. En consecuencia, argumentar que las compensaciones son las que hacen financieramente inviable el proyecto,  confirma que el registro de las grandes represas como  MDL sólo buscan mayor rentabilidad debido a las ganancias adicionales generadas a través de bonos de carbono, pero también que ONG como la Fundación Natura cumplen la función de contribuir a la certificación como parte integrante del negocio ocultando que los impactos negativos son superiores a los beneficios  y que los proyectos son impuestos destruyendo empresas comunitarias, los planes de vida de las comunidades, la memoria histórica, entre otros.

Presentar al Huila como modelo de preservación de la biodiversidad es una estrategia perversa que pretende ocultar la catástrofe social y ambiental que se generaría de construirse la represa El Quimbo y minimizar el gran impacto causado por las recientes acciones de resistencia de Asoquimbo estimuladas por la articulación de organizaciones sociales que han acordado la Jornada Nacional contra los Megaproyectos y por la defensa de los territorios convocada para el 14 de Marzo del 2011 y por el ejemplo del Consejo Mayor Comunitario, AZA, que sepultó la represa Porce IV.

 



[1] Al invertir las empresas en estos proyectos MDL reciben reducciones certificadas de emisiones RCE (uno de los tres tipos de bonos de carbono) los cuales pueden adquirir a un menor costo que en sus mercados y simultáneamente logran completar las metas de reducciones a las que se han comprometido.

 

[2] International Rivers Comments on CDM Project Design Document for El Quimbo Hydroelectric Project (Colombia) http://www.internationalrivers.org/node/5985

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Declaración Final I Encuentro Nacional Sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables

Declaración Final I Encuentro Nacional Sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables

Durante los días 5 y 6 de noviembre de 2009 se realizó en la ciudad de Neiva Huila el I Encuentro Nacional Sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables" con el compromiso de fortalecer la Red de Movimientos Sociales afectados por represas y otros mega-proyectos a través de la construcción e impulso de políticas públicas energéticas y alimentarías limpias y soberanas.

Las organizaciones convocantes y participantes, encabezadas por Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y la Red Nacional de afectados por represas en Colombia reafirmamos que la construcción de mega-proyectos energéticos y mineros está ocasionando en Colombia indeseables consecuencias en los ámbitos ambiental, social, económico, político y cultural. Frecuentemente, se ha observado, que estos proyectos responden a los intereses económicos y políticos de las grandes corporaciones más que a los intereses de los países y comunidades dueños de los recursos naturales que se explotan. Como también, se ha evidenciado y documentado que existe una clara correlación, en varios casos, con la pobreza, el desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos.

Es una realidad que la principal ventaja estratégica de Colombia en el contexto de la economía mundial, es ser la cuarta nación en biodiversidad, siendo por grupo taxonómico el segundo en plantas, primera en anfibios y aves, tercera en reptiles y quinto en mamíferos (Instituto Humboldt). Como lo son también la riqueza de fuentes hídricas y de recursos energéticos convencionales como el carbón y el petróleo, para no hablar de los grandes yacimientos de oro, platino y otros minerales de alta demanda global.

La construcción de grandes represas y las explotaciones minerales a cielo abierto destruyen  áreas estratégicas vitales bien para la conservación de los ecosistemas, bien para el desarrollo de la agricultura nacional. En algunos casos, estos recursos se localizan dentro de los territorios de las comunidades indígenas.

Las experiencias de milenios y el conocimiento científico actual nos demuestran que las grandes represas causan irreversibles daños a los ecosistemas, colocan en vulnerabilidad muchas especies, alteran los ríos, inundan áreas extensas, en muchos casos dedicadas a la producción de alimentos.

Es frecuente que la construcción de grandes represas tenga como consecuencia el desplazamiento forzoso de miles de personas que sufren la pérdida de sus tierras y sus formas de vida.

Es también un hecho científico que las grandes represas, como los megaproyectos mineros son responsables de la producción de gases de efecto invernadero, contribuyendo de esta forma al calentamiento Global, una de las peores amenazas naturales que está colocando en riesgo la vida en nuestro planeta y que reclama la modificación del modelo dominante, excluyente y privatizador que genera destrucción y saqueo de nuestros territorios, privatiza los bienes de uso común y colectivo y profundiza la crisis alimentaria locales, regionales, nacional y globales derivadas del despojo y concentración de la tierra para favorecer los intereses de las transnacionales a quienes los gobernantes nacionales les garantizan todas las condiciones para que sus inversiones no corran ningún riesgo e incrementen sin control su rentabilidad económica a nombre de la "confianza inversionista" y "seguridad democrática" como ocurre en Colombia.

En muchos casos, la construcción de grandes represas, implica también una situación de colonialismo, de pérdida de soberanía de los países de la periferia, como es el caso de Colombia.

La política energética y agroalimentaria del país ha acentuado la desterritorialización, el desplazamiento y el desarraigo comunitario, la destrucción de experiencias históricas de producción de bienes de consumo local y regional, incrementando la exclusión social, la pobreza y los niveles de violencia para favorecer  la concentración del capital y el monopolio de la tierra.

Los medios masivos de comunicación, columna de poder económico, político e ideológico, no investigan lo suficiente ni generan noticias de opinión frente a los impactos generados por los megaproyectos, las concepciones de desarrollo, ecologismo productivo y social. El debate sobre estos aspectos apenas inicia y requiere ser profundizarlo con las comunidades, recoger sus inquietudes, colectivizarlas y socializar sus pertinencias. Sólo las movilizaciones sociales contundentes convierten en noticia en los medios y en la sociedad la problemática de los afectados por la construcción de los megaproyectos.

Con fundamento en lo consignado anteriormente las organizaciones sociales y ambientales presentes en el I Encuentro y que resistimos por la defensa del territorio, la biodiversidad y las comunidades afectadas por la construcción de megaproyectos energéticos como El Quimbo, Hidrosogamoso, Urrá I, Pescadero Ituango, entre otros:

DECLARAMOS

  • Oponernos al Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario de control del territorio como objeto de mercado a través de la imposición de megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agroalimentarios y viales al servicio de las transnacionales.
  • Celebrar la realización de la Audiencia Pública el pasado 2 de noviembre, convocada por  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de analizar el impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente ocasionado por la construcción de grandes represas en América Latina. Resaltamos que este tema haya sido considerado de especial interés por la Comisión y que haya optado por el seguimiento y estudio de casos de afectación de derechos humanos y ambientales en cada país y que en la relatoría de pueblos indígenas se haya incluido la protección de sus territorios y recursos.
  • Acoger la Declaración del Encuentro Nacional Crisis Alimentaria en Colombia, acciones sociales para la defensa de la soberanía y autonomía alimentaria aprobada en Bogotá el 6 de septiembre de 2008 por 157 organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, de mujeres, ambientalistas y no gubernamentales de Colombia y América Latina, convocados por Planeta Paz
  • Acoger la Declaración Internacional de Lorica (Córdoba) emanada del IV  Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua y respaldar el Plan de Acción de la Red Nacional de afectados y amenazados por represas, trasvases y proyectos MDL, acordado el 16 de octubre de 2009 en la ciudad de Manizales.

RECHAZAMOS

  • La criminalización de la que son objeto las y los defensores del territorio y de la vida por oponerse a los megaproyectos energéticos, mineros, agroalimentarios y a todas las formas de privatización de la vida, del conocimiento y de los bienes comunes, públicos y colectivos (tierra, agua, aire, bosques, biodiversidad, entre otros), criminalización que ha cobrado la vida del compañero Honorio Llorente en el departamento de Santander y varios asesinatos en Ituango Antioquia.
  • Los riesgos y afectaciones de que son víctimas las comunidades por la destrucción de sus economías locales y regionales atentando contra la soberanía alimentaria como consecuencia directa de la imposición de los megaproyectos.
  • El papel de las instituciones del Estado, que a nombre de la seguridad energética, entregan el control territorial a las trasnacionales atentando contra la soberanía energética y alimentaria sustentables.

PROPONEMOS

  • Avanzar en la formulación de una propuesta de soberanía energética y alimentaria para el país fundamentada en el desarrollo alternativo sustentable, construida colectivamente con los actores implicados, respetando las particularidades locales, regionales y nacionales.
  • Fortalecer la Red Nacional de movimientos sociales afectados por represas y otros mega-proyectos a través del impulso a unas políticas públicas energéticas y alimentarias limpias y soberanas. En tal sentido, convocar al II Encuentro Nacional con participación de las organizaciones que impulsan la resistencia contra megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agrocombustibles, viales, etc y las bases militares que los protegen.
  • Formalizar acuerdos intersectoriales con organizaciones sindicales y movimientos sociales para articular las diferentes luchas que se desarrollan en el territorio colombiano con el objeto de avanzar en la construcción de la plataforma de soberanía energética y alimentaria.
  • Promover en las universidades y centros de investigación proyectos alternativos de energías limpias (bajo impacto ambiental) y agroalimentaria sustentables. De igual manera fortalecer los estudios sobre nuestra biodiversidad natural y genética.
  • Sistematizar las experiencias de resistencia discutidas en este encuentro y las que logremos articular.
  • Respaldar el Referendo por el Agua y  la protección especial de los ecosistemas esenciales  que regulan el ciclo hídrico
  • Promover apoyos mutuos para el uso de acciones jurídicas como las acciones populares y de nulidad, así como la elaboración de informes de riesgo y declaratoria de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de la población residente en las zonas de influencia de los megaproyectos.  En tal sentido, hacer efectiva una articulación en términos jurídicos de todos los colectivos que están asumiendo la defensa de las comunidades.
  • Organizar y movilizar a las comunidades locales y de todas las regiones en defensa de sus propios territorios, Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial desde el enfoque de desarrollo humano sostenible: contiene el fortalecimiento de las Asociaciones de Afectados por la construcción de megaproyectos, las Movilizaciónes Sociales con la Minga Indígena y demás acciones de resistencia de los trabajadores del campo y la ciudad. Se propone reivindicar el 14 de marzo como día internacional de acción contras las represas.
  • Declarar, con fundamento en la Constitución Nacional y en defensa de la soberanía energética y alimentaria, zonas de reservas campesinas en áreas como El Quimbo Huila con amplia financiación del Estado, en particular para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan esas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses
  • Lograr una mayor comunicación con los artistas como Aterciopelados y proyectos culturales que han expresado su compromiso con estas luchas de resistencia.
  • Generar y crear medios de comunicación alternativos con colectivos formados y organizados que asuman la responsabilidad histórica de fortalecer las luchas de resistencia para reconstruir los tejidos sociales y poder asumir las tareas que corresponden como comunicadores y periodistas.
  • Exigir como constituyente primario un nuevo debate en el Congreso de la República sobre el impacto de las políticas energéticas y alimentarias y su implementación en el país con la imposición de los megaproyectos hidroeléctricos, mineros, agrocombustibles.
  • Preparar la Misión Internacional de Verificación de los impactos de las represas y otros megaproyectos en Colombia. 
  • Organizar, preparar y hacer seguimiento de todas las actividades para participar en el V Encuentro Mundial contra represas a celebrarse el próximo año en México.
  • Convocar a organizaciones internacionales defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos y a la Comunidad de Naciones a pronunciarse a favor de  las demandas de las comunidades afectadas por los megaproyectos Tribunal de los Pueblos, Comité Interamericano de Derechos Humanos -CIDH-.

Organizaciones presentes en el I Encuentro Nacional sobre Soberanía Energética y Alimentaria Sustentables.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, Red Latinoamericana de Acción contra las represas, y por las comunidades, los ríos y el agua. REDLAR-Colombia, Planeta Paz, Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo - CENSAT Agua Viva, Observatorio de Conflictos Ambientales, ASPROCIG, ASOGADI Pescadero Ituango, ASOQUIMBO, Representación Constituyente de Betulia Santander, Comité Cívico por la Defensa del Guarinó, Movimiento Social por la defensa del Río Sogamoso, Comité Indígena del Huila CRIHU, Asociación de Trabajadores del Campo ACT, Comité Regional Indígena del Cauca CRIC, Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, Comunicación para el Desarrollo Social, Fundación el Curíbano, Avanzar, Amasijo Yuma.

Neiva 6 de Noviembre de 2009

EMGESA permite campos minados en Betania

EMGESA permite campos minados en Betania

Fotografías tomadas el 31 de agosto de 2009, revelan la existencia de campos minados en jurisdicción de la Hidroeléctrica de Betania, propiedad de EMGESA. Los campos minados están ubicados cerca del área de compuertas en jurisdicción del Municipio de Yaguará, área de tránsito frecuente de bañistas y pescadores. ¿Cómo es posible la existencia de éstos, si Colombia es signataria de la Convención Internacional que prohíbe el uso de este tipo de armas? ¿Cómo, quién autorizó estos campos?

En efecto, la página oficial del Ejército de Colombia (www.ejercito.mil.co) recuerda que el tratado fue firmado en la Convención de Ottawa en 1997 por 122 Estados, entre ellos Colombia, y que prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y el tráfico de minas antipersonales. El mismo tratado que también exigía la destrucción de los artefactos existentes en cada nación en un plazo de 10 años. El plazo de Colombia para despejar las bases militares de campos minados vence el 1° de marzo de 2011. Hasta hoy, de las 34 bases minadas, el Ejército ha limpiado 17, informa www.ejercito.mil.co.

La existencia de estos campos minados es una abierta violación, de la legislación colombiana, de la convención de Otawa y del Reglamento (CE) 1724/2001 (23 de julio de 2001) del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las acciones contra las minas terrestres antipersonas en los países en desarrollo (http://www.guiafc.com/documentos/2001-L234-01.pdf).

Colombia es la nación que padece el mayor número de víctimas debidas a las minas antipersonales en el mundo, con unos 900 casos anuales, seguida de cerca por Afganistán. Las crecientes dificultades que encuentra la guerrilla para enfrentarse a los militares respaldados por Estados Unidos hace que cada vez recurran más a este tipo de dispositivo, eficiente y de bajo costo para crear un perímetro de seguridad. Pero, entonces ¿qué hacen en Betania estas armas?

El Quimbo: Nuevo pronunciamiento de Miambiente

El Ministerio no cedió porque ya no había nada que ceder

Los medios locales de comunicación aparecieron este martes 25 de agosto, haciendo alharaca de la reciente Resolución 1628, expedida cuatro días atrás por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en relación con el recurso de reposición que la empresa EMGESA había interpuesto contra la Licencia Ambiental concedida a su favor. 

Dicen los titulares: "Ministerio de Ambiente no cede en exigencias a EMGESA para construcción de hidroeléctrica" (Caracol.com), "EMGESA, a cumplir requerimientos ambientales y sociales" (Diario del Huila), "El Quimbo aseguró la licencia ambiental" (La Nación).

No hay nada nuevo en la decisión administrativa 1628. Como era previsible y lo habíamos advertido, el Ministerio de Ambiente, que preside hoy día Carlos Costa, "realizó ajustes de obras, plazos y tiempos de entrega",  "modificaciones que en ningún momento influyen en el cumplimiento de las obligaciones sociales, económicas y ambientales establecidas en la licencia".

El Ministerio no cedió porque ya no había nada que ceder, todo ha sido entregado, regalado por un plato de lentejas que vienen a ser las pingues compensaciones y los laxos impuestos pagados como tasas retributivas, de donde seguirán abrevando los políticos corruptos que han gobernado y gobiernan este país.

El gobierno Uribe Vélez nos tiene acostumbrados a que nunca hace lo que dice ni dice lo que hace sino todo lo contario. Desinforman a la opinión pública los funcionarios del Ministerio de Ambiente en complicidad con los medios, porque la Resolución 1628, en la práctica concede beneficios extras a la multinacional EMGESA, como si regalar el Río Magdalena y  conceder a un extranjero el control del agua no fuera ya suficiente.

La estrategia de EMGESA, una vez concedida la licencia ambiental (Resolución 0899), es la de evadir el cumplimiento de las promesas que ha hecho a las comunidades y a los mandatarios locales y atenerse exclusivamente (y eso está por verse) a las obligaciones de ley. Además, flexibilizar los plazos para cumplir con los estudios que debieron hacerse como requisito previo a conceder la licencia ambiental.

EMGESA interpreta a su acomodo la ley colombiana. En este caso, se trata de una burla a lo "pactado" especialmente para las comunidades directamente afectadas que serán sometidas a la única opción de vender sus predios a EMGESA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99/93 y de negarse, serán expropiadas conforme a la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008 que declaró de utilidad pública todos los terrenos necesarios a favor de la transnacional privada.

Hasta ahora, lo que el Ministerio ha terminado aprobando son las imposiciones de EMGESA porque no existe ninguna garantía de exigibilidad legal para suspender la obra ante los desastrosos daños ambientales y al patrimonio de la nación y los incalculables costos materiales e inmateriales de nuestros ecosistemas, la producción alimentaria y los tejidos sociales y comunicativos existentes en la zona de El Quimbo que jamás serán compensados por la compañía beneficiada a nombre de la "confianza inversionista".

Y viene ahora, otro capítulo de libreto, con la participación actoral de los lacayos locales: la asamblea de propietarios de los predios, el próximo 25 de septiembre, para elegir dizque al representante de las comunidades en la llamada Comisión Tripartita, encargada de fijar los precios de los predios.

A la usanza feudal, sólo podrán asistir y supuestamente decidir los propietarios, los "titulares de derecho de propiedad". Los pobres, los sin tierra, los desposeídos, no figuran en esta escena de reparto. Todo apunta a una componenda para que los tres miembros de tal comisión sean leales servidores de la corona de su majestad EMGESA de España. Y así pueda terminar de fraguarse, legalmente, el atropello.

Desaforados y apresurados andan los políticos huilenses que con su silencio o su complicidad directa están permitiendo este estado de cosas. En época pre-electoral, los empleos temporales de baja calidad que ofrece EMGESA y los demás espejitos serán usados para timar a los campesinos y engañar a la opinión pública, como ya ha sucedido, como suele suceder y como está sucediendo.

Exhortamos a todos los huilenses y colombianos, a los campesinos y pobladores de la zona de El Quimbo en especial, para que se vinculen a la Asociación de Afectados por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo - ASOQUIMBO- y continuemos nuestra lucha de resistencia civil pacífica por la defensa del territorio, contra el ecocidio y el desplazamiento de las comunidades. El próximo 12 de octubre es la ocasión para unirnos a la Minga Indígena y alzar juntos esas banderas.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales continuará  adelante con los procesos jurídicos de nulidad de la Resolución 321 de 2008 y de la Resolución 0899 de 2009 o licencia ambiental, ratificada ahora por Minambiente a través de la Resolución 1628, al servicio de la transnacional Endesa EMGESA.

Neiva, 25 de agosto de 2009

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Plataforma Sur continuará su lucha de resistencia por la defensa del territorio

El 14 de Agosto se cumplió la Audiencia de Pacto de cumplimiento sin acuerdos entre los demandantes y coadyuvantes de la Acción Popular interpuesta contra el Megaproyecto Hidroeléctrico El Quimbo y Emgesa. La jueza Floralba Poveda Villalba,  autorizó continuar el trámite correspondiente y cuenta con 10 días hábiles para pronunciarse con relación a la solicitud de ordenar, como medida cautelar, al Ministerio de Medio Ambiente la suspensión del trámite actual de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 (Licencia Ambiental) mientras se realiza el Estudio de Impacto Ambiental Alternativo por parte de la Universidad Nacional.

Texto completo de la carta:

Neiva, Agosto 23 de 2009

Doctor

CARLOS COSTA

Ministro

CLAUDIA MORA

Viceministra

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Bogotá, D. C. 

Señor Ministro, Señora Viceministra 

El 14 de Agosto se cumplió la Audiencia de Pacto de cumplimiento sin acuerdos entre los demandantes y coadyuvantes de la Acción Popular interpuesta contra el Megaproyecto Hidroeléctrico El Quimbo y Emgesa. La jueza Floralba Poveda Villalba,  autorizó continuar el trámite correspondiente y cuenta con 10 días hábiles para pronunciarse con relación a la solicitud de ordenar, como medida cautelar, al Ministerio de Medio Ambiente la suspensión del trámite actual de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 (Licencia Ambiental) mientras se realiza el Estudio de Impacto Ambiental Alternativo por parte de la Universidad Nacional.

La solicitud de medida cautelar fue suscrita por el demandante Orlando Beltrán Cuellar y los coadyuvantes Miller Dussán Calderón, Oscar Javier Reyes (abogado) y Wilson Vargas (estudiante de derecho de la USCO) con fundamento en el artículo 25 de la Ley 472 de 1988 y en el principio “innubio pro ambiente (precaución ambiental) que no fue aplicado por su despacho antes de conceder la licencia.

La prueba de la ausencia o precariedad de los estudios técnicos y científicos se demuestra con el texto de la Resolución 0899 en la que se ordena a Emgesa la realización de varios estudios, entre ellos “estudio ecológico de los sitios de reubicación de fauna”, “estudio sobre el estado poblacional de la nutria de río (Lontra longicaudis), la tortuga morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga blanca (Podocnemis lewyana) y Aotus griseimembra (Mono nocturno)” sin considerar el venado, destacándose el “estudio de valoración económica de los impactos ambientales"1, cuando aún no se han verificado y como si todos estos impactos se pudiesen calcular en términos financieros. El Estado incumplió con la Ley 56 de 1981 que ordena estudios socioeconómicos por una entidad independiente de Emgesa. No se cumplieron los estudios de Patrimonio Inmaterial de los municipios afectados ni el de prospectiva arqueológica y de identificación de características culturales asociados al medio ambiente localizados en las zonas de impacto directo e indirecto de construcción de la represa. ¿Por qué no se autorizaron los estudios que se mencionan en la resolución 0899, los ordenados por la ley 56 y los exigidos por Plataforma Sur durante las “mesas de concertación”, antes de conceder la licencia ambiental para determinar la viabilidad o no del proyecto?  ¿Por qué se autorizó la licencia a Emgesa, sin determinar el tiempo de duración del proyecto,  para construir una hidroeléctrica en una zona que hace parte de la reserva forestal protectora de la Amazonía y cuya sustracción es competencia del legislativo?

La respuesta a estas preguntas no las suministra el Exministro de Minas Jorge Eduardo Cock Londoño en su artículo publicado el 10 de junio de 2009, “Medio ambiente: ni leyes ni razones y mucho atropello”:

“Acontecimientos recientes ilustran con claridad lo poco que le importa la calidad del país y el planeta que vayan a habitar nuestros hijos. Sólo importa ganarse más gracias y felicitaciones de la "confianza inversionista". Tres casos entre muchos, muestran que esta es la política y así procede quien acabó con el ministerio del ramo: la Hidroeléctrica de El Quimbo, la mina de Anglo Gold en Cajamarca y la "minería" en Llanogrande, Rionegro, Antioquia.

"Precisamente el caso de El Quimbo nos hizo pensar a todos que con la cantidad de problemas que tenían por vencer o remediar, este proyecto seguramente iría a sufrir importantes retrasos, y no por excesivas exigencias de la ley ni por lentitud o necedad de los funcionarios del Ministerio, sino por situaciones claras y objetivamente difíciles. Pero no: como en el famoso "Chavo", no contábamos con la astucia del más alto nivel del Gobierno. Y seguramente, los funcionarios se tuvieron que morder los codos y simplemente cumplir órdenes superiores. La licencia ambiental se concedió, arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”.

“Hidroeléctrica de el Quimbo. Tremenda sorpresa causó a muchísimos colombianos la noticia publicada el sábado 16 de mayo en El Tiempo, sobre la expedición de la licencia ambiental para este proyecto. Justamente el jueves y el viernes anteriores, unas doscientas personas que participábamos en las Jornadas Ambientales del Sector Eléctrico, en Bogotá, escuchamos las presentaciones que hicieron las empresas dueñas de los más importantes proyectos de generación, sobre normas, problemas, restricciones, soluciones y avances en el manejo de los temas ambientales y la obtención de las correspondientes licencias, requisito indispensable según la ley para iniciar la construcción de una central.

Había que cumplir la sentencia de Uribe: “el proyecto va porque va”. Es decir, garantizar la “limpieza social” del territorio imponiendo el batallón energético Número 12 para proteger los intereses de la transnacional Endesa Emgesa, el gobierno nacional y departamental, contratistas y funcionarios, contra las objeciones de las comunidades y de las organizaciones sociales y ambientales que alertaron contra el ecocidio, el desplazamiento y el desarraigo y que resisten por la defensa del territorio y la biodiversidad.

Ad portas de ratificar la licencia que según el Gobernador del Huila el Minambiente “ya expidió la resolución que la confirma” (Diario del Huila, 20 de agosto de 2009) donde se aceptan las exigencias presentadas por Emgesa en cuyo recurso de reposición demanda el desmonte de los compromisos pactados con las comunidades, y mayores prebendas para el lucrativo negocio. Y en cumplimiento de “órdenes superiores” el recurso interpuesto por Plataforma Sur de Organizaciones Sociales solicitando la nulidad de la licencia, demostrando, que se trata del peor negocio en la historia del Huila con consecuencias catastróficas para el medio ambiente ha sido negado con argucias jurídicas de asesores de Minambiente, pagados por el Estado, al servicio de Emgesa.

No cabe duda que Minambiente en la confirmación de la licencia flexibiliza los plazos y condiciones para la presentación de los “estudios y programas” a cargo de la Empresa (juez y parte), mientras avanza de hecho en la construcción de la obra. Por Ejemplo, Emgesa deberá “remitir para aprobación del Ministerio una propuesta de valoración económica de los impactos causados por el proyecto", después de un año de ejecutoriada la licencia y de iniciada la construcción del Embalse. (Artículo 15) Lo que el ministerio aprobará finalmente es la propuesta que Emgesa imponga porque no existe ninguna garantía de exigibilidad legal para suspender la obra ante los desastrosos daños ambientales y al patrimonio de la nación y los incalculables costos materiales e inmateriales de nuestros ecosistemas, la producción alimentaria y los tejidos sociales y comunicativos existentes en la zona de El Quimbo que jamás serán compensados por la compañía beneficiada a nombre de la “confianza inversionista”

En el recurso de reposición interpuesto por la empresa Emgesa se desconocen las compensaciones de los ocupantes en igualdad de condiciones al de los propietarios con el argumento de “que llevan a agravar excesivamente la equidad que se buscaba lograr al determinar las compensaciones” Es posible que la categoría de ocupante no se reconozca como figura jurídica pero este actor existe en la realidad y se le debe garantizar todos los derechos contemplados en la Constitución Política de Colombia en su condición de ciudadano. 

Para Emgesa “el objetivo de la licencia ambiental es compensar los efectos ambientales que produzca el proyecto, obra o actividad, no siendo objeto de la misma entrar a definir la compensación que debe recibir un particular dueño de un predio que debe ser adquirido por parte del dueño del proyecto, ya que existe una ley que regula específicamente este procedimiento y que por su carácter de especialidad primaría en este caso frente a la regulación de la licencia ambiental”. Según esta interpretación, las compensaciones económicas y sociales de los particulares que fueron objeto de “concertación” entre el gobierno nacional, departamental y Emgesa no pueden hacer parte de la licencia sino de la Ley 99 de 1993 que regula el procedimiento de los propietarios de predios. En este caso, se trata de una burla a lo “pactado” especialmente para las comunidades directamente afectadas que serán sometidas a la única opción de vender sus predios a Emgesa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 y de negarse, serán expropiadas conforme a la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008 que declaró de utilidad pública todos los terrenos necesarios a favor de la transnacional privada.  

Razón tienen las comunidades al no aceptar ni participar de censos, estudios o actividades que realice la empresa Emgesa o funcionarios del Gobierno hasta tanto no quede en firme la licencia y se realicen todas las compensaciones pactadas  (y mejoradas) con anterioridad al inicio de cualquier obra en la zona de El Quimbo por parte de Emgesa. No existe confianza en el Gobierno nacional y departamental, ni en la compañía, razón por la cual exigen el respeto a sus bienes y servicios, al ambiente sano y al  patrimonio nacional. 

Plataforma Sur respalda la posición de las comunidades y reafirma su disposición de demandar la nulidad de la Resolución 321 del 1 de Septiembre de 2009 y de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, ratificada por Minambiente al servicio de la transnacional Endesa Emgesa.  

Ustedes tienen la obligación  ética y política de responder ante todos los afectados por la construcción del embalse por su directa intervención en otorgar licencia para el desplazamiento, la destrucción de los tejidos sociales y planes de vida de las comunidades y el peor ecocidio, nunca antes autorizado en la historia reciente del país,  para beneficiar los intereses privados de una transnacional, de los gobiernos de Uribe y de Sánchez, de funcionarios y contratistas que seguramente les retribuirán sus oportunos y rentables servicios por la entrega de los bienes de  la nación. 

Plataforma Sur continuará  su lucha de resistencia por la defensa del territorio, contra el ecocidio y el desplazamiento de las comunidades y convoca a todos los huilenses y ciudadanos del país y del mundo a impulsar diferentes formas pacíficas de resistencia civil para impedir la construcción del megaproyecto El Quimbo.  

Atentamente, 
Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Belén Alarcón  Alarcón  -Representante Legal-

Miller Dussán Calderón  -Miembro Asesor

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Plataforma Sur solicitará como coadyuvante en la Acción Popular la suspensión de la licencia ambiental de El Quimbo

Plataforma Sur de organizaciones Sociales, solicitará la suspensión de la licencia ambiental de El Quimbo y en su lugar  se ordene la presentación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas con los mismos argumentos del recurso de reposición interpuesto el 8 de junio  contra la Resolución 0899/2009 mediante la cual Miambiente concedió licencia ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. La reposición  fue radicada en el Ministerio con el nùmero 4120-E1-03984, a través del abogado de la Universidad Nacional de Colombia Guillermo Asprilla, especialista en derecho ambiental, previo poder otorgado por la Fundación El Curíbano, organización filial de Plataforma Sur y reconocida como tercera parte interviniente en el proceso de licenciamiento de El Quimbo. 

El recurso se fudamenta en siete arguementos principales, a saber:
 
1.- La decisión del ministerio de ambiente de otorgar la licencia ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, contraría el principio de desarrollo sostenible.
 
2.- La resolución atenta contra la biodiversidad del país, al autorizar la destrucción de un área de reserva forestal protectora de la Amazonía y de tierras altamente productivas del Departamento del Huila.
 
3.-Falta de competencia del ministerio de Ambiente para ordenar la destrucción de un área de la reserva forestal de orden protector mediante la figura de la “sustracción”.
 
4.-Ante la precariedad de los estudios técnicos y científicos el ministerio debió aplicar el principio “in dubio pro ambiente”
 
5.-La licencia ambiental autoriza la destrucción de las especies piscícolas migratorias del Río Magdalena.
 
6.-Durante el proceso administrativo de expedición de la licencia ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, se pretermitió de manera absoluta el cumplimiento del principio 20 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el artículo 1 de la Ley 99 de 1993
 
7.-El otorgamiento de la licencia ambiental puede estar avalando una actuación ilícita, ilegal e ilegitima de EMGESA en la reserva forestal protectora de la Amazonía.
 
En conclusión, mediante la licencia ambiental otorgada para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se autoriza la desaparición y destrucción de una parte importante de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía , de la mejor zona agrícola del Departamento del Huila y de la riqueza ictiológica propia del Río Magdalena. Todos son daños ciertos, perfectamente conocidos y previsibles.

 

Se autorizan para dar paso a un proyecto de una empresa privada de capital extranjero cuyo objeto es la venta de energía eléctrica, seguramente para exportación.

 

La protección de la biodiversidad, los recursos genéticos y el medio ambiente, también son de interés público y social y al oponerles el carácter de obra de interés público y social declarado administrativamente para este proyecto por el Ministerio de Minas y Energía, se presenta una disyuntiva entre dos finalidades jurídicas de igual relevancia y de reconocimiento constitucional. En consecuencia no puede argumentase un interés público y social contra otro de la misma naturaleza y para resolver el conflicto habrá de acudirse a determinar el objetivo específico de cada uno de los bienes protegidos, en el caso del medio ambiente el interés superior de la humanidad, y en el caso de la hidroeléctrica, el interés de lucro de una empresa privada, interés de lucro que no desaparece por hecho de que la generación de energía eléctrica esté calificada por la ley como de interés público.

 

Tal conflicto solo debería resolverse a favor del proyecto que causa daños ambientales, cuando mediante un  juicio adecuado y democrático de razonabilidad se concluya que su construcción es imprescindible y absolutamente necesaria para asegurar la vida presente o futura de una comunidad o de un país. Evidentemente no es el caso.

 

El propio estudio de impacto ambiental presentado por la empresa beneficiaria de la licencia, reconoce los daños que el proyecto causará al ambiente y a las personas y la extensión de tales daños es prueba suficiente de que los conceptos técnicos en los cuales se fundamentó la decisión de no solicitar un diagnóstico ambiental de alternativas estaban equivocados.

 

Por supuesto que era necesario determinar tanto como alternativas de ubicación, como de diseño del proyecto para evitar los daños que están suficientemente explicados en la parte motiva del acto recurrido.

 

Si los estudios determinaron tal nivel de daños, lo razonable era denegar temporalmente la licencia y exigir a su peticionario la presentación de alternativas, por lo cual solicitamos se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del Auto No. 515 del 22 de febrero de 2008 que declaró que el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, no requería de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y en su lugar se ordene la presentación de dicho diagnóstico.

 

Esta es la primera de las acciones jurídicas que Plataforma Sur y sus organizaciones filiales entablarán en favor del derecho fundamental al medio ambiente, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos genéticos, el agua, las comunidades y el Río Magdalena.

 

EQUIPO JURÍDICO

Oscar Javier Reyes Pinzón

Wilson Vargas Leyva

Oscar Suárez

Guillermo Asprilla (Asesor externo)

Plataforma Sur interpone recurso de reposición contra licencia ambiental de El Quimbo

Plataforma Sur de organizaciones Sociales, interpuso este lunes (8 de junio) recurso de reposición contra la Resolución 0988/2009 mediante la cual Miambiente concedió licencia ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. La reposición fue radicada en el Ministerio con el nùmero 4120-E1-03984, a través del abogado de la Universidad Nacional de Colombia Guillermo Asprilla, especialista en derecho ambiental, previo poder otorgado por la Fundación El Curíbano, organización filial de Plataforma Sur y reconocida como tercera parte interviniente en el proceso de licenciamiento de El Quimbo. 

El recurso se fudamenta en siete arguementos principales, a saber:
La decisión del ministerio de ambiente de otorgar la licencia ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, contraría el principio de desarrollo sostenible.
  1. La resolución atenta contra la biodiversidad del país, al autorizar la destrucción de un área de reserva forestal protectora de la Amazonía y de tierras altamente productivas del Departamento del Huila.
  2. Falta de competencia del ministerio de Ambiente para ordenar la destrucción de un área de la reserva forestal de orden protector mediante la figura de la “sustracción”.
  3. Ante la precariedad de los estudios técnicos y científicos el ministerio debió aplicar el principio “in dubio pro ambiente”.
  4. La licencia ambiental autoriza la destrucción de las especies piscícolas migratorias del Río Magdalena.
  5. Durante el proceso administrativo de expedición de la licencia ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, se pretermitió de manera absoluta el cumplimiento del principio 20 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el artículo 1 de la Ley 99 de 1993.
  6. El otorgamiento de la licencia ambiental puede estar avalando una actuación ilícita, ilegal e ilegitima de EMGESA en la reserva forestal protectora de la Amazonía.
En conclusión, mediante la licencia ambiental otorgada para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se autoriza la desaparición y destrucción de una parte importante de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía , de la mejor zona agrícola del Departamento del Huila y de la riqueza ictiológica propia del Río Magdalena. Todos son daños ciertos, perfectamente conocidos y previsibles.

 

Se autorizan para dar paso a un proyecto de una empresa privada de capital extranjero cuyo objeto es la venta de energía eléctrica, seguramente para exportación.

 

La protección de la biodiversidad, los recursos genéticos y el medio ambiente, también son de interés público y social y al oponerles el carácter de obra de interés público y social declarado administrativamente para este proyecto por el Ministerio de Minas y Energía, se presenta una disyuntiva entre dos finalidades jurídicas de igual relevancia y de reconocimiento constitucional. En consecuencia no puede argumentase un interés público y social contra otro de la misma naturaleza y para resolver el conflicto habrá de acudirse a determinar el objetivo específico de cada uno de los bienes protegidos, en el caso del medio ambiente el interés superior de la humanidad, y en el caso de la hidroeléctrica, el interés de lucro de una empresa privada, interés de lucro que no desaparece por hecho de que la generación de energía eléctrica esté calificada por la ley como de interés público.

 

Tal conflicto solo debería resolverse a favor del proyecto que causa daños ambientales, cuando mediante un  juicio adecuado y democrático de razonabilidad se concluya que su construcción es imprescindible y absolutamente necesaria para asegurar la vida presente o futura de una comunidad o de un país. Evidentemente no es el caso.

 

El propio estudio de impacto ambiental presentado por la empresa beneficiaria de la licencia, reconoce los daños que el proyecto causará al ambiente y a las personas y la extensión de tales daños es prueba suficiente de que los conceptos técnicos en los cuales se fundamentó la decisión de no solicitar un diagnóstico ambiental de alternativas estaban equivocados.

 

Por supuesto que era necesario determinar tanto como alternativas de ubicación, como de diseño del proyecto para evitar los daños que están suficientemente explicados en la parte motiva del acto recurrido.

 

Si los estudios determinaron tal nivel de daños, lo razonable era denegar temporalmente la licencia y exigir a su peticionario la presentación de alternativas, por lo cual solicitamos se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del Auto No. 515 del 22 de febrero de 2008 que declaró que el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, no requería de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y en su lugar se ordene la presentación de dicho diagnóstico.

 

Esta es la primera de las acciones jurídicas que Plataforma Sur y sus organizaciones filiales entablarán en favor del derecho fundamental al medio ambiente, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos genéticos, el agua, las comunidades y el Río Magdalena.

 

EQUIPO JURÍDICO

Oscar Javier Reyes Pinzón

Wilson Vargas Leyva

Oscar Suárez

Guillermo Asprilla (Asesor externo)

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En el Día Mundial del Medio Ambiente

"No al quimbo", dijeron en coro y con sus cuerpos dibujados en alegoria a la naturaleza, un grupo de personas que irrumpió en el escenario del Centro de Convenciones de Neiva (Huila, Colombia), para protestar por la licencia ambiental que recientemente el Ministerio de Ambiente otorgó a la multinacional Emgesa. Ante la mirada incomprensiva y sorprendida del viceministro de Ambiente y del director de la CAM, los manifestantes danzaron y al final, leyeron la declaración que aquí se publica. El hecho sucedió el 5 de junio, hacia la 11 de la mañana, durante las deliberaciones del ’Encuentro departamental de ONG y promotores ambientales comunitarios del Huila’. (Fotografías de H. Soltau)

EMGESA S.A.:

Con licencia para el ecocidio y el daño medioambiental

El 15 de mayo de 2009 será recordado por los huilenses como un día nefasto. Hay quienes dirán lo contrario, en un pomposo vocabulario ambientalmente conveniente. Este día el Ministerio del Medioambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora presidido por Carlos Costa Posada, otorgó la licencia ambiental 0899 al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Una autorización administrativa otorgada por el Gobierno Nacional, que justamente debe interpretarse como una autorización para la destrucción de 842 hectáreas de bosques riparios y con ellos los ecosistemas que sostienen la vida de cientos de especies de flora y fauna, algunos de ellas incluidas en los libros rojos de especies amenazadas en vía de extinción. Pero esta realidad al parecer poco parece importarle al Gobierno y menos a la multinacional española Endesa-Emgesa, concesionaria del proyecto.

Uno de los agravantes, ignorado por arte de tinterillos, es el hecho que el 95 por ciento de las más de 8500 hectáreas que se inundarán forman parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, creada mediante la Ley 2 de 1959. En la licencia 0899, el Ministerio autoriza la "sustracción" de estas áreas naturales protectoras, para que Emgesa pueda proceder a la tala de los bosques y a la remoción de los suelos. Nos han dicho la falacia que la multinacional "compensará" el desastre ecológico y ambiental. Son falacias, porque la destrucción de un ecosistema es irreversible. No puede compensarse. No puede mitigarse. El Quimbo y las subsiguientes represas proyectadas sobre la cuenca Alta del Río Grande de La Magdalena, significan la muerte del Río de La Patria, iniciada desde hace más de cinco lustros con la construcción de Betania. Debemos detener este plan ecocida, que con el tiempo arrasará sin lugar a dudas con uno de los más importantes ecosistemas del Sur, el Macizo Colombiano.

A cambio de qué. De nada. Las compensaciones, lo que paguen por la compra de las tierras, toda esa sarta de promesas sobre turismo y desarrollo, las limosnas de las  tasas de retribución y las regalías por la producción de energía eléctrica, el dinero gastado en medios de comunicación y en el soborno de las autoridades, todo sumado, es ínfima parte del valor real de nuestros recursos naturales. Mientras los ministerios de Relaciones Exteriores y de Ambiente, ratificado en sentencia de la Corte Constitucional, declaran que, sin lugar a dudas, la principal ventaja competitiva de Colombia en el contexto internacional, es nuestra diversidad biológica y genética, los gobiernos, uno tras otro, entregan el territorio y pisotean la soberanía nacional. Los únicos que ganarán, además de Endesa-Emgesa, serán los áulicos del proyecto que andan tras las limosnas para asegurar su mezquino presente ignorando la responsabilidad con las generaciones venideras.

Pero además, el megaproyecto Quimbo destruirá la agricultura, el patrimonio cultural inmaterial y material del Huila y las comunidades. Y cuando la bulla de los supuestos tres mil empleos temporales pase, solo nos quedará la miseria, el desempleo y un pedazo más de suelo patrio en manos de los extranjeros. De Betania nos hablaron maravillas, pero hoy los campesinos que labraban las tierras que se inundaron en Yaguará y Hobo, están aguantando hambre y el pueblo, pese a las regalías del petróleo, no es ningún emporio del turismo.

Solo otra perspectiva puede garantizarnos un presente y un futuro mejor para todos y todas: el desarrollo humano integral y sostenible; la generación de energía a través de fuentes limpias como la eólica, geotérmica, y las corrientes marinas, por ejemplo; un modo de producción basado no en la competencia sino en la cooperación y la solidaridad humana. Lo demás son mentiras que la historia de la humanidad y el conocimiento científico acumulado se han encargado de desvirtuar.

Neiva, 5 de junio de 2000

 NO AL QUIMBO. SI AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA EL HUILA

POR LA PRESERVACIÓN DE NUESTROS ECOSISTEMAS, LA SOBERANÍA TERRITORIAL Y UN MEJOR PRESENTE Y FUTURO PARA TODOS: NO AL QUIMBO

PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

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