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ASOQUIMBO: PROCESO DE RESISTENCIA DE AFECTADOS POR LA REPRESA EL QUIMBO

Reseña de Medios

Protestan 4 provincias de Panamá por la Defensa de los Recursos Minerales y el Derecho del pueblo Ngäbe Buglé

Protestan 4 provincias de Panamá por la Defensa de los Recursos Minerales y el Derecho del pueblo Ngäbe Buglé

VERAGUAS

En la región sur de la comarca Ngäbe Buglé, en Veraguas, hubo protestas en varias comunidades: Viguí, Río Cobre, Cerro Plata, El Prado, Ojo de Agua, El Bale área limítrofe del distrito de Ñurú. En estos lugares el cierre comenzó al mediodía y a las 4:00 p.m. se dio la apertura de la carretera, donde decenas de camiones de carga, vehículos del transporte público y turistas, así como residentes de la provincia quedaron atrapados en el tranque.

Durante las protestas, los manifestantes quemaron algunas llantas y troncos de árboles que obstaculizaban el paso vehicular. Además los indígenas gritaban consignas en contra del mandatario. “Martinelli, pinocho, abajo la Ley 8”; “Ley de minería es una porquería”. Las protestas se reanudan hoy en los mismos puntos y a las mismas horas que informó Montezuma.

En la ciudad de Santiago, la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve) también hizo una jornada de piquetes en la Avenida Central y cerró por dos horas esta vía y para hoy viernes programa otra movilización similar. Juan Ramón Herrera, secretario general de Aeve, adelantó que para este sábado esta dirigencia se reunirá con los educadores que laboran en las áreas de la comarca para determinar las medidas de fuerza.


PANAMÁ ESTE

 En tanto, en la provincia de Panamá un centenar de ngäbes buglé radicados en Las Garzas de Pacora marchó hasta el puente sobre el río Pacora, donde se reunieron para corear consignas en contra Martinelli para exigir que se derogue la Ley 8. Sobre el puente extendieron pancartas contra la explotación minera y cerraron con palos y piedras un paño de la vía Panamericana que comunica Darién con la ciudad de Panamá.

Al mediodía los indígenas decidieron bloquear totalmente la Panamericana, que ya había sido cerrada en otro punto, pero por una protesta de transportistas. Quemaron llantas y allí se mantuvieron hasta las 4:00 p.m., cuando decidieron reabrir la vía.

Kevin Sánchez, vocero del grupo, anunció que las protestas continuarán hasta que Martinelli derogue la Ley 8. “Ahora están bajando las piedras, pero luego lo hará el cerro y la montaña”, dijo para explicar que cada día el movimiento antiminería crece más. Hoy volverán a las calles.

 

MARTINELLI RESPONDE

Ante la ola de manifestaciones, el presidente Martinelli dijo que existen grupos que están detrás de estos movimientos. “Se trata de intereses políticos de algunas personas que quieren causar el caos, generar desasosiego, y no les interesa que Panamá progrese. Son personas que perdieron una elección, lo que quieren es buscar la polémica, no tienen ninguna propuesta”, dijo.

Aseguró que el Gobierno no tiene interés de aprobar ninguna mina. No precisó cuándo hará el Gabinete en la comarca o cuándo se presentará ante los indígenas ngäbes. (Con información de José Otero, Yaritza Mojica, Urania Molina, Sandra Rivera y Víctor Eliseo Rodríguez)

 
INDÍGENAS MUESTRAN SU REPUDIO CONTRA CACIQUE

La marcha que grupos indígenas encabezaron ayer transcurrió con tranquilidad hasta que, ya en los predios de la Asamblea Nacional, al cacique Johnny Bonilla se le ocurrió aparecer. Cacique de la región de Bocas del Toro, Bonilla fue rodeado por varios manifestantes que empezaron a manotearlo.

Alba Pedrol, dirigente de la Unión de Ngäbes residentes en Panamá, explicó que el disgusto de sus compañeros se produjo porque Bonilla participó en las reuniones que dieron como resultado la reforma al Código Minero. “Es uno de los promotores de la Ley 8”, detalló. “Se ha estado reuniendo con el Gobierno y las transnacionales”, puntualizó.

En la marcha –que partió de la plaza Porras y terminó en la 5 de Mayo– participaron representantes de los pueblos ngäbe, buglé y kuna, así como estudiantes, organizaciones de mujeres y trabajadores de la construcción.

Pedrol reiteró que los ngäbes no iban a regalar sus tierras “de ninguna manera”.

Aunque el Gobierno ha dicho que no explotará el yacimiento de cobre de Cerro Colorado de aquí a 2014 –mediante el Decreto 30 de 2011–, la Ley 8 que reformó el Código Minero deja abierta la posibilidad. La comarca Ngäbe-Buglé ocupa tierras de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

ANA TERESA BENJAMÍN

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Dan ultimátum a Martinelli

Dan ultimátum a Martinelli

Los indígenas aseguran que no cesarán en su lucha hasta que el Presidente derogue la Ley 8 que reformó al ‘Código de Recursos Minerales’.

REDACCIÓN DE LA PRENSA panorama@prensa.com

La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Minerales y el Derecho del pueblo Ngäbe Buglé le dio ayer un ultimátum al presidente, Ricardo Martinelli, para que “les dé la cara sin temor” o de lo contrario las protestas y tranques de vías continuarán.


El dirigente de la comarca Rogelio Montezuma indicó que la coordinadora es la única autoridad y voz autorizada para sentarse a discutir con el actual gobierno el tema sobre la ley minera en esa región del país. “Solo hablaremos con Martinelli, que no tenga miedo y venga a darnos la cara”, sostuvo el dirigente.

Las palabras del Montezuma se dieron durante el cierre por tres horas de la vía Interamericana a la altura de la población de San Félix, en Chiriquí, donde participaron mil 500 ngäbes buglé.


MONTEZUMA-MARTINELLI, ¿UN ENCUENTRO POSIBLE?

Explicó Montezuma que el único punto que estará en discusión es la derogatoria de la Ley 8 referente a la explotación minera en esa comarca. En su mensaje al mandatario, Montezuma dijo que la coordinadora se compromete a efectuar un diálogo pacífico y de altura en la población de San Félix y que le garantiza toda la seguridad a Martinelli.

De no asistir el mandatario a esta cita la coordinadora anunció que hoy, viernes, estarán cerrando de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., y mañana sábado de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía, en los mismos puntos de la vía. Durante el cierre de ayer en San Félix, los indígenas gritaron consignas contra el Gobierno y bailaron durante las tres horas. No se presentaron agentes de la Policía.
En medio de esta acción el gobernador comarcal, Antonio Molina, llamó por celular a los dirigentes de la Coordinadora para mediar, pero su ofrecimiento le fue rechazado debido a que según la dirigencia indígena, no es un funcionario con autoridad para darle respuesta a sus peticiones.

Montezuma indicó, además, que el pueblo ngäbe no acepta el decreto que firmó el Gobierno donde señala que se comprometen durante esta administración a que no se explotarán las reservas mineras en esa comarca, aduciendo que ese documento fue producto de un acuerdo con personas que no tienen el aval de la coordinadora, refiriéndose al cacique Rogelio Moreno, de quien dijo “ya no es ninguna autoridad del pueblo ngäbe”. Añadió que la coordinadora tomará las medidas disciplinarias a lo interno contra Moreno y contra los dirigentes que avalaron el acuerdo.

Montezuma calificó como exitosas las acciones de cierre de vías ayer en al menos 13 puntos del país entre Chiriquí y Panamá, donde, según los informes del dirigente, participaron unos 10 mil ngäbes de los 156 mil que comprende la población total de esa comarca. Sin embargo, Montezuma denunció que la concentración en San Félix no fue más numerosa porque el gobierno la “boicoteó” al realizar, según aseguró, el pago del bono familiar del programa de la Secretaría Nacional de Planeamiento y Seguridad Alimenticia y de Nutrición (Senapan), dentro de algunas regiones de la comarca. La sede de la Senapan en San Félix estaba cerrada ayer y solo había un letrero que decía “estamos de gira desde el 16 al 27 de febrero de 2011”.

En tanto, la dirigente Clementina Jiménez también le envió un mensaje a Martinelli de parte de las mujeres ngäbes: “Vamos a hacer cumplir su promesa, Presidente, porque usted nos dijo durante la campaña política que si le fallaba al pueblo ngäbe, que lo colgaran del árbol más alto y eso es lo que vamos hacer señor Martinelli”.

Durante la protesta los indígenas llevaban pancartas en rechazo a la explotación minera y alusivas al cuidado del ambiente. El mandatario, que se hacía llamar “el loco” en la campaña política, fue rebautizado con una variedad de nombres: Ricky Martin, Gordito, Pinocho y otros.

ANA TERESA BENJAMÍN

¿Por dónde va el agua al molino?

Mentidos y desmentidos en la polémica

sobre la construcción de El Quimbo

Un día después de la marcha convocada por Asoquimbo y Plataforma Sur, el artículo del Diario La Nación ‘Quimbo debe cumplir los acuerdos’, hizo alusión al comunicado ‘Minambiente garantiza cumplimiento de obligaciones ambientales y sociales en El Quimbo’, con el cual ese ministerio reacciona frente a “los recientes pronunciamientos de diferentes sectores en torno al proceso de conciliación de El Quimbo, que desinforma y genera confusión a la comunidad” (sic). En síntesis, dice el comunicado de marras: 1) que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial se encuentra en un proceso de conciliación extrajudicial con la empresa Emgesa S. A. ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2) Que el Ministerio no aceptó modificar aspectos de la licencia ambiental tales como la construcción de la vía perimetral, la entrega y operación del ferry, las compensaciones sociales, el programa de manejo para reactivación productiva; que ninguna de las obligaciones y aspectos establecidos en las actas de las mesas de concertación, fueron modificados en el proceso conciliatorio. Y, 3) que sólo aceptó reconsiderar los temas relacionados con la compensación forestal, con base en el análisis realizado por la Fundación Natura.

La pregunta que surge es ¿si nada se ha modificado qué es entonces lo que se concilia extrajudicialmente ante el Tribunal Superior de Cundinamarca? Si no se trata de la carretera ni del ferry ni de las compensaciones sociales ni del programa de reactivación productiva ni de ninguna de las obligaciones y aspectos establecidos en las actas de las mesas de concertación, ¿entonces de qué se trata la conciliación extrajudicial entre el Ministerio y Emgesa?

Descartemos que el Ministerio acepta que no se reforestarán 20 mil hectáreas sino 11 mil en compensación por las más de 8.500 hectáreas de tierras cultivables, praderas y bosques que se inundarán. Y esas 11 mil no será obligatorio reforestarlas dentro de la zona de reserva de la amazonía sino donde a Emgesa le plazca o le resulte financieramente conveniente.

Pero aclaremos primero que Elsa Matilde Escobar, directora Ejecutiva de Fundación Natura, dijo en respuesta a un derecho de petición de Surcolombiano.com: “la fundación natura no toma ninguna decisión, ni participa en los procesos de conciliación, ni ha hecho recomendaciones”. Y agrega: “La Fundación no participa en las negociaciones, éstas son solamente entre la empresa y el Ministerio. Por lo tanto la Fundación no ha recomendado “que el número de hectáreas de compensación forestal que deberían reforestarse por parte de la empresa concesionaria del proyecto, son 11 mil y no 20 mil como se había pactado.” (Ir a la respuesta).


Licencia a la medida

Como podrá recordarse, a mediados de mayo de 2009 el Minambiente otorgó la licencia ambiental para El Quimbo, apurado por las órdenes del presidente Uribe, con irregularidades y omisiones presuntas en su trámite que hoy son objeto de demanda judicial. Para finales de ese mismo año se conocieron los primeros reparos de Emgesa por lo que la empresa siempre ha considerado como “excesivas obligaciones”.

Pero es en febrero de 2010 cuando por primera vez la Empresa habla con claridad de sus pretensiones: Emgesa había dicho al Minambiente en tono de chantaje que “en caso de no logarse un acuerdo conciliatorio, ejercería una acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.

Y vuelve entonces el Presidente a la palestra. Tras un consejo comunal celebrado en Neiva, en la primera semana de marzo Uribe dijo: “Me reuní con el director de Emgesa y estaba preocupado por los sobrecostos. Y yo le dije: lo que hay que hacer es un dialogo que racionalice todo. Aquí no puede haber abuso. No se puede imponer una hidroeléctrica abusando de la comunidad. Tampoco se puede evitar una hidroeléctrica por tratar de abusar de la empresa. Eso tiene que ser equilibradito. Ni abuso de la empresa, ni abuso nuestro. Si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto. Por eso necesita mucho equilibrio”. (Ver La Nación)

Con este nuevo espaldarazo, para finales de abril Lucio Rubio, gerente general de Emgesa, exigió: si no se modifican las “excesivas” obligaciones y compensaciones contenidas en la licencia ambiental, desistirá del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo. Los costos adicionales -dijo- lo hacen financieramente inviable y la inversión que debe ejecutarse no sería recuperable en el mediano plazo. (Ver La Nación y Diario del Huila ‘Emgesa confirmó que no construirá vía perimetral’ y ’Emgesa tiene la voluntad de realizar El Quimbo’, 28 y 30 de abril respectivamente).

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales había denunciado la pretensión de Emgesa de lograr la modificación de la licencia ambiental para reducir los costos sociales y las compensaciones forestales (140 millones de dólares) y de esta manera satisfacer las exigencias de la nueva propietaria del proyecto, la italiana Enel.

Según las pesquisas de Plataforma Sur Enel condicionó la aprobación del proyecto a la “re-negociación o demanda” del mismo. Por esta razón el gobierno de Uribe ordenó al Minambiente realizar la conciliación extrajudicial con la mediación de la Procuraduría General.

Pero incluso desde antes de ese pronunciamiento presidencial, el gobierno departamental en secreto venía negociando contra los intereses regionales y las comunidades afectadas, y a expensas del silencio de los congresistas y diputados del Huila.

Desde enero de 2010 cuando los primeros rumores de la conciliación se hicieron públicos Plataforma Sur había solicitado aclaraciones y el Ministerio respondió que “no existe exigencia alguna que este Ministerio deba informar a terceros respecto a los temas objeto de conciliación”.

En su persistente lucha Plataforma Sur y Asoquimbo convocaron entonces una nueva protesta social que se realizó el pasado 14 de mayo en Gigante, Ríoloro y Neiva. Ese mismo día y en el siguiente, Minambiente salió a los medios a decir que se estaba desinformando a la comunidad (Ver Diario del Huila y La Nación).

De este tire y afloje, quedan claras varias cosas: una, que Emgesa no comparte la licencia y que desea por sobre todo disminuir los costos para satisfacer una exigencia de los nuevos inversionistas Italianos de Enel. Dos, que sí hay un acuerdo de ‘conciliación’ que para ‘legalizarse’ se tramita en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tres, que el Ministerio agencia por explícita orden del presidente Uribe dicha conciliación. Y cuatro, que tanto el Ministerio como Emgesa siguen mintiendo en los medios de comunicación, mientras muy seguramente, dan el zarpazo a las esperanzas de quienes creen en al buena fe del Gobierno, los políticos involucrados y la Empresa.

O sino, por dónde va entonces el agua al molino. Porque si es cierto como dice el Ministerio que todo lo acordado sigue en pie, ¿qué es entonces lo que se concilia en el tribunal?

A última hora, la Asamblea Departamental del Huila convocó un foro “para aclarar de una vez por todas informaciones sobre la exclusión de compromisos adquiridos para el desarrollo de la hidroeléctrica” (ver La Nación). Se tratará de una nueva simulación o esta vez sí se exigirá la verdad al Gobierno y a Emgesa. Amanecerá y veremos.


Las modificaciones que se pactaron

Según Plataforma Sur y Asoquimbo, algunas de las modificaciones más sensibles de la licencia ambiental y de las actas de las ‘mesas de concertación’, que se adelantan mediante ‘conciliación extrajudicial’, serían las siguientes:

·         La franja perimetral de protección ambiental pasará de 2.211 a 903 hectáreas.

·         No habrá una nueva vía perimetral ni ferry para suplir la incomunicación de la zona por la inundación de las rutas y caminos que hoy existen.

·         En las restituciones de tierras Emgesa está obligada simplemente a entregar predios con sistemas de riego, mientras que en la licencia original debía restituir tierras con las mismas características de calidad y productividad de aquellas que serán inundadas por la construcción de la represa y tecnológicamente adecuadas, lo que incluye, entre otras cosas, sistemas de riego, descompactación de suelos y renovación de praderas.

·         La compensación forestal no serán 20 mil hectáreas sino 11 mil y Emgesa no tendrá que comprar predios situados en el Área de Reserva Forestal de la Amazonia.

·         Las personas llamadas “ocupantes”, es decir, los campesinos y pesadores pobres que viven en áreas al margen de las carreteras y del Río Magdalena, no serán compensadas porque son “una categoría ajena a los parámetros regulatorios” y además, se modificó el compromiso de otorgar vivienda a todos los propietarios, poseedores y ocupantes que no contasen con la misma como había sido incorporado en la licencia.

Para bien del Huila, de las personas y comunidades directa e indirectamente afectadas y para bien del medio ambiente y la ecología, ojala el nuevo debate anunciado por la Asamblea Departamental de Huila para los primeros días de junio, permita aclarar de una vez por todas si los huilenses y sus dirigentes permitirán la construcción de la represa cediendo a todas las condiciones de Emgesa sin importar ni los afectados ni el medioambiente ni la ecología.

O nos conformaremos como nos conformamos con la ilusión de Betania, como lo pregona un editorial del Diario del Huila: “No hay que olvidar que, con menos compensaciones, Betania trajo innumerables beneficios”.

Derecho de petición

Respetada señora:

Como ciudadano colombiano, actuando por interés general y con fines de divulgación periodística, comedidamente solicito se sirva informarme de los argumentos científicos o técnicos con base en la cuales la Fundación Natura recomendó al Ministerio del Medioambiente, en el caso del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el Huila, que el número de hectáreas de compensación forestal que deberían reforestarse por parte de la empresa concesionaria del proyecto, son 11 mil y no 20 mil como se había pactado. En todo caso, interesa conocer que conocimiento científico específico, no ambiguo, aplican ustedes en este tipo de análisis.

Sobre la participación de la Fundación Natura en el proceso de El Quimbo han hecho alusión los medios de comunicación nacionales, como la nota publicada hoy por el diario La Nación a propósito de la nueva marcha de rechazo al proyecto que realizaron ayer 14 de mayo pobladores afectados y otros ciudadanos legítimamente preocupados por la grave afectación del medioambiente y de los ecosistemas del centro del Huila como también del Río Magdalena.

César Augusto Useche Losada, C.C. 12.121.059. Periodista www.surcolombiano.com

Respuesta de Fundación Natura

16 mayo de 2010

Apreciado señor Useche:

Muchas gracias por su mensaje, disculpe que no le había contestado antes pero estaba fuera del país.

En respuesta a su inquietud me permito informarle que la Fundación Natura llevo a cabo un proyecto de investigación para identificar los bosques secos y los ecosistemas asociados existentes en el área de influencia del propuesto proyecto el Quimbo, en la jurisdicción de la CAM y en el área de la Reserva Forestal de la Amazonía; y la cartelización (sic) forestal del área programada para la represa. Trabajo realizado bajo la más estricta calidad técnica.

PERO LA FUNDACIÓN NATURA NO TOMA NINGUNA DECISIÓN, NI PARTICIPA EN LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN, NI HA HECHO RECOMENDACIONES. Nuestro trabajo ha sido el de proveer la información necesaria para que la autoridad ambiental tome las decisiones pertinentes, son las únicas que pueden hacerlo. La Fundación no participa en las negociaciones, éstas son solamente entre la empresa y el Ministerio. Por lo tanto la Fundación no ha recomendado “que el número de hectáreas de compensación forestal que deberían reforestarse por parte de la empresa concesionaria del proyecto, son 11 mil y no 20 mil como se había pactado.”

Igualmente la Fundación no se ha manifestado en cuanto a la carretera perimetral, no ha entregado ningún concepto y tampoco ha sido preguntada al respecto, tiene muy claro que esas son temas tratados entre la comunidad, la empresa y las autoridades ambientales.

Para complementar esta información, me permito adjuntarles el comunicado de prensa del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

16 de Mayo de 2010, hora colombiana 9:15 p.m.

El Ministerio desaprueba y rechaza información imprecisa respecto al proceso de conciliación de El Quimbo.

Documento conciliatorio garantizaría cumplimientos sociales y ambientales.

Proceso conciliatorio no modifica los acuerdos de las mesas de concertación.

Bogotá, 13 de mayo de 2010 (MAVDT)-. Frente a los recientes pronunciamientos de diferentes sectores en torno al proceso de conciliación de El Quimbo, que desinforma y genera confusión a la comunidad , el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial precisa que se encuentra en un proceso de conciliación con la empresa Emgesa S.A, y reitera que no modifica las decisiones tomadas en las mesas de concertación, donde participaron los diferentes actores de la región, acuerdos que están incorporados en la Licencia ambiental - Resolución 899 de 2009 - y por tanto son de obligatorio cumplimiento.

En este sentido, recuerda que actualmente se surte el proceso de conciliación prejudicial el cual se encuentra actualmente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Pese a que Emgesa solicitó la conciliación de varios aspectos de la licencia ambiental, entre ellos la construcción de la vía perimetral, la entrega y operación del ferry, las compensaciones sociales, el programa de manejo para reactivación productiva, entre otros, este Ministerio no aceptó modificar estos aspectos.

De hecho, luego de una revisión estricta, sólo aceptó reconsiderar los temas relacionados con la compensación forestal, con base en el análisis realizado por la Fundación Natura, entidad reconocida en el ámbito ambiental.

El Ministerio aclara también que en la conciliación en curso, no se incluyó el tema de la construcción de las vías, en especial de la vía perimetral, por ser esta una obligación establecida en los acuerdos de las mesas de concertación. De hecho, Emgesa debe cumplir con la obligación de aportar los recursos para la construcción de dicha vía como lo establece la Licencia Ambiental.

Finalmente, el Ministerio reitera que ninguna de las obligaciones y aspectos establecidos en las actas de las mesas de concertación, fueron modificados en el proceso conciliatorio.
Cualquier otra inquietud estamos su disposición para aclararla.

Un cordial saludo

Elsa Matilde Escobar
Directora Ejecutiva
FUNDACIÓN NATURA COLOMBIA
Carrera 21 No. 39-43
Bogotá, Colombia
Tel: 571 2455700
elsamescobar@natura.org.co Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
www.natura.org.co
Skipe: elsa.matilde.escobar; EME.fundacion.natura

Megaproyectos: Megaimpactos Ambientales

Megaproyectos: Megaimpactos Ambientales

Portada de la revista '100 Días' en internet.

Especial peridístico de CINEP (http://www.cinep.org.co/node/739)

Enviado por fdominguez el Mié, 19/08/2009 - 09:38

Damming Magdalena: Emgesa Threatens Colombian Communities

Damming Magdalena: Emgesa Threatens Colombian Communities

Reprodicimos en su integridad el artículo en inglés escrito por nuestro colaborador Jonathan Luna de Polinizaciones.

by Jonathan LunaSpecial to CorpWatch
July 21st, 2009

A small path descends from the town of La Jagua, crossing a field and forest until it ends at a cliff overlooking the Magdalena River. Pairs of buff-necked ibis take flight announcing their local name, “cocli cocli.” Above the beach where children swim, the rock is carved by erosion and dotted with small holes occupied by birds. The landscape is dotted, too, every 100 meters, with concrete markers declaring the land, river, and everything else a “public utility” that Colombia has given to the energy company Emgesa as part of the Quimbo Hydroelectric Project.

Quimbo’s developer, Bogotá-based Emgesa S.A. Empresa Generadora de Energía, projects costs at $700 million for the hydro component and $200 million for substations. The Ministry of Environment granted a construction permit in May, and the dam is scheduled for full operation by 2014.

“If completed, it would be the first of multiple Emgesa dams proposed for the river in the department of Huila, along the country’s longest and most economically important river,” said Miller Dussán, a leader of the grassroots coalition Plataforma Sur de Organizaciones Sociales and professor of philosophy at the Universidad Sur Colombiana (USCO).

The Quimbo dam would inundate about 8,800 hectares (ha) (34 square miles), displace some 1,500 rural peasants and eight community-owned cottage industries, and flood 842 ha of riparian forests and 2,000 ha of cultivated land, warned Dussán. It would severely cut “Agrado’s agricultural potential, resulting in its gross domestic product decreasing by at least 30 percent.”


Discussion has been heated on radio and in the Colombian legislature which, in November 2008, held a televised nine-hour debate. Endangered Huila communities have mounted opposition marches, camps, and local and regional social forums. Plataforma Sur is spearheading the effort, which includes regional youth, USCO academics, the Regional Council of Indigenous Peoples of Huila, Colombia’s largest labor union (CUT), various social and environmental NGOs, autonomous collectives, and politicians including a former governor of Huila. The campaign is part of REDLAR, the Latin American Network against Dams.


Also in November, Radio Garzón invited Emgesa director Lucio Rubio Díaz to respond callers’ questions about the Quimbo project. Marta Ramirez, a lifelong inhabitant and community leader of la Escalereta, was one of the few to get through the jammed phone lines. “How is it that these people [Emgesa], who are not even from here, come to our homes and do not even ask us what we want or how we feel about this project?” demanded Ramirez. “They just come here to inform us that our land is no longer ours, and that we better sell our land at an undervalued price, or we will be drowned with it and receive nothing. Do you have no soul? No heart? Do you know you are tearing us from the only thing we have ever had, our land?”

Díaz responded that he “understood” but that “this was necessary for the development of the project.”

Emgesa: Generating Discontent

Emgesa is part of a tangle of energy companies that service large swaths of Europe and South America. In 1997 Emgesa had merged with Colombia’s Betania to become the country’s number one electricity producer. By 2007 it was generating 11,930 GWh of electricity or 22.4 percent of the country’s electricity output, according to its website. Emgesa itself is a subsidiary of Endesa- Empresa Nacional de Electricidad S.A., a Spanish energy giant specializing in natural gas and hydroelectric dams. Endesa S.A. is Spain’s largest hydropower generator and Latin America’s largest private power producer, serving 23 million customers in Argentina, Chile, Colombia, Peru and Brazil.

In February, Enel SpA, Italy’s biggest utility, bid $14.3 billion and succeeded in buying out 25 percent of Endesa from Spanish builder Acciona S.A., boosting its stake to 92 percent. Enel SpA’s acquisition would “help the Italian utility to expand in South America, where economies are growing,” according to Bloomberg News.

Emgesa, the profitable Colombian subsidiary of Endesa, has drawn accusations of labor rights violations and environmentally destructive practices. In July 2008, it was among the 43 companies that the Colombian Session of the Peoples’ Permanent Tribunal accused of bad business practices and involvement in the country’s armed conflict. The tribunal charged Endesa-Emgesa with “violating the labor and union rights of its workers to freely associate, for infringing on the norms of industrial security and for the environmental deterioration of the River Bogotá, the River Guarinó and others.” Emgesa, like most of the accused companies, ignored invitations to participate in the proceedings.

The Upper Magdalena River Valley: A Territory Disputed

Emgesa’s dam project also threatens traditional Huilense culture, critics charge. Before the European invasion, la Jagua on the Magdalena River was a ceremonial center for indigenous groups. The arrival of the Spanish sparked a 500-year struggle for survival. In the 1530s, when General Pedro de Añasco beheaded a traditional leader, he set off an uprising. La Gaitana, the assassinated leader’s mother, led 15,000 warriors, many of them women, to force the Spanish out for several years. In a later attack, Gaitana escaped by diving into the river from the cliffs of Pericongo Canyon, a proposed dam site.

While some descendants survive, the most evident vestiges of the advanced societies that once inhabited this region are the archeological remains in areas including San José de Isnos, another proposed dam site. Current residents are mostly campesinos of mixed indigenous and Spanish descent who cultivate cocoa, tobacco, corn, banana, passion fruit and rice. The river system threatened by the dam irrigates their crops, supplies fish, and provides them work as day-laborers and fishermen. It is also rich in exotic and endangered flora and fauna.

In 1997, when Emgesa first presented plans for the Quimbo dam, the Ministry of the Environment denied the project because “none of the remediation plans presented in the environmental impact study were viable.” By May 2009, after scores of protests, the license granted Emgesa included social and environmental mitigations expected of the company. 

Local critics charge that despite those requirements, the Quimbo dam would still cause major harm, displacing numerous communities including the village of La Escalereta.  In the 1960s “when we started here it was so nice, everyone worked together with the idea of making a community here,” elder Belén Ramirez told CorpWatch. “In those first years it was hard. We were neglected by the state, and had to do everything. Together in minga (collective communal work), we built the water pumps, dug irrigation channels, planted crops, constructed our homes, the school and the main road” said Ramirez as she spread cocoa seeds to dry in the sun. “It breaks my heart to know that our story here will be gone.”

Jobs, Protests and Threats

Throughout the approval process activists have charged a too cozy relationship between Bogotá and Emgesa. In late 2007, in violation of constitutional Article 6, Law 56/81, the Colombian government allowed Emgesa to perform its own environmental impact study for the Quimbo. Nearly a year later, without consulting local or regional governments, and without significant changes to the rejected 1997 plan, President Alvaro Uribe signed into law Resolution #321, granting Emgesa “all the land necessary to construct the Hydroelectric Quimbo project.” 

In the televised debate in the Colombian legislature, the local non-profit Autonomous Environmental Corporation of the Upper Magdalena River Valley and opposition senators showed that utilities revenues would recoup the initial $700 million investment for the main dam in about 12 years. For the remaining 38 years of the dam’s life expectancy, Emgesa would generate $26 million, of which a mere $6.22 million will be reinvested locally, in a single payment. 


During a televised community consultation in La Plata in October, Díaz refused Uribe's request to consider making Huila Department a shareholder. Uribe later asked Díaz if his company would help train locals for projects such as tourism and aquaculture that the dam could generate. “These projects were a possibility,” Díaz responded, but “the company was not responsible for that.”

Despite this lack of commitment, Emgesa representative Sandra Chavarro Montero would later tout new local jobs and industries as ways the dam would help the region. Job creation was just one of project's benefits that would outweigh any damages since “the Quimbo and Betania [another company-owned dam] would produce 8 percent of Colombia’s electrical needs," she said, and "secure self-sufficiency [while] contributing to the control of the flow of the Magdalena River.”

Many in the affected communities were not reassured. In December local youth embarked on the “First Territorial Running Against the Quimbo,” a two-day, 55-kilometer hike through the proposed reservoir to highlight impacts on the community. “Weeks ago they said in congress that homeowners who live where the reservoir is [planned] would get up to 10 ha of land in a newly irrigated district," said Ms. Clara, a San José de Belén resident who refilled water gourds for the hikers. "A week later the newspaper says it will be up to 5 ha, and now, that only those with deeds will get that deal. Most of us have been here since our grandparents, and have no deeds.”

While the youth hiked, members of la Escalereta community and the Plataforma Sur met in Bogotá with Emgesa representatives, the governor of Huila, and Uribe. The president called the dam a “done deal” because Colombia cannot afford to “lose the faith of foreign investors.” Quimbo is integrated into the multi-billion dollar Project Mesoamerica (formerly Plan Puebla Panamá) and the Initiative for the Regional Integration of South America (IIRSA).

The “Quimbo and the other dam projects that are part of Plan 2019/Visión Colombia are important energy generation projects in the country,” said Emgesa representative Montero.

Some critics suspect that the government is using protests over the dam to militarize the territory and suppress opposition. Currently riot police—ESMAD units—are being placed in the region’s larger cities, and a new army battalion is being built in La Jagua.

Asked about the militarization, Montero replied that Emgesa “respected the government’s actions,” and was not the proper entity to respond to the government’s decision to construct a battalion near the end of the reservoir.

Selling Power


The Ministry of Environment has played a key role in the dispute between locals and Emgesa. Initially it blocked the project. In February, while the dam's defenders were upholding their right to build the dam, the Ministry fined Emgesa for failing to obtain the required environmental permits when it constructed a tunnel to divert the river during construction. Then on May 15, the Ministry issued a license for the Hydroelectric Quimbo Project that included “stricter regulations regarding environmental and social impacts.” (See box.)

May 15 Ministry of Environment-Issued License # 150509

The license for the Hydroelectric Quimbo Project says Emgesa must:

    •    Relocate 360 families;
    •    Create a 20,000 hectare reforestation project;
    •    Provide “housing that is equal or better than their current housing” for those affected, regardless of whether they have legal status on the land or deeds;
    •    Relocate people to 5-50 hectare plots "adequate for life-sustaining uses”;
    •    Compensate people such as fishermen and truckers whose life-sustaining activities are disrupted.
    •    The company study, recreate, and maintain appropriate reproduction and migration habitats for local fish species, and assist local aquaculture and agriculture projects;
    •    Invest 1 percent of total costs to maintain local watersheds, and create corridors by connecting protected tropical forests; and
    •    Invest 6 percent of annual profits into the regional environmental corporations and municipalities.

While the terms are a substantial victory for the dam’s opposition, the Ministry document failed to deal with previous fines against the company or the project’s fundamental violation of Law 2 of 1959 which designates 95 percent of the dam’s region as part of a Protective Amazonian Forest Reserve.

Those omissions fueled charges that either the company, the state, or both had bought off the Autonomous Environmental Corporation of the Upper Magdalena River Valley that is now on board with the project.

On June 5, International Environment Day, two dozen youth occupied and halted a meeting of the Departmental Gathering of NGOs and Community Environmental Promoters that convened in Neiva to showcase government-sponsored environmental projects in the region. The vice-minister of the Environment, the director of Autonomous Environmental Corporation, and hundreds of people watched as protesters performed an interpretive dance and read a declaration against the dam. Three days later, Plataforma Sur issued a resolution denouncing the project's assaults against the region’s biodiversity, communities and existing legislation, and demanded that the license be revoked.

On June 23, a paramilitary group identified as the Nueva Generación de Águilas Negras circulated pamphlets on Neiva's USCO campus targeting 14 members of Plataforma Sur. It identified students, alumni and faculty as “military objectives." Despite the threat, activists are planning an international camp against the dam in November.

The Quimbo Huilense

Bogotá and Emgesa promote the dam as “necessary” to an area long forgotten by the state: It will, they say, create jobs and development opportunities in aquaculture, tourism, irrigation and construction.

An alternative plan, el Quimbo Huilense—designed and backed by communities, academics, educators, and other Huilense people—counters that the best path for sustainable development is a widely integrated, multi-faceted rural development project. This regional scheme would create opportunities for local inhabitants to establish small-scale agricultural cooperative industries, and create protected habitats, irrigation districts and more agricultural land.

Quimbo Huilense addresses energy needs with a smaller hydroelectric dam at the Quimbo site that would inundate 3,600 ha, affecting only the municipality of Gigante. A local utilities company would run the project, and provide irrigation for 148,262 hectares.

In its reliance on community input to create a self-reliant local economy with sustainable environmental practices, Quimbo Huilense stands in direct contrast to the government and Emgesa’s plans for the region.

“What Plataforma Sur is suggesting for us is a first,” said Marta Ramirez as she surveyed a flock of birds feeding in her yard. “They are consulting us as residents about the possible future of our territory and our lives.”

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Licencia a proyecto hidroeléctrico hace olas en Colombia

Tomado de: Ecoaméricas 

Como poseedor del segundo más grande potencial hidroeléctrico de América Latina después de Brasil, Colombia ha invertido a gran escala en la construcción de represas para cubrir el grueso de sus necesidades energéticas. Pero mientras el gobierno promueve la energía hidroeléctrica como energía limpia y confiable, es de esperar que los grupos ambientalistas y grupos de agricultores locales se opongan a la inundación de bosques y tierras de cultivo.

El caso de la central hidroeléctrica de El Quimbo, que se construirá dentro de poco en el curso superior del río Magdalena, no es la excepción.

El mes pasado, las autoridades aplaudieron la noticia de que Carlos Costa, el nuevo ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgaría licencia ambiental a la empresa española Endesa para empezar a construir la central de US$700 millones en el departamento suroccidental de Huila.

La represa, de 151 metros de alto -la primera en ser construida por el sector privado en Colombia- tendrá una capacidad instalada de 395 megavatios. Esto satisfaría 5% de la demanda energética nacional, aunque parte de la electricidad podría ser vendida a Ecuador y países centroamericanos cuando la central hidroeléctrica empiece sus operaciones en el 2014.

Los partidarios locales señalan el compromiso de Endesa de construir un viaducto sobre el reservorio y de instalar seis puertos y un transbordador dentro de éste para impulsar la industria turística local. Citan también la promesa de la empresa de ampliar la irrigación a unas 2,900 hectáreas de tierras de cultivo que actualmente carecen de ella y de bajar las tarifas eléctricas locales en 16%.

Pero grupos ambientalistas y agrícolas locales dicen que la construcción de la represa dañará inevitablemente poblaciones de peces, que dependen de corrientes rápidas y son clave para la seguridad alimentaria local, y la biodiversidad en otras especies.

Estos grupos están especialmente irritados por los planes de Endesa de inundar 9,000 hectáreas de tierra, incluyendo la vasta mayoría de la Reserva Forestal de la Amazonia, una zona protegida que -si bien lejos de la Amazonia- es cabecera de numerosos ríos. La reserva tiene 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en severo peligro: la pacaraná (Dinomys branickii), el mono nocturno de manos grises (Aotus griseimembra) y la nutria neotropical o de río (Lontra longicaudis).

Los bosques riparianos y algunos de los últimos restos de bosque tropical seco de Colombia dentro de la reserva serán sumergidos. Igual suerte correrán tierras de cultivo dentro y fuera de la reserva, en las que actualmente se siembran cacao, arroz, sorgo y maíz, dicen los críticos. Cientos de familias serán desplazadas.

"Algunas de las mejores tierras agrícolas de la región" serán inundadas, escribió el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios Óscar Amaya en una carta al Ministerio del Ambiente. En la carta, Amaya pidió que la licencia ambiental sea denegada.

La indignación por el daño que se espera sobre la biodiversidad de la región y su productividad agrícola movió a cientos de agricultores y estudiantes a protagonizar protestas  en Huila durante febrero y marzo.

"Esta es una catástrofe social y ambiental", dice Miller Dussán, miembro del directorio de la Plataforma Sur, entidad que agrupa a organizaciones ambientales y sociales de Huila. "Impactará seriamente en ecosistemas estratégicos y la seguridad alimentaria de la población local".

El gobierno dice que obligará a Endesa a reforestar 20,000 hectáreas de tierra cerca de la represa con especies de árboles de bosque seco tropical, establecer granjas de peces para compensar la pérdida de este recurso, e invertir US$4 millones para conservar cuencas y corredores biológicos locales. Dice también que compensará a quienes pierdan casas y granjas con propiedades de igual o mayor valor.

Seguimiento: Mariam Hadra, coordinadora de Comunicaciones, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, Bogotá, Colombia, +(571) 332-3632, mhadra@minambiente.gov.co; Miller Dussán, Directorio, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, Neiva, Colombia, +(57316) 755-5427 millerdussan@gmail.com; Leyla Marleny Rincón, profesora de biología, Universidad Surcolombiana, Neiva, +(57300) 554-7554, leylamarleny@gmail.com

Información relacionada: 

De: EcoAmericas <ecoamericas@fspress.com>
Fecha: 30 de junio de 2009 09:18
Asunto: EcoAméricas - Su copia gratuita del número de junio 2009
Para: Miller Armin Dussán Calderón <
millerdussan@gmail.com>


Estimado Señor Dussán Calderón:


Gracias por su mensaje. Le adjunto una copia gratuita del número de junio de EcoAméricas en PDF. Usted aparece en el artículo en la página 11. También le adjunto el artículo en español, Licensing of hydro project makes waves in Colombia, que fue publicado en nuestro sitio Web. Gracias por su contribución, y favor de contactarnos si tiene cualquier pregunta o comentario. Una copia de la edición impresa estará llegando a usted próximamente.


(...) Actualmente, en su décimo año de publicación ininterrumpida, EcoAméricas tiene la misión de ofrecer un informe mensual conciso sobre asuntos relacionados al desarrollo económico y el medio ambiente en Latinoamérica.  Nuestros lectores (un público internacional compuesto por agencias públicas, instituciones académicas, ONGs y empresas), aprecian nuestra cobertura oportuna, objetiva y, especialmente, la oportunidad de comunicarse en forma personal e inmediata con nuestras fuentes, por medio de la información detallada sobre los entrevistados que acompaña a cada artículo.

 
Dada la diversidad de nuestros lectores, EcoAméricas se publica en inglés y en español.  Cada mes ofrecemos a nuestros suscriptores la versión impresa de EcoAméricas en inglés y acceso a ediciones electrónicas en español e inglés en nuestro sitio Web
http://www.ecoamericas.com, desde el cual se pueden realizar búsquedas de diversos artículos en nuestro archivo de ejemplares anteriores.(...)


Gracias de nuevo por su contribución a EcoAméricas. ¡Espero que pronto podamos contarlo entre nuestros suscriptores! 
Atentamente,


Maria Belesis
Subscriptions Manager, EcoAméricas
maria@fspress.com

La historia de las cosas

Annie Leonard es una experta internacional en sostenibilidad y salud medio ambiental, con más de 20 años de experiencia de investigación en fábricas y vertederos alrededor del mundo. Con base en su trabajo e investigación, ha lanzado un documental llamado La historia de las cosas. En este documental Annie revisa los "huecos" del proceso de producción actual y muestra lo defectuoso, deficiente y realmente peligroso que es el modo actual de producción y organización social: el capitalismo. Es un tabajo documental sencillo, animado y directo. Aportamos nuestro grano en su divulgación, en la esperanza de construir una mentalidad ambientalista.

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No otorgar licencia ambiental a proyecto Quimbo: pide Procuraduría

No otorgar licencia ambiental a proyecto Quimbo: pide Procuraduría

Foto: Archivo / EL TIEMPO. Este es el lugar donde se construirá la hidroeléctrica de El Quimbo, en el Huila. Minambiente no ha dicho la última palabra sobre la obra.

La Procuraduría General de la Nación, según El Tiempo.com, solicita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, que se abstenga de otorgar la licencia ambiental al proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, por considerar que este inunda "las mejores tierras con actitud agrícola en la región del Huila" y porque el 95 por ciento del área del proyecto está dentro del área legal de reserva forestal de la Amazonía.

Además el Ministerio Público inició una investigación por las que llamó "actividades ilegales": la construcción de un túnel de inspección, la adecuación de una zona de desechos y la construcción de vías y otras obras civiles sin licencia ambiental, lo lo había denunciado Plataforma Sur y otras organizaciones y profesionales.

Plataforma Sur, ratifica su posición de proponer que la región de El Quimbo sea beneficiada por proyectos de desarrollo humano integral y ambiental sostenible, para lo cual es necesario no construir ninguna represa más sobre el Río Magdalena.

Como opina un forista de la web, "no es suficiente reemplazar zonas de reservas naturales por áreas revegetalizadas", como propone Diana Zapata directora de Licencias Ambientales del MAVDT, tratando de minimizar el alcance de la decisión de la Procuraduría.

"...Aunque siembren miles de sus maravillosos pinos y eucaliptos es prácticamente imposible restaurar las funciones de los ecosistemas únicos que existen en el país, imposible trasladar o revivir las especies endémicas de las regiones naturales que se pierden con cada nueva inundación o cada nuevo megaproyecto minero... todo el oro, petróleo, carbón o esmeraldas del mundo no pueden reemplazar una sola de estas especies que a diario perdemos en esta Colombia megadiversa carente de dolientes... ¿hasta cuándo van a entender que nadie puede calmar su sed fisiológica con gasolina o asfalto? Soy testigo de la manera vil como con pasquines llenos de fotos a todo color le venden a la gente del Huila que ese proyecto es una maravilla ambiental... "

Por: zotnip - SÁb 02 may 2009 12:37 am.

 Lea a continuación la nota completa de El Tiempo.

No dar licencia ambiental a hidroeléctrica del Quimbo en Huila, pidió la Procuraduría a MinAmbiente

El proyecto valdrá más de 700 millones de dólares y será la primera construida en su totalidad por inversionistas privados, en cabeza de la española Endesa.

 

Según los planes del Gobierno, la obra, que impactará a seis municipios del Huila, deberá garantizar el suministro de energía al menos hasta el 2032, tendría una capacidad instalada de 395 megavatios y prolongará la vida útil de la represa de Betania.

Lo que dice el Ministerio Público es que El Quimbo implicará la inundación de las "mejores tierras con aptitud agrícola en la región" en el Huila, que "es pobre en tierras productivas". La Procuraduría recoge informes técnicos que señalan que las previsiones para mitigar los efectos colaterales de la hidroeléctrica son insuficientes.

Además, advierte que la ubicación de la obra en la zona de reserva forestal de la Amazonía (donde nacen varios de los ríos más importantes del país) es un riesgo que no ha sido atendido.

De hecho, el Ministerio Público inició una investigación por las que llamó "actividades ilegales": la construcción de un túnel de inspección, la adecuación de una zona de desechos y la construcción de vías y otras obras civiles sin licencia ambiental.

"Como quiera que aproximadamente el 95 por ciento del proyecto de El Quimbo se encuentra en la zona de reserva forestal de la Amazonía -dice la carta- se solicita abstenerse de otorgar licencia ambiental hasta tanto se haya sustraído el área de la zona de reserva forestal".

Diana Zapata, directora de licencias del Minambiente, le explicó a EL TIEMPO que la licencia para la construcción de la represa no se ha otorgado. Agregó que en caso de que se entregue, la firma constructora deberá compensar las hectáreas utilizadas para el proyecto.

"Si ellos usan, por ejemplo, 7 mil hectáreas, les obligaremos a restituir y a anexar un número igual o mayor de hectáreas a la zona de reserva", dijo Zapata.

REDACCIÓN JUSTICIA

Versión del diario La Nación (Neiva, Huila)

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