Paramilitares “Águilas Negras” amenazan directivo de Plataforma Sur

Copia del panfeto, aparecido originalmente en impresión a color.

Las autodenominadas "Nueva Generación de Águilas Negras" declaran "objetivo militar" y amenazan de muerte a un grupo de 14 personas vinculadas a la Universidad Surcolombiana, institución estatal. Entre las personas amenazadas figuran estudiantes, ex estudiantes, egresados y profesores, entre ellos el doctor Miller Armín Dussán Calderón, líder de Plataforma Sur y Fernando Charry Gonzáles, vinculado a Plataforma en su calidad profesional de la comunicación social. El panfleto amenazante circuló el pasado 23 de junio de 2009, titulado "Llegó la hora de la limpieza social. Ya los tenemos identificados".

No es la primera vez que este tipo de amenazan circulan en la Universidad Surcolombiana y en le Huila. Según organismos gubernamentales estas amenazas estarían relacionadas con el incremento de muertes selectivas, en apariencia no relacionadas, ocurridas durante el último año en el Huila.

La denuncia sobre las amenazas ha sido instaurada ante las autoridades colombianas y las organizaciones nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Así mismo, el Comité Humanitario del Huila ha solicitado la inmediata protección de la vida de los amenazados y el esclarecimiento judicial de los hechos.

Plataforma sur ya había advertido de los riesgos que en un país como Colombia podrían sobrevenir por la oposición a la construcción de El Quimbo y por la propuesta de construir espacios humanitarios en zonas clave del Huila a favor de los campesinos.

Por otra parte, el doctor Dussán Calderón junto al profesor de cine y televisión Fernando Charry González, enviaron una extensa comunicación, de fecha 24 de junio, dirigida a FABIO VALENCIA COSSIO, Ministro del Interior y de Justicia; ALEJANDRO ORDOÑEZ, Procurador General de la Nación; MARIO IGUARÁN, Fiscal General de la Nación; VOLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZ, Defensor del Pueblo; JOSE MIGUEL VIVANCO, Director para las Américas de Human Rights Watch; CRISTIAN SALAZAR VOLKMANN, Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. El contenido completo es el siguiente:

"Respetados Señores:

"MILLER ARMIN DUSSÁN CALDERÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 19.117.627 de Bogotá y FERNANDO CHARRY GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 12.135.019 de Neiva, en nuestra calidad de ciudadanos y profesores adscritos a la Universidad Surcolombiana de Neiva, integrantes de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, en forma respetuosa, nos dirigimos a ustedes para poner en su conocimiento las amenazas de que hemos sido objeto a través de un impreso que el pasado 23 de junio de 2009 circuló dentro de las instalaciones de la Universidad Surcolombiana, escrito titulado "Llegó la hora de la limpieza social. Ya los tenemos identificados" suscrito por "Nueva Generación de Águilas Negras", impreso en máquina de inyección de tinta con logotipos a color. En el escrito declaran "objetivo militar" y amenazan de muerte a un grupo de 14 personas vinculadas a esa institución como estudiantes, ex estudiantes, egresados o profesores, incluidos los suscritos. Dice textualmente el panfleto

"que se cuiden los otros milicianos camuflados de profesores y estudiantes... malparidos cobardes guerrilleros camuflados de civil; ya comenzamos a hacer limpieza con todos ustedes, cuidensen (sic) perros hijueputas, se van a morir y ya vieron la forma"... Esta es nuestra última advertencia, muerte a los terroristas de las FARC, ELN y a sus auxiliadores, no más secuestros, extorsiones, nos cansamos de sus actos delincuenciales en contra de la fuerza pública, no más actos vandálicos al interior de la universidad, muerte a prostitutas, consumidores y expendedores de mariguana, llegamos para quedarnos y barrerlos de sus guaridas. Si no se abren sus familias correrán con las consecuencias" (subrayado nuestro).

HECHOS

"Plataforma Sur de Organizaciones Sociales (PSOS), es una asociación regida por la Constitución Política y las leyes de Colombia, sin ánimo de lucro, que funciona dentro del ámbito del derecho privado y se inspira en el interés público, identificada con NIT. 900272690-3 y patrimonio propio, que actúa bajo los principios de equidad social, solidaridad, el respeto al conjunto de los Derechos Humanos, a la vida y a la dignidad de la persona humana en armonía con la naturaleza, democracia participativa, convivencia pacífica y equilibrio regional, en la promoción del desarrollo humano, integral, solidario y sostenible.

"PSOS tiene como objeto principal diseñar, ejecutar y evaluar programas y/o proyectos de desarrollo y paz integral en el Departamento del Huila y el Piedemonte Amazónico con recursos provenientes de cooperación internacional, de los gobiernos nacional, departamentales y municipales y de Organizaciones no Gubernamentales.

"En desarrollo de su objeto social, PSOS trabaja principalmente desde hace más de un año en torno a tres asuntos: los impactos de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo; el impulso y apoyo de procesos de comunicación alternativa y comunitaria y, el apoyo y acompañamiento de procesos y acciones encaminadas a garantizar la prevalencia del orden legal, constitucional y de los derechos humanos en la Región Surcolombiana.

"El profesor MILLER ARMIN DUSSÁN CALDERÓN, miembro directivo de la organización no gubernamental Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, PSOS, lidera las actividades relacionadas con la oposición a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el Departamento del Huila, concesionado por el Gobierno Nacional a la Empresa EMGESA S. A. E.S.P., y el profesor FERNANDO CHARRY GONZÁLEZ, realizador de cine y televisión, ha acompañado en el papel de comunicador e investigador a Plataforma Sur en sus diversas actividades.

"Los medios de comunicación regional (y en algunos casos nacionales) han hecho registro de muchas de las actividades académicas, ambientales, comunitarias, jurídicas, culturales y políticas en las que hemos participado. Nuestra organización publica, además, en Internet el blog http://plataformasur.blogia.com que contiene un registro completo, particularmente de la campaña contra la construcción de la represa de El Quimbo.

"Preocupados de que nuestras acciones de resistencia civil, legítimas y legales, pudieran motivar actos de particulares, de oficiales del gobierno o de personas vinculadas a organizaciones ilegales, como ha sucedido en cientos de casos en Colombia, dirigimos con fecha 12 de abril de 2009 una carta a los doctores JOSE MIGUEL VIVANCO, Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) y CRISTIAN SALAZAR VOLKMANN, Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, carta en las que se solicitó a nombre de Plataforma Sur:

"la intervención inmediata para que se elabore un informe de riesgo y se declare la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los huilenses y, en particular, de la población residente en la zona de El Quimbo. Así mismo para que se proteja a los miembros de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales por la posible vulneración de sus derechos como consecuencia de su trabajo de investigación y denuncia civil de los hechos que hemos puesto en su conocimiento."¹ 

"A la solicitud citada, respondió la Oficina del Alto Comisionado mediante oficio DRP/067/09/CP de fecha 29 de abril, en la que se comunica que:

"Tenemos el gusto de informales que en octubre de 2008, OACNUDH recibió varias comunicaciones de personas habitantes de diferentes municipios y veredas ubicadas en el Departamento del Huila, expresando preocupación por la posible vulneración de sus derechos con ocasión de la ejecución del proyecto El Quimbo. Después de estudiar el caso, OACNUDH informó sobre tal solicitud a la Defensoría del Pueblo de la República y sugirió a los peticionarios intervenir en los espacios de participación previstos en el marco del proceso de estudio de la licencia ambiental. Igualmente, trasladó las preocupaciones de las comunidades a la Empresa Emgesa S.A. ESP, a cargo del proyecto hidroeléctrico.

"La Oficina considera que los mecanismos de participación previstos para este tipo de proyectos podrían constituir una oportunidad para que las autoridades públicas así como las partes interesadas promuevan el respeto y la protección de los derechos humanos de las comunidades."

"En el Departamento del Huila, en los últimos tiempos, han venido incrementándose los casos de homicidios conocidos por la opinión pública como "falsos positivos", casos que han sido descritos por  el relator especial de Naciones Unidas, Philip Alston, como "una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio".

"También, el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia (OBSURDH), ha recogido, sistematizado y publicado (revista ‘Voces y Silencios’²)  los hechos de violación de derechos humanos que han tenido ocurrencia en el Huila y que son materia de investigación de las autoridades colombianas.

"Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, hizo el lanzamiento de su estrategia de paz el 30 de abril de 2009 en la Asamblea Departamental del Huila, donde participaron como invitados especiales los doctores Luis Carlos Restrepo y Carlos Lozano; el doctor Alfredo Rangel no estuvo presente pero envió su respectiva ponencia. La convocatoria de este evento fue compartida con la Mesa Humanitaria del Huila. Entre los asistentes invitados, asistieron delegados uniformados de las Fuerzas Militares, adscritos a la Novena Brigada, cuya sede se encuentra en el Departamento del Huila. La prensa regional hizo un amplio cubrimiento de esta actividad que trató como "evento académico".

"Con ocasión de este certamen Plataforma Sur, en exposición del Dr. José Jairo González explicó la estrategia de Paz para el Sur que en resumen consiste en el proceso de construcción de espacios humanitarios en  cinco corredores geoestratégicos para garantizar la prevalencia del orden constitucional y la paz, entre ellos el de Tello-Baraya-Colombia-Sumapaz, al norte del Departamento del Huila.

"Posteriormente, el Diario del Huila publicó un extenso reportaje  basado en información testimonial de militares adscritos a la Novena Brigada, en que se alude de manera directa a las organizaciones no gubernamentales y a instituciones universitarias como organizaciones que estarían siendo utilizadas por la insurgencia guerrillera, particularmente las FARC. Específicamente, se refiere a las organizaciones que promueven los derechos humanos y la creación de corredores humanitarios como un instrumento de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, el DIH, el derecho al desarrollo que permita salvaguardar la vida y los derechos de los campesinos en medio del conflicto armado que ocurre en el país: 

"Corredor humanitario

"Así mismo, se cree que las FARC están aprovechando algunas ONG que vienen promoviendo el establecimiento de un corredor humanitario o para la paz sobre la cordillera oriental, desde Neiva hacia el departamento de Cundinamarca, argumentando que históricamente ha sido una zona libre de violencia.

"Inteligencia militar cree que esa idea ha acrecentado las expectativas del Bloque Oriental de las FARC, de retomar el control sobre esa área estratégica, que le permitiría a través de los frentes 17 y 55 ejercer incidencia o presión sobre ciudades como Neiva, Ibagué y Bogotá especialmente.

"El interés de las FARC para que se consolide el corredor humanitario estaría también en el aspecto financiero, asociado al control territorial que le permitiría implementar la vacuna económica y el secuestro extorsivo.

"La fuente militar sostiene que a través de estas organizaciones están buscando influir sobre aspectos como el intercambio humanitario, el radicalismo político, tratando de tergiversar la seguridad democrática con el incremento de falsas denuncias contra la Fuerza Pública.

"Se esta corriendo la idea que con ‘Alfonso Cano’ se va a alcanzar la paz y a la par se está incrementando el activismo político estudiantil, mediante la infiltración de organizaciones estudiantiles y de organizaciones o movimientos pro paz, aprovechando también la época electoral donde se va a descalificar la política de seguridad democrática", concluyó la fuente."

"Por otra parte, en el caso del Profesor Charry González, además de su trabajo de acompañamiento en el papel de comunicador e investigador a Plataforma Sur en sus diversas actividades, es pertinente informar que con ocasión a las protestas estudiantiles acaecidas en la Universidad Surcolombiana en junio de 2007, el profesor fue objeto de agresiones físicas por parte de dos miembros del Grupo ESMAD de la Policía Nacional dentro de las instalaciones universitarias, agresión que fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, cuyo reparto correspondió a la Fiscalía Cuarta Seccional del Municipio de Neiva por el delito de abuso de autoridad bajo la radicación 2007-02192.

SOLICITUD

"Con fundamento en los anteriores hechos se solicita a Ustedes y por su intermedio a todos los organismos Internacionales de Derechos Humanos, la intervención inmediata para que se elabore un informe de riesgo y se declare la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de la vida,  y en general de los Derechos Humanos tanto de los denunciantes como de sus familias, y así mismo para solicitar la protección de los miembros de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales por la posible vulneración de sus derechos como consecuencia de su trabajo de investigación y denuncia civil de los hechos relacionados en el presente documento, y en especial, con la oposición a la construcción de la represa de El Quimbo y la promoción y defensa de los Derechos Humanos en la Región Surcolombiana

SOLICITUDES A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

"1. Difundir profusamente la presente DENUNCIA PÚBLICA, con el fin de contribuir a preservar la vida, la seguridad, la integridad física y psicológica y demás derechos de los profesores MILLER DUSSÁN CALDERÓN y  FERNANDO CHARRY GONZALEZ y demás miembros de PLATAFORMA SUR.

"2. Exigir del Gobierno Nacional, y específicamente del Ministerio del Interior, la protección inmediata  y las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los profesores MILLER DUSSÁN CALDERÓN y  FERNANDO CHARRY GONZALEZ, de los miembros de sus familias, con el fin de contrarrestar las amenazas de muerte.

"3. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar "la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración" (Art.12.2);

"4. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia."

"Con respeto, Miller Armín Dussán Calderón / Fernando Charry González"

[1] Ver http://plataformasur.blogia.com/2009/041401-plataforma-sur-solicita-informe-de-riesgos-y-proteccion-de-derechos-a-human-righ.php

[2] Ver: http://www.obsurdhuila.org/

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Amenazas a militantes del PDA y profesores en el Huila

Plataforma Sur interpone recurso de reposición contra licencia ambiental de El Quimbo

Plataforma Sur de organizaciones Sociales, interpuso este lunes (8 de junio) recurso de reposición contra la Resolución 0988/2009 mediante la cual Miambiente concedió licencia ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. La reposición fue radicada en el Ministerio con el nùmero 4120-E1-03984, a través del abogado de la Universidad Nacional de Colombia Guillermo Asprilla, especialista en derecho ambiental, previo poder otorgado por la Fundación El Curíbano, organización filial de Plataforma Sur y reconocida como tercera parte interviniente en el proceso de licenciamiento de El Quimbo. 

El recurso se fudamenta en siete arguementos principales, a saber:

La decisión del ministerio de ambiente de otorgar la licencia ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, contraría el principio de desarrollo sostenible.

1. La resolución atenta contra la biodiversidad del país, al autorizar la destrucción de un área de reserva forestal protectora de la Amazonía y de tierras altamente productivas del Departamento del Huila.
2. Falta de competencia del ministerio de Ambiente para ordenar la destrucción de un área de la reserva forestal de orden protector mediante la figura de la “sustracción”.
3. Ante la precariedad de los estudios técnicos y científicos el ministerio debió aplicar el principio “in dubio pro ambiente”.
4. La licencia ambiental autoriza la destrucción de las especies piscícolas migratorias del Río Magdalena.
5. Durante el proceso administrativo de expedición de la licencia ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, se pretermitió de manera absoluta el cumplimiento del principio 20 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el artículo 1 de la Ley 99 de 1993.
6. El otorgamiento de la licencia ambiental puede estar avalando una actuación ilícita, ilegal e ilegitima de EMGESA en la reserva forestal protectora de la Amazonía.

En conclusión, mediante la licencia ambiental otorgada para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se autoriza la desaparición y destrucción de una parte importante de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía , de la mejor zona agrícola del Departamento del Huila y de la riqueza ictiológica propia del Río Magdalena. Todos son daños ciertos, perfectamente conocidos y previsibles.

 

Se autorizan para dar paso a un proyecto de una empresa privada de capital extranjero cuyo objeto es la venta de energía eléctrica, seguramente para exportación.

 

La protección de la biodiversidad, los recursos genéticos y el medio ambiente, también son de interés público y social y al oponerles el carácter de obra de interés público y social declarado administrativamente para este proyecto por el Ministerio de Minas y Energía, se presenta una disyuntiva entre dos finalidades jurídicas de igual relevancia y de reconocimiento constitucional. En consecuencia no puede argumentase un interés público y social contra otro de la misma naturaleza y para resolver el conflicto habrá de acudirse a determinar el objetivo específico de cada uno de los bienes protegidos, en el caso del medio ambiente el interés superior de la humanidad, y en el caso de la hidroeléctrica, el interés de lucro de una empresa privada, interés de lucro que no desaparece por hecho de que la generación de energía eléctrica esté calificada por la ley como de interés público.

 

Tal conflicto solo debería resolverse a favor del proyecto que causa daños ambientales, cuando mediante un  juicio adecuado y democrático de razonabilidad se concluya que su construcción es imprescindible y absolutamente necesaria para asegurar la vida presente o futura de una comunidad o de un país. Evidentemente no es el caso.

 

El propio estudio de impacto ambiental presentado por la empresa beneficiaria de la licencia, reconoce los daños que el proyecto causará al ambiente y a las personas y la extensión de tales daños es prueba suficiente de que los conceptos técnicos en los cuales se fundamentó la decisión de no solicitar un diagnóstico ambiental de alternativas estaban equivocados.

 

Por supuesto que era necesario determinar tanto como alternativas de ubicación, como de diseño del proyecto para evitar los daños que están suficientemente explicados en la parte motiva del acto recurrido.

 

Si los estudios determinaron tal nivel de daños, lo razonable era denegar temporalmente la licencia y exigir a su peticionario la presentación de alternativas, por lo cual solicitamos se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del Auto No. 515 del 22 de febrero de 2008 que declaró que el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, no requería de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y en su lugar se ordene la presentación de dicho diagnóstico.

 

Esta es la primera de las acciones jurídicas que Plataforma Sur y sus organizaciones filiales entablarán en favor del derecho fundamental al medio ambiente, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos genéticos, el agua, las comunidades y el Río Magdalena.

 

EQUIPO JURÍDICO

Oscar Javier Reyes Pinzón

Wilson Vargas Leyva

Oscar Suárez

Guillermo Asprilla (Asesor externo)

En el Día Mundial del Medio Ambiente

"No al quimbo", dijeron en coro y con sus cuerpos dibujados en alegoria a la naturaleza, un grupo de personas que irrumpió en el escenario del Centro de Convenciones de Neiva (Huila, Colombia), para protestar por la licencia ambiental que recientemente el Ministerio de Ambiente otorgó a la multinacional Emgesa. Ante la mirada incomprensiva y sorprendida del viceministro de Ambiente y del director de la CAM, los manifestantes danzaron y al final, leyeron la declaración que aquí se publica. El hecho sucedió el 5 de junio, hacia la 11 de la mañana, durante las deliberaciones del ’Encuentro departamental de ONG y promotores ambientales comunitarios del Huila’. (Fotografías de H. Soltau)

EMGESA S.A.:

Con licencia para el ecocidio y el daño medioambiental

El 15 de mayo de 2009 será recordado por los huilenses como un día nefasto. Hay quienes dirán lo contrario, en un pomposo vocabulario ambientalmente conveniente. Este día el Ministerio del Medioambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ahora presidido por Carlos Costa Posada, otorgó la licencia ambiental 0899 al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Una autorización administrativa otorgada por el Gobierno Nacional, que justamente debe interpretarse como una autorización para la destrucción de 842 hectáreas de bosques riparios y con ellos los ecosistemas que sostienen la vida de cientos de especies de flora y fauna, algunos de ellas incluidas en los libros rojos de especies amenazadas en vía de extinción. Pero esta realidad al parecer poco parece importarle al Gobierno y menos a la multinacional española Endesa-Emgesa, concesionaria del proyecto.

Uno de los agravantes, ignorado por arte de tinterillos, es el hecho que el 95 por ciento de las más de 8500 hectáreas que se inundarán forman parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, creada mediante la Ley 2 de 1959. En la licencia 0899, el Ministerio autoriza la "sustracción" de estas áreas naturales protectoras, para que Emgesa pueda proceder a la tala de los bosques y a la remoción de los suelos. Nos han dicho la falacia que la multinacional "compensará" el desastre ecológico y ambiental. Son falacias, porque la destrucción de un ecosistema es irreversible. No puede compensarse. No puede mitigarse. El Quimbo y las subsiguientes represas proyectadas sobre la cuenca Alta del Río Grande de La Magdalena, significan la muerte del Río de La Patria, iniciada desde hace más de cinco lustros con la construcción de Betania. Debemos detener este plan ecocida, que con el tiempo arrasará sin lugar a dudas con uno de los más importantes ecosistemas del Sur, el Macizo Colombiano.

A cambio de qué. De nada. Las compensaciones, lo que paguen por la compra de las tierras, toda esa sarta de promesas sobre turismo y desarrollo, las limosnas de las  tasas de retribución y las regalías por la producción de energía eléctrica, el dinero gastado en medios de comunicación y en el soborno de las autoridades, todo sumado, es ínfima parte del valor real de nuestros recursos naturales. Mientras los ministerios de Relaciones Exteriores y de Ambiente, ratificado en sentencia de la Corte Constitucional, declaran que, sin lugar a dudas, la principal ventaja competitiva de Colombia en el contexto internacional, es nuestra diversidad biológica y genética, los gobiernos, uno tras otro, entregan el territorio y pisotean la soberanía nacional. Los únicos que ganarán, además de Endesa-Emgesa, serán los áulicos del proyecto que andan tras las limosnas para asegurar su mezquino presente ignorando la responsabilidad con las generaciones venideras.

Pero además, el megaproyecto Quimbo destruirá la agricultura, el patrimonio cultural inmaterial y material del Huila y las comunidades. Y cuando la bulla de los supuestos tres mil empleos temporales pase, solo nos quedará la miseria, el desempleo y un pedazo más de suelo patrio en manos de los extranjeros. De Betania nos hablaron maravillas, pero hoy los campesinos que labraban las tierras que se inundaron en Yaguará y Hobo, están aguantando hambre y el pueblo, pese a las regalías del petróleo, no es ningún emporio del turismo.

Solo otra perspectiva puede garantizarnos un presente y un futuro mejor para todos y todas: el desarrollo humano integral y sostenible; la generación de energía a través de fuentes limpias como la eólica, geotérmica, y las corrientes marinas, por ejemplo; un modo de producción basado no en la competencia sino en la cooperación y la solidaridad humana. Lo demás son mentiras que la historia de la humanidad y el conocimiento científico acumulado se han encargado de desvirtuar.

Neiva, 5 de junio de 2000

 NO AL QUIMBO. SI AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA EL HUILA

POR LA PRESERVACIÓN DE NUESTROS ECOSISTEMAS, LA SOBERANÍA TERRITORIAL Y UN MEJOR PRESENTE Y FUTURO PARA TODOS: NO AL QUIMBO

PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Desobediencia civil y movilización permanente contra la licencia ambiental al proyecto Quimbo

Movilización ciudadana del 5 de marzo de 2009 (Fotografía Plataforma Sur)

La Resolución 0899/2009 aún no se encuentra ejecutoriada, razón por la cual Emgesa no está autorizada para iniciar ningún tipo de obras obras en nuestro territorio. De hacerlo sería una nueva invasión que deberá ser rechazada por los huilenses auténticos y dignos.

 ¿Por qué los medios no han preguntado que pasó con la Resolución 227 del 11 de febrero por medio de la cual se le abrió cargo a Emgesa por presunta iniciación de obras sin la licencia ambiental?

¿Por qué el texto de la licencia en ninguna parte hace mención a ésta Resolución? ¿Por qué cambiaron la fecha de realización de la Audiencia Pública en el texto de la Resolución 899?

¿Será que a los funcionarios del MEN les causa horror mencionar la fecha del 12 de febrero de 2009 donde la gran mayoría de participantes en la audiencia pública, realizada en Gigante Huila, rechazaron con argumentos el negocio de Emgesa y la hecatombe social y ambiental que se causará si se construye ese dinosaurio moderno?

La lectura crítica del texto de la Licencia (Resolución 0899/2009) permite descubrir en qué consiste el negocio y porqué Lucio Rubio, gerente de Emgesa declaró con satisfacción: "Podemos decir que acogemos a plenitud los términos de la licencia y, como digo, incluidos los acuerdos de las mesas de concertación"... "...estábamos esperando las medidas de compensación que fijaba el Ministerio, recavó la información de la CAM, que había pedido una compensación de 1 a 10 y las compensaciones del Ministerio son de 1 a 3. En la licencia están contenidos todos los acuerdos de las mesas de concertación..." "...las exigencias medioambientales no van a ser objetadas por Emgesa" (La Nación, 28 de mayo de 2009/3).

¿Será que la CAM va a interponer el recurso de reposición? Lo dudamos porque ya anunció que ahora si va a vigilar y a controlar a Emgesa. ¡Qué falacia¡ ¡Qué indignidad! !Negocio es negocio! Tampoco nos extraña el afán del Minambiente de dejar en firme la Resolución de entrega de nuestro territorio, la destrucción de nuestra biodiversidad natural declarada como parte de la reserva de la Amazonía y el desalojo y desarraigo de las comunidades. Negocio es negocio.

Por fortuna todos estos hechos ya hacen parte del registro histórico que no dudamos se convertirá en memoria ejemplar cuando las futuras generaciones elaboren el respectivo juicio. Lamentable que la Resolución sólo la firme una funcionaria de segundo rango. Ella sólo cumple órdenes.  Pero claro, es propio de la condición humana, intentar justificar la crisis de la conciencia. Los demás mantienen silencio y se escudan en Uribe, quien el 15 de mayo de 2009, cual señor feudal y mandadero del ‘reino de Endesa-Emgesa’, en un acto de arrogancia digno de los peores dictadores de otros tiempos en América Latina, hizo entrega de licencia ambiental a sus vasallos opitas de la élite gubernamental y empresarial.

En la parodia dictatorial expresó: "Yo le dije ayer al Ministerio de Ambiente que así tuvieran que prolongar la noche, yo no podía llegar al Huila sin una decisión sobre la materia". Según La Nación, en su edición de mayo 17 "la entrega de la Resolución 899 fue simbólica. El jefe de Estado le entregó al Gerente de Emgesa, Lucio Rubio, un oficio donde les notifica la decisión y un comunicado del Ministerio del Medio Ambiente, con algunos anticipos".

Los medios de comunicación locales, de nuevo, han repetido hasta la saciedad la sarta de mentiras sobre los presuntos beneficios y compensaciones que el proyecto hidroeléctrico traería al Huila y sus gentes. En el coro de áulicos de los gremios y empresarios regionales repiten como loras el mismo cuento que echaron cuando construyeron Betania. Mientras ‘el príncipe de Emgesa’, caracaquea el cuento de los tres mil empleos.

La actitud dictatorial, subordinada al capital transnacional, es una orden de desalojo de las comunidades afectadas por el megaproyecto que complementa la de expropiación de las mismas que había ordenado Uribe mediante la Resolución 321 de 2008 y que generó el rechazo de los huilenses incluido el presidente del Senado, Hernán Andrade.

No es extraño que haya sido el mismo presidente quien entregue la recompensa al príncipe de Emgesa, Don Lucio después de haber recibido el respaldo a la reelección presidencial por parte de empresarios españoles, entre ellos, Endesa Emgesa. Sin previa licencia, ya se había impuesto el batallón energético No. 12 para proteger los intereses de la multinacional y reprimir a las comunidades y organizaciones que se opongan a la construcción del embalse.

Los graves impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que se generarían con la construcción del megaproyecto denunciados por las comunidades locales, organizaciones sociales y ambientales, académicos, pequeños productores, comerciantes, durante la audiencia pública el 12 de febrero; el no otorgamiento de la licencia ambiental solicitado por la Procuraduría general a Minambiente; la demanda tardía del contralor del Huila de realizar los estudios socioeconómicos que ordena la Ley 56 de 1981; la investigación abierta por la Resolución 227 del 11 de febrero por presunta iniciación de obras sin licencia por parte de Emgesa y los reclamos de subir el valor de la biomasa planteada por la CAM quedaron sepultados con la orden autoritaria de Uribe.

Se impone de manera fraudulenta la nefasta política de la "confianza inversionista" (entrega del territorio y la soberanía a las multinacionales), la seguridad democrática (batallón energético No 12 para que los terroristas  -comunidades y  opositores al proyecto- no atenten contra la "confianza" que merece Emgesa) y que justifica sin reparos que los pobres se sacrifiquen pagando un nuevo impuesto para cubrir los 148.000 millones de pesos que cuesta la base energética.

Y la "cohesión social" (desalojo y desarraigo de las comunidades) para que los políticos clientelistas regionales y los gremios económicos sueñen con grandes rentabilidades que les dejará el turismo, los jaulones que tienen en mente "empresarios" piscícolas cercanos al gobierno Departamental, como en Betania;  las nuevas zonas francas que se crearán para favorecer a los hijos de los gobernantes, los votos que suman a los partidos Uribistas con los  empleos no calificados y baratos, las dádivas para financiar la próxima campaña electoral, las pautas publicitarias que esperan los dueños de los medios y las limosnas que mendigan algunos senadores, representantes, ministros, diputados, alcaldes, concejales y supuestos líderes comunitarios por subordinarse a la voluntad del príncipe de Emgesa.

Como respuesta a la imposición por la fuerza del megaproyecto, con el apoyo de quienes firmaron el Acta de Capitulaciones  contra los intereses de las comunidades y de nuestra región, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, con legitimidad, convoca a todos los huilenses a la desobediencia civil, la movilización social permanente y a respaldar las acciones de nulidad de la resolución 899 de licenciamiento ambiental para impedir la entrega de nuestro  territorio. El otorgamiento de la licencia no doblegará la voluntad popular.

De igual manera, ratificamos el Encuentro Nacional, con invitados internacionales, previsto para el 5 y 6 de Noviembre en Neiva donde daremos inicio al Movimiento Nacional contra represas y por una política de soberanía energética sustentable.

Al son de la danza de los chapetones las comunidades indignadas se levantarán contra los mesías, los nuevos príncipes de las transnacionales y sus bufones vasallos nacionales y regionales con la mirada erguida de la heroína de nuestra América Mestiza: La Cacica Gaitana, dueña de nuestro Río Grande de la Magdalena.

Descargue la Resolución 0899/2009: Photo Sharing and File Hosting at Badongo.com

El Quimbo: de la licencia ambiental a la voluntad popular

El director de la Corporación del Alto Magdalena" (CAM), Ariel Borbón, una vez aprobada la Licencia Ambiental para la construcción de El Quimbo anunció que "nuestro papel de ahora en adelante es el de supervisión y control sobre todas las acciones que desarrolle la empresa" (Diario del Huila 16 de mayo de 2009). En otros términos, ahora sí va a intervenir para que se cumpla con los lineamientos ambientales establecidos en la Resolución 899 del 15 de mayo y lo incluido en este acto administrativo del "acta de capitulaciones" firmada por el gobernador y los alcaldes de lo municipios de la zona afectada por el megaproyecto. Él hizo parte de la "mesa de concertación" y se retiró de la sesión final como mecanismo de presión para que la empresa incrementara la oferta económica por la afectación ambiental al considerar que el valor real a compensar por 900 mil metros cúbicos de biomasa (flora) es de $100.000 millones y no de $10.000 millones según los estimativos de Emgesa. Con anterioridad a la licencia ambiental dijo que "el estudio de Emgesa no compensa justamente ni al departamento, ni a las comunidades. La información no valora dichos impactos ambientales, no hay una valoración efectiva sobre el impacto que se causa y por tal razón las obras de mitigación que se causan son muy pocas comparadas con el daño que se va a generar".

De lo anterior se infiere que la principal preocupación del director de la CAM ha sido el dinero a cambio de los daños ambientales, es decir, el valor de cambio (como criterio único de análisis) excluye los valores de uso y de existencia  que son categorías reconocidas por las comunidades ambientalistas para el estudio de este tipo de megaproyectos. En consecuencia, la CAM decide ajustar "los estudios técnicos" al propósito de reclamar mayores compensaciones económicas por los daños causados y satisfacer la decisión autoritaria del Uribe (el proyecto va porque va), en correspondencia con el modelo que reduce el desarrollo al crecimiento económico donde prima el interés particular (el negocio) sobre lo público en oposición al desarrollo humano, equitativo y sustentable orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Su intervención ahora es para que se cumpla estrictamente con los parámetros del negocio al servicio de la multinacional y, en mínima cuantía, de sus vasallos opitas a cambio de la entrega del territorio, el río Magdalena y la biodiversidad.

Lo anterior explica la actitud asumida por la dirección de la CAM de no preocuparse, previo a la licencia ambiental, por los estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas caracterizados como sensibles únicos, como el caso de los bosques riparios y de los recursos hidrobiológicos del Río Magdalena. Tampoco insistió ante la Contraloría para que realizara los estudios de valoración de bienes y servicios ambientales. Ni solicitó a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para que se verificara, la validez de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural de la represa El Quimbo, como lo exigió reiteradamente Plataforma Sur.

Diferente fue la actitud de la Procuraduría General al solicitar al gobierno "se sirva abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo", con base en los siguientes argumentos extractados del concepto publicado recientemente:

• En la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía fijada por la Ley 2 de 1959, queda el 95% del proyecto Quimbo.
• El Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 208 al referirse a la construcción de represas y embalses establece que "la licencia se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la conservación de los recursos naturales renovables".
• El concepto Técnico de Minambiente del año 2008 dice que "No es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes"
• En el auto 2945 de 2008 Minambiente exige que "la empresa Emgesa deberá solicitar la respectiva sustracción de la reserva (forestal de la Amazonía) ante la Dirección de Ecosistemas de éste Ministerio...y deberá presentar la información como una nueva versión del estudio de impacto ambiental"

El director de la CAM y los sectores de las élites gubernamentales y empresariales que siempre han respaldado el Megaproyecto, fingieron al manifestar que compartían el concepto del Ministerio Público. Un caso ejemplar es el  del Contralor Constantino Trujillo  quien anunció "la contratación de Uriel Amaya, experto en derecho y control ambiental de la Universidad Externado de Colombia, para que represente a la Contraloría Departamental en el caso de la Ley 56, ‘que no sólo exige el estudio socioeconómico, sino las compensaciones adicionales a los avalúos que las tierras y los proyectos deben tener para los huilenses y que adicionalmente se determine qué va a pasar con la riqueza hídrica del Huila, aguas arriba de la hidroeléctrica una vez esta se construya" (La Nación 4 de mayo de 2009). Sin embargo, una vez el presidente presentó ante sus vasallos opitas de las mismas élites la parodia de licencia ambiental, el pasado 15 de mayo, celebraron con júbilo como excelentes bufones y se callaron frente a la solicitud de no otorgamiento de la misma solicitado por la Procuraduría

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales desde el comienzo exigió al Gobierno Colombiano se ordenara a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81 para evitar su condicionamiento a los estudios sesgados de Emgesa. El no cumplimiento de esta exigencia trajo como consecuencia que en la "mesa de concertación" El Quimbo, al no contar con la información científica y técnica básica requerida para la toma de decisiones, no se hubiese avanzado en acuerdos rigurosos en beneficio de nuestra región, razón por la cual el Gobernador convocó a una especie de conclave burocrático empresarial donde se firmó el "Acta de Capitulaciones" y que hoy uno de los firmantes, el alcalde de Gigante, asediado quizás por las aflicciones de su conciencia reconozca que: "debo decir como Alcalde que el pueblo giganteño no está de acuerdo con esta determinación (la licencia ambiental).

La verdad quedamos muy preocupados porque no vislumbramos un futuro halagüeño para nuestro municipio y su gente. La licencia no tenía reversa, todo se hizo en un proceso de concertación muy rápido, llegamos a estos escenarios públicos a dejar constancia sobre las implicaciones que esto podría tener para todos, por eso quedará para la historia que el pueblo de Gigante nunca estuvo de acuerdo con esa hidroeléctrica, es muy difícil que una sola golondrina llame agua" (Diario del Huila, 16 de mayo de 2009). Positivo que haya anunciado sumarse a la desobediencia civil en defensa de su territorio.

Los estudios solicitados por Plataforma Sur (ver http://plataformasur.blogia.com) seguirán vigentes como uno de los argumentos para continuar la lucha de resistencia por la defensa del territorio, el rió Magdalena, la biodiversidad, el Macizo Colombiano, las comunidades y por una política energética soberana y sustentable. También servirán de constancia contra versiones de prensa según las cuales con la licencia ambiental "todos ganamos" cuando sabemos que el único favorecido es Emgesa, quien violando los protocolos internacionales de responsabilidad social empresarial engañó a los huilenses y favoreció a las  élites gubernamentales, empresariales y a sus contratistas. Y por supuesto, también se favorece, la CAM debido a que al no asumir su responsabilidad ética en la formulación de estudios rigurosos en defensa de nuestros ecosistemas recibirá su respectivo porcentaje como parte sustantiva del negocio y, por supuesto, la sanción moral de los huilenses

Las comunidades avanzaron, aunque poco, en sus demandas compensatorias gracias a la presión del movimiento social de resistencia acompañado por las organizaciones sociales, entre ellas Plataforma Sur. Ahora declaramos nuestro legítimo derecho a  la desobediencia civil y la movilización permanente en defensa de lo nuestro porque entendemos que hay un gran trecho entre la licencia ambiental y la voluntad popular.

Neiva, 19 de mayo de 2009

Audiencia Pública Ambiental sobre el macroproyecto Hidroeléctrica del Río Sogamoso

Una respuesta elocuente. (Fotografia cortesía de los organizadores)

Por Juan José Landínez Landínez - [e-mail]

El 29 de Abril de 2009 se realizó en las instalaciones de CENFER-Bucaramanga  la audiencia convocada por el ministerio del medio ambiente, para que los participantes se pronunciaran sobre el megaproyecto de la hidroeléctrica de Sogamoso. Esta experiencia permite sacar algunas conclusiones, y destacar algunas precisiones que allí se hicieron, por cerca de 80 expositores, algunos de los cuales controvirtieron con sólidos argumentos muy bien esbozados la posición del gobernador de Santander, quien manifestó su apoyo al macroproyecto.  Entre las conclusiones y precisiones tenemos:

1. La licencia ambiental concedida a la constructora del macroproyecto- ISAGEN- desde el año 2000, fue obtenida de manera cuasi clandestina, pues las comunidades no fueron de ello enteradas ni convocadas como ordena la ley, dijeron algunos expositores.

2. La licencia ambiental, que debió sustentarse en estudios serios y científicos del impacto sobre el ecosistema y sobre las comunidades de la zona,  no se basó en estudios elaborados como exige la norma.

3. De lo anterior se podría concluir,  que se habría violado el debido proceso  para la obtención de la licencia,  lo cual significa que estaríamos frente a una licencia ambiental viciada de nulidad,  e incluso fraudulenta.

4. En consecuencia, sería viable una acción judicial, además de la movilización y concientización de las comunidades acerca de los impactos negativos del macroproyecto sobre la Vida de la naturaleza y la Vida de los seres Humanos.

5. De otra parte, quedó claro con varias exposiciones,  que el daño a la fauna y la flora será gravísimo e irreversible, pues con el macroproyecto morirán varias especies, (ver siguiente anexo). Todo el ecosistema quedará irreparablemente impactado negativamente.

6. Y en lo que concierne con las comunidades,  el desarraigo y desplazamiento forzado de decenas de familias, cuyas tierras serán inundadas, constituye otro irreparable daño.

7. Además, los cambios sustanciales en el microclima impactarán las plantaciones que queden alrededor de la represa, ocasionándose así otro daño, esta vez a la soberanía alimentaria.

8. Con el macroproyecto prácticamente se privatizará el río Sogamoso,  el cual en el futuro podría ser de propiedad de la multinacional que compre ISAGEN;  así se consolida el perverso proceso de privatización del agua en Santander y el país.

9. Algunos expositores advirtieron la ineficacia de la audiencia, por cuanto los planteamientos de los expositores, que representan las comunidades, no serán tenidos en cuenta para decidir sobre la licencia ambiental.  Se recordó que el congreso de la república acaba de tergiversar el referendo por el agua, burlando así la voluntad del Pueblo que lo firmó;  por ello se precisó que los llamados mecanismos de participación ciudadana poco participativos son en la realidad. La comunidad es convocada a asambleas, o firma referendos, pero su voluntad no se tiene en cuenta, sus decisiones se tergiversan o simplemente se desconocen, mientras las audiencias se realizan solo para cumplir el formalismo legal.  Se advirtió igualmente, que los dueños de macroproyectos suelen corromper por arriba a las élites políticas y económicas y sobornar por abajo a las comunidades para lograr sus propósitos.

Varios expositores dejaron sin argumentos al gobernador de Santander Horacio Serpa, quien dijo:

9.1 Que él apoya el macroproyecto, porque los Santandereanos mayoritariamente lo aprueban.

Ante las afirmaciones del gobernador, una expositora proveniente de San Vicente de Chucurí le solicitó convocara a un referendo para que se determinara si las y los Santandereanos efectivamente avalaban el macroproyecto.   El gobernador manifestó que estudiaría la propuesta; los ambientalistas esperan la respuesta.

9.2 Dijo el gobernador, que el macroproyecto de hidrosogamoso fue precedido de estudios serios, efectuados por la UIS,  por lo cual él no accedía a la otra petición que le hizo la misma expositora, de suspensión de la obra. El gobernador manifestó que si él estuviese convencido de la falta de estudios serios, ordenaría la suspensión de la obra.

Pero después de la intervención del gobernador vinieron unas muy importantes y fundamentadas intervenciones de estudiantes y egresados de la UIS, quienes  manifestaron que la UIS  no ha terminado ni entregado estudios, luego no se conocen los resultados de sus investigaciones, en lo relacionado con el macroproyecto.

Adicionalmente, como se ve en el siguiente anexo, los "estudios" presentados por ISAGEN, para obtener la licencia ambiental,  son incompletos, superficiales y no elaborados por personas idóneas ni con la metodología y rigurosidad que exigen las normas nacionales e internacionales.    En consecuencia, están dadas las condiciones para ordenar la suspensión de la obra,  antes de que el daño sea irreparable, sostuvieron algunos expositores.

9.3 Adujo el Sr. Gobernador, que él apoya el macroproyecto porque éste genera desarrollo y empleo, y porque es beneficioso para el departamento,  que lo venía esperando desde hace 40 años, sin que se conocieran oposiciones al mismo.

Varios expositores le hicieron ver al Sr. Gobernador, que los políticos efectivamente venían ofrendando el macroproyecto de manera muy genérica en sus campañas políticas desde hace 40 años,  pero sólo hasta ahora se conoce lo que él es, y sobre todo las gravísimas consecuencias que el macroproyecto trae para la supervivencia de la Vida en la región.

Igualmente adujeron varios ponentes,  que hace 40 años el macroproyecto podría haberse visto muy favorable para Santander y el país,  pero últimamente la Humanidad  se ha percatado del inmenso e irreparable daño sufrido por los ecosistemas y por las comunidades que habitan territorios donde se han construido hidroeléctricas, por lo cual ha sido prohibida la construcción de presas o hidroeléctricas en Europa y los Estados Unidos. Hoy las hidroeléctricas son obsoletas,  hay otras alternativas más amigables de la Vida para la producción de energía, como es la eólica y la luz solar. Incluso Obama en los E.U viene promoviendo la producción alternativa de energía, mas  no con hidroeléctricas.

Y sobre el tema de desarrollo que tocó el gobernador Serpa me permito hacer las siguientes reflexiones:

a) El desarrollo no se puede reducir solo al crecimiento económico.  El concepto de desarrollo es integral, holistico, involucra lo social como lo ambiental, lo cultural y lo ético. Lo ético, porque no se pueden seguir produciendo ni comerciando bienes y servicios con la ética del mercado, donde prevalece el interés individualista, egoísta y la competencia salvaje donde solo ganan los que destruyen al competidor; otra ética que reivindique la solidaridad, el bien común y la honestidad reclama la Humanidad para que haya un Mundo Mejor, donde impere la Vida.

b) Hoy no se puede llamar desarrollo a aquello que atente contra la Vida, contra los ecosistemas, como las hidroeléctricas, eso sería a lo sumo subdesarrollo.

c) Las varias crisis que confluyen comenzando este siglo XXI, como son la ambiental, la alimentaria, la económica y la social, constituyen verdaderas amenazas globales que atentan contra la supervivencia de la Vida en el planeta. El descongelamiento de los glaciales y nevados, por el recalentamiento global, elevará peligrosamente el nivel del mar hasta ahogar ciudades costeras.  Los bruscos cambios climáticos arruinan las cosechas. La amenazante escasez de agua dulce y la desertización de cada vez más tierra viene produciendo la crisis alimentaria que hoy tiene a cerca de mil millones de personas con hambre.  La exclusión y la pobreza globalizada, al lado de la crisis económica generalizada que ha elevado el desempleo a más del 10% en Europa y los Estados Unidos, mientras en el tercer mundo ha trepado a más de 12%,  son elementos de una crisis social generalizada.

d) Es indudable que estas crisis o amenazas globales son producto del modelo de desarrollo económico vigente en el planeta desde hace 230 años, el modelo de desarrollo capitalista, que tiene su propia lógica, la lógica del mercado;  y que se desenvuelve con la que los filósofos de la escuela de Frankfurt denominaron la racionalidad instrumental medio fin, es decir, que para el capitalista lo que importa es el fin, que es el lucro, la acumulación de capital; sin que importen los medios para obtenerlo, así sea destruyendo la naturaleza, o explotando al ser Humano con bajos salarios y exclusión social. Para los capitalistas todo vale, incluso atentar contra la Vida, con tal de lograr el fin, que es el lucro individualista.

e) La dura realidad que vive la Humanidad viene mostrando que el sistema capitalista es depredador, y suicida, como afirma Franz Hinkelammert en su texto ‘Hacia una economía para la vida. Preludio a una reconstrucción de la Economía'. Depredador porque acaba con la naturaleza, y suicida porque matando la naturaleza y condenando al Ser Humano a la pobreza y la exclusión,  destruye la Vida,   y destruyendo la Vida él mismo perece.

f) Comenzando este siglo XXI, siglo de grandes transformaciones, la Humanidad tiene el reto de construir una propuesta de desarrollo alternativo, si queremos que la Vida finalmente no desaparezca del planeta.  Las grandes transformaciones serán, hacia la defensa de la Vida, o hacia su ocaso. En este sentido dos grandes bloques políticos se están conformando en los distintos países, de un lado quienes son conscientes y sensibles ante las distintas crisis que agobian a los Pueblos, especialmente la ambiental y la social, y por ende abogan por un modelo de desarrollo alternativo,  y de otro lado quienes por lucrarse con el viejo modelo de desarrollo o por ser insensibles ante las amenazas globales, defienden el modelo vigente.

En América Latina gobiernos alternativos elegidos por comunidades organizadas han tomado la opción de la Vida, como ocurre en Bolivia, donde una Asamblea Nacional Constituyente, que reivindicó la soberanía Popular, expidió una nueva Constitución Política que le otorga  a la naturaleza derechos,  como los tiene el Ser Humano.

Evo Morales manifestó ante la asamblea de la ONU ahora último, cuando se celebró el día de la tierra,  que los Seres Humanos estamos equivocados al creer que la naturaleza nos pertenece y por lo tanto la podemos explotar sin medida,  cuando la verdad es lo contrario: somos nosotros quienes pertenecemos a la naturaleza, somos parte de ella y a ella nos debemos;  y si la destruimos nos destruimos a nosotros mismos.

g) Un poco tarde empezamos a tener conciencia de la realidad de las cosas, cuando ya hay daños irreversibles en el ecosistema global ( el recalentamiento global es irreversible);  no obstante, aún hay tiempo para evitar que crezca el daño, construyendo un modelo de desarrollo alternativo, que necesariamente debe ser implementado con decisiones desde los gobiernos, luego no basta con encontrar el modelo alternativo de desarrollo, se requieren gobiernos alternativos también, comprometidos con el nuevo modelo de desarrollo, y por tanto con la defensa de la Vida.

h) La Comunidad de organizaciones y personas comprometidas con la defensa del medio ambiente de Santander debe buscar aliados estratégicos para pensar un modelo de desarrollo alternativo para el departamento, que reivindique la Vida con programas y proyectos que apunten hacia la soberanía y seguridad alimentaria, para lo cual es imprescindible defender la Vida de la naturaleza, y la Vida del Ser Humano, con programas y proyectos dirigidos a propiciar equidad y justicia social.  Aliados son las organizaciones que abogan por la seguridad y soberanía alimentaria  y  la academia,  entre otros.    La Cátedra Alternativa, hace poco inaugurada en la UIS, podría ser el espacio propicio para desde la academia abrir ciclos de análisis sobre estos temas.

El profesor Miller Dussán convocó a las comunidades para que participen en la formulación de una política energética soberana, en ese orden de ideas manifestó que en noviembre del 2009 se tiene previsto la realización de un encuentro en Neiva de comunidades, organizaciones sociales y ambientalistas, afectadas por hidroeléctricas que se ocuparán de avanzar en las bases de dicha política articulada a un nuevo modelo de desarrollo.

Ahora bien, es claro que este nuevo modelo de desarrollo exige pensar también en una nueva democracia y un nuevo estado, donde impere la soberanía Popular.  Recordemos que la misma Constitución Política de Colombia dice en su artículo 3,  que "la soberanía  reside exclusivamente en el Pueblo". Hagamos realidad ese pedacito de la Constitución Nacional, con organizaciones sólidas, claras en sus propósitos y constructoras de propuestas de desarrollo compatibles con la defensa de la vida; a eso apuntan justamente La Constituyente Social Comunera  y la Cátedra Alternativa.

Finalmente, una propuesta de desarrollo alternativo debe estar soportada en una teoría económica alternativa a la propuesta neoclásica vigente, y ya la tenemos esbozada en el texto de Franz Hinkelammert: ‘Hacia una economia para la vida. Preludio a una reconstrucción de la economía'. El libro tiene 810 páginas y se puede conseguir Por $70.000,00 por el correo: [e-mail]. Esperamos tener a Hinkelammert en mayo o junio de este año, exponiendo su tesis.

Más información sobre el trabajo de las comunidades campesinas del río Sogamoso la pueden encontrar en: http://veredasogamoso.blogspot.com

(1) Con el de la hidroeléctrica del Sogamoso, varios macroproyectos han sido anunciados para el departamento de Santander, para explotar oro, carbón y uranio. Ellos deben ser cuidadosamente estudiados, porque podrían estar acelerando el deterioro del ecosistema.

Impactos de las represas

Asistentes a la Audiencia Pública Ambiental de Hidrosogamoso. (Cortesia de los organizadores)

Texto de la ponencia expuesta durante la Audiencia Ambiental del proyecto Hidrosogamoso realizado recientemente en Bucaramanga.

 

Por Miller Armín Dussán Calderón

Profesor Universidad Surcolombiana

 

El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- del 2008, definió la construcción de varias Hidroeléctricas en diferentes lugares del país, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática. El Gobierno espera que para el 2014, estén en funcionamiento los proyectos El Quimbo, Pescadero, Porce IV, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.

 

El proyecto Hidrosogamoso tiene las siguientes características:

 

• Localización: Noreste del país, Departamento de Santander, en el Cañón donde el Río Sogamoso cruza la Serranía de la Paz, 75 km aguas arriba de su desembocadura en el Río Magdalena, y 62 km aguas debajo de la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha.
• Fuente hídrica a represar: Río Sogamoso
• Capacidad total de almacenamiento: 4.800 millones de metros cúbicos de agua a nivel máximo de 6.960 hectáreas.
• Generación eléctrica: 800 megavatios para el Sistema Interconectado Nacional y una energía media de 4.661 giga vatios por hora al año.
• Licencia Ambiental: Resolución 0476 del Ministerio del Ambiente (mayo de 2002) Actualmente en actualización.
• Área de influencia: 21.417 hectáreas (tres veces mayor que el área inundada)
• Población directa afectada: 900 personas (que viven dentro del área de inundación)
• Infraestructura civil afectada: 47 kilómetros de carreteras, 20 kilómetros de líneas de transmisión y 11 kilómetros del Poliducto Galán.
• Municipios afectados: Betulia, San Vicente de Chucurí, Girón, Lebrija y Zapatoca

Parámetro de Diseño	Valor
Presa de gravas con cara de concreto	Altura de 190 m
Capacidad Instalada	820 MW
Número de Unidades	3
Energía Media	5056 GWh/año
Inversión estimada	$2.4 billones
Período de construcción	5  años
Caudal medio	474,6 m3/s
Área  de la cuenca tributaria	2’117.800 ha
Superficie del espejo de agua	6.960 ha
Volumen total	4.800 Mm3

La construcción de Hidrosogamoso fue concebida por primera vez en 1960 y cuarenta años después, en 2007, Isagen adquiere todos los derechos, actualiza los diseños y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Previamente, en 2000, Minambiente había otorgado licencia ambiental mediante Resolución 0476 del mismo año. Dos años más tarde se ordena una nueva actualización de estudios a través de la Resolución 898, estudios que Isagen presentó al Ministerio el 24 de diciembre de 2008.

 

La Resolución 0206 del 9 de febrero de 2009, modifica el artículo 2 de la Resolución 0476 con el propósito de autorizar la construcción de nueve vías a cargo de Isagen.

 

El 17 de marzo de 2009 el Senado de la República aprueba la proposición 338 mediante la cual convoca a un foro temático sobre el proyecto Hidrosogamoso en San Vicente de Chucurí, aun pendiente de realizar.

Finalmente, el 30 de marzo del mismo año el MAVDT convoca la audiencia pública ambiental reglamentaria para el 29 de abril en curso.

 

El proyecto hidroeléctrico se construirá en el cañón donde el río Sogamoso cruza la Serranía de la Paz y cuya vida útil se estima en alrededor de 60 años. El área total del proyecto es de 21.427 hectáreas que según el Estudio de Impacto Ambiental de INGETEC, diciembre de 2008, serán asignadas a diversas actividades tales como la ejecución de las obras del proyecto, al área de protección ecológica alrededor del embalse, a la franja de protección de predios localizados en el sector alto, las que se contemplan como zonas inestables aledañas a la zona de protección y fuera de ésta, la zona de sedimentación en la cola del embalse, así como las áreas para el reasentamiento de las familias que entran a ser desplazadas con ocasión del proyecto.

 

Los modelos de desarrollo

 

Para entrar en un análisis sobre la construcción de estos megaproyectos es necesario precisar, entre otros aspectos, qué modelo de desarrollo los inspira. Hoy por hoy existe un serio cuestionamiento mundial que se opone a la construcción de grandes represas tal como lo señalan los estudios publicados por la Comisión Mundial de Represas. No obstante, parece haber una ‘fiebre de represas’ en particular en América Latina y las grandes corporaciones transnacionales acaparan el negocio de la creciente demanda de energía. Veamos entonces cuáles son esas nociones inspiradoras del desarrollo.

 

Una primera visión reduce el desarrollo al crecimiento económico. Para el caso, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de grandes inversiones para garantizar la autosuficiencia energética del país, proyectos que de paso abren otras posibilidades en ámbitos como el turismo y la piscicultura. Dónde quiera que sea se usan los mismos argumentos.

 

Además, estos proyectos se justifican como parte del Plan Nacional de Desarrollo, de las Agendas de Productividad y Competitividad Nacional, así como las Agendas Internas de Productividad y Competitividad de cada uno de los departamentos. Todos estos documentos fueron elaborados como parte de las adecuaciones normativas para la celebración del TLC. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio’ en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos’ (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, solar, atómica o las micro-represas.

 

Otra visión define el desarrollo como mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible.

 

Los áulicos presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuarán las constructoras a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social que exige la ley ambiental; pagos que son siempre menores que el valor de las riquezas que se producen. Además, prima la generación rentable de energía sobre el consumo humano de agua, la irrigación agrícola, la piscicultura o el turismo con poca o ninguna  ganancia económica, social, cultural ni ambiental para las comunidades o los entes territoriales. No se obliga a los constructores operadores a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en los contratos de concesión.

 

Para las comunidades la solución no está en la reparación de los daños en beneficio de la acumulación de riquezas, sino, en no producir daños por cuanto sus efectos ambientales y sociales tienen una prolongada duración, pueden abarcar planes de vida enteros, de las familias, de las comunidades.

 

Las dimensiones ética y política

 

Los megaproyectos hidroeléctricos rebasan las dimensiones puramente técnicas y empresariales. Son, fundamentalmente un asunto de responsabilidad política y ética.

 

En primer lugar de los dirigentes políticos, particularmente de quienes ostentan los cargos de representación en las ramas ejecutiva y legislativa. ¿Es éticamente posible que en las condiciones en que suelen formularse estos proyectos, encuentren el respaldo de los dirigentes? La respuesta es sí, pero solo sacrificando los intereses de las comunidades, los campesinos pobres y medianos, los ganaderos; los intereses los de los municipios, los departamentos, y a la larga de la Nación.

 

Para entender esta aseveración téngase en cuenta que la energía que se producirá en proyectos como Quimbo e Hidrosogamoso no es para subsanar el déficit de interconexión eléctrica colombiano sino para ser transportada al Ecuador, Perú, Centroamérica y Venezuela.

 

De modo que dar respaldo político a los megaproyectos de generación eléctrica configura una traición a las aspiraciones políticas que tienen todos los habitantes de la una nación o una región en particular; una negación del derecho al desarrollo humano sustentable, a la democracia, la justicia y la equidad.

 

En segundo lugar, existe una responsabilidad ética y política de los dirigentes empresariales que participan de la cadena constructiva (contratistas, proveedores, oferentes de servicios). Sus criterios empresariales están fundados en el lucro creciente. ¿Quién garantiza que las plusvalías se reinviertan en las mismas regiones en lugar de terminar en el tinglado financiero y bursátil? Si se trata de un negocio habría que plantearlo en las condiciones que posibiliten a todos los actores involucrados negociar y ganar.

 

Como lo han señalado experiencias ya históricas de construcción de estos megaproyectos,  éstos usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, un factor que tiene que ver con un modelo de desarrollo neoliberal y salvaje, de apropiación privada en pocas manos;  otro, que tiene que ver con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y otro que tiene que ver con la facilidad para el manejo y  la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades. Corrupción, soborno, nepotismo, clientelismo, autoritarismo, centralismo, son sucedáneos a estos modelos de desarrollo que alumbran y apoyan este tipo de proyectos.

 

El concepto de responsabilidad social empresarial implica que el crecimiento económico y la productividad de las empresas deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio lo que constituye un cambio en el paradigma técnico-científico basado más en la cultura productivista, consumista y competitivista que en la cultura de sustentación de la vida, de los valores humanos y de la naturaleza y sus recursos.

 

Principales impactos de Hidrosogamoso

 

Haciendo un resumen de varias fuentes, encontramos que:

 

• 7000 hectáreas inundadas (70 por ciento corresponden al Municipio de Betulia).
• Pérdida de la biodiversidad biológica, como fauna silvestre y bosque nativo.
• Disminución de presupuesto para las administraciones locales.
• Alteración en vías de comunicación e incremento de costos de transporte. Se destruyen 25 km de la vía a san Vicente y 7 km de la vía a Bucaramanga-Barrancabermeja.
• Disminución de calidad de vida y autogestión por desplazamiento de la población. Seis asentamientos humanos, al menos 500 personas residentes dentro del área de inundación y 100 familias campesinas del área de influencia.
• Aparición o incremento de problemas sociales: desplazamiento, prostitución, madre-solterismo, drogadicción, agresión y violencia, entre otros, como se ha constatado en la mayor parte de los casos de megaproyectos.
• Presencia o incremento del problema de la salud (Leishmaniasis, entre otros)
• Pérdida de soberanía alimentaria. Se dejan de producir 2000 canastas de cítricos, 100 cargas de aguacate, más cacao y peces de estanque, 80 toneladas anuales de papaya y cachama.
• Pérdida del espacio para la recreación y el disfrute del paisaje.
• Disminución o pérdida de aguas para el consumo humano y animal.
• Pérdida de humedales, quebradas y ríos significativos para la región.

Existen, además, varias preocupaciones que han sido señaladas por estudiosos del tema ambiental:

 

• Algunos expertos consideran que los terrenos no tienen la capacidad de resistir el peso de los 4800 millones de metros cúbicos de agua embalsada debido a la falla geológica superficial de la región.
• La aparición de sismicidad vinculadas con presas ha sido observado en numerosos embalses localizados en zonas sísmicas y asísmicas, y con regímenes tectónicos diferentes. Se ha observado según estudios, eventos de sismicidad inducida por embalses, especialmente en presas de más de 100 metros de altura y 1 millón de metros cúbicos. El proyecto no contempla el concepto de Ingeominas sobre Sismicidad Inducida por Embalses, con el agravante que la presa está ubicada cerca del Nido de Bucaramanga, tercer lugar más inestable sísmicamente del mundo. Además, no se entiende por qué en el EIA no participó ningún geólogo. 
• Los embalses pueden modificar el clima en sus alrededores en un área que puede alcanzar hasta 15 veces la del propio embalse (Rabinovich et al., 1977); La modificación consiste en una disminución de las precipitaciones por efecto del albedo del espejo de agua; también se reporta incremento en la humedad atmosférica por evaporación desde el mismo e incremento de los vientos por la eliminación de las barreras. Puede haber impacto sobre la agricultura en cercanías del embalse. (G Marquez y G. Guillot., 2001). El proyecto no especifica una garantía sobre el potencial impacto que pueda tener sobre el fértil ecosistema agrícola alrededor del embalse. 

Por un mundo sin represas ⁽¹⁾

 

Hay un gran temor en cuanto a la transparencia e idoneidad con el real impacto de los megaproyectos hidroeléctricos. Los beneficios directos que les brindan a los pueblos se reducen típicamente a cifras monetarias para la cuantificación económica, pero no se registran en términos humanos. El desarraigo no tiene precio.

 

Las políticas deben formularse de forma tal que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de la comunidad y el gobierno debería considerar otras opciones para el suministro de agua y energía.

 

Las hidroeléctricas no son modelos de energía limpia. Al inundar y destruir miles de hectáreas de vegetación nativa, las represas lanzan a la atmósfera toneladas de gases como el dióxido de carbono y el metano.

 

Esos gases son provenientes de la descomposición del material orgánico inundado. Científicos han alertado que grandes represas pueden tener mayor impacto climático por unidad de energía generada que la generación basada en combustibles fósiles, como las de carbón.

 

No hay exploración de alternativas más seguras desde el punto de vista ambiental y este tipo de investigación científica no se promueve e incentiva.

 

Es limitada la valoración de los impactos ecológicos, sociales, económicos y políticos. Los problemas se minimizan u ocultan.

 

No se implementan procesos participativos para la aprobación de los proyectos por parte de los habitantes del lugar donde se construyen.

 

No hay un compromiso con la protección del ecosistema. No hay garantía de la protección sanitaria local. Es limitada la inclusión de los costos ecológicos y sociales en las previsiones económicas del proyecto.

 

Impactos comunes de los trasvases y represas ⁽²⁾

 

Cambios en los usos del suelo:

• Incremento en el costo de la vida
• Disminución de ingresos tributarios para los gobiernos locales
• Disminución del presupuesto para las administraciones locales
• Menor inversión pública regional
• Especulación con la tierra
• Sobrecarga fiscal para los municipios afectados por la construcción de represas y trasvases 

Pérdida de la biodiversidad biológica:

• Pérdida de la ictiofauna
• Perdida de vida silvestre (no acuática)
• Pérdida de especies vegetales y bosques nativos 

Alteración en vías de comunicación:

• Incomunicación de subregiones, poblados y veredas
• Incremento de las distancias entre asentamientos humanos y centros de abastecimiento de bienes y servicios
• Incremento en costos de transporte
• Pérdida de competividad de productos locales
• Deserción escolar
• Disminución de la calidad de vida de la población 

Daños y perjuicios:

• Pérdida local del poder político sobre el territorio
• Daños a propiedades de terceros
• Contaminación ambiental
• Presencia o incremento de problemas de salud (leishmaniasis) 

Desplazamiento de población:

• Depresión económica y regional
• Rompimiento de redes sociales y de estrategias de supervivencia
• Disminución de calidad de vida y autogestión
• Desequilibrio demográfico con relación a los grupos etáreos y de género 

Modificaciones ambientales generadas por las obras:

• Disminución o pérdida de recursos alimentarios (pesca)
• Empobrecimiento de la dieta alimentaria
• Disminución o pérdida de aguas para consumo humano y animal
• Disminución o pérdida del potencial minero (arenas y piedra)
• Afectación de los niveles freáticos con consecuencias en: incendios forestales, alteraciones de fuentes de agua para la ganadería y la agricultura
• Modificación del cauce de los ríos 

Demanda amplia de mano de obra:

• Desplazamiento de la mano de obra de las actividades tradicionales de la región
• Disminución de oferta de los productos locales
• Aparición o incremento de problemas sociales: desplazamiento, prostitución, madre-solterismo, drogadicción, agresión y violencia 

Agotamiento de los procesos ecológicos que soportan la vida:

• Pérdida de la diversidad genética
• Desregulación del clima
• Pérdida del espacio para la recreación y el disfrute del paisaje
• Pérdida de humedales y ríos de la región 

A manera de conclusión: Propuestas de estudios a realizar y alternativas

 

El proyecto Hidrosogamoso, como en todos los casos, favorece la acumulación privada de capital antes que la satisfacción de necesidades prioritarias de los habitantes. Y al igual también, son insostenibles ambiental, social, económica y culturalmente.

 

El Gobierno Colombiano omite ordenar a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico de los megaproyectos, según lo previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81. Son necesarios como mínimo los siguientes estudios:

 

• Establecer el valor real de la producción cesante.
• Realizar un censo completo que permita establecer el número real de familias afectadas.
• Establecer el estado actual de las titulaciones de predios, garantías para quienes no las poseen y beneficios para las entidades municipales.
• Estudio de calidad de los suelos.
• Determinar las implicaciones de la disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria en los municipios afectados.
• Estudio de implicaciones del megaproyecto sobre los planes de desarrollo, planes de vida de las comunidades y planes de ordenamiento de los entes territoriales afectados.
• Realizar estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas impactados.
• Estudio socioeconómico y de perspectivas de desarrollo productivo para los afectados por la construcción del embalse.
• Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales a cargo de la Contraloría.
• Ampliación de los trabajos de Prospección Arqueológica y de Identificación de características culturales y de valores representativos como patrimonio cultural de la nación asociados al medio ambiente localizados en las zonas de impacto directo e indirecto de la construcción de la represa.
• Solicitar a La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se verifique, previo a la expedición de la Licencia Ambiental, la veracidad de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural.

Las comunidades, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, de los ríos, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social razón por la cual ratificamos nuestro decidido compromiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios y nuestra adhesión incondicional a la declaración Internacional de Lorica, Córdoba y al cumplimiento estricto de las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas.

 

De otra parte, con base en nuestra experiencia, desde el Sur convocamos a desarrollar las siguientes acciones:

 

• Convocar un primer encuentro nacional en el mes de noviembre de 2009 en Neiva con representantes de organizaciones sociales, ambientalistas y políticas vinculadas a las luchas de resistencia contra los megaproyectos energéticos definidos por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, tales como Porce IV, Hidrosogamoso, El Quimbo, Cucuana en el Tolima, Ituango, entre otros. El evento deberá definir una propuesta de soberanía energética sobre la bases del desarrollo alternativo sustentable, construida colectivamente con los actores implicados, respectando las particularidades locales, regionales y nacionales.
• Fortalecer la red nacional de lucha contra represas y la campaña de la red latinoamericana "Lanzando Alternativas".
• Promover en las universidades y centros de investigación proyectos alternativos de energías limpias (bajo impacto ambiental) y de mayor eficiencia.
• Promover apoyos mutuos para el uso de acciones jurídicas como las acciones populares y de nulidad, así como la elaboración del informes de riesgo y declaratoria de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los habitantes y, en particular, de la población residente en la zona de influencia de los megaproyectos.

Bucaramanga, 29 de abril de 2009.

 

[1] Conclusiones del Seminario Impacto represas y trasvases, Universidad de Caldas, 2005.

[2] Ibidem.

La historia de las cosas

Annie Leonard es una experta internacional en sostenibilidad y salud medio ambiental, con más de 20 años de experiencia de investigación en fábricas y vertederos alrededor del mundo. Con base en su trabajo e investigación, ha lanzado un documental llamado La historia de las cosas. En este documental Annie revisa los "huecos" del proceso de producción actual y muestra lo defectuoso, deficiente y realmente peligroso que es el modo actual de producción y organización social: el capitalismo. Es un tabajo documental sencillo, animado y directo. Aportamos nuestro grano en su divulgación, en la esperanza de construir una mentalidad ambientalista.