Desobediencia civil y movilización permanente contra la licencia ambiental al proyecto Quimbo
Movilización ciudadana del 5 de marzo de 2009 (Fotografía Plataforma Sur)
La Resolución 0899/2009 aún no se encuentra ejecutoriada, razón por la cual Emgesa no está autorizada para iniciar ningún tipo de obras obras en nuestro territorio. De hacerlo sería una nueva invasión que deberá ser rechazada por los huilenses auténticos y dignos.
¿Por qué los medios no han preguntado que pasó con la Resolución 227 del 11 de febrero por medio de la cual se le abrió cargo a Emgesa por presunta iniciación de obras sin la licencia ambiental?
¿Por qué el texto de la licencia en ninguna parte hace mención a ésta Resolución? ¿Por qué cambiaron la fecha de realización de la Audiencia Pública en el texto de la Resolución 899?
¿Será que a los funcionarios del MEN les causa horror mencionar la fecha del 12 de febrero de 2009 donde la gran mayoría de participantes en la audiencia pública, realizada en Gigante Huila, rechazaron con argumentos el negocio de Emgesa y la hecatombe social y ambiental que se causará si se construye ese dinosaurio moderno?
La lectura crítica del texto de la Licencia (Resolución 0899/2009) permite descubrir en qué consiste el negocio y porqué Lucio Rubio, gerente de Emgesa declaró con satisfacción: "Podemos decir que acogemos a plenitud los términos de la licencia y, como digo, incluidos los acuerdos de las mesas de concertación"... "...estábamos esperando las medidas de compensación que fijaba el Ministerio, recavó la información de la CAM, que había pedido una compensación de 1 a 10 y las compensaciones del Ministerio son de 1 a 3. En la licencia están contenidos todos los acuerdos de las mesas de concertación..." "...las exigencias medioambientales no van a ser objetadas por Emgesa" (La Nación, 28 de mayo de 2009/3).
¿Será que la CAM va a interponer el recurso de reposición? Lo dudamos porque ya anunció que ahora si va a vigilar y a controlar a Emgesa. ¡Qué falacia¡ ¡Qué indignidad! !Negocio es negocio! Tampoco nos extraña el afán del Minambiente de dejar en firme la Resolución de entrega de nuestro territorio, la destrucción de nuestra biodiversidad natural declarada como parte de la reserva de la Amazonía y el desalojo y desarraigo de las comunidades. Negocio es negocio.
Por fortuna todos estos hechos ya hacen parte del registro histórico que no dudamos se convertirá en memoria ejemplar cuando las futuras generaciones elaboren el respectivo juicio. Lamentable que la Resolución sólo la firme una funcionaria de segundo rango. Ella sólo cumple órdenes. Pero claro, es propio de la condición humana, intentar justificar la crisis de la conciencia. Los demás mantienen silencio y se escudan en Uribe, quien el 15 de mayo de 2009, cual señor feudal y mandadero del ‘reino de Endesa-Emgesa’, en un acto de arrogancia digno de los peores dictadores de otros tiempos en América Latina, hizo entrega de licencia ambiental a sus vasallos opitas de la élite gubernamental y empresarial.
En la parodia dictatorial expresó: "Yo le dije ayer al Ministerio de Ambiente que así tuvieran que prolongar la noche, yo no podía llegar al Huila sin una decisión sobre la materia". Según La Nación, en su edición de mayo 17 "la entrega de la Resolución 899 fue simbólica. El jefe de Estado le entregó al Gerente de Emgesa, Lucio Rubio, un oficio donde les notifica la decisión y un comunicado del Ministerio del Medio Ambiente, con algunos anticipos".
Los medios de comunicación locales, de nuevo, han repetido hasta la saciedad la sarta de mentiras sobre los presuntos beneficios y compensaciones que el proyecto hidroeléctrico traería al Huila y sus gentes. En el coro de áulicos de los gremios y empresarios regionales repiten como loras el mismo cuento que echaron cuando construyeron Betania. Mientras ‘el príncipe de Emgesa’, caracaquea el cuento de los tres mil empleos.
La actitud dictatorial, subordinada al capital transnacional, es una orden de desalojo de las comunidades afectadas por el megaproyecto que complementa la de expropiación de las mismas que había ordenado Uribe mediante la Resolución 321 de 2008 y que generó el rechazo de los huilenses incluido el presidente del Senado, Hernán Andrade.
No es extraño que haya sido el mismo presidente quien entregue la recompensa al príncipe de Emgesa, Don Lucio después de haber recibido el respaldo a la reelección presidencial por parte de empresarios españoles, entre ellos, Endesa Emgesa. Sin previa licencia, ya se había impuesto el batallón energético No. 12 para proteger los intereses de la multinacional y reprimir a las comunidades y organizaciones que se opongan a la construcción del embalse.
Los graves impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que se generarían con la construcción del megaproyecto denunciados por las comunidades locales, organizaciones sociales y ambientales, académicos, pequeños productores, comerciantes, durante la audiencia pública el 12 de febrero; el no otorgamiento de la licencia ambiental solicitado por la Procuraduría general a Minambiente; la demanda tardía del contralor del Huila de realizar los estudios socioeconómicos que ordena la Ley 56 de 1981; la investigación abierta por la Resolución 227 del 11 de febrero por presunta iniciación de obras sin licencia por parte de Emgesa y los reclamos de subir el valor de la biomasa planteada por la CAM quedaron sepultados con la orden autoritaria de Uribe.
Se impone de manera fraudulenta la nefasta política de la "confianza inversionista" (entrega del territorio y la soberanía a las multinacionales), la seguridad democrática (batallón energético No 12 para que los terroristas -comunidades y opositores al proyecto- no atenten contra la "confianza" que merece Emgesa) y que justifica sin reparos que los pobres se sacrifiquen pagando un nuevo impuesto para cubrir los 148.000 millones de pesos que cuesta la base energética.
Y la "cohesión social" (desalojo y desarraigo de las comunidades) para que los políticos clientelistas regionales y los gremios económicos sueñen con grandes rentabilidades que les dejará el turismo, los jaulones que tienen en mente "empresarios" piscícolas cercanos al gobierno Departamental, como en Betania; las nuevas zonas francas que se crearán para favorecer a los hijos de los gobernantes, los votos que suman a los partidos Uribistas con los empleos no calificados y baratos, las dádivas para financiar la próxima campaña electoral, las pautas publicitarias que esperan los dueños de los medios y las limosnas que mendigan algunos senadores, representantes, ministros, diputados, alcaldes, concejales y supuestos líderes comunitarios por subordinarse a la voluntad del príncipe de Emgesa.
Como respuesta a la imposición por la fuerza del megaproyecto, con el apoyo de quienes firmaron el Acta de Capitulaciones contra los intereses de las comunidades y de nuestra región, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, con legitimidad, convoca a todos los huilenses a la desobediencia civil, la movilización social permanente y a respaldar las acciones de nulidad de la resolución 899 de licenciamiento ambiental para impedir la entrega de nuestro territorio. El otorgamiento de la licencia no doblegará la voluntad popular.
De igual manera, ratificamos el Encuentro Nacional, con invitados internacionales, previsto para el 5 y 6 de Noviembre en Neiva donde daremos inicio al Movimiento Nacional contra represas y por una política de soberanía energética sustentable.
Al son de la danza de los chapetones las comunidades indignadas se levantarán contra los mesías, los nuevos príncipes de las transnacionales y sus bufones vasallos nacionales y regionales con la mirada erguida de la heroína de nuestra América Mestiza: La Cacica Gaitana, dueña de nuestro Río Grande de la Magdalena.
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