Plataforma Sur solicita informe de riesgos y protección de derechos a Human Rights Watch y a Naciones Unidas

Neiva, Huila, Colombia, abril 12 de 2009

Doctor JOSE MIGUEL VIVANCO

Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW)

350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299
USA

Doctor CRISTIAN SALAZAR VOLKMANN

Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia

Calle 113 No. 7-45, Torre B, Oficina 1101

Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud de elaboración de un informe de riesgo y declaración de la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los habitantes del Departamento del Huila Colombia y, en particular, de la población residente en la zona de El Quimbo.

Respetados Señores

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales -espacio de articulación de organizaciones sociales que comparten la necesidad de construir una agenda desde la Región Sur de Colombia- NIT 900272690-3 con domicilio en la ciudad de Neiva, Carrera 5 Número 8-86 Oficina 208,  en forma respetuosa, se dirige a Ustedes para poner en su conocimiento los graves impactos sociales, económicos y ambientales de construirse la Hidroeléctrica El Quimbo y la posible afectación de los derechos humanos de los habitantes de no declararse la alerta temprana tendiente a su protección debido a la decisión gubernamental de dar pronto inicio a la operación del batallón especial energético N° 12 en La Jagua con ‘1200 hombres equipados con tecnología de punta’, a un costo de 142 mil millones de pesos, (US$57 millones aproximadamente), según fuentes periodísticas, con el propósito de garantizar la seguridad del Megaproyecto Hidroeléctrico de Endesa Emgesa.

HECHOS

El Gobierno Nacional de Colombia, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- del 2008, definió la construcción de varias Hidroeléctricas en diferentes lugares del país y al mismo tiempo determinó el sistema de financiación.  Autorizó por tiempo indefinido a la Empresa Emgesa, filial de la multinacional española-chilena Endesa, para que con sus recursos propios y para su único y exclusivo beneficio, construya la central hidroeléctrica El Quimbo, que estará localizada en el sitio geográfico encañonado denominado "El Quimbo", a 1.300 metros, aguas arriba, de la desembocadura del Río Páez sobre el Río Magdalena, al sur del embalse de Betania, en jurisdicción de los Municipios de Gigante, Garzón, El Agrado y Altamira del Departamento del Huila, Colombia.

El proyecto de la hidroeléctrica El Quimbo fue negociado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe en bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática. La obra es la primera que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, que significa que a Emgesa se le garantiza "un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión", según la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

La construcción de la obra está calculada en 700 millones de dólares y tendrá capacidad para generar 400 megavatios, el 5% de la demanda eléctrica del país, cifra que representará para la fecha de su inauguración, en 2014, exactamente el excedente de electricidad que el Sistema Eléctrico Nacional estará produciendo cuando entren en servicio las hidroeléctricas de Pescadero, Porce IV, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.

La venta del futuro Quimbo fue hecha en junio de 2008 y la opinión pública del Huila la fue conociendo poco a poco, casi de una manera secreta. La razón: la hidroeléctrica tendría la exclusiva función de producir energía para la exportación a Ecuador, Centroamérica Plan Puebla-Panamá y el Caribe -Santo Domingo y Puerto Rico.

El embalse tendría una longitud de 55 kilómetros al nivel máximo normal de operación (cota 720 msnm), un ancho máximo de 4 km y un ancho promedio de 1,4 km. El área de inundación sería de 8.586 hectáreas: 5.300 están en producción y 2.000 de ellas son tierras de antiguos parceleros del Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria, en el pasado) producto de la reforma agraria de los años sesenta-setenta del siglo anterior

La construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, tendrá un impacto drástico, profundo e irreversible y representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de Emgesa. 

• Inundación de cultivos permanentes y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), de más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas.
• Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales.
• Desplazamiento de 427 familias y viviendas con residencia permanente.
• Desplazamiento de 1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo.
• Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor de 32.000 millones de pesos anuales (750 predios)
• Pérdida permanente de jornales de trabajo.
• Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.
• Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupe la represa y sobre su zona de influencia.
• Desintegración de 8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de antigüedad).
• Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único.
• El embalse, por elevación del nivel del agua, deja fuera de servicio puentes de vías troncales de primer orden, como el de El Balseadero y el de La Jagua e incomunicados, por la ruta actual en servicio, a varios municipios y localidades. Incomunica territorios entre sí, y áreas de fincas y a éstas con las vías actuales. El Estudio de Impacto Ambiental, que presentó Emgesa, para obtener la Licencia Ambiental, hace referencia en forma muy genérica a esos problemas, sin analizar los costos permanentes para los usuarios afectados, al menos por el periodo útil previsto, ni definir el tipo y alcance legal de la obligación que asume. 

Además, el represamiento del agua para la producción alimentaria implica: 

• Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.
• Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el PIB regional (El municipio de El Agrado, perdería 30%)
• La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso La Escalereta).
• La desarticulación de tejidos sociales con tradiciones históricas que tienen orígenes prehispánicos.

Sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo". Con esta autorización Emgesa podrá reclamar "la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias" en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. Este proceso no fue debidamente consultado ni acordado previamente con los implicados, generando desconcierto y malestar dentro de las comunidades directamente afectadas y en la comunidad regional en general, teniendo en cuenta que no se les ha permitido conocer los graves impactos sociales, económicos, ecológicos y sociojurídicos que produciría la realización del megaproyecto.

El origen de la obra, su naturaleza y el ejemplo de los daños causados -y nunca reparados- por la hidroeléctrica de Betania Huila de propiedad de Emgesa, ha creado un movimiento de resistencia, acompañado por Plataforma Sur, en defensa del territorio, las comunidades locales, el Río Magdalena, el agua, el Macizo Colombiano y la biodiversidad que ha convocado foros, mesas de discusión, debate en el Congreso de la República y participado en las discusiones convocadas por el Gobierno. Además, se han realizado diferentes manifestaciones tales como las del 12 de febrero, día de la audiencia, y la marcha de campesinos desde el municipio de Pital a Balseadero y en Neiva, el 5 de marzo, acompañados de estudiantes universitarios y de secundaria.

La Audiencia Ambiental sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, convocada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero en el Municipio de Gigante, confirmó que este proyecto no es viable por los efectos negativos de diverso orden que se han denunciado, particularmente, la severa afectación de la seguridad y soberanía alimentaria y la vulneración de los derechos humanos y derechos fundamentales de los pobladores de la región. La gran asistencia, más de 1500 personas, es uno de los indicadores de la profunda preocupación que existe por la ejecución del proyecto, en especial en las comunidades directamente afectadas, como en las organizaciones sociales y ambientalistas. Han reconocido los delegados del Ministerio de Ambiente, que las voces de oposición al proyecto son mayoritarias y que sus argumentos son sólidos de manera que no pueden ignorarse.

La audiencia fue así mismo un espacio importante para que en presencia de los organismos de control y de los medios de comunicación, las comunidades manifestaran las graves denuncias como Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia y presionando a los habitantes para que abandonen su tierras. El Ministerio del Medio Ambiente mediante Resolución 227  del 11 de febrero de 2009 formuló cargos a la compañía, presuntamente por haber iniciado obras sin la respectiva licencia ambiental.

La más elocuente de las respuestas a las críticas que los campesinos, académicos, organizaciones sociales, ambientalistas y algunos líderes políticos y religiosos del Huila hacen al proyecto, por afectar los ecosistemas e intereses nacionales y regionales, es el anuncio de la entrada en operación del batallón especial energético N° 12 en La Jagua Huila, zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, con el único propósito de garantizar la seguridad a la multinacional Endesa Emgesa.

El batallón energético en La Jagua -iniciativa del gobernador Jorge Sánchez- convertirá a la región-centro más pacífica del Huila en una de las zonas más militarizadas del territorio donde se generen graves riesgos de represión y persecución contra los opositores del proyecto y las comunidades inermes y se acentúe el conflicto armado interno que padecemos.  Los estudios demuestran que los megaproyectos impuestos en el país contra la voluntad de los ciudadanos han sido generadores de violencia, despojo, persecución, desarraigo de las comunidades  y muerte, como en los levantamientos de los indígenas por la defensa del territorio -más de 1200 asesinatos-, o lo que sucedió con la construcción de Urrá I.

La inversión de 142 mil millones de pesos de los recursos públicos de toda la Nación, más de lo que Emgesa ofrece como compensaciones por el control del agua y de parte de nuestro territorio, para garantizarle la seguridad al proyecto, equivale a reducir las inversiones en solucionar problemas de salud, educación, empleo, vivienda, entre otros y, a incrementar la rentabilidad de las multinacionales.

De igual manera, Emgesa, apelando al viejo expediente de corromper a las élites y sobornar a las comunidades, provocó la firma de un convenio secreto que hemos denominado acta de capitulaciones comprometiendo al Gobernador del Huila y a los alcaldes de la zona directamente afectada a actuar en contra de los intereses regionales y particularmente de la mayoría de los participantes en la audiencia pública quienes expresaron el rechazo al megaproyecto. La firma del vergonzoso convenio es uno de los requerimientos básicos exigido por el Ministerio de Ambiente a Emgesa para justificar el otorgamiento de la licencia bajo el supuesto de haberse logrado la concertación entre los diferentes actores sociales del Huila.

Las comunidades, de estas tierras de la Gaitana, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social razón por la cual ratificamos nuestro decidido compromiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios. 

SOLICITUD

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales con fundamento en los anteriores hechos solicita a Ustedes y por su intermedio a todos los organismos Internacionales de Derechos Humanos la intervención inmediata para que se elabore un informe de riesgo y se declare la alerta temprana tendiente a la protección y defensa de los Derechos Humanos de los huilenses y, en particular, de la población residente en la zona de El Quimbo. Así mismo para que se proteja a los miembros de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales por la posible vulneración de sus derechos como consecuencia de su trabajo de investigación y denuncia civil de los hechos que hemos puesto en su conocimiento.

Adjunto pruebas documentales: "Selección de textos sobre el problema de El Quimbo"

Información complementaria en:

http://plataformasur.blogia.com 

http://millerdussan.blogia.com  

Notificaciones:

Las recibimos en la sede de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales ubicada en la Carrera 5 Número 8-86 Oficina 208 Neiva Huila Colombia o en el domicilio ubicado en la Carrera 29 Número 15-38 Casa 9, teléfono 8774532 de esta ciudad.

Con respeto,

BELÉN ALARCÓN ALARCÓN                 MILLER ARMÍN DUSSÁN CALDERÓN

Representante Legal                                  Directivo

[e-mail]                  [e-mail]                                                                                                           

Copias: HUMAN RIGHTS WATCH: Nueva York; Emma Daly Directora de Oficina de prensa; Minky Worden
Directora de Prensa; Londres Tom Porteous London Director; Berlín, Marianne Heuwagen Directora, Wolfgang Buettner, Asistente; Bruselas, Juliette Le Doré, Asociada; París, Jean-Marie Fardeau Director oficina de París , Anna Chaplin-Fischer
Administradora oficina de París; FEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS -FIDH- Antoine Bernard Directeur exécutif; MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Dr.Miguel Peñaloza, Ministro, Dra. Claudia Mora  Viceministra; EMBAJADOR DE ESPAÑA EN COLOMBIA Andrés Collado González; Sr. D. Rodolfo Martín Villa Presidente de ENDESA 

Se exigen responsabilidades a Endesa por su irresponsable actuación en Chile

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos convocan una campaña de apoyo con los indios Mapuche-Pehuenche en Chile respecto del actual conflicto por la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco en el río Bío-Bío. Esta presa es la más grande de un conjunto de seis en un entorno de gran riqueza faunística; de las 243 especies de vertebrados catalogados por la CONAF en peligro de extinción, 77 sobreviven en el alto Bío-Bío- y es el hábitat las comunidades indígenas Pehuenche, dueños legítimos de las tierras donde se quiere construir la presa. Esto no solo va a suponer un atentado ecológico sino el desplazamiento y desarraigo del pueblo Pehuenche que mediante la presión, la distorsión y la desinformación que Endesa ejerce sobre ellos, se les obliga a vender sus tierras a pesar de que la gran mayoría no desea irse, tal como indica la encuesta de Mideplan/Conadi, ya que la zona de inundación es el lugar de invernada de este pueblo donde logran sobrevivir con sus animales.

Consulte más información en http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/endesa/carta.html.

Encuentro de medios y experiencias de comunicación ciudadana y comunitaria del Huila

El Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura Departamental del Huila, La Universidad Surcolombiana, La Asociación de Medios Comunitarios - Asomeco, la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur - Acas, la Corporación Com-Unidad, La Corporación Juraco, Radios Ciudadanas, Adam y el Programa de Desarrollo y Paz del Huila y el Piedemonte Amazónico - Huipaz, tenemos el gusto de invitar al Encuentro de medios y experiencias de comunicación ciudadana y comunitaria del Huila, previsto para el 20 de abril del presente año en la ciudad de Neiva.

Invitamos a todos los interesados diligenciar el  formulario de inscripción que aparece al final del texto, llenándolo completo y enviándolo al e-mail:   [e-mail] antes del 17 de Abril de 2009 o entregarlo en las instalaciones de la Secretaría de Cultura en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera de Neiva, así como en todas las alcaldías, emisoras comunitarias y casas de la cultura municipales del Huila.

Justificación

Una verdadera comunicación democrática se apoya en la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a oportunidades de comunicación en los medios públicos y en el acceso irrestricto de todos los ciudadanos a la información pública, para que esta pueda ser usada como insumo para incidir en las decisiones político-culturales.

¿Pero, cómo garantizar que la información refleje la diversidad cultural, étnica, regional, ideológica y de opiniones, y no la intención de homogeneizar y unificar? ¿Quiénes deben ejercer el control sobre los medios de comunicación? ¿Qué clase de instancias deben existir a nivel regional para este fin?

De tal manera que no podemos pensar la relación entre ciudadanía, democracia y comunicación en abstracto. Es preciso reflexionar sobre el concepto en el escenario de una Colombia donde la exclusión (social, política, económica y cultural) es la característica más fuerte y determinante. 

A pesar de esta enorme tarea, en el departamento del Huila la comunicación como escenario que posibilite la participación y construcción de ciudadanía  no hace parte de la propuesta del Plan de Desarrollo Departamental ‘Huila Naturaleza Productiva’, tampoco existe o está previsto un puesto dentro del Consejo Departamental de Planeación como sector determinante en el desarrollo de la región. 

En los esfuerzos realizados por algunas iniciativas de los gremios del departamento como el proyecto Huila Futuro, se hace un diagnóstico y prospección sobre el sector de la comunicación; no obstante solo está comprendido en términos de aparato mediador (individual y masivo o las TIC’S), perdiendo todo su sentido cultural y político como constructor de soberanía y equidad social. 

Así mismo, el Ministerio de Cultura, Planeta Paz y otras entidades y organizaciones han permitido algunos encuentros que de manera desafortunada no han logrado generar una sinergia que permita la concreción de una política pública que contextualice el derecho a la comunicación y por ende a la comunicación comunitaria como factor de desarrollo y espacio de participación democrática en la Región,  de tal manera que no sea dejada a su propio destino, como un esfuerzo ajeno al Estado Social y de Derecho. 

Es fundamental incidir como sociedad civil en las políticas públicas relacionadas con Comunicación en el Huila. Aportar en la reflexión sobre la necesidad de transformación de prácticas comunicativas excluyentes tanto desde medios masivos como de algunos comunitarios que repiten esquemas o no cumplen con su función. Y fortalecer las redes de organizaciones y personas comprometidas con el ejercicio de una comunicación incluyente y democrática tanto en la localidad, como en la Región. 

Por ello, es necesario que los medios y experiencias de comunicación ciudadanos y comunitarios, la academia (que ha involucrado la comunicación entre sus propuestas educativas), las organizaciones ciudadanas y comunitarias interesadas en dinamizar el diálogo y la participación incidente; se reúnan para hacer un frente común y concertar un Plan de Acción que disponga el debate y permita, al derecho a la comunicación, hacer parte de nuestra cotidiana manera de construir democracia participativa. 

El Consejo Departamental de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios es un espacio diseñado por la Ley General de la Cultura desde el que se puede incidir y alcanzar el cambio que nos merecemos. Pero para consolidar un proceso que incida en este de una manera clara y consecuente, es necesario realizar un encuentro de Medios y Experiencias Comunitarias y Ciudadanas que permita reactivar la discusión planteada y de esta manera retomar el hilo democrático en la construcción de una política pública para la comunicación y los universos que esta engloba en el departamento del Huila. 

La Secretaría de Cultura Departamental, así como el Programa de Desarrollo y Paz del Huila y el Piedemonte Amazónico HUIPAZ, la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur - ACAS, la Corporación Com-Unidad, la Universidad Surcolombiana USCO, la Asociación de Medios Comunitarios - ASOMECO, las juventudes radialistas JURACO, Com-Unidad, están decididos a impulsar este encuentro pues comprende la importancia de fortalecer los Medios y Experiencias Comunitarias y Ciudadanas, cambiando el paradigma que con respecto a la comunicación viene sucediendo en la Región, en donde estos están desaparecidos de la agenda regional. 

Objetivo General del Encuentro

Fortalecer el proceso de participación de los Medios y Experiencias de Comunicación Ciudadana y Comunitaria del departamento de Huila a partir de un diagnóstico participativo con medios y experiencias alternativas de comunicación.

Objetivos Específicos

1- Propiciar un escenario amplio de encuentro entre los MCCC y las experiencias alternativas del Departamento del Huila donde se reencuentren o encuentren, para así reactivar el tema del derecho a la comunicación en la agenda pública.

 2- Establecer dónde se encuentra el proceso participativo de lo MCCC y caracterizarlo.

3- Priorizar las necesidades del sector y establecer unas estrategias, que permitan construir un Plan de Acción que retome el debate del papel de la comunicación y su carácter público.

4- Realizar un inventario de Medios de la región, así como validar la información que sobre ellos existen.

Metodología de trabajo

Se convoca de manera amplia y regional a los Medios Ciudadanos y Comunitarios para conformar un directorio actualizado de los mismos, así como para saber (en pronta respuesta), si pueden participar en este necesario encuentro departamental.

Con el objetivo de actualizar el diagnóstico de los medios y experiencias de comunicación comunitaria del Huila  se propone la siguiente metodología que contará con la orientación de la Universidad Surcolombiana y la moderación de Germán Franco Diez, Director de Comunicaciones Ministerio de Cultura en el momento de las plenarias.

Trabajo por medios en cuatro mesas:

Mesa 1. Radio comunitaria

Mesa 2. Televisión comunitaria

Mesa 3. Prensa Comunitaria

Mesa 4. Medios Digitales o virtuales

• Cada mesa tendrá un moderador y dos relatores
• Cada experiencia o medio dispondrá de 10 minutos para la presentación.
• La presentación debe incluir:

 - Tipo de experiencia o medio.

- Número de personas vinculadas a ella o él.

- Área de influencia del Medio o experiencia.

- Año y mes de creación o de aparición de la experiencia  o del medio y regularidad o frecuencia en su desarrollo.

- Población a la que se dirige.

- Quiénes y cómo se sostiene la experiencia o medio.

- Relaciones con la población sujeto.

- Relaciones con otras comunidades o instituciones.

- Propósito de la experiencia o medio. - Expectativas.

• Síntesis de las generalidades de la mesa a cargo del moderador.
• Expectativas de la mesa desde la perspectiva de la misma.
• Plenaria para abordar:  

- Informe de moderadores de mesa, durante 10 minutos cada uno, enfatizando expectativas.

- Discusión sobre las expectativas de la comunicación comunitaria en el Huila. MINCULTURA

- Propuesta de trabajo de plan de acción.

AGENDA

9:00 A.M  Apertura y saludo  (Secretaria de Cultura Departamental.)

9:05 A.M   Presentación del evento y metodología de trabajo (MinCultura- USCO)

9:20 A:M. Trabajo por mesas, coordinadas así:

       Mesa Trabajo 1. Radio comunitaria. ACAS - Secretaria de Cultura.

       Mesa Trabajo 2.  Televisión comunitaria.  USCO- MINCULTURA  

       Mesa Trabajo 3. Prensa Comunitaria.  USCO

       Mesa Trabajo 4. Medios o experiencias Digitales. MINCULTURA

12:20 P.M. Almuerzo   

2:00 P.M.  Plenaria.

4:00 P.M.  Clausura.

FICHA DE INSCRIPCION

NOMBRE DEL MEDIO O EXPERIENCIA

Dirección  y Teléfono:

Correo electrónico:

NOMBRE DE QUIEN ASISTIRA AL EVENTO EN REPRESENTACION DEL MEDIO O EXPERIENCIA

Telefono  y   Correo electronico

Cargo que desempeña en el medio o experiencia

Marque con una X el tipo de medio que es:

Periódico
Boletín
Medios virtuales o digitales (web site, Blog, Portal virtual)
Rdio
Televisión
Otro. Cuál:

 

 

      

                

 

 

Marque con una X la naturaleza del medio o experiencia .

Privada
Familiar
Pública
Comunitaria
Otro. Cuál

                                         

 

Indique cuál es la regularidad de la producción y emisión del medio.

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Semestral
Anual
Otra regularidad. Cuál

 

Mencione por donde emiten la producción?

Emisora comunitaria
Emisora de interés público
Emisora privada
Canal local
Canal nacional
Canal comunitario
Carteleras
Internet
Periódico Comunitario
Boletín
Otro. Cuál

Sus respuestas son muy importantes para avanzar en el desarrollo del encuentro. Gracias

El viacrucis de El Quimbo

Cristo de Peñon Redondo (Neiva) _ Emiro Garzón

I

El presidente Uribe prevalido de la confianza inversionista y la seguridad democrática entregó a Emgesa la obra de El Quimbo y afirmó en la instalación de la mesa de concertación que el proyecto hidroeléctrico es irreversible y sentenció: "va porque va".

II

El Minambiente convoca la audiencia pública en la cual las comunidades señalaron los impactos económicos, sociales y ambientales negativos y denunciaron cómo Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia y presionando a los habitantes para que abandonen sus tierras.

III

Campesinos marchan desde el Pital a Balseadero y en Neiva, acompañados de estudiantes universitarios y de secundaria por la defensa del territorio, el agua, el Río de La Magdalena, el Macizo y la biodiversidad.

IV

El gobernador del Huila presiona y compromete a los Alcaldes en la firma del acta de capitulaciones en favor de Emgesa: dádivas y promesas a cambio del control del territorio, el agua y la biodiversidad de los huilenses. Corrupción y soborno encubiertos.

V

Los medios anuncian la entrada en operación  del batallón especial energético N° 12 en la Jagua con ‘1200 hombres equipados con tecnología de punta’, a un costo de 142 mil millones de pesos, para "garantizar la seguridad del proyecto". Esta es una prueba contundente de la imposición por la fuerza del megaproyecto. ¿Por qué los diarios regionales informan que "La Jagua estrenará batallón energético" cuando aún no se ha expedido la licencia ambiental?

VI

Un comentarista afirma que "invertiremos de los recursos públicos de toda la Nación más de lo que Emgesa ofrece dizque como compensaciones por el control del agua y de parte de nuestro territorio, para garantizarle la seguridad al proyecto. Esto es una perfecta estupidez; que tal si invertimos ese dinero en solucionar problemas de salud, educación o tantas calamidades como las que están sucediendo por esta época invernal. No claro, en eso sino piensan, verdad".

VII

El Acta de capitulaciones se firma en secreto, contra la voluntad de la mayoría de los asistentes a la audiencia pública, como uno de los requerimientos básicos exigido por Minambiente a Emgesa para justificar el otorgamiento de la licencia bajo el supuesto de haberse logrado la concertación entre los diferentes actores sociales del Huila.

VIII

Las autoridades Ambiental, de Cultura, Minas y Energía no ordenaron los estudios socioeconómicos independientes que establece la Ley 56 de 1981 ni la ampliación de los trabajos de prospección arqueológica y de identificación de características culturales y de valores representativos como patrimonio cultural de la Nación asociados al medio ambiente localizados en las zonas de impacto directo e indirecto de la construcción de la represa El Quimbo. Tampoco consultaron a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para verificar, previo a la expedición de la Licencia Ambiental, la veracidad de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural de la represa El Quimbo en el Departamento del Huila.

IX

Los tribunos militares nuevamente anuncian por la prensa local en la Semana Mayor del vía crucis: "Listo batallón energético en la Jagua", para garantizar la seguridad democrática a Emgesa que significa: represión, despojo, desplazamiento forzado y desarraigo de las comunidades.

X

Monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal, afirma que "el conflicto no tiene solución por la vía armada" y llama a concertar un acuerdo mínimo sobre la base del principio de la no violencia.

XI

Nueve de abril de 2009: día de la última cena y del aniversario 61 del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Es premonitorio. No sería extraño que el Ministro (E) y la viceministra de Ambiente estén dedicados, no a reflexionar sobre el grave atentado contra los ecosistemas y los intereses regionales de construirse el embalse, sino, a la redacción de la sentencia final de entrega de nuestro territorio a la Triple E (Enel-Endesa-Emgesa).

XII

No olvidemos la historia. Estamos en el inicio de la desobediencia civil y popular -la resurrección- en defensa de nuestro patrimonio, de nuestra dignidad. ¡O Jesús de Nazaret, condénalos porque ellos si saben lo que hacen!

XIII

El Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores, durante las marchas que se realizarán en todo el país, pediremos a los trabajadores y al pueblo en general sumarse a la desobediencia por la defensa del territorio y contra la base militar en la Jagua. Vendrá un nuevo juicio a los responsables del atropello y la ignominia. Y las comunidades, despojadas del velo y la mentira, derrotarán a los líderes entreguistas del sanedrín.

Fracaso español en Endesa golpea confianza inversionista en Emgesa

El fracaso de esta multinacional nos debe convocar a todos los huilenses, social y ambientalmente responsables, a fortalecer la lucha de resistencia civil pacífica en defensa del territorio, del río Magdalena, de las comunidades, del Macizo colombiano y la biodiversidad.

 "Con la venta a Enel, España pierde la oportunidad de crear un gran grupo energético nacional", editorializa el periódico El País de España, edición del 30 de marzo, a propósito de la compra de Endesa (la matriz de Emgesa) por el grupo italiano Enel. El tono de lamentación no es para menos.

Desde los intereses colombianos y de los huilenses, es apenas natural que se generen serias dudas, nuevas razones, para cuestionar el negocio de la construcción del Quimbo por parte de Emgesa.

Considera el diario español que la operación de venta de Emgesa a Endel es un fracaso político y económico, al fin y al cabo se trata de perder el control español sobre "la compañía eléctrica más importante de América Latina". Aunque no se lo reconoce explícitamente toda esta movida accionaria en las bolsas española e italiana es consecuencia de la crisis económica mundial. Que para el caso de España es visible en el ‘hundimiento’ de la industria de la construcción.

"Se ha perdido una gran oportunidad... para configurar un mercado energético español tan sólido e inatacable como... el alemán". Termina lamentándose el diario El País. Y no sin razón. Porque no deja de ser una paradoja que buena parte de ese modelo ‘sólido e inatacable’ que se le ha ido a los españoles como el agua entre los dedos, es lo que es gracias a que se funda en negocios ampliamente benévolos obtenidos en Latinoamérica con el beneplácito de varios y sucesivos gobiernos suramericanos, como es el caso del proyecto Quimbo en Colombia.

Vistos así los hechos, quién garantiza la confianza en las promesas del ‘negocio’ de Emgesa. Queda la duda de si el gobierno colombiano estaba enterado de la situación cuando escogió prácticamente con invitación privada a Emgesa para ser beneficiaria de un generoso contrato de concesión.

Recordemos que el proyecto Quimbo, fue ‘otorgado’ por el Gobierno con base en un esquema que sus técnicos económicos llaman "por cargo de confiabilidad", que según la Comisión de Regulación de Energía y Gas consiste en garantizar "un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista, asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión". En plata blanca, garantizar la rentabilidad para la empresa. En eso reside la denominada ‘confianza inversionista que promueve el Gobierno’. Ni más ni menos.

Una inmediata consecuencia de estas realidades económicas debería ser el replanteamiento del mecanismo de subasta por cargo de confiabilidad y de todo el sistema de concesiones y sus términos de contratación, que incluiría la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento ambiental pretendido por Emgesa.

El proyecto de la hidroeléctrica del Quimbo fue negociado por el gobierno Uribe en bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia Segundo Centenario, cuyas bases son la confianza inversionista y la seguridad democrática. El mega proyecto es el primero que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad.

En la Audiencia Ambiental sobre el megaproyecto El Quimbo, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero en el Municipio de Gigante, se confirmó que este proyecto no es viable por los efectos negativos de diverso orden denunciados por las comunidades directamente afectadas, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y la CAM, entre otros.

Los delegados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial han reconocido que las voces de oposición al proyecto son mayoritarias y que sus argumentos son sólidos de manera que no pueden ignorarse.

La audiencia fue así mismo un espacio importante para que en presencia de los organismos de control y de los medios de comunicación, las comunidades manifestaran las graves denuncias sobre como Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia y presionando a los habitantes para que abandonen su tierras.

Así que Minambiente, tiene razones suficientes para proceder al no otorgamiento de la licencia ambiental para el megaproyecto el Quimbo: de una parte, los impactos económicos, sociales y ambientales negativos y las denuncias formuladas en la audiencia pública. Y de otra, la inseguridad y desconfianza económica que produce el "fracaso en Endesa".

Lo patriótico y consecuente ahora es actuar con responsabilidad social al quedar cuestionada la "confianza inversionista" como criterio esgrimido por el gobierno Nacional para el otorgamiento de la licencia ambiental a Endesa-Emgesa. El fracaso de esta multinacional nos debe convocar a todos los huilenses, social y ambientalmente responsables, a fortalecer la lucha de resistencia civil pacífica en defensa del territorio, del río Magdalena, de las comunidades, del Macizo colombiano y la biodiversidad.

Viaje al epicentro de los proyectos hidroeléctricos del gobierno

La mala energía del Quimbo (II)

Por: Alfredo Molano Bravo / Enviado Especial El Espectador, departamento del Huila

El sitio de presa sería construido a kilómetro y medio arriba de la cola de Betania, municipio de Gigante y su propia cola estaría en límites con La Jagua y afectaría también a Garzón y El Agrado. La escala del proyecto y sus contradictorios efectos han desatado una aguda controversia en la región.

Para el Gobierno y para Emgesa (la firma constructora) es un proyecto que cumple todas las de la ley y blinda al país contra nuevos apagones; para la bancada parlamentaria del departamento, la obra suprimiría 25.000 empleos, afectaría a más de 500 familias de pequeños campesinos y destruiría el alcantarillado de todas las cabeceras municipales rivereñas.

El origen de la obra, su naturaleza y el ejemplo de los daños causados —y nunca reparados— por Betania, han creado un movimiento de protesta acompañado por Plataforma Sur, una red de organizaciones sociales de la región, que ha convocado foros, mesas de discusión y concertación, y participado en las discusiones convocadas por el Congreso y por el Gobierno.

La iniciación de las obras de construcción depende de la licencia ambiental y ella en buena medida del estudio de impacto ambiental que el Gobierno contrató con Emgesa. Aunque legal, según la Ley 56, el procedimiento hace a la empresa juez y, al mismo tiempo, parte interesada.

Tanto la investigación de los impactos como el trámite de la licencia tienen plazos perentorios determinados por los compromisos financieros que Emgesa ha adquirido con la banca internacional. Segura de que el Gobierno aprobaría la licencia, la empresa inicio obras en el sitio donde en 1997, Ingetec, que hacía estudios de factibilidad, abrió un subterráneo que facilitaba tanto las pesquisas geológicas como la construcción del futuro túnel de desvío de aguas del Magdalena. La noticia circuló rápidamente y los críticos de la obra lograron fundamentar las irregularidades.

El 11 de febrero, un día antes de la audiencia pública realizada en Gigante y con asistencia de 1.500 ciudadanos, de los que el 80% estuvo en desacuerdo con el proyecto, el ministerio de Medio Ambiente dictó pliego de cargos contra Emgesa por haber iniciado obras sin licencia ambiental. Emgesa se defendió alegando que la ampliación del túnel no equivalía a la iniciación de la obras sino a nuevos estudios de factibilidad. Las garantías a los inversionistas suelen ir muy lejos.

Toda obra de magnitud como la proyectada en el Quimbo tiene efectos directos y colaterales, positivos y negativos. En un lado de la balanza están los contratistas, por lo general grandes compañías nacionales e internacionales que cuentan con un equipo profesional regular y contratan sólo mano de obra no calificada.

Emgesa habla de 3.000 puestos de trabajo que supuestamente benefician al departamento, pero no asegura que sean obreros de la región. El Gobierno hace la segunda voz y alega que el Sena prepararía a cientos de trabajadores. Por supuesto que estas contrataciones implican un sustancial aumento de la demanda de alimentos, vivienda que benefician al comercio local, pero también demandas de salud, educación y servicios que comprometen los presupuestos públicos.

Los políticos, aunque critican la obra, están ya pidiendo hojas de vida para llenar los cupos que el proyecto necesite. Ellos son contratistas o controlan los contratos de los contratistas en su propio beneficio económico y electoral. Por eso la oposición que hacen a la obra es un mecanismo para negociar su injerencia y acrecentar su poder local.

El segundo gran problema social del Quimbo es el desalojo de 380 familias campesinas, la compra de predios a grandes propietarios y la reubicación de 800 familias que residen hoy en la futura zona de inundación. A los grandes propietarios se les comprará a buen precio sus tierras, como es normal; ellos suelen ser también políticos o gente pudiente a nivel departamental o nacional. Son sólo siete hacendados. A los pobladores que residen y son afectados, la empresa les ha ofrecido la construcción compensatoria de barrios satélites. A los campesinos les está ofreciendo compra de predios y reubicación.

El Gobierno prevé una gran agitación social y una protesta de carácter político, para lo cual prepara la construcción de cuarteles de Policía —especialmente para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)— y la instalación de una base del Ejército en La Jagua, que el Gobernador del departamento pidió ser financiada por la empresa.

El presidente Uribe anunció en uno de sus famosos Consejos Comunales que “el Quimbo va porque va”. Estas medidas y declaraciones tienen un efecto natural y calculado: debilitar el poder de negociación de las comunidades afectadas que puede traducirse en el síndrome del ahogado: mejor echarle mano al sombrero.

Dentro del mismo paquete de garantías al inversionista está la declaración de utilidad pública del área, que le permite a Emgesa solicitar la expropiación por vía administrativa a propietarios que no se avengan a una negociación de predios donde en el mejor de los casos los afectados sólo cuentan con un único voto a su favor, pues los otros dos son de Emgesa y del Gobierno.

Para poner un ejemplo sobre la diferencia que separa las partes: el valor de la producción de la zona a inundar es avaluado por la empresa en 16.000 millones anuales, un ex director de la Corporación Regional del Alto Magdalena, Eduardo Patarroyo, lo calcula en 30.000 millones y Plataforma Sur en 50.000.

Uno de los temas más delicados es el ambiental. Plataforma Sur y un numeroso y documentado grupo de entendidos han denunciado dos grandes efectos negativos: la destrucción de un bosque ripario que hoy abarca unas 800 hectáreas y la obstrucción de los alcantarillados locales, puesto que el peso de la inundación impediría la salida de las aguas negras al vaso.

El bosque ripario busca ser compensado con dinero o con la siembra de árboles en un parque o de flores en antejardines. Respecto al problema de las aguas negras, la empresa aconseja la construcción de plantas de tratamiento, a pesar de saber, porque es su negocio, que esta solución eleva el costo del servicio en más del 20%.

Los efectos sobre la vida y los flujos de los peces no han sido discutidos. El presidente Uribe se alza de hombros y habla de hacer jaulas para mojarra o tilapia o cachama como se hace en Betania. La empresa balbucea, pero alega que el proyecto es unipropósito y, por tanto, de paso proclama que la energía producida no se venderá en la región y menos a precios subsidiados; agrega que si los municipios quieren ser parte del negocio le compren acciones en la Empresa de Energía de Bogotá, socia de Emgesa.

Tampoco la propietaria del proyecto quiere saber nada del turismo ni de la piscicultura, los caramelos con que Uribe ha engatusado a los gamonales municipales. En realidad, turismo y piscicultura serán imposibles no sólo porque el exclusivo propósito del embalse es la producción de electricidad, sino porque la cota de inundación variará en 70 metros, lo que haría insostenible cualquier entable.

Exportar energía, ¿a qué costo?

En pocas palabras, la represa del Quimbo cumple dos funciones principales, salvar a Betania que tiene rendimientos decrecientes y exportar energía eléctrica. El negocio está hecho y las modificaciones a favor de la población local o del entorno ambiental, fuera de las previstas y calculadas a favor de los beneficios de EMGESA, son nulas. Negocio es negocio.

Los efectos negativos son cada vez más claros para la gente de la región y poco a poco, como se está viendo, las protestas son más críticas, públicas y masivas. La empresa y el gobierno replican con una batería de argumentos que la experiencia de Betania tiende a invalidar.

Tratan de pagar  a bajos precios los daños, imponen las cifras y buscan dividir a las comunidades, uno de los efectos colaterales mas graves e injustos. Frente a la protesta que el gran negocio del Quimbo puede desatar, el gobierno elabora una brutal estrategia basada en la fuerza o en la amenaza de ejercerla si la población no se somete a las condiciones de rentabilidad determinadas por EMGESA.

GOBERNADOR DEL HUILA Y ALCALDES CAPITULAN A FAVOR DEL NEGOCIO DE EMGESA

 El 16 de marzo, en secreto, sin presencia de la prensa, ni de las organizaciones sociales, el gobierno que preside Jorge "pajarito" Sánchez, obedeciendo a los intereses de la multinacional Endesa -Emgesa y del gobierno de Uribe, suscribió con alcaldes y supuestos representantes de propietarios y de las comunidades de la zona afectada por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, un "acta de capitulaciones" a favor de la multinacional.

Además pretenden de manera engañosa"justificar" ante Minambiente la existencia de "consensos" entre distintos actores regionales, para presionar el otorgamiento inmediato de la licencia ambiental, cuando el mismo Minambiente fue testigo de que el 90% de los asistentes a la audiencia pública se opuso a la construcción de El Quimbo de Emgesa, tal como lo registraron medios de comunicación regional.

Uno de los representantes de la bancada parlamentaria del Huila, el liberal Luis Enrique Dussán, se hizo presente al iniciar la reunión y hoy nos enteramos por la prensa de su respaldo irrestricto a las capitulaciones, sin consultar a todos los integrantes de la bancada parlamentaria del Huila.

No se conoce la postura del senador conservador Hernán Andrade, presidente del Congreso. Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, sin ser invitada al conciliábulo, asistió gracias a informes de terceros y dejó constancia contra la actitud excluyente del Gobierno Departamental que se negó a incluir en el "documento de capitulaciones" la propuesta de El Quimbo Huilense y las demás alternativas presentadas durante las sesiones de la llamada "mesa de concertación" y la audiencia pública.

Lo "acordado" con Emgesa no representa los intereses regionales ni comunitarios y, en consecuencia, es una declaratoria de guerra contra las comunidades afectadas que se verán presionadas por la Resolución 321 a abandonar el territorio a nombre del supuesto interés público que equivale a entregar a una empresa privada el patrimonio nacional, el territorio, el Río Magdalena, el Macizo colombiano, el agua.

Contra los movimientos de resistencia en defensa de lo nuestro ya está prevista la instalación de la base militar en la Jagua (Garzón) para defender a la multinacional. La región históricamente más pacífica y productiva del Huila la convertirá el Estado en  escenario de violencia y represión contra los campesinos quienes después de ocupaciones legítimas recuperaron las tierras que le fueron reconocidas por efectos de la Reforma Agraria hace ya 40 años y donde construyeron sus proyectos de vida.

No queda duda: El Quimbo de Emgesa, patrocinado por el Gobierno, es la invasión de nuestro territorio. Como lo advierte Alfredo Molano en reciente crónica publicada por el Espectador: Emgesa viene por todo: el territorio, el río, el Macizo, el agua y las cuencas hídricas del Caquetá. En la sesión secreta se pudo constatar el afán del Gobernador del Huila por comprometer, vía telefónica, al viceministro de Minas y al ministro de Agricultura como partícipes en la firma del "acta de capitulaciones".

Estamos seguros de que al final firmarán y Minambiente se escudará en el "acta de Capitulaciones" para conceder la licencia ambiental a Emgesa de manera inmediata. En el rostro y en las declaraciones de Emgesa se expresan la alegría por la actitud sumisa del Gobernador del Huila, los alcaldes de los municipios afectados, los contratistas recomendados por el Gobierno, los viceministros; todos sometidos a la voluntad del príncipe Uribe, que comparte con el de Asturias los negocios del neocolonialismo Español.

Ya aparecen todos los agentes de la capitulación declarando a la prensa que lograron un triunfo histórico. La promesa de 150 mil millones de pesos hecha por Emgesa que equivale a escasos tres años de la productividad del área; cuando la multinacional se apropiará de 5.966.000 millones de pesos (US $2.651,55 millones) durante la vida útil del proyecto (Ver impactos Negativos en este mismo blog). Por esa suma entregan el control del Río Grande de la Magdalena, luego vendrán Pericongo, Isnos, Chillurco, Oporapa, Guarapas y el Macizo Colombiano. Pretenden engañar de nuevo a las comunidades a quienes convocarán para que los acompañen en las próximas elecciones. Serán rechazados en las urnas porque los huilenses tenemos dignidad.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales comprometida desde el principio con la defensa del territorio y contra El Quimbo de Emgesa convoca a todos los ciudadanos a continuar con la lucha de resistencia, a participar en las movilizaciones sociales previstas en los municipios de Garzón, Pitalito, La Plata y Neiva. A preparar paros cívicos regionales y a concitar la solidaridad nacional e internacional.

Todos a defender el territorio y la biodiversidad. A construir un movimiento social y político que asuma la dirección del poder regional donde los ciudadanos sean los actores directos en la construcción de una nueva alternativa de desarrollo integral, humano y sostenible. Otro Huila es posible.

El gobernador Sánchez sí cumple: el Quimbo tendrá batallón

En la foto: el gobernador Sánchez y Lucio Rubio Díaz, gerente general de Emgesa (sentados), firman el acuerdo los alcaldes Julián David Díaz (Gigante), Luceny Valenzuela Mayorga (Tesalia), Edgar Bonilla Ramírez (Garzón). También firmaron Héctor Horacio Castro Moreno (Agrado), Amín Losada Losada (Altamira) y Mauricio Durán Durán (Paicol)

La ’brillante’ idea del gobernador Jorge ’pajarito’ Sánchez de crear una base militar para El Quimbo tuvo un trámite veloz. Como no se trataba de la construcción de un colegio o de un centro de salud, en menos de lo que canta una gallo, y tan pronto los alclades y el gobernador firmaron el acta de capitulaciones en favor de Emgesa, los medios anunciaron la entrada en operación el próximo 10 de abril de "el batallón especial energético vial N° 12" en la Jagua con "1200 hombres equipados con tecnologia de punta". El batallón "busca garantizar la seguridad del proyecto" y "evitar que tenga paralización por la presencia de grupos irregulares". ¿Cuánto costará a los ciudadanos colombianos financiar el batallón del pajarito Sánchez?