Impactos de las represas

Asistentes a la Audiencia Pública Ambiental de Hidrosogamoso. (Cortesia de los organizadores)

Texto de la ponencia expuesta durante la Audiencia Ambiental del proyecto Hidrosogamoso realizado recientemente en Bucaramanga.

 

Por Miller Armín Dussán Calderón

Profesor Universidad Surcolombiana

 

El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- del 2008, definió la construcción de varias Hidroeléctricas en diferentes lugares del país, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática. El Gobierno espera que para el 2014, estén en funcionamiento los proyectos El Quimbo, Pescadero, Porce IV, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.

 

El proyecto Hidrosogamoso tiene las siguientes características:

 

• Localización: Noreste del país, Departamento de Santander, en el Cañón donde el Río Sogamoso cruza la Serranía de la Paz, 75 km aguas arriba de su desembocadura en el Río Magdalena, y 62 km aguas debajo de la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha.
• Fuente hídrica a represar: Río Sogamoso
• Capacidad total de almacenamiento: 4.800 millones de metros cúbicos de agua a nivel máximo de 6.960 hectáreas.
• Generación eléctrica: 800 megavatios para el Sistema Interconectado Nacional y una energía media de 4.661 giga vatios por hora al año.
• Licencia Ambiental: Resolución 0476 del Ministerio del Ambiente (mayo de 2002) Actualmente en actualización.
• Área de influencia: 21.417 hectáreas (tres veces mayor que el área inundada)
• Población directa afectada: 900 personas (que viven dentro del área de inundación)
• Infraestructura civil afectada: 47 kilómetros de carreteras, 20 kilómetros de líneas de transmisión y 11 kilómetros del Poliducto Galán.
• Municipios afectados: Betulia, San Vicente de Chucurí, Girón, Lebrija y Zapatoca

Parámetro de Diseño	Valor
Presa de gravas con cara de concreto	Altura de 190 m
Capacidad Instalada	820 MW
Número de Unidades	3
Energía Media	5056 GWh/año
Inversión estimada	$2.4 billones
Período de construcción	5  años
Caudal medio	474,6 m3/s
Área  de la cuenca tributaria	2’117.800 ha
Superficie del espejo de agua	6.960 ha
Volumen total	4.800 Mm3

La construcción de Hidrosogamoso fue concebida por primera vez en 1960 y cuarenta años después, en 2007, Isagen adquiere todos los derechos, actualiza los diseños y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Previamente, en 2000, Minambiente había otorgado licencia ambiental mediante Resolución 0476 del mismo año. Dos años más tarde se ordena una nueva actualización de estudios a través de la Resolución 898, estudios que Isagen presentó al Ministerio el 24 de diciembre de 2008.

 

La Resolución 0206 del 9 de febrero de 2009, modifica el artículo 2 de la Resolución 0476 con el propósito de autorizar la construcción de nueve vías a cargo de Isagen.

 

El 17 de marzo de 2009 el Senado de la República aprueba la proposición 338 mediante la cual convoca a un foro temático sobre el proyecto Hidrosogamoso en San Vicente de Chucurí, aun pendiente de realizar.

Finalmente, el 30 de marzo del mismo año el MAVDT convoca la audiencia pública ambiental reglamentaria para el 29 de abril en curso.

 

El proyecto hidroeléctrico se construirá en el cañón donde el río Sogamoso cruza la Serranía de la Paz y cuya vida útil se estima en alrededor de 60 años. El área total del proyecto es de 21.427 hectáreas que según el Estudio de Impacto Ambiental de INGETEC, diciembre de 2008, serán asignadas a diversas actividades tales como la ejecución de las obras del proyecto, al área de protección ecológica alrededor del embalse, a la franja de protección de predios localizados en el sector alto, las que se contemplan como zonas inestables aledañas a la zona de protección y fuera de ésta, la zona de sedimentación en la cola del embalse, así como las áreas para el reasentamiento de las familias que entran a ser desplazadas con ocasión del proyecto.

 

Los modelos de desarrollo

 

Para entrar en un análisis sobre la construcción de estos megaproyectos es necesario precisar, entre otros aspectos, qué modelo de desarrollo los inspira. Hoy por hoy existe un serio cuestionamiento mundial que se opone a la construcción de grandes represas tal como lo señalan los estudios publicados por la Comisión Mundial de Represas. No obstante, parece haber una ‘fiebre de represas’ en particular en América Latina y las grandes corporaciones transnacionales acaparan el negocio de la creciente demanda de energía. Veamos entonces cuáles son esas nociones inspiradoras del desarrollo.

 

Una primera visión reduce el desarrollo al crecimiento económico. Para el caso, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de grandes inversiones para garantizar la autosuficiencia energética del país, proyectos que de paso abren otras posibilidades en ámbitos como el turismo y la piscicultura. Dónde quiera que sea se usan los mismos argumentos.

 

Además, estos proyectos se justifican como parte del Plan Nacional de Desarrollo, de las Agendas de Productividad y Competitividad Nacional, así como las Agendas Internas de Productividad y Competitividad de cada uno de los departamentos. Todos estos documentos fueron elaborados como parte de las adecuaciones normativas para la celebración del TLC. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio’ en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos’ (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, solar, atómica o las micro-represas.

 

Otra visión define el desarrollo como mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible.

 

Los áulicos presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuarán las constructoras a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social que exige la ley ambiental; pagos que son siempre menores que el valor de las riquezas que se producen. Además, prima la generación rentable de energía sobre el consumo humano de agua, la irrigación agrícola, la piscicultura o el turismo con poca o ninguna  ganancia económica, social, cultural ni ambiental para las comunidades o los entes territoriales. No se obliga a los constructores operadores a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en los contratos de concesión.

 

Para las comunidades la solución no está en la reparación de los daños en beneficio de la acumulación de riquezas, sino, en no producir daños por cuanto sus efectos ambientales y sociales tienen una prolongada duración, pueden abarcar planes de vida enteros, de las familias, de las comunidades.

 

Las dimensiones ética y política

 

Los megaproyectos hidroeléctricos rebasan las dimensiones puramente técnicas y empresariales. Son, fundamentalmente un asunto de responsabilidad política y ética.

 

En primer lugar de los dirigentes políticos, particularmente de quienes ostentan los cargos de representación en las ramas ejecutiva y legislativa. ¿Es éticamente posible que en las condiciones en que suelen formularse estos proyectos, encuentren el respaldo de los dirigentes? La respuesta es sí, pero solo sacrificando los intereses de las comunidades, los campesinos pobres y medianos, los ganaderos; los intereses los de los municipios, los departamentos, y a la larga de la Nación.

 

Para entender esta aseveración téngase en cuenta que la energía que se producirá en proyectos como Quimbo e Hidrosogamoso no es para subsanar el déficit de interconexión eléctrica colombiano sino para ser transportada al Ecuador, Perú, Centroamérica y Venezuela.

 

De modo que dar respaldo político a los megaproyectos de generación eléctrica configura una traición a las aspiraciones políticas que tienen todos los habitantes de la una nación o una región en particular; una negación del derecho al desarrollo humano sustentable, a la democracia, la justicia y la equidad.

 

En segundo lugar, existe una responsabilidad ética y política de los dirigentes empresariales que participan de la cadena constructiva (contratistas, proveedores, oferentes de servicios). Sus criterios empresariales están fundados en el lucro creciente. ¿Quién garantiza que las plusvalías se reinviertan en las mismas regiones en lugar de terminar en el tinglado financiero y bursátil? Si se trata de un negocio habría que plantearlo en las condiciones que posibiliten a todos los actores involucrados negociar y ganar.

 

Como lo han señalado experiencias ya históricas de construcción de estos megaproyectos,  éstos usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, un factor que tiene que ver con un modelo de desarrollo neoliberal y salvaje, de apropiación privada en pocas manos;  otro, que tiene que ver con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y otro que tiene que ver con la facilidad para el manejo y  la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades. Corrupción, soborno, nepotismo, clientelismo, autoritarismo, centralismo, son sucedáneos a estos modelos de desarrollo que alumbran y apoyan este tipo de proyectos.

 

El concepto de responsabilidad social empresarial implica que el crecimiento económico y la productividad de las empresas deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio lo que constituye un cambio en el paradigma técnico-científico basado más en la cultura productivista, consumista y competitivista que en la cultura de sustentación de la vida, de los valores humanos y de la naturaleza y sus recursos.

 

Principales impactos de Hidrosogamoso

 

Haciendo un resumen de varias fuentes, encontramos que:

 

• 7000 hectáreas inundadas (70 por ciento corresponden al Municipio de Betulia).
• Pérdida de la biodiversidad biológica, como fauna silvestre y bosque nativo.
• Disminución de presupuesto para las administraciones locales.
• Alteración en vías de comunicación e incremento de costos de transporte. Se destruyen 25 km de la vía a san Vicente y 7 km de la vía a Bucaramanga-Barrancabermeja.
• Disminución de calidad de vida y autogestión por desplazamiento de la población. Seis asentamientos humanos, al menos 500 personas residentes dentro del área de inundación y 100 familias campesinas del área de influencia.
• Aparición o incremento de problemas sociales: desplazamiento, prostitución, madre-solterismo, drogadicción, agresión y violencia, entre otros, como se ha constatado en la mayor parte de los casos de megaproyectos.
• Presencia o incremento del problema de la salud (Leishmaniasis, entre otros)
• Pérdida de soberanía alimentaria. Se dejan de producir 2000 canastas de cítricos, 100 cargas de aguacate, más cacao y peces de estanque, 80 toneladas anuales de papaya y cachama.
• Pérdida del espacio para la recreación y el disfrute del paisaje.
• Disminución o pérdida de aguas para el consumo humano y animal.
• Pérdida de humedales, quebradas y ríos significativos para la región.

Existen, además, varias preocupaciones que han sido señaladas por estudiosos del tema ambiental:

 

• Algunos expertos consideran que los terrenos no tienen la capacidad de resistir el peso de los 4800 millones de metros cúbicos de agua embalsada debido a la falla geológica superficial de la región.
• La aparición de sismicidad vinculadas con presas ha sido observado en numerosos embalses localizados en zonas sísmicas y asísmicas, y con regímenes tectónicos diferentes. Se ha observado según estudios, eventos de sismicidad inducida por embalses, especialmente en presas de más de 100 metros de altura y 1 millón de metros cúbicos. El proyecto no contempla el concepto de Ingeominas sobre Sismicidad Inducida por Embalses, con el agravante que la presa está ubicada cerca del Nido de Bucaramanga, tercer lugar más inestable sísmicamente del mundo. Además, no se entiende por qué en el EIA no participó ningún geólogo. 
• Los embalses pueden modificar el clima en sus alrededores en un área que puede alcanzar hasta 15 veces la del propio embalse (Rabinovich et al., 1977); La modificación consiste en una disminución de las precipitaciones por efecto del albedo del espejo de agua; también se reporta incremento en la humedad atmosférica por evaporación desde el mismo e incremento de los vientos por la eliminación de las barreras. Puede haber impacto sobre la agricultura en cercanías del embalse. (G Marquez y G. Guillot., 2001). El proyecto no especifica una garantía sobre el potencial impacto que pueda tener sobre el fértil ecosistema agrícola alrededor del embalse. 

Por un mundo sin represas ⁽¹⁾

 

Hay un gran temor en cuanto a la transparencia e idoneidad con el real impacto de los megaproyectos hidroeléctricos. Los beneficios directos que les brindan a los pueblos se reducen típicamente a cifras monetarias para la cuantificación económica, pero no se registran en términos humanos. El desarraigo no tiene precio.

 

Las políticas deben formularse de forma tal que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de la comunidad y el gobierno debería considerar otras opciones para el suministro de agua y energía.

 

Las hidroeléctricas no son modelos de energía limpia. Al inundar y destruir miles de hectáreas de vegetación nativa, las represas lanzan a la atmósfera toneladas de gases como el dióxido de carbono y el metano.

 

Esos gases son provenientes de la descomposición del material orgánico inundado. Científicos han alertado que grandes represas pueden tener mayor impacto climático por unidad de energía generada que la generación basada en combustibles fósiles, como las de carbón.

 

No hay exploración de alternativas más seguras desde el punto de vista ambiental y este tipo de investigación científica no se promueve e incentiva.

 

Es limitada la valoración de los impactos ecológicos, sociales, económicos y políticos. Los problemas se minimizan u ocultan.

 

No se implementan procesos participativos para la aprobación de los proyectos por parte de los habitantes del lugar donde se construyen.

 

No hay un compromiso con la protección del ecosistema. No hay garantía de la protección sanitaria local. Es limitada la inclusión de los costos ecológicos y sociales en las previsiones económicas del proyecto.

 

Impactos comunes de los trasvases y represas ⁽²⁾

 

Cambios en los usos del suelo:

• Incremento en el costo de la vida
• Disminución de ingresos tributarios para los gobiernos locales
• Disminución del presupuesto para las administraciones locales
• Menor inversión pública regional
• Especulación con la tierra
• Sobrecarga fiscal para los municipios afectados por la construcción de represas y trasvases 

Pérdida de la biodiversidad biológica:

• Pérdida de la ictiofauna
• Perdida de vida silvestre (no acuática)
• Pérdida de especies vegetales y bosques nativos 

Alteración en vías de comunicación:

• Incomunicación de subregiones, poblados y veredas
• Incremento de las distancias entre asentamientos humanos y centros de abastecimiento de bienes y servicios
• Incremento en costos de transporte
• Pérdida de competividad de productos locales
• Deserción escolar
• Disminución de la calidad de vida de la población 

Daños y perjuicios:

• Pérdida local del poder político sobre el territorio
• Daños a propiedades de terceros
• Contaminación ambiental
• Presencia o incremento de problemas de salud (leishmaniasis) 

Desplazamiento de población:

• Depresión económica y regional
• Rompimiento de redes sociales y de estrategias de supervivencia
• Disminución de calidad de vida y autogestión
• Desequilibrio demográfico con relación a los grupos etáreos y de género 

Modificaciones ambientales generadas por las obras:

• Disminución o pérdida de recursos alimentarios (pesca)
• Empobrecimiento de la dieta alimentaria
• Disminución o pérdida de aguas para consumo humano y animal
• Disminución o pérdida del potencial minero (arenas y piedra)
• Afectación de los niveles freáticos con consecuencias en: incendios forestales, alteraciones de fuentes de agua para la ganadería y la agricultura
• Modificación del cauce de los ríos 

Demanda amplia de mano de obra:

• Desplazamiento de la mano de obra de las actividades tradicionales de la región
• Disminución de oferta de los productos locales
• Aparición o incremento de problemas sociales: desplazamiento, prostitución, madre-solterismo, drogadicción, agresión y violencia 

Agotamiento de los procesos ecológicos que soportan la vida:

• Pérdida de la diversidad genética
• Desregulación del clima
• Pérdida del espacio para la recreación y el disfrute del paisaje
• Pérdida de humedales y ríos de la región 

A manera de conclusión: Propuestas de estudios a realizar y alternativas

 

El proyecto Hidrosogamoso, como en todos los casos, favorece la acumulación privada de capital antes que la satisfacción de necesidades prioritarias de los habitantes. Y al igual también, son insostenibles ambiental, social, económica y culturalmente.

 

El Gobierno Colombiano omite ordenar a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico de los megaproyectos, según lo previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81. Son necesarios como mínimo los siguientes estudios:

 

• Establecer el valor real de la producción cesante.
• Realizar un censo completo que permita establecer el número real de familias afectadas.
• Establecer el estado actual de las titulaciones de predios, garantías para quienes no las poseen y beneficios para las entidades municipales.
• Estudio de calidad de los suelos.
• Determinar las implicaciones de la disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria en los municipios afectados.
• Estudio de implicaciones del megaproyecto sobre los planes de desarrollo, planes de vida de las comunidades y planes de ordenamiento de los entes territoriales afectados.
• Realizar estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas impactados.
• Estudio socioeconómico y de perspectivas de desarrollo productivo para los afectados por la construcción del embalse.
• Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales a cargo de la Contraloría.
• Ampliación de los trabajos de Prospección Arqueológica y de Identificación de características culturales y de valores representativos como patrimonio cultural de la nación asociados al medio ambiente localizados en las zonas de impacto directo e indirecto de la construcción de la represa.
• Solicitar a La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se verifique, previo a la expedición de la Licencia Ambiental, la veracidad de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural.

Las comunidades, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, de los ríos, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social razón por la cual ratificamos nuestro decidido compromiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios y nuestra adhesión incondicional a la declaración Internacional de Lorica, Córdoba y al cumplimiento estricto de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas.

 

De otra parte, con base en nuestra experiencia, desde el Sur convocamos a desarrollar las siguientes acciones:

 

• Convocar un primer encuentro nacional en el mes de noviembre de 2009 en Neiva con representantes de organizaciones sociales, ambientalistas y políticas vinculadas a las luchas de resistencia contra los megaproyectos energéticos definidos por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, tales como Porce IV, Hidrosogamoso, El Quimbo, Cucuana en el Tolima, Ituango, entre otros. El evento deberá definir una propuesta de soberanía energética sobre la bases del desarrollo alternativo sustentable, construida colectivamente con los actores implicados, respectando las particularidades locales, regionales y nacionales.
• Fortalecer la red nacional de lucha contra represas y la campaña de la red latinoamericana "Lanzando Alternativas".
• Promover en las universidades y centros de investigación proyectos alternativos de energías limpias (bajo impacto ambiental) y de mayor eficiencia.
• Promover apoyos mutuos para el uso de acciones jurídicas como las acciones populares y de nulidad, así como la elaboración del informes de riesgo y declaratoria de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los habitantes y, en particular, de la población residente en la zona de influencia de los megaproyectos.

Bucaramanga, 29 de abril de 2009.

 

[1] Conclusiones del Seminario Impacto represas y trasvases, Universidad de Caldas, 2005.

[2] Ibidem.