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ASOQUIMBO: PROCESO DE RESISTENCIA DE AFECTADOS POR LA REPRESA EL QUIMBO

Nuestra Causa

Desobediencia civil y movilización permanente contra la licencia ambiental al proyecto Quimbo

Desobediencia civil y movilización permanente contra la licencia ambiental al proyecto Quimbo

Movilización ciudadana del 5 de marzo de 2009 (Fotografía Plataforma Sur)

La Resolución 0899/2009 aún no se encuentra ejecutoriada, razón por la cual Emgesa no está autorizada para iniciar ningún tipo de obras obras en nuestro territorio. De hacerlo sería una nueva invasión que deberá ser rechazada por los huilenses auténticos y dignos.

 ¿Por qué los medios no han preguntado que pasó con la Resolución 227 del 11 de febrero por medio de la cual se le abrió cargo a Emgesa por presunta iniciación de obras sin la licencia ambiental?

¿Por qué el texto de la licencia en ninguna parte hace mención a ésta Resolución? ¿Por qué cambiaron la fecha de realización de la Audiencia Pública en el texto de la Resolución 899?

¿Será que a los funcionarios del MEN les causa horror mencionar la fecha del 12 de febrero de 2009 donde la gran mayoría de participantes en la audiencia pública, realizada en Gigante Huila, rechazaron con argumentos el negocio de Emgesa y la hecatombe social y ambiental que se causará si se construye ese dinosaurio moderno?

La lectura crítica del texto de la Licencia (Resolución 0899/2009) permite descubrir en qué consiste el negocio y porqué Lucio Rubio, gerente de Emgesa declaró con satisfacción: "Podemos decir que acogemos a plenitud los términos de la licencia y, como digo, incluidos los acuerdos de las mesas de concertación"... "...estábamos esperando las medidas de compensación que fijaba el Ministerio, recavó la información de la CAM, que había pedido una compensación de 1 a 10 y las compensaciones del Ministerio son de 1 a 3. En la licencia están contenidos todos los acuerdos de las mesas de concertación..." "...las exigencias medioambientales no van a ser objetadas por Emgesa" (La Nación, 28 de mayo de 2009/3).

¿Será que la CAM va a interponer el recurso de reposición? Lo dudamos porque ya anunció que ahora si va a vigilar y a controlar a Emgesa. ¡Qué falacia¡ ¡Qué indignidad! !Negocio es negocio! Tampoco nos extraña el afán del Minambiente de dejar en firme la Resolución de entrega de nuestro territorio, la destrucción de nuestra biodiversidad natural declarada como parte de la reserva de la Amazonía y el desalojo y desarraigo de las comunidades. Negocio es negocio.

Por fortuna todos estos hechos ya hacen parte del registro histórico que no dudamos se convertirá en memoria ejemplar cuando las futuras generaciones elaboren el respectivo juicio. Lamentable que la Resolución sólo la firme una funcionaria de segundo rango. Ella sólo cumple órdenes.  Pero claro, es propio de la condición humana, intentar justificar la crisis de la conciencia. Los demás mantienen silencio y se escudan en Uribe, quien el 15 de mayo de 2009, cual señor feudal y mandadero del ‘reino de Endesa-Emgesa’, en un acto de arrogancia digno de los peores dictadores de otros tiempos en América Latina, hizo entrega de licencia ambiental a sus vasallos opitas de la élite gubernamental y empresarial.

En la parodia dictatorial expresó: "Yo le dije ayer al Ministerio de Ambiente que así tuvieran que prolongar la noche, yo no podía llegar al Huila sin una decisión sobre la materia". Según La Nación, en su edición de mayo 17 "la entrega de la Resolución 899 fue simbólica. El jefe de Estado le entregó al Gerente de Emgesa, Lucio Rubio, un oficio donde les notifica la decisión y un comunicado del Ministerio del Medio Ambiente, con algunos anticipos".

Los medios de comunicación locales, de nuevo, han repetido hasta la saciedad la sarta de mentiras sobre los presuntos beneficios y compensaciones que el proyecto hidroeléctrico traería al Huila y sus gentes. En el coro de áulicos de los gremios y empresarios regionales repiten como loras el mismo cuento que echaron cuando construyeron Betania. Mientras ‘el príncipe de Emgesa’, caracaquea el cuento de los tres mil empleos.

La actitud dictatorial, subordinada al capital transnacional, es una orden de desalojo de las comunidades afectadas por el megaproyecto que complementa la de expropiación de las mismas que había ordenado Uribe mediante la Resolución 321 de 2008 y que generó el rechazo de los huilenses incluido el presidente del Senado, Hernán Andrade.

No es extraño que haya sido el mismo presidente quien entregue la recompensa al príncipe de Emgesa, Don Lucio después de haber recibido el respaldo a la reelección presidencial por parte de empresarios españoles, entre ellos, Endesa Emgesa. Sin previa licencia, ya se había impuesto el batallón energético No. 12 para proteger los intereses de la multinacional y reprimir a las comunidades y organizaciones que se opongan a la construcción del embalse.

Los graves impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que se generarían con la construcción del megaproyecto denunciados por las comunidades locales, organizaciones sociales y ambientales, académicos, pequeños productores, comerciantes, durante la audiencia pública el 12 de febrero; el no otorgamiento de la licencia ambiental solicitado por la Procuraduría general a Minambiente; la demanda tardía del contralor del Huila de realizar los estudios socioeconómicos que ordena la Ley 56 de 1981; la investigación abierta por la Resolución 227 del 11 de febrero por presunta iniciación de obras sin licencia por parte de Emgesa y los reclamos de subir el valor de la biomasa planteada por la CAM quedaron sepultados con la orden autoritaria de Uribe.

Se impone de manera fraudulenta la nefasta política de la "confianza inversionista" (entrega del territorio y la soberanía a las multinacionales), la seguridad democrática (batallón energético No 12 para que los terroristas  -comunidades y  opositores al proyecto- no atenten contra la "confianza" que merece Emgesa) y que justifica sin reparos que los pobres se sacrifiquen pagando un nuevo impuesto para cubrir los 148.000 millones de pesos que cuesta la base energética.

Y la "cohesión social" (desalojo y desarraigo de las comunidades) para que los políticos clientelistas regionales y los gremios económicos sueñen con grandes rentabilidades que les dejará el turismo, los jaulones que tienen en mente "empresarios" piscícolas cercanos al gobierno Departamental, como en Betania;  las nuevas zonas francas que se crearán para favorecer a los hijos de los gobernantes, los votos que suman a los partidos Uribistas con los  empleos no calificados y baratos, las dádivas para financiar la próxima campaña electoral, las pautas publicitarias que esperan los dueños de los medios y las limosnas que mendigan algunos senadores, representantes, ministros, diputados, alcaldes, concejales y supuestos líderes comunitarios por subordinarse a la voluntad del príncipe de Emgesa.

Como respuesta a la imposición por la fuerza del megaproyecto, con el apoyo de quienes firmaron el Acta de Capitulaciones  contra los intereses de las comunidades y de nuestra región, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, con legitimidad, convoca a todos los huilenses a la desobediencia civil, la movilización social permanente y a respaldar las acciones de nulidad de la resolución 899 de licenciamiento ambiental para impedir la entrega de nuestro  territorio. El otorgamiento de la licencia no doblegará la voluntad popular.

De igual manera, ratificamos el Encuentro Nacional, con invitados internacionales, previsto para el 5 y 6 de Noviembre en Neiva donde daremos inicio al Movimiento Nacional contra represas y por una política de soberanía energética sustentable.

Al son de la danza de los chapetones las comunidades indignadas se levantarán contra los mesías, los nuevos príncipes de las transnacionales y sus bufones vasallos nacionales y regionales con la mirada erguida de la heroína de nuestra América Mestiza: La Cacica Gaitana, dueña de nuestro Río Grande de la Magdalena.

Descargue la Resolución 0899/2009: Photo Sharing and File Hosting at Badongo.com

El Quimbo: de la licencia ambiental a la voluntad popular

El Quimbo: de la licencia ambiental a la voluntad popular

El director de la Corporación del Alto Magdalena" (CAM), Ariel Borbón, una vez aprobada la Licencia Ambiental para la construcción de El Quimbo anunció que "nuestro papel de ahora en adelante es el de supervisión y control sobre todas las acciones que desarrolle la empresa" (Diario del Huila 16 de mayo de 2009). En otros términos, ahora sí va a intervenir para que se cumpla con los lineamientos ambientales establecidos en la Resolución 899 del 15 de mayo y lo incluido en este acto administrativo del "acta de capitulaciones" firmada por el gobernador y los alcaldes de lo municipios de la zona afectada por el megaproyecto. Él hizo parte de la "mesa de concertación" y se retiró de la sesión final como mecanismo de presión para que la empresa incrementara la oferta económica por la afectación ambiental al considerar que el valor real a compensar por 900 mil metros cúbicos de biomasa (flora) es de $100.000 millones y no de $10.000 millones según los estimativos de Emgesa. Con anterioridad a la licencia ambiental dijo que "el estudio de Emgesa no compensa justamente ni al departamento, ni a las comunidades. La información no valora dichos impactos ambientales, no hay una valoración efectiva sobre el impacto que se causa y por tal razón las obras de mitigación que se causan son muy pocas comparadas con el daño que se va a generar".

De lo anterior se infiere que la principal preocupación del director de la CAM ha sido el dinero a cambio de los daños ambientales, es decir, el valor de cambio (como criterio único de análisis) excluye los valores de uso y de existencia  que son categorías reconocidas por las comunidades ambientalistas para el estudio de este tipo de megaproyectos. En consecuencia, la CAM decide ajustar "los estudios técnicos" al propósito de reclamar mayores compensaciones económicas por los daños causados y satisfacer la decisión autoritaria del Uribe (el proyecto va porque va), en correspondencia con el modelo que reduce el desarrollo al crecimiento económico donde prima el interés particular (el negocio) sobre lo público en oposición al desarrollo humano, equitativo y sustentable orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Su intervención ahora es para que se cumpla estrictamente con los parámetros del negocio al servicio de la multinacional y, en mínima cuantía, de sus vasallos opitas a cambio de la entrega del territorio, el río Magdalena y la biodiversidad.

Lo anterior explica la actitud asumida por la dirección de la CAM de no preocuparse, previo a la licencia ambiental, por los estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas caracterizados como sensibles únicos, como el caso de los bosques riparios y de los recursos hidrobiológicos del Río Magdalena. Tampoco insistió ante la Contraloría para que realizara los estudios de valoración de bienes y servicios ambientales. Ni solicitó a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para que se verificara, la validez de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural de la represa El Quimbo, como lo exigió reiteradamente Plataforma Sur.

Diferente fue la actitud de la Procuraduría General al solicitar al gobierno "se sirva abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo", con base en los siguientes argumentos extractados del concepto publicado recientemente:

  • En la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía fijada por la Ley 2 de 1959, queda el 95% del proyecto Quimbo.
  • El Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 208 al referirse a la construcción de represas y embalses establece que "la licencia se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la conservación de los recursos naturales renovables".
  • El concepto Técnico de Minambiente del año 2008 dice que "No es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes"
  • En el auto 2945 de 2008 Minambiente exige que "la empresa Emgesa deberá solicitar la respectiva sustracción de la reserva (forestal de la Amazonía) ante la Dirección de Ecosistemas de éste Ministerio...y deberá presentar la información como una nueva versión del estudio de impacto ambiental"

El director de la CAM y los sectores de las élites gubernamentales y empresariales que siempre han respaldado el Megaproyecto, fingieron al manifestar que compartían el concepto del Ministerio Público. Un caso ejemplar es el  del Contralor Constantino Trujillo  quien anunció "la contratación de Uriel Amaya, experto en derecho y control ambiental de la Universidad Externado de Colombia, para que represente a la Contraloría Departamental en el caso de la Ley 56, ‘que no sólo exige el estudio socioeconómico, sino las compensaciones adicionales a los avalúos que las tierras y los proyectos deben tener para los huilenses y que adicionalmente se determine qué va a pasar con la riqueza hídrica del Huila, aguas arriba de la hidroeléctrica una vez esta se construya" (La Nación 4 de mayo de 2009). Sin embargo, una vez el presidente presentó ante sus vasallos opitas de las mismas élites la parodia de licencia ambiental, el pasado 15 de mayo, celebraron con júbilo como excelentes bufones y se callaron frente a la solicitud de no otorgamiento de la misma solicitado por la Procuraduría

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales desde el comienzo exigió al Gobierno Colombiano se ordenara a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81 para evitar su condicionamiento a los estudios sesgados de Emgesa. El no cumplimiento de esta exigencia trajo como consecuencia que en la "mesa de concertación" El Quimbo, al no contar con la información científica y técnica básica requerida para la toma de decisiones, no se hubiese avanzado en acuerdos rigurosos en beneficio de nuestra región, razón por la cual el Gobernador convocó a una especie de conclave burocrático empresarial donde se firmó el "Acta de Capitulaciones" y que hoy uno de los firmantes, el alcalde de Gigante, asediado quizás por las aflicciones de su conciencia reconozca que: "debo decir como Alcalde que el pueblo giganteño no está de acuerdo con esta determinación (la licencia ambiental).

La verdad quedamos muy preocupados porque no vislumbramos un futuro halagüeño para nuestro municipio y su gente. La licencia no tenía reversa, todo se hizo en un proceso de concertación muy rápido, llegamos a estos escenarios públicos a dejar constancia sobre las implicaciones que esto podría tener para todos, por eso quedará para la historia que el pueblo de Gigante nunca estuvo de acuerdo con esa hidroeléctrica, es muy difícil que una sola golondrina llame agua" (Diario del Huila, 16 de mayo de 2009). Positivo que haya anunciado sumarse a la desobediencia civil en defensa de su territorio.

Los estudios solicitados por Plataforma Sur (ver http://plataformasur.blogia.com) seguirán vigentes como uno de los argumentos para continuar la lucha de resistencia por la defensa del territorio, el rió Magdalena, la biodiversidad, el Macizo Colombiano, las comunidades y por una política energética soberana y sustentable. También servirán de constancia contra versiones de prensa según las cuales con la licencia ambiental "todos ganamos" cuando sabemos que el único favorecido es Emgesa, quien violando los protocolos internacionales de responsabilidad social empresarial engañó a los huilenses y favoreció a las  élites gubernamentales, empresariales y a sus contratistas. Y por supuesto, también se favorece, la CAM debido a que al no asumir su responsabilidad ética en la formulación de estudios rigurosos en defensa de nuestros ecosistemas recibirá su respectivo porcentaje como parte sustantiva del negocio y, por supuesto, la sanción moral de los huilenses

Las comunidades avanzaron, aunque poco, en sus demandas compensatorias gracias a la presión del movimiento social de resistencia acompañado por las organizaciones sociales, entre ellas Plataforma Sur. Ahora declaramos nuestro legítimo derecho a  la desobediencia civil y la movilización permanente en defensa de lo nuestro porque entendemos que hay un gran trecho entre la licencia ambiental y la voluntad popular.

Neiva, 19 de mayo de 2009

Audiencia Pública Ambiental sobre el macroproyecto Hidroeléctrica del Río Sogamoso

Audiencia Pública Ambiental sobre el macroproyecto Hidroeléctrica del Río Sogamoso

Una respuesta elocuente. (Fotografia cortesía de los organizadores)

Por Juan José Landínez Landínez - jotajotalandi@gmail.com

El 29 de Abril de 2009 se realizó en las instalaciones de CENFER-Bucaramanga  la audiencia convocada por el ministerio del medio ambiente, para que los participantes se pronunciaran sobre el megaproyecto de la hidroeléctrica de Sogamoso. Esta experiencia permite sacar algunas conclusiones, y destacar algunas precisiones que allí se hicieron, por cerca de 80 expositores, algunos de los cuales controvirtieron con sólidos argumentos muy bien esbozados la posición del gobernador de Santander, quien manifestó su apoyo al macroproyecto.  Entre las conclusiones y precisiones tenemos:

1. La licencia ambiental concedida a la constructora del macroproyecto- ISAGEN- desde el año 2000, fue obtenida de manera cuasi clandestina, pues las comunidades no fueron de ello enteradas ni convocadas como ordena la ley, dijeron algunos expositores.

2. La licencia ambiental, que debió sustentarse en estudios serios y científicos del impacto sobre el ecosistema y sobre las comunidades de la zona,  no se basó en estudios elaborados como exige la norma.

3. De lo anterior se podría concluir,  que se habría violado el debido proceso  para la obtención de la licencia,  lo cual significa que estaríamos frente a una licencia ambiental viciada de nulidad,  e incluso fraudulenta.

4. En consecuencia, sería viable una acción judicial, además de la movilización y concientización de las comunidades acerca de los impactos negativos del macroproyecto sobre la Vida de la naturaleza y la Vida de los seres Humanos.

5. De otra parte, quedó claro con varias exposiciones,  que el daño a la fauna y la flora será gravísimo e irreversible, pues con el macroproyecto morirán varias especies, (ver siguiente anexo). Todo el ecosistema quedará irreparablemente impactado negativamente.

6. Y en lo que concierne con las comunidades,  el desarraigo y desplazamiento forzado de decenas de familias, cuyas tierras serán inundadas, constituye otro irreparable daño.

7. Además, los cambios sustanciales en el microclima impactarán las plantaciones que queden alrededor de la represa, ocasionándose así otro daño, esta vez a la soberanía alimentaria.

8. Con el macroproyecto prácticamente se privatizará el río Sogamoso,  el cual en el futuro podría ser de propiedad de la multinacional que compre ISAGEN;  así se consolida el perverso proceso de privatización del agua en Santander y el país.

9. Algunos expositores advirtieron la ineficacia de la audiencia, por cuanto los planteamientos de los expositores, que representan las comunidades, no serán tenidos en cuenta para decidir sobre la licencia ambiental.  Se recordó que el congreso de la república acaba de tergiversar el referendo por el agua, burlando así la voluntad del Pueblo que lo firmó;  por ello se precisó que los llamados mecanismos de participación ciudadana poco participativos son en la realidad. La comunidad es convocada a asambleas, o firma referendos, pero su voluntad no se tiene en cuenta, sus decisiones se tergiversan o simplemente se desconocen, mientras las audiencias se realizan solo para cumplir el formalismo legal.  Se advirtió igualmente, que los dueños de macroproyectos suelen corromper por arriba a las élites políticas y económicas y sobornar por abajo a las comunidades para lograr sus propósitos.

Varios expositores dejaron sin argumentos al gobernador de Santander Horacio Serpa, quien dijo:

9.1 Que él apoya el macroproyecto, porque los Santandereanos mayoritariamente lo aprueban.

Ante las afirmaciones del gobernador, una expositora proveniente de San Vicente de Chucurí le solicitó convocara a un referendo para que se determinara si las y los Santandereanos efectivamente avalaban el macroproyecto.   El gobernador manifestó que estudiaría la propuesta; los ambientalistas esperan la respuesta.

9.2 Dijo el gobernador, que el macroproyecto de hidrosogamoso fue precedido de estudios serios, efectuados por la UIS,  por lo cual él no accedía a la otra petición que le hizo la misma expositora, de suspensión de la obra. El gobernador manifestó que si él estuviese convencido de la falta de estudios serios, ordenaría la suspensión de la obra.

Pero después de la intervención del gobernador vinieron unas muy importantes y fundamentadas intervenciones de estudiantes y egresados de la UIS, quienes  manifestaron que la UIS  no ha terminado ni entregado estudios, luego no se conocen los resultados de sus investigaciones, en lo relacionado con el macroproyecto.

Adicionalmente, como se ve en el siguiente anexo, los "estudios" presentados por ISAGEN, para obtener la licencia ambiental,  son incompletos, superficiales y no elaborados por personas idóneas ni con la metodología y rigurosidad que exigen las normas nacionales e internacionales.    En consecuencia, están dadas las condiciones para ordenar la suspensión de la obra,  antes de que el daño sea irreparable, sostuvieron algunos expositores.

9.3 Adujo el Sr. Gobernador, que él apoya el macroproyecto porque éste genera desarrollo y empleo, y porque es beneficioso para el departamento,  que lo venía esperando desde hace 40 años, sin que se conocieran oposiciones al mismo.

Varios expositores le hicieron ver al Sr. Gobernador, que los políticos efectivamente venían ofrendando el macroproyecto de manera muy genérica en sus campañas políticas desde hace 40 años,  pero sólo hasta ahora se conoce lo que él es, y sobre todo las gravísimas consecuencias que el macroproyecto trae para la supervivencia de la Vida en la región.

Igualmente adujeron varios ponentes,  que hace 40 años el macroproyecto podría haberse visto muy favorable para Santander y el país,  pero últimamente la Humanidad  se ha percatado del inmenso e irreparable daño sufrido por los ecosistemas y por las comunidades que habitan territorios donde se han construido hidroeléctricas, por lo cual ha sido prohibida la construcción de presas o hidroeléctricas en Europa y los Estados Unidos. Hoy las hidroeléctricas son obsoletas,  hay otras alternativas más amigables de la Vida para la producción de energía, como es la eólica y la luz solar. Incluso Obama en los E.U viene promoviendo la producción alternativa de energía, mas  no con hidroeléctricas.

Y sobre el tema de desarrollo que tocó el gobernador Serpa me permito hacer las siguientes reflexiones:

a) El desarrollo no se puede reducir solo al crecimiento económico.  El concepto de desarrollo es integral, holistico, involucra lo social como lo ambiental, lo cultural y lo ético. Lo ético, porque no se pueden seguir produciendo ni comerciando bienes y servicios con la ética del mercado, donde prevalece el interés individualista, egoísta y la competencia salvaje donde solo ganan los que destruyen al competidor; otra ética que reivindique la solidaridad, el bien común y la honestidad reclama la Humanidad para que haya un Mundo Mejor, donde impere la Vida.

b) Hoy no se puede llamar desarrollo a aquello que atente contra la Vida, contra los ecosistemas, como las hidroeléctricas, eso sería a lo sumo subdesarrollo.

c) Las varias crisis que confluyen comenzando este siglo XXI, como son la ambiental, la alimentaria, la económica y la social, constituyen verdaderas amenazas globales que atentan contra la supervivencia de la Vida en el planeta. El descongelamiento de los glaciales y nevados, por el recalentamiento global, elevará peligrosamente el nivel del mar hasta ahogar ciudades costeras.  Los bruscos cambios climáticos arruinan las cosechas. La amenazante escasez de agua dulce y la desertización de cada vez más tierra viene produciendo la crisis alimentaria que hoy tiene a cerca de mil millones de personas con hambre.  La exclusión y la pobreza globalizada, al lado de la crisis económica generalizada que ha elevado el desempleo a más del 10% en Europa y los Estados Unidos, mientras en el tercer mundo ha trepado a más de 12%,  son elementos de una crisis social generalizada.

d) Es indudable que estas crisis o amenazas globales son producto del modelo de desarrollo económico vigente en el planeta desde hace 230 años, el modelo de desarrollo capitalista, que tiene su propia lógica, la lógica del mercado;  y que se desenvuelve con la que los filósofos de la escuela de Frankfurt denominaron la racionalidad instrumental medio fin, es decir, que para el capitalista lo que importa es el fin, que es el lucro, la acumulación de capital; sin que importen los medios para obtenerlo, así sea destruyendo la naturaleza, o explotando al ser Humano con bajos salarios y exclusión social. Para los capitalistas todo vale, incluso atentar contra la Vida, con tal de lograr el fin, que es el lucro individualista.

e) La dura realidad que vive la Humanidad viene mostrando que el sistema capitalista es depredador, y suicida, como afirma Franz Hinkelammert en su texto ‘Hacia una economía para la vida. Preludio a una reconstrucción de la Economía'. Depredador porque acaba con la naturaleza, y suicida porque matando la naturaleza y condenando al Ser Humano a la pobreza y la exclusión,  destruye la Vida,   y destruyendo la Vida él mismo perece.

f) Comenzando este siglo XXI, siglo de grandes transformaciones, la Humanidad tiene el reto de construir una propuesta de desarrollo alternativo, si queremos que la Vida finalmente no desaparezca del planeta.  Las grandes transformaciones serán, hacia la defensa de la Vida, o hacia su ocaso. En este sentido dos grandes bloques políticos se están conformando en los distintos países, de un lado quienes son conscientes y sensibles ante las distintas crisis que agobian a los Pueblos, especialmente la ambiental y la social, y por ende abogan por un modelo de desarrollo alternativo,  y de otro lado quienes por lucrarse con el viejo modelo de desarrollo o por ser insensibles ante las amenazas globales, defienden el modelo vigente.

En América Latina gobiernos alternativos elegidos por comunidades organizadas han tomado la opción de la Vida, como ocurre en Bolivia, donde una Asamblea Nacional Constituyente, que reivindicó la soberanía Popular, expidió una nueva Constitución Política que le otorga  a la naturaleza derechos,  como los tiene el Ser Humano.

Evo Morales manifestó ante la asamblea de la ONU ahora último, cuando se celebró el día de la tierra,  que los Seres Humanos estamos equivocados al creer que la naturaleza nos pertenece y por lo tanto la podemos explotar sin medida,  cuando la verdad es lo contrario: somos nosotros quienes pertenecemos a la naturaleza, somos parte de ella y a ella nos debemos;  y si la destruimos nos destruimos a nosotros mismos.

g) Un poco tarde empezamos a tener conciencia de la realidad de las cosas, cuando ya hay daños irreversibles en el ecosistema global ( el recalentamiento global es irreversible);  no obstante, aún hay tiempo para evitar que crezca el daño, construyendo un modelo de desarrollo alternativo, que necesariamente debe ser implementado con decisiones desde los gobiernos, luego no basta con encontrar el modelo alternativo de desarrollo, se requieren gobiernos alternativos también, comprometidos con el nuevo modelo de desarrollo, y por tanto con la defensa de la Vida.

h) La Comunidad de organizaciones y personas comprometidas con la defensa del medio ambiente de Santander debe buscar aliados estratégicos para pensar un modelo de desarrollo alternativo para el departamento, que reivindique la Vida con programas y proyectos que apunten hacia la soberanía y seguridad alimentaria, para lo cual es imprescindible defender la Vida de la naturaleza, y la Vida del Ser Humano, con programas y proyectos dirigidos a propiciar equidad y justicia social.  Aliados son las organizaciones que abogan por la seguridad y soberanía alimentaria  y  la academia,  entre otros.    La Cátedra Alternativa, hace poco inaugurada en la UIS, podría ser el espacio propicio para desde la academia abrir ciclos de análisis sobre estos temas.

El profesor Miller Dussán convocó a las comunidades para que participen en la formulación de una política energética soberana, en ese orden de ideas manifestó que en noviembre del 2009 se tiene previsto la realización de un encuentro en Neiva de comunidades, organizaciones sociales y ambientalistas, afectadas por hidroeléctricas que se ocuparán de avanzar en las bases de dicha política articulada a un nuevo modelo de desarrollo.

Ahora bien, es claro que este nuevo modelo de desarrollo exige pensar también en una nueva democracia y un nuevo estado, donde impere la soberanía Popular.  Recordemos que la misma Constitución Política de Colombia dice en su artículo 3,  que "la soberanía  reside exclusivamente en el Pueblo". Hagamos realidad ese pedacito de la Constitución Nacional, con organizaciones sólidas, claras en sus propósitos y constructoras de propuestas de desarrollo compatibles con la defensa de la vida; a eso apuntan justamente La Constituyente Social Comunera  y la Cátedra Alternativa.

Finalmente, una propuesta de desarrollo alternativo debe estar soportada en una teoría económica alternativa a la propuesta neoclásica vigente, y ya la tenemos esbozada en el texto de Franz Hinkelammert: ‘Hacia una economia para la vida. Preludio a una reconstrucción de la economía'. El libro tiene 810 páginas y se puede conseguir Por $70.000,00 por el correo: tivisayvecidiaz@gmail.com. Esperamos tener a Hinkelammert en mayo o junio de este año, exponiendo su tesis.

Más información sobre el trabajo de las comunidades campesinas del río Sogamoso la pueden encontrar en: http://veredasogamoso.blogspot.com

(1) Con el de la hidroeléctrica del Sogamoso, varios macroproyectos han sido anunciados para el departamento de Santander, para explotar oro, carbón y uranio. Ellos deben ser cuidadosamente estudiados, porque podrían estar acelerando el deterioro del ecosistema.

Impactos de las represas

Impactos de las represas

Asistentes a la Audiencia Pública Ambiental de Hidrosogamoso. (Cortesia de los organizadores)

Texto de la ponencia expuesta durante la Audiencia Ambiental del proyecto Hidrosogamoso realizado recientemente en Bucaramanga.

 

Por Miller Armín Dussán Calderón

Profesor Universidad Surcolombiana

 

El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- del 2008, definió la construcción de varias Hidroeléctricas en diferentes lugares del país, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática. El Gobierno espera que para el 2014, estén en funcionamiento los proyectos El Quimbo, Pescadero, Porce IV, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.

 

El proyecto Hidrosogamoso tiene las siguientes características:

 

  • Localización: Noreste del país, Departamento de Santander, en el Cañón donde el Río Sogamoso cruza la Serranía de la Paz, 75 km aguas arriba de su desembocadura en el Río Magdalena, y 62 km aguas debajo de la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha.
  • Fuente hídrica a represar: Río Sogamoso
  • Capacidad total de almacenamiento: 4.800 millones de metros cúbicos de agua a nivel máximo de 6.960 hectáreas.
  • Generación eléctrica: 800 megavatios para el Sistema Interconectado Nacional y una energía media de 4.661 giga vatios por hora al año.
  • Licencia Ambiental: Resolución 0476 del Ministerio del Ambiente (mayo de 2002) Actualmente en actualización.
  • Área de influencia: 21.417 hectáreas (tres veces mayor que el área inundada)
  • Población directa afectada: 900 personas (que viven dentro del área de inundación)
  • Infraestructura civil afectada: 47 kilómetros de carreteras, 20 kilómetros de líneas de transmisión y 11 kilómetros del Poliducto Galán.
  • Municipios afectados: Betulia, San Vicente de Chucurí, Girón, Lebrija y Zapatoca

Parámetro de Diseño

Valor

Presa de gravas con cara de concreto

Altura de 190 m

Capacidad Instalada

820 MW

Número de Unidades

3

Energía Media

5056 GWh/año

Inversión estimada

$2.4 billones

 

 

Período de construcción

5  años

Caudal medio

474,6 m3/s

Área  de la cuenca tributaria

2’117.800 ha

Superficie del espejo de agua

6.960 ha

Volumen total

4.800 Mm3

La construcción de Hidrosogamoso fue concebida por primera vez en 1960 y cuarenta años después, en 2007, Isagen adquiere todos los derechos, actualiza los diseños y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Previamente, en 2000, Minambiente había otorgado licencia ambiental mediante Resolución 0476 del mismo año. Dos años más tarde se ordena una nueva actualización de estudios a través de la Resolución 898, estudios que Isagen presentó al Ministerio el 24 de diciembre de 2008.

 

La Resolución 0206 del 9 de febrero de 2009, modifica el artículo 2 de la Resolución 0476 con el propósito de autorizar la construcción de nueve vías a cargo de Isagen.

 

El 17 de marzo de 2009 el Senado de la República aprueba la proposición 338 mediante la cual convoca a un foro temático sobre el proyecto Hidrosogamoso en San Vicente de Chucurí, aun pendiente de realizar.

Finalmente, el 30 de marzo del mismo año el MAVDT convoca la audiencia pública ambiental reglamentaria para el 29 de abril en curso.

 

El proyecto hidroeléctrico se construirá en el cañón donde el río Sogamoso cruza la Serranía de la Paz y cuya vida útil se estima en alrededor de 60 años. El área total del proyecto es de 21.427 hectáreas que según el Estudio de Impacto Ambiental de INGETEC, diciembre de 2008, serán asignadas a diversas actividades tales como la ejecución de las obras del proyecto, al área de protección ecológica alrededor del embalse, a la franja de protección de predios localizados en el sector alto, las que se contemplan como zonas inestables aledañas a la zona de protección y fuera de ésta, la zona de sedimentación en la cola del embalse, así como las áreas para el reasentamiento de las familias que entran a ser desplazadas con ocasión del proyecto.

 

Los modelos de desarrollo

 

Para entrar en un análisis sobre la construcción de estos megaproyectos es necesario precisar, entre otros aspectos, qué modelo de desarrollo los inspira. Hoy por hoy existe un serio cuestionamiento mundial que se opone a la construcción de grandes represas tal como lo señalan los estudios publicados por la Comisión Mundial de Represas. No obstante, parece haber una ‘fiebre de represas’ en particular en América Latina y las grandes corporaciones transnacionales acaparan el negocio de la creciente demanda de energía. Veamos entonces cuáles son esas nociones inspiradoras del desarrollo.

 

Una primera visión reduce el desarrollo al crecimiento económico. Para el caso, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de grandes inversiones para garantizar la autosuficiencia energética del país, proyectos que de paso abren otras posibilidades en ámbitos como el turismo y la piscicultura. Dónde quiera que sea se usan los mismos argumentos.

 

Además, estos proyectos se justifican como parte del Plan Nacional de Desarrollo, de las Agendas de Productividad y Competitividad Nacional, así como las Agendas Internas de Productividad y Competitividad de cada uno de los departamentos. Todos estos documentos fueron elaborados como parte de las adecuaciones normativas para la celebración del TLC. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio’ en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos’ (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, solar, atómica o las micro-represas.

 

Otra visión define el desarrollo como mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible.

 

Los áulicos presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuarán las constructoras a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social que exige la ley ambiental; pagos que son siempre menores que el valor de las riquezas que se producen. Además, prima la generación rentable de energía sobre el consumo humano de agua, la irrigación agrícola, la piscicultura o el turismo con poca o ninguna  ganancia económica, social, cultural ni ambiental para las comunidades o los entes territoriales. No se obliga a los constructores operadores a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en los contratos de concesión.

 

Para las comunidades la solución no está en la reparación de los daños en beneficio de la acumulación de riquezas, sino, en no producir daños por cuanto sus efectos ambientales y sociales tienen una prolongada duración, pueden abarcar planes de vida enteros, de las familias, de las comunidades.

 

Las dimensiones ética y política

 

Los megaproyectos hidroeléctricos rebasan las dimensiones puramente técnicas y empresariales. Son, fundamentalmente un asunto de responsabilidad política y ética.

 

En primer lugar de los dirigentes políticos, particularmente de quienes ostentan los cargos de representación en las ramas ejecutiva y legislativa. ¿Es éticamente posible que en las condiciones en que suelen formularse estos proyectos, encuentren el respaldo de los dirigentes? La respuesta es sí, pero solo sacrificando los intereses de las comunidades, los campesinos pobres y medianos, los ganaderos; los intereses los de los municipios, los departamentos, y a la larga de la Nación.

 

Para entender esta aseveración téngase en cuenta que la energía que se producirá en proyectos como Quimbo e Hidrosogamoso no es para subsanar el déficit de interconexión eléctrica colombiano sino para ser transportada al Ecuador, Perú, Centroamérica y Venezuela.

 

De modo que dar respaldo político a los megaproyectos de generación eléctrica configura una traición a las aspiraciones políticas que tienen todos los habitantes de la una nación o una región en particular; una negación del derecho al desarrollo humano sustentable, a la democracia, la justicia y la equidad.

 

En segundo lugar, existe una responsabilidad ética y política de los dirigentes empresariales que participan de la cadena constructiva (contratistas, proveedores, oferentes de servicios). Sus criterios empresariales están fundados en el lucro creciente. ¿Quién garantiza que las plusvalías se reinviertan en las mismas regiones en lugar de terminar en el tinglado financiero y bursátil? Si se trata de un negocio habría que plantearlo en las condiciones que posibiliten a todos los actores involucrados negociar y ganar.

 

Como lo han señalado experiencias ya históricas de construcción de estos megaproyectos,  éstos usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, un factor que tiene que ver con un modelo de desarrollo neoliberal y salvaje, de apropiación privada en pocas manos;  otro, que tiene que ver con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y otro que tiene que ver con la facilidad para el manejo y  la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades. Corrupción, soborno, nepotismo, clientelismo, autoritarismo, centralismo, son sucedáneos a estos modelos de desarrollo que alumbran y apoyan este tipo de proyectos.

 

El concepto de responsabilidad social empresarial implica que el crecimiento económico y la productividad de las empresas deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio lo que constituye un cambio en el paradigma técnico-científico basado más en la cultura productivista, consumista y competitivista que en la cultura de sustentación de la vida, de los valores humanos y de la naturaleza y sus recursos.

 

Principales impactos de Hidrosogamoso

 

Haciendo un resumen de varias fuentes, encontramos que:

 

  • 7000 hectáreas inundadas (70 por ciento corresponden al Municipio de Betulia).
  • Pérdida de la biodiversidad biológica, como fauna silvestre y bosque nativo.
  • Disminución de presupuesto para las administraciones locales.
  • Alteración en vías de comunicación e incremento de costos de transporte. Se destruyen 25 km de la vía a san Vicente y 7 km de la vía a Bucaramanga-Barrancabermeja.
  • Disminución de calidad de vida y autogestión por desplazamiento de la población. Seis asentamientos humanos, al menos 500 personas residentes dentro del área de inundación y 100 familias campesinas del área de influencia.
  • Aparición o incremento de problemas sociales: desplazamiento, prostitución, madre-solterismo, drogadicción, agresión y violencia, entre otros, como se ha constatado en la mayor parte de los casos de megaproyectos.
  • Presencia o incremento del problema de la salud (Leishmaniasis, entre otros)
  • Pérdida de soberanía alimentaria. Se dejan de producir 2000 canastas de cítricos, 100 cargas de aguacate, más cacao y peces de estanque, 80 toneladas anuales de papaya y cachama.
  • Pérdida del espacio para la recreación y el disfrute del paisaje.
  • Disminución o pérdida de aguas para el consumo humano y animal.
  • Pérdida de humedales, quebradas y ríos significativos para la región.

Existen, además, varias preocupaciones que han sido señaladas por estudiosos del tema ambiental:

 

  • Algunos expertos consideran que los terrenos no tienen la capacidad de resistir el peso de los 4800 millones de metros cúbicos de agua embalsada debido a la falla geológica superficial de la región.
  • La aparición de sismicidad vinculadas con presas ha sido observado en numerosos embalses localizados en zonas sísmicas y asísmicas, y con regímenes tectónicos diferentes. Se ha observado según estudios, eventos de sismicidad inducida por embalses, especialmente en presas de más de 100 metros de altura y 1 millón de metros cúbicos. El proyecto no contempla el concepto de Ingeominas sobre Sismicidad Inducida por Embalses, con el agravante que la presa está ubicada cerca del Nido de Bucaramanga, tercer lugar más inestable sísmicamente del mundo. Además, no se entiende por qué en el EIA no participó ningún geólogo. 
  • Los embalses pueden modificar el clima en sus alrededores en un área que puede alcanzar hasta 15 veces la del propio embalse (Rabinovich et al., 1977); La modificación consiste en una disminución de las precipitaciones por efecto del albedo del espejo de agua; también se reporta incremento en la humedad atmosférica por evaporación desde el mismo e incremento de los vientos por la eliminación de las barreras. Puede haber impacto sobre la agricultura en cercanías del embalse. (G Marquez y G. Guillot., 2001). El proyecto no especifica una garantía sobre el potencial impacto que pueda tener sobre el fértil ecosistema agrícola alrededor del embalse. 

Por un mundo sin represas (1)

 

Hay un gran temor en cuanto a la transparencia e idoneidad con el real impacto de los megaproyectos hidroeléctricos. Los beneficios directos que les brindan a los pueblos se reducen típicamente a cifras monetarias para la cuantificación económica, pero no se registran en términos humanos. El desarraigo no tiene precio.

 

Las políticas deben formularse de forma tal que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de la comunidad y el gobierno debería considerar otras opciones para el suministro de agua y energía.

 

Las hidroeléctricas no son modelos de energía limpia. Al inundar y destruir miles de hectáreas de vegetación nativa, las represas lanzan a la atmósfera toneladas de gases como el dióxido de carbono y el metano.

 

Esos gases son provenientes de la descomposición del material orgánico inundado. Científicos han alertado que grandes represas pueden tener mayor impacto climático por unidad de energía generada que la generación basada en combustibles fósiles, como las de carbón.

 

No hay exploración de alternativas más seguras desde el punto de vista ambiental y este tipo de investigación científica no se promueve e incentiva.

 

Es limitada la valoración de los impactos ecológicos, sociales, económicos y políticos. Los problemas se minimizan u ocultan.

 

No se implementan procesos participativos para la aprobación de los proyectos por parte de los habitantes del lugar donde se construyen.

 

No hay un compromiso con la protección del ecosistema. No hay garantía de la protección sanitaria local. Es limitada la inclusión de los costos ecológicos y sociales en las previsiones económicas del proyecto.

 

Impactos comunes de los trasvases y represas (2)

 

Cambios en los usos del suelo:

  • Incremento en el costo de la vida
  • Disminución de ingresos tributarios para los gobiernos locales
  • Disminución del presupuesto para las administraciones locales
  • Menor inversión pública regional
  • Especulación con la tierra
  • Sobrecarga fiscal para los municipios afectados por la construcción de represas y trasvases 

Pérdida de la biodiversidad biológica:

  • Pérdida de la ictiofauna
  • Perdida de vida silvestre (no acuática)
  • Pérdida de especies vegetales y bosques nativos 

Alteración en vías de comunicación:

  • Incomunicación de subregiones, poblados y veredas
  • Incremento de las distancias entre asentamientos humanos y centros de abastecimiento de bienes y servicios
  • Incremento en costos de transporte
  • Pérdida de competividad de productos locales
  • Deserción escolar
  • Disminución de la calidad de vida de la población 

Daños y perjuicios:

  • Pérdida local del poder político sobre el territorio
  • Daños a propiedades de terceros
  • Contaminación ambiental
  • Presencia o incremento de problemas de salud (leishmaniasis) 

Desplazamiento de población:

  • Depresión económica y regional
  • Rompimiento de redes sociales y de estrategias de supervivencia
  • Disminución de calidad de vida y autogestión
  • Desequilibrio demográfico con relación a los grupos etáreos y de género 

Modificaciones ambientales generadas por las obras:

  • Disminución o pérdida de recursos alimentarios (pesca)
  • Empobrecimiento de la dieta alimentaria
  • Disminución o pérdida de aguas para consumo humano y animal
  • Disminución o pérdida del potencial minero (arenas y piedra)
  • Afectación de los niveles freáticos con consecuencias en: incendios forestales, alteraciones de fuentes de agua para la ganadería y la agricultura
  • Modificación del cauce de los ríos 

Demanda amplia de mano de obra:

  • Desplazamiento de la mano de obra de las actividades tradicionales de la región
  • Disminución de oferta de los productos locales
  • Aparición o incremento de problemas sociales: desplazamiento, prostitución, madre-solterismo, drogadicción, agresión y violencia 

Agotamiento de los procesos ecológicos que soportan la vida:

  • Pérdida de la diversidad genética
  • Desregulación del clima
  • Pérdida del espacio para la recreación y el disfrute del paisaje
  • Pérdida de humedales y ríos de la región 

A manera de conclusión: Propuestas de estudios a realizar y alternativas

 

El proyecto Hidrosogamoso, como en todos los casos, favorece la acumulación privada de capital antes que la satisfacción de necesidades prioritarias de los habitantes. Y al igual también, son insostenibles ambiental, social, económica y culturalmente.

 

El Gobierno Colombiano omite ordenar a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico de los megaproyectos, según lo previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81. Son necesarios como mínimo los siguientes estudios:

 

  • Establecer el valor real de la producción cesante.
  • Realizar un censo completo que permita establecer el número real de familias afectadas.
  • Establecer el estado actual de las titulaciones de predios, garantías para quienes no las poseen y beneficios para las entidades municipales.
  • Estudio de calidad de los suelos.
  • Determinar las implicaciones de la disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria en los municipios afectados.
  • Estudio de implicaciones del megaproyecto sobre los planes de desarrollo, planes de vida de las comunidades y planes de ordenamiento de los entes territoriales afectados.
  • Realizar estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas impactados.
  • Estudio socioeconómico y de perspectivas de desarrollo productivo para los afectados por la construcción del embalse.
  • Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales a cargo de la Contraloría.
  • Ampliación de los trabajos de Prospección Arqueológica y de Identificación de características culturales y de valores representativos como patrimonio cultural de la nación asociados al medio ambiente localizados en las zonas de impacto directo e indirecto de la construcción de la represa.
  • Solicitar a La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se verifique, previo a la expedición de la Licencia Ambiental, la veracidad de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural.

Las comunidades, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, de los ríos, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social razón por la cual ratificamos nuestro decidido compromiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios y nuestra adhesión incondicional a la declaración Internacional de Lorica, Córdoba y al cumplimiento estricto de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas.

 

De otra parte, con base en nuestra experiencia, desde el Sur convocamos a desarrollar las siguientes acciones:

 

  • Convocar un primer encuentro nacional en el mes de noviembre de 2009 en Neiva con representantes de organizaciones sociales, ambientalistas y políticas vinculadas a las luchas de resistencia contra los megaproyectos energéticos definidos por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, tales como Porce IV, Hidrosogamoso, El Quimbo, Cucuana en el Tolima, Ituango, entre otros. El evento deberá definir una propuesta de soberanía energética sobre la bases del desarrollo alternativo sustentable, construida colectivamente con los actores implicados, respectando las particularidades locales, regionales y nacionales.
  • Fortalecer la red nacional de lucha contra represas y la campaña de la red latinoamericana "Lanzando Alternativas".
  • Promover en las universidades y centros de investigación proyectos alternativos de energías limpias (bajo impacto ambiental) y de mayor eficiencia.
  • Promover apoyos mutuos para el uso de acciones jurídicas como las acciones populares y de nulidad, así como la elaboración del informes de riesgo y declaratoria de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los habitantes y, en particular, de la población residente en la zona de influencia de los megaproyectos.

Bucaramanga, 29 de abril de 2009.

 

[1] Conclusiones del Seminario Impacto represas y trasvases, Universidad de Caldas, 2005.
[2] Ibidem.

El Quimbo va al Tribunal de los Pueblos y a encuentro nacional en noviembre

El Quimbo va al Tribunal de los Pueblos y a encuentro nacional en noviembre

Desembocadura del Río Páez en el Magdalena.

Ad portas de la expedición de  la licencia ambiental para el proyecto Quimbo, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales (PSOS), en carta enviada a la viceministra de Ambiente, recuerda las implicaciones de reconocer, como se ha hecho por parte del Ministerio, que "el tema social es muy sensible" y pide a la funcionaria pública que asuma su reponsabilidad política y ética por el otorgamiento de la licencia. En el mismo documento, se anuncia la convocatoria de un Encuentro Nacional de Proyectos Energéticos para el mes de Noviembre a realizarse en Neiva, así como la inscripción del caso Quimbo ante el Tribunal Internacional de los Pueblos. El siguiente es texto completo de la misiva:

 

Neiva, Abril 20 de 2009

Doctora

CLAUDIA MORA                                                                                   

Viceministra de Ambiente

Respetada Doctora

En reciente emisión el canal privado RCN Televisión divulgó un informe que da cuenta de la investigación que Minambiente realiza por la iniciación de obras por parte de Emgesa en nuestro territorio sin contar con la licencia ambiental y en el que Usted reconoce que "el tema social es muy sensible", razón por la cual están concentrando esfuerzos en su valoración y análisis.

No obstante su declaración, lo más probable es que con su aval ya se haya otorgado la Licencia Ambiental a favor de Emgesa y que la "investigación" prescriba sin ninguna afectación para la misma. Los hechos confirman que la decisión de Minambiente debe estar subordinada a la "confianza inversionista" y a la "seguridad democrática" por encima de cualquier objeción argumentada contra el megaproyecto por parte de las comunidades o de instituciones u organizaciones, académicas, ambientalistas o de control político. Primero, el presidente Uribe decidió  durante la instalación de la mesa de "concertación", donde Usted estuvo presente, que el proyecto es irreversible y como funcionaria del gobierno sabe de las consecuencias que deberá asumir si no se somete a las directrices del jefe de Estado. Segundo, el anuncio de la entrada en operación del batallón especial energético No. 12 es prueba contundente del otorgamiento anticipado de la licencia y de la imposición por la fuerza del Megaproyecto al servicio de los intereses de la multinacional Endesa Emgesa contra los ecosistemas e intereses regionales.

Las voces mayoritarias de los huilenses, expresadas en la audiencia pública, por la defensa del territorio y la biodiversidad serán burladas y, en consecuencia, se generalizarán las acciones cívicas de resistencia por la dignidad, donde sin lugar a dudas, quedará en la memoria de las comunidades el atropello contra sus intereses y de quienes participaron a nombre del gobierno nacional como los que firmaron el "convenio" que hemos denominado acta de capitulaciones, usurpando el poder de decisión de los huilenses, por ambiciones personales, actuaciones clientelistas y electoreras que caracterizan a las élites políticas y económicas de nuestro país como corruptas.

En uno de los foros convocados por Plataforma Sur de Organizaciones Sociales se sostuvo que "la construcción de estos megaproyectos, es una gran tentación para el ejercicio de la corrupción y la falta de  transparencia. Las experiencias históricas señalan que los megaproyectos, usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, relacionado con el modelo de desarrollo neoliberal de apropiación privada de los bienes y recursos en pocas manos;  otro, con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y el tercero, con la facilidad para el manejo y  la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades".

La responsabilidad ética y social en términos de defender la sostenibilidad de estos megaproyectos con una visión integral del desarrollo donde el crecimiento económico y la productividad deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, ha sido totalmente ignorada. Por supuesto, que si hablamos de una responsabilidad ética, es porque no debería haber un negocio sobre la faz  de la tierra que atente contra los derechos fundamentales de los pueblos, ni contra la armonía de la naturaleza, en otros términos, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio.

Estas reflexiones de orden ético y político, sustentadas en las denuncias sobre los impactos negativos del megaproyecto, confirman la validez de nuestra lucha de resistencia contra el negocio de Emgesa y todos quienes lo secundan de manera subordinada.

Ahora tenemos responsabilidades mayores. Impulsar un movimiento nacional de lucha contra las represas sobre la base de construir una Propuesta de Soberanía Energética asociada a la lucha por la instauración de un régimen político democrático alternativo en Colombia. En tal sentido, estamos construyendo consensos en torno a las siguientes iniciativas:

1.- Convocar un primer encuentro nacional en el mes de noviembre de 2009 en Neiva con representantes de organizaciones sociales, ambientalistas y políticas vinculadas a las luchas de resistencia contra los megaproyectos energéticos definidos por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, tales como Porce IV, Hidrosogamoso, El Quimbo, Cucuana en el Tolima, Ituango, entre otros. El evento deberá definir las bases de la propuesta de soberanía energética y las acciones a desarrollar a nivel nacional e internacional.

2.- Inscribir en el Tribunal Permanente de los Pueblos el caso de la hidroeléctrica El Quimbo para que sea considerada en la próxima reunión prevista en Europa para el año 2010

3.- Fortalecer la red nacional de lucha contra represas y la campaña de la red latinoamericana "Lanzando Alternativas"

4.- Continuar con las acciones populares, de nulidad de la licencia ambiental y de elaboración del informe de riesgo y declaración de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los habitantes del Departamento del Huila Colombia y, en particular, de la población residente en la zona de El Quimbo solicitado a Human Rights Watch y Naciones Unidas.

Independientemente del otorgamiento de la Licencia Ambiental a Emgesa, decisión impuesta con la ágil gestión desarrollada por Usted, Señora Viceministra, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, con el respaldo de las comunidades impulsará todas las acciones de resistencia civil para que el megaproyecto El Quimbo, tal como ha sido impuesto, no se concrete. Es nuestra responsabilidad ética impedir que una apuesta económica como la que ustedes han avalado por la fuerza se convierta en la mayor degradación humana y frustración de las esperanzas que reclaman nuestros hijos en estas tierras de la heroica cacica La Gaitana.

Sin lugar a dudas, la clase política que cohonestó con este atropello al territorio al firmar el acta de capitulaciones con Emgesa será sometida al debate público y corresponde a los huilenses decidir quienes son los verdaderos amigos de la paz, el desarrollo y la democracia en nuestra región.

Esperamos que usted quien ha reconocido la "sensibilidad social" frente al megaproyecto, asuma igualmente su responsabilidad ética y social que en cualquier momento le demandará la historia.

Con todo respeto,

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Miller Armín Dussán Calderón

Belén Alarcón Alarcón

José Jairo González Arias

Plataforma Sur solicita informe de riesgos y protección de derechos a Human Rights Watch y a Naciones Unidas

Neiva, Huila, Colombia, abril 12 de 2009

Doctor JOSE MIGUEL VIVANCO

Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW)

350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299
USA

Doctor CRISTIAN SALAZAR VOLKMANN

Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

Calle 113 No. 7-45, Torre B, Oficina 1101

Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud de elaboración de un informe de riesgo y declaración de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los habitantes del Departamento del Huila Colombia y, en particular, de la población residente en la zona de El Quimbo.

Respetados Señores

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales -espacio de articulación de organizaciones sociales que comparten la necesidad de construir una agenda desde la Región Sur de Colombia- NIT 900272690-3 con domicilio en la ciudad de Neiva, Carrera 5 Número 8-86 Oficina 208,  en forma respetuosa, se dirige a Ustedes para poner en su conocimiento los graves impactos sociales, económicos y ambientales de construirse la Hidroeléctrica El Quimbo y la posible afectación de los derechos humanos de los habitantes de no declararse la alerta temprana tendiente a su protección debido a la decisión gubernamental de dar pronto inicio a la operación del batallón especial energético N° 12 en La Jagua con ‘1200 hombres equipados con tecnología de punta’, a un costo de 142 mil millones de pesos, (US$57 millones aproximadamente), según fuentes periodísticas, con el propósito de garantizar la seguridad del Megaproyecto Hidroeléctrico de Endesa Emgesa.

HECHOS

El Gobierno Nacional de Colombia, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- del 2008, definió la construcción de varias Hidroeléctricas en diferentes lugares del país y al mismo tiempo determinó el sistema de financiación.  Autorizó por tiempo indefinido a la Empresa Emgesa, filial de la multinacional española-chilena Endesa, para que con sus recursos propios y para su único y exclusivo beneficio, construya la central hidroeléctrica El Quimbo, que estará localizada en el sitio geográfico encañonado denominado "El Quimbo", a 1.300 metros, aguas arriba, de la desembocadura del Río Páez sobre el Río Magdalena, al sur del embalse de Betania, en jurisdicción de los Municipios de Gigante, Garzón, El Agrado y Altamira del Departamento del Huila, Colombia.

El proyecto de la hidroeléctrica El Quimbo fue negociado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe en bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática. La obra es la primera que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, que significa que a Emgesa se le garantiza "un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión", según la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

La construcción de la obra está calculada en 700 millones de dólares y tendrá capacidad para generar 400 megavatios, el 5% de la demanda eléctrica del país, cifra que representará para la fecha de su inauguración, en 2014, exactamente el excedente de electricidad que el Sistema Eléctrico Nacional estará produciendo cuando entren en servicio las hidroeléctricas de Pescadero, Porce IV, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.

La venta del futuro Quimbo fue hecha en junio de 2008 y la opinión pública del Huila la fue conociendo poco a poco, casi de una manera secreta. La razón: la hidroeléctrica tendría la exclusiva función de producir energía para la exportación a Ecuador, Centroamérica Plan Puebla-Panamá y el Caribe -Santo Domingo y Puerto Rico.

El embalse tendría una longitud de 55 kilómetros al nivel máximo normal de operación (cota 720 msnm), un ancho máximo de 4 km y un ancho promedio de 1,4 km. El área de inundación sería de 8.586 hectáreas: 5.300 están en producción y 2.000 de ellas son tierras de antiguos parceleros del Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria, en el pasado) producto de la reforma agraria de los años sesenta-setenta del siglo anterior

La construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, tendrá un impacto drástico, profundo e irreversible y representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de Emgesa. 

  • Inundación de cultivos permanentes y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), de más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas.
  • Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales.
  • Desplazamiento de 427 familias y viviendas con residencia permanente.
  • Desplazamiento de 1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo.
  • Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor de 32.000 millones de pesos anuales (750 predios)
  • Pérdida permanente de jornales de trabajo.
  • Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.
  • Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupe la represa y sobre su zona de influencia.
  • Desintegración de 8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de antigüedad).
  • Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único.
  • El embalse, por elevación del nivel del agua, deja fuera de servicio puentes de vías troncales de primer orden, como el de El Balseadero y el de La Jagua e incomunicados, por la ruta actual en servicio, a varios municipios y localidades. Incomunica territorios entre sí, y áreas de fincas y a éstas con las vías actuales. El Estudio de Impacto Ambiental, que presentó Emgesa, para obtener la Licencia Ambiental, hace referencia en forma muy genérica a esos problemas, sin analizar los costos permanentes para los usuarios afectados, al menos por el periodo útil previsto, ni definir el tipo y alcance legal de la obligación que asume. 

Además, el represamiento del agua para la producción alimentaria implica: 

  • Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.
  • Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el PIB regional (El municipio de El Agrado, perdería 30%)
  • La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso La Escalereta).
  • La desarticulación de tejidos sociales con tradiciones históricas que tienen orígenes prehispánicos.

Sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo". Con esta autorización Emgesa podrá reclamar "la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias" en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. Este proceso no fue debidamente consultado ni acordado previamente con los implicados, generando desconcierto y malestar dentro de las comunidades directamente afectadas y en la comunidad regional en general, teniendo en cuenta que no se les ha permitido conocer los graves impactos sociales, económicos, ecológicos y sociojurídicos que produciría la realización del megaproyecto.

El origen de la obra, su naturaleza y el ejemplo de los daños causados -y nunca reparados- por la hidroeléctrica de Betania Huila de propiedad de Emgesa, ha creado un movimiento de resistencia, acompañado por Plataforma Sur, en defensa del territorio, las comunidades locales, el Río Magdalena, el agua, el Macizo Colombiano y la biodiversidad que ha convocado foros, mesas de discusión, debate en el Congreso de la República y participado en las discusiones convocadas por el Gobierno. Además, se han realizado diferentes manifestaciones tales como las del 12 de febrero, día de la audiencia, y la marcha de campesinos desde el municipio de Pital a Balseadero y en Neiva, el 5 de marzo, acompañados de estudiantes universitarios y de secundaria.

La Audiencia Ambiental sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, convocada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero en el Municipio de Gigante, confirmó que este proyecto no es viable por los efectos negativos de diverso orden que se han denunciado, particularmente, la severa afectación de la seguridad y soberanía alimentaria y la vulneración de los derechos humanos y derechos fundamentales de los pobladores de la región. La gran asistencia, más de 1500 personas, es uno de los indicadores de la profunda preocupación que existe por la ejecución del proyecto, en especial en las comunidades directamente afectadas, como en las organizaciones sociales y ambientalistas. Han reconocido los delegados del Ministerio de Ambiente, que las voces de oposición al proyecto son mayoritarias y que sus argumentos son sólidos de manera que no pueden ignorarse.

La audiencia fue así mismo un espacio importante para que en presencia de los organismos de control y de los medios de comunicación, las comunidades manifestaran las graves denuncias como Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia y presionando a los habitantes para que abandonen su tierras. El Ministerio del Medio Ambiente mediante Resolución 227  del 11 de febrero de 2009 formuló cargos a la compañía, presuntamente por haber iniciado obras sin la respectiva licencia ambiental.

La más elocuente de las respuestas a las críticas que los campesinos, académicos, organizaciones sociales, ambientalistas y algunos líderes políticos y religiosos del Huila hacen al proyecto, por afectar los ecosistemas e intereses nacionales y regionales, es el anuncio de la entrada en operación del batallón especial energético N° 12 en La Jagua Huila, zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, con el único propósito de garantizar la seguridad a la multinacional Endesa Emgesa.

El batallón energético en La Jagua -iniciativa del gobernador Jorge Sánchez- convertirá a la región-centro más pacífica del Huila en una de las zonas más militarizadas del territorio donde se generen graves riesgos de represión y persecución contra los opositores del proyecto y las comunidades inermes y se acentúe el conflicto armado interno que padecemos.  Los estudios demuestran que los megaproyectos impuestos en el país contra la voluntad de los ciudadanos han sido generadores de violencia, despojo, persecución, desarraigo de las comunidades  y muerte, como en los levantamientos de los indígenas por la defensa del territorio -más de 1200 asesinatos-, o lo que sucedió con la construcción de Urrá I.

La inversión de 142 mil millones de pesos de los recursos públicos de toda la Nación, más de lo que Emgesa ofrece como compensaciones por el control del agua y de parte de nuestro territorio, para garantizarle la seguridad al proyecto, equivale a reducir las inversiones en solucionar problemas de salud, educación, empleo, vivienda, entre otros y, a incrementar la rentabilidad de las multinacionales.

De igual manera, Emgesa, apelando al viejo expediente de corromper a las élites y sobornar a las comunidades, provocó la firma de un convenio secreto que hemos denominado acta de capitulaciones comprometiendo al Gobernador del Huila y a los alcaldes de la zona directamente afectada a actuar en contra de los intereses regionales y particularmente de la mayoría de los participantes en la audiencia pública quienes expresaron el rechazo al megaproyecto. La firma del vergonzoso convenio es uno de los requerimientos básicos exigido por el Ministerio de Ambiente a Emgesa para justificar el otorgamiento de la licencia bajo el supuesto de haberse logrado la concertación entre los diferentes actores sociales del Huila.

Las comunidades, de estas tierras de la Gaitana, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social razón por la cual ratificamos nuestro decidido compromiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios. 

SOLICITUD

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales con fundamento en los anteriores hechos solicita a Ustedes y por su intermedio a todos los organismos Internacionales de Derechos Humanos la intervención inmediata para que se elabore un informe de riesgo y se declare la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los huilenses y, en particular, de la población residente en la zona de El Quimbo. Así mismo para que se proteja a los miembros de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales por la posible vulneración de sus derechos como consecuencia de su trabajo de investigación y denuncia civil de los hechos que hemos puesto en su conocimiento.

Adjunto pruebas documentales: "Selección de textos sobre el problema de El Quimbo"

Información complementaria en:

http://plataformasur.blogia.com 

http://millerdussan.blogia.com  

Notificaciones:

Las recibimos en la sede de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales ubicada en la Carrera 5 Número 8-86 Oficina 208 Neiva Huila Colombia o en el domicilio ubicado en la Carrera 29 Número 15-38 Casa 9, teléfono 8774532 de esta ciudad.

Con respeto,

BELÉN ALARCÓN ALARCÓN                 MILLER ARMÍN DUSSÁN CALDERÓN

Representante Legal                                  Directivo

belenalarconhuila@gmail.com                  millerdussan@gmail.com                                                                                                           

Copias: HUMAN RIGHTS WATCH: Nueva York; Emma Daly Directora de Oficina de prensa; Minky Worden
Directora de Prensa; Londres Tom Porteous London Director; Berlín, Marianne Heuwagen Directora, Wolfgang Buettner, Asistente; Bruselas, Juliette Le Doré, Asociada; París, Jean-Marie Fardeau Director oficina de París , Anna Chaplin-Fischer
Administradora oficina de París; FEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS -FIDH- Antoine Bernard Directeur exécutif; MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Dr.Miguel Peñaloza, Ministro, Dra. Claudia Mora  Viceministra; EMBAJADOR DE ESPAÑA EN COLOMBIA Andrés Collado González; Sr. D. Rodolfo Martín Villa Presidente de ENDESA 

El viacrucis de El Quimbo

El viacrucis de El Quimbo

Cristo de Peñon Redondo (Neiva) _ Emiro Garzón

I

El presidente Uribe prevalido de la confianza inversionista y la seguridad democrática entregó a Emgesa la obra de El Quimbo y afirmó en la instalación de la mesa de concertación que el proyecto hidroeléctrico es irreversible y sentenció: "va porque va".

II

El Minambiente convoca la audiencia pública en la cual las comunidades señalaron los impactos económicos, sociales y ambientales negativos y denunciaron cómo Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia y presionando a los habitantes para que abandonen sus tierras.

III

Campesinos marchan desde el Pital a Balseadero y en Neiva, acompañados de estudiantes universitarios y de secundaria por la defensa del territorio, el agua, el Río de La Magdalena, el Macizo y la biodiversidad.

IV

El gobernador del Huila presiona y compromete a los Alcaldes en la firma del acta de capitulaciones en favor de Emgesa: dádivas y promesas a cambio del control del territorio, el agua y la biodiversidad de los huilenses. Corrupción y soborno encubiertos.

V

Los medios anuncian la entrada en operación  del batallón especial energético N° 12 en la Jagua con ‘1200 hombres equipados con tecnología de punta’, a un costo de 142 mil millones de pesos, para "garantizar la seguridad del proyecto". Esta es una prueba contundente de la imposición por la fuerza del megaproyecto. ¿Por qué los diarios regionales informan que "La Jagua estrenará batallón energético" cuando aún no se ha expedido la licencia ambiental?

VI

Un comentarista afirma que "invertiremos de los recursos públicos de toda la Nación más de lo que Emgesa ofrece dizque como compensaciones por el control del agua y de parte de nuestro territorio, para garantizarle la seguridad al proyecto. Esto es una perfecta estupidez; que tal si invertimos ese dinero en solucionar problemas de salud, educación o tantas calamidades como las que están sucediendo por esta época invernal. No claro, en eso sino piensan, verdad".

VII

El Acta de capitulaciones se firma en secreto, contra la voluntad de la mayoría de los asistentes a la audiencia pública, como uno de los requerimientos básicos exigido por Minambiente a Emgesa para justificar el otorgamiento de la licencia bajo el supuesto de haberse logrado la concertación entre los diferentes actores sociales del Huila.

VIII

Las autoridades Ambiental, de Cultura, Minas y Energía no ordenaron los estudios socioeconómicos independientes que establece la Ley 56 de 1981 ni la ampliación de los trabajos de prospección arqueológica y de identificación de características culturales y de valores representativos como patrimonio cultural de la Nación asociados al medio ambiente localizados en las zonas de impacto directo e indirecto de la construcción de la represa El Quimbo. Tampoco consultaron a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para verificar, previo a la expedición de la Licencia Ambiental, la veracidad de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural de la represa El Quimbo en el Departamento del Huila.

IX

Los tribunos militares nuevamente anuncian por la prensa local en la Semana Mayor del vía crucis: "Listo batallón energético en la Jagua", para garantizar la seguridad democrática a Emgesa que significa: represión, despojo, desplazamiento forzado y desarraigo de las comunidades.

X

Monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal, afirma que "el conflicto no tiene solución por la vía armada" y llama a concertar un acuerdo mínimo sobre la base del principio de la no violencia.

XI

Nueve de abril de 2009: día de la última cena y del aniversario 61 del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Es premonitorio. No sería extraño que el Ministro (E) y la viceministra de Ambiente estén dedicados, no a reflexionar sobre el grave atentado contra los ecosistemas y los intereses regionales de construirse el embalse, sino, a la redacción de la sentencia final de entrega de nuestro territorio a la Triple E (Enel-Endesa-Emgesa).

XII

No olvidemos la historia. Estamos en el inicio de la desobediencia civil y popular -la resurrección- en defensa de nuestro patrimonio, de nuestra dignidad. ¡O Jesús de Nazaret, condénalos porque ellos si saben lo que hacen!

XIII

El Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores, durante las marchas que se realizarán en todo el país, pediremos a los trabajadores y al pueblo en general sumarse a la desobediencia por la defensa del territorio y contra la base militar en la Jagua. Vendrá un nuevo juicio a los responsables del atropello y la ignominia. Y las comunidades, despojadas del velo y la mentira, derrotarán a los líderes entreguistas del sanedrín.

GOBERNADOR DEL HUILA Y ALCALDES CAPITULAN A FAVOR DEL NEGOCIO DE EMGESA

GOBERNADOR DEL HUILA Y ALCALDES CAPITULAN A FAVOR DEL NEGOCIO DE EMGESA

 El 16 de marzo, en secreto, sin presencia de la prensa, ni de las organizaciones sociales, el gobierno que preside Jorge "pajarito" Sánchez, obedeciendo a los intereses de la multinacional Endesa -Emgesa y del gobierno de Uribe, suscribió con alcaldes y supuestos representantes de propietarios y de las comunidades de la zona afectada por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, un "acta de capitulaciones" a favor de la multinacional.

Además pretenden de manera engañosa"justificar" ante Minambiente la existencia de "consensos" entre distintos actores regionales, para presionar el otorgamiento inmediato de la licencia ambiental, cuando el mismo Minambiente fue testigo de que el 90% de los asistentes a la audiencia pública se opuso a la construcción de El Quimbo de Emgesa, tal como lo registraron medios de comunicación regional.

Uno de los representantes de la bancada parlamentaria del Huila, el liberal Luis Enrique Dussán, se hizo presente al iniciar la reunión y hoy nos enteramos por la prensa de su respaldo irrestricto a las capitulaciones, sin consultar a todos los integrantes de la bancada parlamentaria del Huila.

No se conoce la postura del senador conservador Hernán Andrade, presidente del Congreso. Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, sin ser invitada al conciliábulo, asistió gracias a informes de terceros y dejó constancia contra la actitud excluyente del Gobierno Departamental que se negó a incluir en el "documento de capitulaciones" la propuesta de El Quimbo Huilense y las demás alternativas presentadas durante las sesiones de la llamada "mesa de concertación" y la audiencia pública.

Lo "acordado" con Emgesa no representa los intereses regionales ni comunitarios y, en consecuencia, es una declaratoria de guerra contra las comunidades afectadas que se verán presionadas por la Resolución 321 a abandonar el territorio a nombre del supuesto interés público que equivale a entregar a una empresa privada el patrimonio nacional, el territorio, el Río Magdalena, el Macizo colombiano, el agua.

Contra los movimientos de resistencia en defensa de lo nuestro ya está prevista la instalación de la base militar en la Jagua (Garzón) para defender a la multinacional. La región históricamente más pacífica y productiva del Huila la convertirá el Estado en  escenario de violencia y represión contra los campesinos quienes después de ocupaciones legítimas recuperaron las tierras que le fueron reconocidas por efectos de la Reforma Agraria hace ya 40 años y donde construyeron sus proyectos de vida.

No queda duda: El Quimbo de Emgesa, patrocinado por el Gobierno, es la invasión de nuestro territorio. Como lo advierte Alfredo Molano en reciente crónica publicada por el Espectador: Emgesa viene por todo: el territorio, el río, el Macizo, el agua y las cuencas hídricas del Caquetá. En la sesión secreta se pudo constatar el afán del Gobernador del Huila por comprometer, vía telefónica, al viceministro de Minas y al ministro de Agricultura como partícipes en la firma del "acta de capitulaciones".

Estamos seguros de que al final firmarán y Minambiente se escudará en el "acta de Capitulaciones" para conceder la licencia ambiental a Emgesa de manera inmediata. En el rostro y en las declaraciones de Emgesa se expresan la alegría por la actitud sumisa del Gobernador del Huila, los alcaldes de los municipios afectados, los contratistas recomendados por el Gobierno, los viceministros; todos sometidos a la voluntad del príncipe Uribe, que comparte con el de Asturias los negocios del neocolonialismo Español.

Ya aparecen todos los agentes de la capitulación declarando a la prensa que lograron un triunfo histórico. La promesa de 150 mil millones de pesos hecha por Emgesa que equivale a escasos tres años de la productividad del área; cuando la multinacional se apropiará de 5.966.000 millones de pesos (US $2.651,55 millones) durante la vida útil del proyecto (Ver impactos Negativos en este mismo blog). Por esa suma entregan el control del Río Grande de la Magdalena, luego vendrán Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa, Guarapas y el Macizo Colombiano. Pretenden engañar de nuevo a las comunidades a quienes convocarán para que los acompañen en las próximas elecciones. Serán rechazados en las urnas porque los huilenses tenemos dignidad.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales comprometida desde el principio con la defensa del territorio y contra El Quimbo de Emgesa convoca a todos los ciudadanos a continuar con la lucha de resistencia, a participar en las movilizaciones sociales previstas en los municipios de Garzón, Pitalito, La Plata y Neiva. A preparar paros cívicos regionales y a concitar la solidaridad nacional e internacional.

Todos a defender el territorio y la biodiversidad. A construir un movimiento social y político que asuma la dirección del poder regional donde los ciudadanos sean los actores directos en la construcción de una nueva alternativa de desarrollo integral, humano y sostenible. Otro Huila es posible.